[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de junio de 2024]
La semana pasada presenté en esta columna un conjunto de elementos analíticos
que permiten determinar cuáles gastos públicos deben ser recortados y cuáles
ampliados. La aplicación de técnicas rigurosas de costo-beneficio junto a un
estudio del efecto distributivo de la política fiscal ayudaría a mejorar
significativamente la productividad y equidad del gasto gubernamental, elevando
su aporte al bienestar de la gente.
La racionalización del gasto público implica una reestructuración del
Estado. Una simple inspección de las instituciones públicas lleva a recomendar
modificaciones que no solo se traducirían en un importante ahorro de los recursos
pagados por los contribuyentes, sino también en la mejora de su impacto sobre
el crecimiento económico y creación de empleos privados.
El Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario de
2024 fue aprobado con un nivel de gasto del Gobierno Central ascendente a un
monto de 1.42 millones de millones de pesos, equivalente a 19.2% del PIB, y un
déficit de 231mil millones de pesos. La racionalización y chapeo del gasto
corriente, que representa casi el 86% del gasto total, debe ser el punto de
partida de la discusión de la reforma tributaria que se aprobará en los
próximos meses para ser aplicada a partir de enero de 2025. De lo contrario, la
población pensará que los nuevos recursos que se obtendrán con la reforma
tributaria irán a financiar actividades con bajo impacto al desarrollo
económico y social.
Actualmente existen 21 ministerios bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo
que, junto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la
República, reciben un total de 1.18 millones de millones de pesos para su gasto
corriente; monto que incluye 426 mil millones de pesos que corresponden
principalmente al pago de los intereses de la deuda pública y otros gastos bajo
la responsabilidad de la Administración de Deuda pública y la Administración de
las Obligaciones del Tesoro Nacional y no son objeto de la reestructuración que
propongo. La presidencia de la República incluye al Ministerio de la
Presidencia y al Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Esos ministerios pudieran consolidarse y reducir así el tamaño del
Estado. Las funciones específicas de los ministerios absorbidos -o eliminados-
serían realizadas por viceministerios o direcciones que se crearían dentro del
ministerio resultante, pero todas las actividades administrativas y de soporte
operativo como compras, contrataciones, recursos humanos, entre otras, serían
realizadas bajo los departamentos responsables aprovechando las economías de
escala, lo cual permitiría reducir los costos de adquisición de bienes y
servicios y mejorar su nivel de eficiencia.
El Ministerio de Hacienda y Economía agruparía a las siguientes
instituciones: Ministerio de Hacienda; Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo; Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; Ministerio de Turismo;
Ministerio de Agricultura; Ministerio de Energía y Minas; y Ministerio de
Trabajo. La coordinación de las acciones ejecutadas por ese nuevo ministerio
sería clave para la expansión de las actividades productivas del sector
privado.
El Ministerio de Educación agruparía a las siguientes instituciones:
Ministerio de Educación; Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología; Ministerio de Deportes y Recreación; Ministerio de Cultura; Ministerio
de la Mujer; y Ministerio de la Juventud. Una buena educación permitiría
mejorar el tratamiento social a la mujer y a los jóvenes, por eso las funciones
de esos ministerios caben perfectamente en el nuevo Ministerio de Educación.
El Ministerio de Obras Públicas, Edificaciones y Viviendas agruparía a
las siguientes instituciones: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones;
Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; y Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. La eficiencia del proceso de contrataciones
mejoraría significativamente, reduciéndose a un mínimo el tiempo y costo del
otorgamiento de los permisos de construcción.
Ministerio de Defensa, Interior y Policía agruparía a: Ministerio de
Defensa; y Ministerio de Interior y Policía. Las compras conjuntas de los
pertrechos militares y policiales reducirían significativamente los costos.
Fuera del Gobierno Central se pudieran hacer otros recortes y
actividades de racionalización del gasto público. Por ejemplo se debería crear una
Superintendencia de Servicios Financieros que agrupe a las siguientes entidades:
Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Seguros; Superintendencia de
Pensiones; y Superintendencia de Valores. La eficiencia de la supervisión
mejoraría significativamente.
Se debe integrar a la Dirección General de Impuestos Internos y la
Dirección General de Aduanas en una sola entidad. Esto mejoraría la eficiencia
en la lucha contra la evasión tributaria.
Además se debe analizar a profundidad los gastos que se ejecutan a
través de organismos autónomos y descentralizados para determinar su eficiencia
y productividad. Entre esos gastos cabe destacar los casi 14 mil millones de
pesos que se transfieren a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debe
realizarse una evaluación de impacto de la educación que recibe una persona que
asiste a la UASD con la que recibe una persona con una situación socioeconómica
similar que asiste con una beca a una universidad privada. El resultado de esa
evaluación de impacto permitiría determinar si es mejor ampliar el presupuesto
que recibe la UASD o utilizar esos recursos para el otorgamiento de becas a los
mejores bachilleres para que estudien en universidades privadas. Los jóvenes
dominicanos que exhiben dedicación y perseverancia en sus estudios se merecen
la oportunidad de recibir la mejor educción posible en el país y en el
extranjero.
Por otro lado, se debería analizar la pertinencia de establecer un
congreso nacional unicameral o, por lo menos, realizar una significativa
reducción del número de diputados. Cabe recordar que actualmente el gasto
corriente total del cuerpo legislativo asciende a 8,763 millones de pesos, monto
que se divide entre la Cámara de Diputados con un gasto corriente de 5,831
millones de pesos; y el Senado de la República con 2,932 millones de pesos. En
la discusión sobre la próxima reforma constitucional se debería poner sobre la
mesa ese tema y abordarlo con rigurosidad al mismo tiempo que se discute la
reforma tributaria. Pienso que el contribuyente, responsable del pago de
impuestos directos e indirectos por más de 1.05 millones de millones de pesos
se beneficiaría mucho de la reestructuración del Estado y la racionalización
del gasto público.