[Escrito el 6 de julio de 2015]
La decisión
de Grecia en el referéndum era previsible. Ningún país votaría a favor de
ajustes que impliquen recortes de gastos sociales y aumentos de impuestos. Ese
es el mismo resultado que se obtendría si se le preguntase a un deudor si
quiere o no reducir sus gastos y/o aumentar el tiempo dedicado a trabajar para
elevar sus ingresos y poder pagar así sus deudas.
Algunos
piensan que “este es un día histórico que implica una victoria para Grecia.” Se
equivocan. Los griegos están siendo afectados por un corralito que provocará
una caída de la actividad económica y un aumento del desempleo.
Además, si
se cumplen las reglas, el Banco Central Europeo tendría que desconectar el
flujo de euros hacia Grecia. Esto obligaría a Atenas a emitir nuevamente
dracmas, moneda que se utilizaría para financiar el déficit público, pues el
mercado de capitales no estaría dispuesto a prestarle más dinero. La
consecuencia inmediata sería un significativo aumento de la tasa de inflación y
el deterioro del poder de compra de los salarios de los griegos.
La Unión
Europea está en una disyuntiva. Si acepta que Grecia continúe recibiendo
financiamiento sin mejorar su capacidad de pago, otros países se verán tentados
a no pagar sus deudas. Y no sólo en Europa, sino en el resto del mundo. Ahí
está el caso de Puerto Rico, que está al borde de la cesación de pagos. La
consecuencia a nivel internacional será la reducción de los flujos de
financiamiento y el aumento de las tasas de interés.
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