Chapeando el gasto público ineficiente

 [Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 10 de junio de 2024]

Una condición previa a toda reforma tributaria es mejorar la productividad del gasto público. Esto implica reducir o eliminar el gasto que se ejecuta en áreas no prioritarias y actividades improductivas y redireccionarlo hacia aquellas que apoyen la expansión eficiente y sostenida del valor agregado y la creación de empleos bien remunerados. Al final de ese proceso, el contribuyente se sentirá satisfecho, pues los aportes que realiza a la sociedad a través del Estado se utilizan para mejorar el bienestar de la gente.

Para chapear el gasto público de manera correcta, los hacedores de políticas públicas deben disponer de un conjunto de instrumentos en su caja de herramientas que permitan una evaluación adecuada de cada componente del gasto gubernamental.

Todo gasto público debe ser sometido a un análisis costo-beneficio. Esa poderosa herramienta permite un abordaje riguroso a los problemas de elección social, que toda comunidad debe resolver para alcanzar el máximo de la función de bienestar sujeto a la restricción presupuestaria.  ¿Se debe incrementar el gasto en educación universitaria o en educación inicial? El análisis costo-beneficio permite determinar cuál de las dos partidas se debe elevar, comparando los beneficios que se obtienen de invertir (un peso más) en educación inicial con los beneficios de invertir (un peso más) en educación universitaria. Si se selecciona la partida con mayor beneficio, se acentuaría el aporte del gasto público al desarrollo económico y social.

La comparación con el desempeño del sector privado al suplir un servicio similar también ayuda a determinar la productividad del gasto público. ¿Es el resultado del proceso de aprendizaje de un niño de tercero de primaria de una escuela pública igual o superior al de una escuela privada, tomando en consideración aspectos técnicos que permitan su comparabilidad? El contribuyente agradecería conocer la respuesta para saber si es mejor continuar invirtiendo en la escuela pública o establecer un sistema de becas que permita a los niños de hogares pobres asistir a escuelas privadas.

El análisis costo-beneficio posibilita evaluar los proyectos de inversión pública que se caracterizan por un elevado grado de incertidumbre y con beneficios que se verán en el futuro. ¿Es mejor expandir el sistema de transporte público urbano, como el metro de Santo Domingo, en ciudades con alta densidad vehicular o desarrollar más caminos vecinales que conecten los campos productivos con las autopistas que desembocan en puertos y aeropuertos? El cálculo del valor presente de los beneficios e impacto sobre la frontera de posibilidades de producción de cada una de esas opciones de inversión, utilizando una tasa de descuento que tome en consideración el riesgo particular, permitiría determinar cuál proyecto es el mejor. 

El impacto distributivo del gasto público también debe ser analizado, para lo cual se debe utilizar un instrumental cuantitativo que consiste en modelos de micro simulaciones aplicados a encuestas de ingresos y gastos de hogares. El mercado laboral en una economía capitalista genera un flujo de ingresos que premia el capital humano y las habilidades del trabajador y, por lo tanto, crea desigualdad en la distribución de la remuneración. Una persona con mayor educación obtiene, en promedio, una remuneración laboral mayor. Un ingeniero gana un mayor salario que un maestro constructor. Un jugador de béisbol de grandes ligas, capaz de batear 50 vuelacercas en cada temporada, recibe un mejor contrato que otro que apenas llegue a diez (y que no sea un lanzador). Las habilidades se premian en el mercado, por eso hay que ayudar a que las personas puedan alcanzar su máximo potencial.

El gasto público debe reducir la desigualdad del ingreso laboral creando oportunidades para que las personas de hogares pobres puedan elevar su nivel de capital humano y bienestar. En términos netos es necesario lograr que el aumento del bienestar de la persona que recibe la transferencia pública, en efectivo o a través de servicios públicos, sea superior a la pérdida de bienestar que sufre la persona que no recibe nada o casi nada del gasto público y paga la mayor parte de los impuestos.

Un buen sistema de educación pública debe mejorar la capacidad de los estudiantes de obtener un mayor ingreso laboral en el futuro, elevando la probabilidad de que cuando sean adultos puedan formar un hogar en el cual sus hijos alcancen mejores condiciones de vida. El sistema educativo se evalúa tomando en consideración el resultado del desempeño de los estudiantes. ¿En cuánto subiría la calificación promedio en matemáticas o ciencias de los estudiantes del bachillerato producto de una inversión adicional que se realice para promover la entrada al sistema educativo público de expertos -en matemáticas o ciencias- para formar a futuros maestros que hayan sido seleccionados entre los mejores bachilleres del país?

El gasto gubernamental debe producir un beneficio o bienestar a quien reciba el servicio público igual o superior al costo que le genera al contribuyente esa intervención pública. La mejora del bienestar de los que menos recursos tienen debe superar el aporte que realizan los que más tienen a través del pago de impuestos. Más todavía, el análisis del impacto distributivo del gasto público debe realizarse con herramientas intergeneracionales; es decir, que tomen en consideración el impacto sobre los ingresos y bienestar a lo largo del tiempo, de los padres y de sus hijos, utilizando elementos que permitan una evaluación de los costos y beneficios en diferentes puntos temporales.

La probabilidad de que la población acepte una reforma tributaria se incrementaría si la nueva carga impositiva se distribuye equitativamente y el gasto público se ejecutase de una manera más eficiente. Una reducción significativa de la evasión tributaria, que supera más del 50% en algunas figuras impositivas, es un elemento clave para alcanzar una distribución justa de la presión tributaria. Si a esto se añade un esfuerzo de parte del gobierno para mejorar la productividad del gasto público, el aporte sobre el crecimiento de los ingresos de la población sería mayor y los resultados mejor distribuidos, condición indispensable para que la pobreza se reduzca y avance sostenidamente la calidad de vida de la gente.