Un Nobel para Schumpeter

[Escrito el 13 de octubre de 2025]

Joseph A. Schumpeter fue un brillante economista austriaco, profesor de la Universidad de Harvard entre 1932 y 1950. Entre sus teorías se encuentra la del crecimiento económico a través de la innovación tecnológica y la destrucción creativa. 

Schumpeter plantea en su obra cumbre “Capitalismo, Socialismo y Democracia” que la innovación y la difusión del conocimiento son elementos clave del crecimiento económico. Asimismo, indica que la innovación se fundamenta en los incentivos y la protección de los derechos de propiedad, lo que estimula a los empresarios a invertir en investigación y desarrollo. A lo que añade que la nueva innovación sustituye a la vieja innovación en un proceso denominado destrucción creativa. 

Dado que el premio Nobel no se otorga de forma póstuma, hoy se anunció que los tres académicos responsables de darle sustento empírico a la teoría de Schumpeter han sido galardonados con ese importante reconocimiento. 

Joel Mokyr, pofesor de Northwestern University, ha sido premiado por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico. Mokyr demostró, y presentó en su libro “Una cultura de crecimiento: los orígenes de una economía moderna,” que la revolución industrial fue el resultado de la acumulación de conocimiento y de la cultura científica que promovió la innovación, el progreso y el crecimiento económico. 

Philipe Aghion, profesor de INSEAD en Francia y de la London School of Economics en el Reino Unido, y Peter Howitt, profesor de la Brown University, han sido reconocidos por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa. Estos autores publicaron en 1992, en la revista Econometrica, un modelo de crecimiento fundamentado en la innovación y la destrucción creativa, mediante la cual se verifica que algunas empresas desaparecen y son sustituidas por otras más eficientes. 

Para un país como la República Dominicana, se desprenden lecciones importantes. En particular, para alcanzar un crecimiento sostenido incluyente se requiere de un sistema educativo moderno, un adecuado sistema de incentivos a la innovación, un sistema judicial eficiente y justo, un fuerte régimen de propiedad y un mercado laboral flexible. Como se observa, quedan varios temas pendientes. 

Una burbuja dorada

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 13 dde octubre de 2025.]

Son muchos los que se lamentan por no haber invertido en oro. No es para menos, ya que su precio ha subido más de un 50% en lo que va de año y superó, la semana pasada, los 4 mil dólares por onza troy. Si usted posee el temple necesario para adentrarse en las entrañas de una posible burbuja financiera, puede comprar algunas onzas y apostar que, como anticipa el mercado, el precio seguirá al alza y su portafolio le reportará jugosas ganancias de capital. Pero antes de tomar esa decisión, conviene leer las siguientes líneas. 

Una burbuja se produce cuando el precio de mercado de un activo se sitúa muy por encima de su valor fundamental o de equilibrio a largo plazo. El fenómeno suele estar alimentado por un exceso de optimismo entre los inversionistas, quienes confían en que siempre habrá alguien dispuesto a pagar más por el activo que acaban de adquirir. Esa secuencia de transacciones genera una trayectoria exponencial del precio que, tarde o temprano, se detiene y retrocede de manera abrupta, arrastrada por el pánico de ventas generalizadas.

La historia del oro está marcada por fuertes oscilaciones de su precio desde el siglo pasado. En 1971, el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, fijada hasta entonces en 35 dólares por onza. El gasto público excesivo y la expansión monetaria de los años sesenta minaron la confianza en el dólar y empujaron a los especuladores hacia el oro, elevando su precio de mercado. Los shocks petroleros de 1973 y 1979, sumados al desorden monetario de la Reserva Federal, llevaron el precio del metal a 668 dólares por onza en enero de 1980. La política monetaria restrictiva de Paul Volcker restauró la confianza en el dólar, redujo la inflación y estabilizó el precio del oro, que arrojó un promedio de 357 dólares hasta marzo de 2001, cuando cayó a 259 dólares.

La crisis financiera global de 2007-2008, originada en Estados Unidos, y la crisis de la deuda soberana europea entre 2009 y 2012 provocaron un cambio significativo en la demanda del oro como activo financiero. Durante esos períodos de incertidumbre económica, el precio del metal alcanzó los 1,788 dólares en febrero de 2012 y, a partir de 2013, osciló alrededor de un promedio de 1,293 hasta alcanzar los 1,626 dólares en febrero de 2020. 

La pandemia de covid-19, la excesiva inyección de liquidez, el incremento del déficit y del endeudamiento públicos, junto con la invasión rusa a Ucrania, impulsaron el precio del oro hasta el entorno de los 2 mil dólares a finales de 2023. 

Como se observa, la cotización del oro responde al contexto económico global: sube en tiempos de crisis e incertidumbre y tiende a bajar cuando se recupera la estabilidad macroeconómica. Ese comportamiento refuerza su reputación de “refugio seguro” y de instrumento de diversificación de riesgos, gracias a su baja correlación con el rendimiento de las acciones y otros instrumentos financieros. 

Para comprender mejor su evolución, al ajustar el precio del oro por inflación -calculada con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos- se observa que su índice de precios alcanzó 100 en enero de 1980, cayó a 18 en febrero de 2001, subió a 91 en febrero de 2012, se ubicó en 88 en agosto de 2020 y descendió a 65 en septiembre de 2022. Esos cambios revelan que, en términos de poder adquisitivo, la cotización del oro no sigue una trayectoria ascendente constante, sino que fluctúa de acuerdo con las circunstancias económicas. Por tanto, el oro no siempre resulta una apuesta segura. 

Desde inicios de 2024, se ha observado un nuevo repunte de su precio, que se ha acentuado a lo largo de 2025, cuando registró un índice de 144. La incertidumbre derivada de la política arancelaria de Donald Trump, el conflicto comercial con China -el segundo tenedor de títulos del Tesoro estadounidense-, el debilitamiento del dólar, las críticas presidenciales a la Reserva Federal y el deterioro de las finanzas públicas de las economías avanzadas explican buena parte de este ascenso. Además, la sustancial acumulación de oro por los bancos centrales, como estrategia de diversificación de sus reservas internacionales tras el congelamiento de activos financieros rusos denominados en dólares, ha contribuido a la presión alcista. En la actualidad, el oro representa más del 20% de las reservas de los bancos centrales, un porcentaje superior al euro.

En ese escenario, resulta clave destacar que la creación en 2003 de fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) respaldados por oro ha amplificado el potencial especulativo del mercado. Dichos instrumentos permiten una entrada y salida más eficiente de los inversionistas, lo que puede generar movimientos más pronunciados, hacia arriba o hacia abajo, en el precio del metal.  

En un artículo académico publicado en marzo de 2025, Klaus Grobys, profesor de finanzas en la Universidad de Vaasa (Finlandia), evaluó si el oro, a mediados de junio de 2024, estaba en camino de convertirse en una burbuja. Sus resultados indican que “existe evidencia sólida de una formación de burbuja en curso durante el período posterior a la crisis financiera global, alcanzando un momento crítico en octubre de 2029.”  Se ha de destacar que sus datos no incluyen el extraordinario incremento de precios observado en 2025, lo que podría reforzar aún más sus conclusiones. 

Finalmente, convendría analizar cómo el comportamiento del precio del oro en 2025, que Goldman Sachs proyecta en 4,900 dólares a diciembre de 2026, afectaría el momento de inicio del retroceso de su cotización. Es probable que un ascenso tan brusco precipite una reversión abrupta en un plazo más corto del previsto por el mercado. Si esto llega a ocurrir, cabe formular la siguiente pregunta: ¿los bancos centrales, que han estado comprando oro para fortalecer sus reservas internacionales, cerrarían sus posiciones o simplemente asumirían la pérdida de capital como consecuencia del estallido de la burbuja “dorada”? 

El oro, en definitiva, no garantiza estabilidad ni ganancias seguras; es, más bien, un reflejo de los episodios de incertidumbre o crisis globales. Considerando todo lo expuesto, invierta usted en él solo aquello que pueda -y esté dispuesto- a perder. 

La inflación sigue dentro del rango meta

[Escrito el 10 de octubre de 2025] 

El Banco Central informó recientemente que la tasa de variación interanual de los precios alcanzó a septiembre un 3.76%. Ese incremento de precios se mantiene dentro del rango meta de inflación que va del 3% al 5%. Al mismo tiempo, se puede afirmar que la expectativa de inflación para los próximos meses se mantiene anclada alrededor del 4%. 

La inflación subyacente, la que está más correlacionada con la política monetaria debido a que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles, se situó en términos interanuales en un 4.4%. 

Al descomponer el aumento del índice de precios al consumidor (IPC) por grupo de bienes y servicios se observa que los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen incrementándose. Con relación al mes de agosto, ese grupo de bienes arrojó una variación de un 0.72%, equivalente a una tasa anualizada del 9%. Los precios de los plátanos, la yuca y el bacalao, entre otros, se encuentran entre los que subieron de forma más acentuada. 

Lamentablemente, los consumidores más pobres son los más golpeados por esos aumentos de precios. Por ese motivo, es indispensable que las autoridades gubernamentales adopten medidas que aseguren a la brevedad posible mayor disponibilidad de alimentos y bebidas no alcohólicas a menores precios. Ese resultado se traduciría en mayor bienestar para los que menos tienen. 

Lo importante es lo que se hace con la deuda

[Escrito el 9 de octubre de 2025]

Toda deuda hay que pagarla, sea la del Estado dominicano o la de una familia trabajadora de clase media. Para pagarla hay que, en algún momento de la vida, generar un superávit, es decir, tener un ingreso superior al gasto de consumo. Por ello, lo que importa cuando se analiza la deuda, sea pública o privada, es lo que se financia con los recursos que la originan. 

Si la deuda se utiliza para financiar un cumpleaños, habrá problemas. El que gozó la fiesta y se responsabilizó de la deuda en algún momento tendrá que trabajar, obtener mayores ingresos, sacrificar el consumo, generar un ahorro y, posteriormente, saldar dicho compromiso financiero. 

Si la deuda se utiliza para invertir en un activo productivo, como un negocio, que arroje un rendimiento superior a la tasa de interés, entonces podrá pagar la deuda sin ningún problema. En ese escenario, la deuda es sostenible en el largo plazo. Tarde o temprano, el deudor -convertido en inversionista- terminará pagando la deuda sin sacrificio, porque supo invertir los recursos que generarán un valor agregado que creará un mayor bienestar. 

De las lecciones anteriores se desprende que, si usted es un funcionario público, no se endeude para gastos corrientes. Utilice los recursos de los préstamos para expandir la infraestructura pública que genere una alta tasa de retorno económico. 

En búsqueda del oro perdido

[Escrito el 8 de octubre de 2025]

El doctor Andrés Dauhajre hijo publicó recientemente un análisis en el que demuestra que, entre 2018 y agosto de 2025, el Estado dominicano dejó de percibir alrededor de 1,115 millones de dólares en ingresos fiscales derivados de las exportaciones de oro. Esa pérdida se origina por la transformación del Impuesto Mínimo Anual (IMA), aplicado a la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), en “un adefesio irrelevante”.

A partir del 1 de enero de 2017, el IMA fue redefinido como un límite equivalente al 90% de la suma del Impuesto sobre la Renta Corporativa y el impuesto sobre beneficios netos, este último conocido como Participación de las Utilidades Netas (PUN). Dicha modificación redujo de manera significativa la tasa efectiva sobre los ingresos brutos de exportación.

Para ilustrar el impacto: bajo el esquema original del IMA, la tasa efectiva en 2024 habría sido de un 29.54%. Sin embargo, con el IMA modificado, la tasa aplicada fue de apenas un 13.39%. La distorsión se agrava si se considera el elevado nivel de precios del oro. De haberse mantenido el IMA original, la tasa efectiva habría alcanzado un 32.41%, muy por encima del 21.36% que pagará PVDC este año.

Ese desbalance fiscal plantea una seria injusticia para el pueblo dominicano y exige una revisión urgente del marco tributario vigente. El objetivo debe ser renegociar con la empresa minera para restablecer el diseño original del IMA y así el Estado capturaría una proporción más justa de las rentas extraordinarias generadas por los altos precios internacionales del oro.

Dauhajre advierte que, si el precio de la onza troy alcanza los 5,000 dólares, la tasa del IMA debería situarse en torno al 38.55%. Una reforma en esta dirección no solo fortalecería las finanzas públicas, sino que también podría mitigar la necesidad de una reforma tributaria más amplia, ya que mejoraría la recaudación sin afectar a los sectores productivos no extractivos.

Zigzagueo monetario

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 6 de octubre de 2025.]

El mandato principal del Banco Central es preservar la estabilidad de precios. Si bien no lo explicita en sus comunicados oficiales, la institución adopta medidas que buscan mantener el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en torno a su nivel potencial, estimado en un 5%. Para ello, recurre a diversos instrumentos monetarios, entre los que destacan la tasa de interés de política monetaria y la gestión de los valores en circulación, como notas, letras y certificados de inversión. 

Tal como pronosticó el autor de esta columna días atrás, el Banco Central decidió en su reunión de septiembre reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos y la colocó en un 5.5%. Esa decisión estuvo influenciada por el recorte equivalente aprobado por la Reserva Federal el pasado 17 de septiembre, así como por la expectativa de dos reducciones adicionales antes de que finalice el año. Ese entorno monetario internacional facilitó el ajuste realizado por las autoridades dominicanas. 

A pesar de que desde mayo de 2023 la tasa de interés de política ha perdido capacidad de transmisión hacia las tasas de interés activa y pasiva, el Banco Central procura a través de dicha tasa enviar una señal a los agentes económicos. En esta coyuntura su objetivo es inducir una reducción en las tasas de interés de mercado para estimular la demanda agregada y, en consecuencia, dinamizar el crecimiento del PIB. 

Esa estrategia resulta comprensible si se considera que, según estimaciones del Banco Central, la tasa de crecimiento interanual del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) en agosto fue de apenas un 1.5%, lo que redujo la variación promedio acumulada a un 2.3%. En tal escenario, alcanzar el 3% proyectado por las autoridades monetarias y el gobierno dominicano para 2025 requeriría una expansión promedio de un 4.2% entre septiembre y diciembre. La probabilidad de que ese ritmo se materialice es cercana a cero, por lo que todo apunta a que el PIB cerrará el año con un crecimiento en torno al 2.5%; es decir, la mitad del ritmo potencial.

A partir de mediados de junio, el organismo emisor adoptó, a través de una señal ruidosa, una postura de política monetaria expansiva. Como resultado, en julio y agosto los agregados monetarios registraron un aumento significativo, casi tres veces superior al promedio mensual observado durante el año anterior. Durante ese bimestre, la base monetaria ampliada aumentó en 47 mil millones de pesos, mientras que la oferta monetaria ampliada (M2) se expandió en 88,481 millones. Paralelamente, los valores en circulación se redujeron en 14 mil millones de pesos, lo que refleja un esfuerzo por elevar la liquidez disponible en el sistema financiero.

El objetivo intermedio del incremento en los medios de pago era propiciar una reducción en las tasas de interés. Entre junio y septiembre, la tasa de interés pasiva disminuyó 238 puntos básicos hasta situarse en septiembre en un 7.32%. En contraste, la tasa de interés activa -que incide directamente sobre el consumo y la inversión- apenas se redujo en 46 puntos básicos y alcanzó un 14.31%. Ese comportamiento revela que la política de flexibilización monetaria generó tres efectos principales: la disminución del rendimiento de los instrumentos financieros denominados en pesos, lo que podría incentivar la sustitución de la moneda nacional por dólares; la reducción de la tasa activa, pero no en una magnitud suficiente para dinamizar la actividad económica; y la ampliación del margen de intermediación financiera, beneficiando a los agentes del sistema bancario. 

Como era previsible, el tipo de cambio reaccionó con rapidez al aumento de la cantidad de pesos en circulación. Entre junio y septiembre, el valor promedio del dólar pasó de 59.57 a 63 pesos. En paralelo, como resultado del incremento de los agregados monetarios, la tasa de cambio se ubicó en 64.13 pesos por dólar al 8 de septiembre, lo que representa una variación acumulada de un 7.7% desde el inicio de la política expansiva, el 16 de junio de 2025. 

El acelerado ritmo de depreciación de la moneda nacional frente al dólar llevó a las autoridades a modificar de nuevo la orientación de la política monetaria, optando por absorber liquidez mediante la colocación de valores y la intervención en el mercado cambiario. En septiembre, los valores en circulación emitidos por el Banco Central aumentaron en 33,244 millones de pesos, lo que implicó una contracción monetaria. Al mismo tiempo, las reservas internacionales se redujeron en casi 593 millones de dólares. Ambas acciones limitaron el ritmo de expansión de la liquidez a una cuarta parte del aumento registrado en los dos meses precedentes. El resultado presionó a la baja el tipo de cambio, que se ubicó en 61.89 pesos por dólar el 16 de septiembre. Sin embargo, esa apreciación fue transitoria: días después, el tipo de cambio retomó su trayectoria ascendente y cerró el mes en 62.78 pesos por dólar.

Las autoridades deben tener presente que el zigzagueo monetario conlleva elevados costos. Los virajes frecuentes entre fases expansivas y contractivas, sin un marco lógico claramente definido, envían señales contradictorias a los agentes económicos. Desde el abandono “de facto” del esquema de metas de inflación, se ha intensificado la volatilidad del tipo de cambio, de las tasas de interés y de otros instrumentos clave de política monetaria.  

Asimismo, los movimientos bruscos de las medidas de política pueden erosionar la credibilidad institucional. Conforme se consolida la percepción de que la nueva orientación monetaria es inconsistente, errática e imprevisible, se debilita el anclaje de las expectativas de inflación. Ese escenario resulta especialmente riesgoso, ya que puede acelerar las variaciones relativas del índice de precios al consumidor, como ocurrió entre junio y agosto, cuando la tasa anualizada alcanzó un 5.3%, cifra que supera el límite máximo de la meta de inflación.

 Finalmente, si los agentes económicos no logran anticipar con certeza la trayectoria de los instrumentos de política monetaria debido a su comportamiento zigzagueante, tenderán a posponer sus decisiones de consumo e inversión productiva. En consecuencia, el crecimiento económico continuará desacelerándose. Un resultado distante al que procuran alcanzar las autoridades monetarias y, sobre el todo, el gobierno dominicano. 

La crisis haitiana se agravará todavía más

[Escrito el 3 de octubre de 2025]

(Actualización 11 de octubre de 2025. El FMI concluyó la misión virtual sobre la segunda revisión del programa supervisado. La economía haitiana sigue contrayéndose y la inflación en un 31%.)

El 15 de septiembre de 2022 comenté que la crisis que afecta Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, era el principal problema de la República Dominicana. 

El 11 de marzo de 2024 describí el impacto de la crisis haitiana sobre la economía dominicana. En ese entonces, analicé el efecto de los flujos migratorios sobre el mercado laboral dominicano, en particular, sobre los ingresos de los dominicanos. 

El 26 de marzo de 2024 escribí que la solución de la crisis haitiana podía surgir de la voluntad de Estados Unidos, Francia y Canadá. Destaqué que esos tres países tienen el poder económico y militar necesario para derrotar las bandas y estabilizar la vecina nación. 

El 20 de noviembre de 2024 reiteré que la crisis haitiana seguía siendo un gran problema que atenta contra la estabilidad de la República Dominicana. 

El 27 de junio de 2025 comenté que la crisis haitiana seguía agravándose, ya que la actividad económica se deterioraba de forma acelerada, los precios subían y las bandas acentuaban el control de las calles. 

Lamentablemente, en vez de ayudar, los Estados Unidos han tomado una decisión que agravará más la crisis haitiana y con ello aumentará el problema para la República Dominicana. De forma inexplicable, el gobierno estadounidense decidió no renovar las iniciativas comerciales que permitían a Haití exportar a ese mercado prendas de vestir libre de aranceles. A partir de ahora, las importaciones de productos textiles provenientes de Haití serían gravadas con aranceles de hasta un 30%.

 La no renovación de las iniciativas HOPE y HELP estimulará el traslado de las pocas empresas que quedan en el norte de Haití a otros países centroamericanos o asiáticos. Ello provocará la destrucción de la mayor parte de los 26 mil empleos existentes en esas empresas textiles, incrementará la pobreza en Haití y aumentará la presión hacia mayor flujo migratorio hacia la República Dominicana. Un resultado nefasto.  

El crecimiento sigue en baja

[Escrtio el 2 de octubre de 2025] 

El dato más reciente del producto interno bruto es desalentador. Según estimaciones del Banco Central, la tasa de crecimiento interanual de agosto del indicador mensual de actividad económica (IMAE) fue de apenas un 1.5%, lo cual llevó la variación promedio acumulada a un 2.3%. 

Ese resultado confirma mis pronósticos sobre el crecimiento del PIB para 2025. Desde inicios de año he venido comentando que la economía dominicana crecerá alrededor del 2.5%, la mitad del ritmo potencial. Las autoridades dominicanas y el FMI comenzaron con un pronóstico del 4.5% y el más reciente ajuste a la baja lo colocó en el 3%. 

Factores externos, como los latigazos arancelarios de Trump y la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, han limitado la capacidad de crecimiento económico nacional. A ese entorno internacional se le añade una muy baja inversión pública y una política monetaria zigzagueante que ha impactado de forma negativa la demanda agregada. 

El gobierno intentará en los próximos meses acelerar el ritmo de expansión económica, pero será casi imposible alcanzar la meta del 3%. La combinación de la reciente reducción de la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos con un poco más de inversión pública no será suficiente para alcanzar un crecimiento de un 4.2%, que se necesita como promedio entre septiembre y diciembre para llegar al 3%. 

Frente a esa situación, mi recomendación es que se adopten medidas monetarias y fiscales consistentes con la estabilidad macroeconómica. Ello es imprescindible para mantener la confianza de los agentes económicos en la política económica. 

La burbuja de las criptomonedas

[Escrito el 1 de octubre de 2025]

En diversas ocasiones he afirmado que el valor de las criptomonedas es cercano a cero. El precio del bitcoin, que supera en la actualidad los 114 mil dólares, es una burbuja, que explotará en cualquier momento. Lo difícil es pronosticar cuándo ocurrirá esa explosión, ya que, como nos enseñó el profesor Rudi Dornbusch del Instituto Tecnológico de Massachusetts, “la crisis tarda mucho más tiempo en llegar de lo que tú piensas y luego sucede más rápido de lo que podrías pensar.”

Los defensores y usuarios de las criptomonedas incluyen, entre otros, a especuladores, lavadores de fondos ilegales, evasores de impuestos y a libertarios quienes desean realizar transacciones sin dejar ningún rastro y por debajo del radar de los gobiernos. 

Como reacción a la excesiva volatilidad del bitcoin se han creado otros criptoactivos denominados “monedas estables” o “stablecoins.” Esos activos, como Tether (USDT) o USD coin (USDC), prometen una mayor estabilidad en su precio debido a que afirman disponer el respaldo de una moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense. Cabe destacar que algunas, como Binance USD y TerraUSD, colapsaron y fueron descontinuadas. 

La Ley GENIUS en Estados Unidos ha creado un marco regulatorio a las monedas estables. El retorno de Donald Trump a la presidencia y la entrada de dos de sus hijos al negocio de los criptoactivos ha incrementado su popularidad y uso de dichos activos virtuales. 

La meta de los promotores es lograr que las instituciones financieras tradicionales y reguladas inviertan o emitan sus monedas estables. Esto es visto con mucha preocupación por los bancos centrales debido a que su uso podría crear turbulencias, generar movimientos bruscos de capitales y provocar la quiebra de instituciones financieras, lo que impactaría negativamente los fundamentos de la economía global. Para evitar ese resultado es preciso recordar, como lo hizo recientemente Jean Tirole, premio Nobel de Economía, que el sistema de pagos en un bien público por lo cual es preciso evitar que se convierta en un terreno para el juego especulativo. 

El Banco Central baja su tasa de interés

[Escrito el 30 de septiembre de 2025]

El objetivo principal del Banco Central es mantener la estabilidad de precios y, aun cuando no se establece de forma explícita, ejecutar medidas que promuevan un ritmo de crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano al potencial del 5%. Para ello utiliza su caja de herramientas monetarias, entre las que se encuentra la tasa de interés de referencia. 

Tal como pronostiqué hace unos días, el Banco Central decidió reducir dicha tasa de interés en 25 puntos básicos y la colocó en un 5.5%. El recorte de 25 puntos básicos realizado por la Reserva Federal el pasado 17 de septiembre y la expectativa de que se realizarán dos reducciones adicionales antes de fin de año facilitó la decisión de las autoridades dominicanas. 

Cabe destacar que, a pesar de que la tasa de interés de política del Banco Central ha perdido influencia sobre las tasas de interés activa, pasiva e interbancaria, el Banco Central desea enviar un mensaje a los agentes económicos de que quiere reducir la tasa de interés para estimular la demanda agregada y, en consecuencia, elevar el crecimiento del PIB. Ello es comprensible dado que, como van las cosas, lo más probable es que la tasa de expansión económica sea de solo un 2.5% en 2025, la mitad del ritmo potencial. 

Es preciso recordar que en economía no hay almuerzo gratis. Si la tasa de interés pasiva continúa a la baja, el tipo de cambio seguirá hacia arriba y la inflación podría acelerarse. En septiembre, la tasa pasiva bajó 131 puntos básicos y la tasa de cambio mostró un comportamiento de subidas y bajadas bruscas y se ubica en 62.78 pesos por dólar. Con la decisión monetaria de hoy se puede proyectar que siga subiendo.  

Restricciones externas al crecimiento

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 29 de septiembre de 2025.] 

El presidente Donald Trump ha recurrido de nuevo al látigo arancelario. La semana pasada anunció un impuesto de un 100% a la importación de productos farmacéuticos no genéricos. Según sus declaraciones, se exceptúan de esa medida los medicamentos elaborados por laboratorios que posean fábricas en Estados Unidos o planeen instalarlas allá. De manera casi simultánea, anunció nuevos gravámenes de entre un 25% y un 50% a las importaciones de camiones y de mobiliario del hogar, como gabinetes de cocina. 

La incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump lleva a recomendar prudencia en el manejo de la política monetaria. Aun cuando el traspaso de los aranceles a los precios no ha sido significativo, algunos analistas manifiestan su preocupación. En ese contexto, Austan Goolsbee, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Chicago, advirtió recientemente al resto de las autoridades monetarias sobre los riesgos de realizar recortes apresurados en la tasa de interés de referencia. 

El 17 de septiembre, la Reserva Federal (Fed) aprobó una reducción de 25 puntos básicos de dicha tasa y la colocó entre el 4% y el 4.25%. El mercado prevé, con una probabilidad de un 91%, un nuevo recorte de 25 puntos básicos en octubre y, con un 72.5% de probabilidad, otro de magnitud similar en diciembre. El resultado de esos cambios situaría la tasa de interés entre el 3.5% y el 3.75%. 

Frente a esas expectativas del mercado, Austan Goolsbee, miembro del Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto que fija las tasas de interés, declaró al Financial Times que no apoyará nuevos recortes en las dos próximas reuniones de la Fed previstas para octubre y diciembre. 

El también profesor de la Universidad de Chicago expresó su inquietud por la inflación, que en agosto alcanzó el 2.9% interanual, lejos de la meta del 2%. Goolsbee subrayó que el enfriamiento del mercado laboral no resulta tan preocupante como para justificar las reducciones de tasas de interés que el mercado financiero estadounidense prevé y considera deseables. 

De ello se desprende que un recorte excesivo de las tasas de interés acentúe el proceso inflacionario y perjudique a los consumidores. No obstante, el presidente Trump mantiene una postura muy distinta y continúa con su agenda de tomar el control de la Reserva Federal. Su objetivo es alcanzar una mayoría en la Junta de Gobernadores de siete miembros para ampliar su influencia en la toma de decisiones de política monetaria. La tasa de interés de referencia se encuentra entre el 4% y el 4.25%, pero el presidente republicano pretende reducirla hasta alrededor del 1.5%. Varios expertos advierten que semejante nivel presionaría hacia arriba la tasa de inflación, que seguirá alejándose de la meta del 2%. Un resultado muy negativo para Estados Unidos y para la economía global, ya que obligaría a las autoridades a cambiar, de forma zigzagueante, la postura monetaria hacia una más restrictiva.  

Una clara muestra de la intención del presidente estadounidense de controlar la política monetaria es su ofensiva contra la gobernadora Lisa Cook. La Suprema Corte está evaluando la solicitud de Trump para destituirla, después de que un juez federal y una corte de apelaciones la rechazaran. Si la Suprema Corte diera la razón al mandatario, sería el primer caso de remoción de un gobernador de la Reserva Federal desde su creación en 1913. 

Ante el riesgo que implicaría ese fallo, los principales exfuncionarios pertenecientes a equipos de distintas administraciones republicanas y demócratas han salido en defensa de la independencia de la Fed, elemento clave para la consistencia de la política monetaria. 

Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, tres expresidentes del banco central de Estados Unidos, firmaron un documento en el que exhortaron a la Suprema Corte a garantizar la continuidad del cargo de Lisa Cook. Con esa decisión se preservaría la independencia de la institución monetaria frente a influencias políticas y se aseguraría el mantenimiento de la eficacia y credibilidad de sus medidas. Otros firmantes de la petición incluyen a exsecretarios del Tesoro, jefes del Consejo de Asesores Económicos y distinguidos profesores, como Larry Summers, Hank Paulson, Robert Rubin, Tim Geithner, Glen Hubbard, Greg Mankiw, Kenneth Rogoff, Cristina Romer, John Cochrane y Jason Furman. 

Por otro lado, las restricciones impuestas por el entorno internacional han limitado el ritmo de crecimiento económico de la República Dominicana. A inicios de año, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno dominicano y el Banco Central proyectaban que el producto interno bruto (PIB) aumentaría un 4.5%. Sin embargo, la turbulencia provocada por los cambios arancelarios y el mantenimiento de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal en un territorio restrictivo impusieron limitaciones al crecimiento económico dominicano. Tras varias correcciones a la baja, el FMI y las autoridades dominicanas proyectan un incremento del PIB para este año alrededor del 3%. 

Para lograr esa cifra, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) debería aumentar en promedio interanual un 3.7% entre agosto y diciembre. Visto el comportamiento de agosto y septiembre, la probabilidad de alcanzar esa variación de la actividad económica es cercana a cero, aun cuando el gobierno disponga de recursos para elevar la inversión pública en los próximos meses o el Banco Central apruebe esta semana una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. Si se decide realizar una nueva inyección de liquidez, como la aprobada el 16 de junio, subiría otra vez el tipo de cambio de forma acelerada y la tasa de inflación mensual seguiría repuntando tal como se registró en el trimestre de junio a agosto, cuando arrojó un ritmo anualizado de un 5.3%. 

El análisis riguroso de los principales sectores productivos (construcción, comercio, manufactura y turismo) muestra que ninguno será capaz de aportar lo necesario para que el PIB acelere su ritmo de crecimiento de manera significativa en el cuarto trimestre del año. Así las cosas, se puede pronosticar que en 2025 el PIB se incrementará alrededor del 2.5%, la mitad del potencial. Ello sería un ejemplo ilustrativo de los efectos provocados por las restricciones externas al crecimiento económico de la República Dominicana.  

Buena suerte

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de septiembre de 2025.]

El cargo de presidente de la República acarrea enormes retos y dificultades. En general, todos los mandatarios buscan lo mejor para su país; sin embargo, con frecuencia se ven obligados a tomar decisiones que, al menos en el corto plazo, son percibidas como perjudiciales para los consumidores o para los sectores productivos. Esto genera severas críticas inmediatas y, muchas veces, ocasiona contingencias futuras en extremo costosas.

La reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un amplio conjunto de recomendaciones para que la República Dominicana siga exhibiendo el extraordinario desempeño económico registrado en las últimas dos décadas, basado en sólidos fundamentos económicos. La mayoría de las propuestas son medidas que requieren el apoyo o aprobación del presidente de la República. 

El FMI ha revisado a la baja su proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): del 4.5% inicial al entorno del 3%. Esa nueva estimación coincide con el límite superior del rango del 2.5% al 3% previsto por el autor de esta columna a inicios de año. Para alcanzar una tasa de crecimiento económico de un 3%, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) debería aumentar en promedio un 3.7% entre agosto y diciembre de este año, un escenario poco probable. 

Por otro lado, la situación internacional es incierta y limita el margen de maniobra del gobierno. El entorno económico se agravaría si hay demoras en las reformas necesarias para reducir el déficit del sector eléctrico y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y de las cuentas externas. 

En el corto plazo, el Fondo recomienda continuar afianzando la coordinación de las políticas monetarias y fiscal con el objetivo de incrementar su eficacia. La llegada de Magín Díaz al Ministerio de Hacienda y Economía asegura una buena coordinación con la política monetaria del gobernador Héctor Valdez. 

Otra sugerencia clave del FMI es mejorar la eficiencia de la política fiscal. Sus técnicos saben bien que las partidas corrientes generan sobre las actividades productivas un efecto multiplicador inferior al del gasto de capital. De ahí que recomienden la sustitución de los subsidios generalizados -como el de combustibles y electricidad- por ayudas focalizadas a los más pobres y vulnerables. Así podrían destinarse más recursos a la inversión pública que complementen la inversión privada. La decisión de aumentar los precios de la gasolina, gasoil y gas licuado de petróleo o la de recortar transferencias corrientes no focalizadas pasa por el despacho presidencial.  

La mejora del saldo fiscal implica reducir la evasión y las exenciones tributarias. Eso significa enfrentarse tanto a quienes evaden impuestos como a los que los eluden. La lucha contra la evasión y el cambio de las legislaciones que brindan incentivos impositivos originará una intensa batalla con grupos de poder, que han aprovechado al máximo esos privilegios normativos y han capturado órganos institucionales y reguladores públicos. La responsabilidad y el costo de una posible reforma tributaria recaerá directamente sobre los hombros del presidente, aunque la diseñe el ministro de Hacienda y se ejecute desde la Dirección General de Impuestos Internos. 

Como si se tratase de una tarea sencilla, el FMI propone implementar el Pacto Eléctrico. Ello requiere “ajustes graduales a las tarifas eléctricas y una mejor focalización de los subsidios.” El presidente tendría que autorizar el aumento de la tarifa que pagan todos los consumidores; se prevé proteger a los más pobres mediante el subsidio bonoluz. 

La emisión del Decreto 517-25, que declara en emergencia el sector eléctrico nacional, es una muestra adicional de cómo el presidente “saca las castañas del fuego” a sus funcionarios. Mediante el decreto, se procedió a contratar una potencia adicional de 65 MW a la empresa Karpowership. Es muy probable que esa barcaza genere y venda el kilovatio de electricidad a un precio alrededor de los 40 centavos de dólar. Ese costo incrementará el déficit del sector eléctrico, ya que representa más del doble de la tarifa promedio que cobran las empresas distribuidoras de electricidad. Lo único positivo es que, transitoriamente, se reducirán los apagones, uno de los principales males que afectan en la actualidad a la población. 

A pesar de la política monetaria zigzagueante y de inyecciones monetarias no convencionales, el FMI reconoció que el Banco Central conserva la credibilidad del régimen de metas de inflación manteniendo ancladas las expectativas. La tasa de inflación prevista para 2025 rondará el 4%, justo en el centro del rango meta, aun cuando se observa entre mayo y agosto una tendencia ascendente de la variación mensual de precios. Ese comportamiento exige una vigilancia estrecha por parte de las autoridades. 

Para fortalecer el régimen de metas de inflación, el organismo internacional recomienda continuar con el desarrollo del mercado interbancario, cuya tasa de interés se ha convertido en referencia esencial para determinar la postura de la política monetaria. Asimismo, indica que el fortalecimiento del “mecanismo de transmisión monetaria” respaldará la normalización de la política en curso. En otras palabras, sugiere recuperar la estrategia aplicada durante el período 2012-2019.  

En cuanto a la tasa de cambio, el Fondo interpreta la gran volatilidad registrada desde marzo de 2020 como un estado de “mayor flexibilidad cambiaria en línea con los fundamentos económicos.” La realidad, no obstante, es que un aumento de dicha volatilidad hasta cuatro veces superior a la que existía entre 2012 y 2019 va más allá del concepto de flexibilidad del tipo de cambio. Es importante destacar, además, que el Fondo recomienda la intervención cambiaria solo en situaciones de choques económicos graves. 

A pesar de todos esos retos, los funcionarios del FMI se muestran optimistas. Así lo expusieron en el documento que resume su visita al país. Sin expresarlo públicamente, reconocen que las reformas recomendadas supondrán un costo político importante. El presidente, por la responsabilidad de su cargo, es quien lo asumirá. El primer mandatario es la persona que entra en los libros de historia y cuya gestión será objeto de análisis. Ante todas las reformas estructurales presentadas por el Fondo y las contingencias que acarrea su implementación, no queda más que desear buena suerte al presidente Luis Abinader y a su equipo de gobierno. 

Pregúntenle a Magín si se incluyen los intereses

[Escrito el 19 de septiembre de 2025] 

A mi entender es un error sumar los intereses y comisiones financieras al valor de la inversión de capital que realiza el sector público. Cuando el Ministerio de Hacienda presenta el presupuesto del Gobierno Central se identifica el gasto de capital separado de los gastos por intereses, el cual es un gasto corriente. En el presupuesto de 2025, la inversión pública asciende a un 2.2% del PIB y el gasto de intereses a un 3.7% del PIB. 

No hay un solo proyecto de infraestructura ejecutado en el país que en su costo, aprobado por el Congreso Nacional, se incluya el gasto por intereses que incurre el Estado para financiar dicha obra. Para confirmar, analice los presupuestos del Metro de Santo Domingo, los elevados, las autopistas, los puertos, las presas, las escuelas, los hospitales y las viviendas públicas. 

En el caso del Contrato EPC, de Ingeniería, Procura y Construcción, aprobado por el Congreso Nacional para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, se establece en su artículo 6.5.4 que los costos financieros, honorarios y/o tasas, directos o indirectos, relacionados al financiamiento y/o cualquier alternativa interina de financiamiento corresponden al Estado. Específicamente, se indica con claridad que los costos de intereses no son parte del precio del activo. 

Por eso es irracional que en la auditoría de la Cámara de Cuentas a Punta Catalina se pretenda incluir en el costo del activo la suma de 265 millones de dólares por concepto de intereses. 

Para despejar dudas sería conveniente que la Cámara de Cuentas le pregunte a Magín Díaz, Ministro de Hacienda y Economía, si los intereses se deben incluir o no en el costo de las obras de infraestructura y que mencione si conoce alguna que, en la historia republicana de este país, los haya incluido. Quedo atento a la respuesta de Magín, si la Cámara de Cuentas se atreve a preguntar. 

La Reserva Federal inicia el recorte

[Escrito el 18 de septiembre de 2025] 

El banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, inició el 17 de septiembre pasado el recorte de su tasa de interés de referencia. Tal como se había previsto, una gran mayoría de los miembros votantes del Comité Federal de Mercado Abierto votó por una disminución de 25 puntos básicos a la tasa de interés de política monetaria. A partir de esa decisión, dicha tasa se moverá en el rango comprendido entre el 4% y el 4.25%. 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmó que el recorte de la tasa de interés se justifica por el enfriamiento de las condiciones del mercado laboral. De mayo a agosto apenas se generaron en promedio de 27 mil puestos de trabajo en Estados Unidos. Esa cifra está muy lejos de los 159 mil empleos que se crearon en promedio entre agosto de 2024 y abril de 2025. 

Además, se proyecta que la tasa de desocupación, que en la actualidad se encuentra en un 4.3%, se coloque a fin de este año en un 4.5%. Ese comportamiento laboral se asocia a la desaceleración económica observada en la primera mitad del 2025. 

Frente a esa perspectiva, una estrecha mayoría de los funcionarios del citado comité de la Reserva Federal está dispuesta a aprobar dos recortes adicionales de 25 puntos básicos cada uno en las reuniones de octubre y diciembre. 

Esto significa que se registró un cambio en la ponderación de los objetivos del banco central. Parece que, a partir de esta reunión de septiembre, es más importante evitar un incremento excesivo de la tasa de desempleo que alcanzar la meta de inflación del 2%. De hecho, las autoridades monetarias estadounidenses proyectan que la inflación subyacente, medida por la variación interanual del Índice de Precios de Gastos de Consumo Privado, se situará en un 3.1% a final de 2025. Un nivel elevado que amerita seguir siendo supervisado con cautela. 

¿Por qué volvieron los apagones?

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de septiembre de 2025.]

“Llevo dos noches sin dormir por los apagones.” Frases como esa evidencian que en la República Dominicana se registran, de manera generalizada, cortes de electricidad debido a que la oferta resulta insuficiente frente a la demanda. La distribución de los apagones no es uniforme en el territorio nacional, pues depende tanto de las condiciones técnicas de los circuitos eléctricos como de los niveles de facturación y cobranza que gestionan las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). 

La puesta en marcha definitiva de las dos unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que incrementaron la oferta en 752 MW brutos entre noviembre de 2019 y abril de 2020, permitió reducir los cortes al mínimo. Esa generación de electricidad, suplida actualmente al menor costo variable de todo el mercado eléctrico, facilitó que la mayoría de los agentes económicos dispusiese de electricidad las 24 horas al día. En consecuencia, a partir de 2020 dejó de ser necesario utilizar inversores o plantas de generación eléctrica de emergencia. 

Punta Catalina produce beneficios anuales de 550 millones de dólares al Estado dominicano: 250 millones corresponden a ganancias directas y 300 millones a los ahorros de las EDE, derivados de la diferencia entre el precio spot y el precio de contrato al cual les vende la CTPC. Con esos recursos pudo haberse eliminado una gran parte del déficit del sector eléctrico existente en el año 2020; sin embargo, errores en la gestión de las EDE colocaron en 2024 el déficit por encima de los 1,800 millones de dólares. 

En un contexto caracterizado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la demanda de electricidad aumenta. Ante esa previsión, el autor de esta columna publicó, en 2021, una serie de artículos en los que recomendaba al gobierno dominicano ejecutar acciones para garantizar que la oferta se mantuviese por encima de la demanda y, por tanto, evitar el retorno de las interrupciones del suministro. 

Las medidas eran simples y viables, bajo el liderazgo adecuado. A partir del superávit creado por la presencia de la CTPC en el mercado eléctrico, solo había que aumentar la capacidad de generación de energía base en 150 MW anuales, para alcanzar un total de 450 MW que hubiesen estado disponibles en 2024.

En esa línea, el artículo “El reto de generación eléctrica de Abinader,” publicado en el Listín Diario el 2 de agosto de 2021 advirtió que: “En los años 2024 y 2025 habrá una crisis de generación eléctrica…se incrementarán los apagones, a menos que el gobierno acelere la instalación de nueva y eficiente generación de electricidad.” 

En otro artículo, “La ruta óptima de expansión de la generación del SENI,” publicado el 5 de agosto de 2021 en el blog del autor, se destacó la necesidad de instalar un ciclo combinado de 450 MW a gas natural para evitar un incremento de los apagones en 2024 y 2025.  Esa planta de electricidad debía colocarse en la zona comprendida entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente que combina la terminal de gas de Andrés, Boca Chica, y los 85 kilómetros de líneas de gasoducto instalados en esa región. “Esto permitiría suplir electricidad desde el primer trimestre de 2024” y satisfacer la nueva demanda a precios competitivos. Esa opción brindaría un mejor resultado financiero para las EDE “que el que arrojaría suplir electricidad en ese período 2024-2025 con generadores ineficientes, a menos que se gestione la demanda de electricidad, aumentando la cantidad y duración de los apagones.”

Las recomendaciones, no obstante, fueron ignoradas por las autoridades del sector eléctrico. De manera irracional, estas optaron por una licitación que concentraría la mayor parte de las inversiones del sector privado en el proyecto de electricidad a gas natural que se instalaría en Manzanillo, consistente en tres bloques de generación cada uno de 400 MW y una terminal de gas natural. Esa decisión se tomó a pesar de que, el 14 de agosto de 2021, se les advirtió en el artículo “Los escollos de la Central Eléctrica de Manzanillo” publicado en el Listín Diario, que dicho proyecto de generación entraría en línea a inicios de 2026, si no había retrasos significativos, lo cual era poco probable. 

Por otro lado, el gobierno contrató en esos años dos plantas altamente ineficientes y costosas: Siba Energy y Karpowership. En el Boletín de Generación y Gestión de Energía de julio de 2025, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se indica que la primera tiene un costo variable de 140.07 dólares por MWh y la segunda, de 106.53 dólares. Esas cifras contrastan con el costo variable de apenas 34.62 dólares por MWh de Punta Catalina. 

La solución planteada en los citados artículos comenzó a ejecutarse en 2025. La planta Generadora San Felipe I, un ciclo combinado a gas natural con capacidad de 467 MW, está contratada para operar a partir de diciembre de 2027, aunque es posible que esté lista desde mayo de ese mismo año. De haberse iniciado su construcción a finales de 2021, habría estado suministrando electricidad desde 2024 a precios competitivos. 

La falta de esa energía llevó al presidente Luis Abinader a emitir el Decreto No. 517-25, mediante el cual se declaró en estado de emergencia el sector energético, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de oferta eléctrica en plazos más cortos que los establecidos en los procesos ordinarios de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. Un día después del decreto, llegó al país una barcaza Karpowership proveniente de Cuba, con una potencia de 65 MW. Se estima que el precio monómico sea, al menos, tan alto como los casi 39 centavos de dólar por kWh que registró en promedio entre marzo y julio de 2025 la planta similar instalada en Azua. Dada la estructura de la tarifa eléctrica y la capacidad de gestión de las EDE, la presencia de la nueva barcaza podría reducir de forma transitoria los apagones, pero lo hará a un precio que incrementará de manera significativa el déficit del sector eléctrico. La incompetencia siempre tiene un costo. 

¿Estanflación en Estados Unidos?

[Escrito el 12 de septiembre de 2025]

Los datos más recientes confirman que la economía estadounidense sigue en camino hacia una estanflación. Esa situación económica representa el peor de los mundos: estancamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) con incrementos de precios. 

La tasa de desocupación volvió a subir en agosto y se colocó en un 4.3%. Aun cuando dicha tasa se encuentra cerca del nivel considerado como pleno empleo, que es el 4%, la realidad es que en los meses más recientes se ha visto una tendencia ascendente. 

Asimismo, se ha deteriorado el ritmo de creación de empleo. De mayo a agosto apenas se generaron en promedio 27 mil puestos de trabajo. Esa cifra contrasta con los 159 mil empleos creados en promedio entre agosto de 2024 y abril de 2025. Cabe recordar que en abril de este año se anunciaron las medidas arancelarias del presidente Trump, que establecieron altos aranceles de manera definitiva a partir de agosto. 

Por otro lado, la tasa de inflación en Estados Unidos muestra un ascenso persistente. En términos interanuales subió en agosto a un 2.9%. Respecto a julio, el Índice de Precios al Consumo se elevó un 0.4%, equivalente a una variación anualizada de un 4.9%. La tasa de inflación subyacente, la cual tiene una mayor relación con la política monetaria, subió a un 3.1%, muy lejos de la meta del 2%. 

La combinación de un mercado laboral que se enfría con una tasa de inflación que sigue subiendo representa un dilema para la Reserva Federal. El mercado espera con una probabilidad de casi un 100% que habrá un recorte de la tasa de interés en la reunión de política monetaria de septiembre. Esto será positivo para el mercado laboral, pero negativo para el control de la tasa de inflación. 

Se acelera la inflación dominicana

[Escrito el 11 de septiembre de 2025]

La tasa de variación de los precios se ha estado acelerando y se nota en el bolsillo del pueblo dominicano. 

En agosto, la tasa de inflación interanual se colocó en un 3.71%, cifra que se encuentra dentro del rango meta del 4%+-1%. No obstante, se observa que en los tres meses más recientes la variación de precios ha mostrado una tendencia ascendente. En agosto, el Índice de Precios al Consumo se incrementó en un 0.71% respecto a julio, que equivale a una tasa anualizada de un 8.9%, muy superior al límite máximo del rango de la meta de inflación. 

Al descomponer por grupo de productos se observa que los pobres fueron muy golpeados, pues el índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de un 1.24% en agosto respecto a julio. El costo del transporte también arrojó un aumento significativo, al variar el índice correspondiente un 0.81%. Y el más doloroso fue el grupo de educación, que subió un 2.18%. 

El aumento de la inflación importada, principalmente de Estados Unidos, impactará la tasa de inflación en la República Dominicana. El reto de las autoridades monetarias es mantener la variación de precios dentro del rango meta sin que ello provoque una desaceleración significativa del crecimiento económico. 

Una auditoría deficiente e irresponsable

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de septiembre de 2025.] 

La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) es el proyecto de infraestructura más grande y rentable en la historia de la República Dominicana. Dicha obra ha sido auditada, financiera y técnicamente, por reconocidas firmas internacionales, cuyos reportes confirmaron la extraordinaria ejecución y relevancia de esa planta, que hoy sigue siendo la principal fuente de electricidad del país. 

La semana pasada, la Cámara de Cuentas (CC) presentó una nueva auditoría caracterizada por su deficiencia e irresponsabilidad. 

En su informe final, la CC indica que la auditoría sobre la CTPC, que abarca desde el inicio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, tuvo como objetivo determinar “el costo del activo y el costo financiero que significó para el Estado dominicano la construcción de la citada obra.” No obstante, en el propio documento admite que “hasta el 31 de diciembre de 2021, no fue posible aplicar procedimientos de auditoría, debido a que no fueron suministradas las informaciones financieras correspondientes al período desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pese a ser requeridas formalmente [al Ministerio de Energía y Minas (MEM)] en reiteradas ocasiones.” 

Esa declaración evidencia que la auditoría solo alcanza hasta el 31 de diciembre de 2020. Aun así, la CC decidió mantener el mismo período de revisión, lo que en la práctica significa eximir de responsabilidad a la administración que dirigió la CTPC durante 2021. 

La omisión no es un asunto menor. A lo largo de ese año se cometieron graves y costosos errores operativos. El más notorio fue permitir que se agotara el carbón mineral de la planta, lo que obligó a reducir la generación eléctrica y a comprar el combustible de forma directa a un precio promedio de 240 dólares por tonelada métrica, en lugar de los 67 dólares (o menos) que habría costado mediante una licitación convocada en marzo de 2021, bajo la Ley 340-06. 

Resulta, por tanto, desconcertante que la CC sostenga que la auditoría se extiende hasta diciembre de 2021 sin haber examinado un solo documento de dicho año, precisamente cuando la negligencia de los nuevos responsables de la CTPC ocasionó pérdidas superiores a los 320 millones de dólares al pueblo dominicano.

En la primera parte de su informe, la Cámara de Cuentas señala que el costo para el Estado dominicano de la CTPC ascendió a la extraordinaria suma de 148 mil millones de pesos, equivalentes a 3,276.8 millones de dólares. Esa cifra contrasta con los 2,454 millones de dólares pagados al Consorcio Constructor entre 2013 y 2020, bajo el contrato EPC, por la construcción de las dos unidades de la CTPC. 

La diferencia entre ambos montos se explica porque los auditores de la CC incluyeron como parte del activo los gastos operativos y los costos financieros del citado período. Además de los impuestos exentos, sumaron al costo del activo el valor del terreno y el de la línea de transmisión, propiedad de la ETED. Dentro de los gastos operativos registraron las compras de carbón, cal, gasoil, energía eléctrica y repuestos, entre otros. Asimismo, adicionaron las retribuciones del personal (salarios y honorarios), seguros, transporte, supervisión de obras, asesorías (legales, financieras y técnicas) y auditorías medioambientales realizadas hasta diciembre de 2020.

Dado que la CC incluyó esos gastos, resulta imprescindible, para determinar el costo neto, considerar todos los ingresos operativos obtenidos por la CTPC desde su primera sincronización en febrero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. El monto de los ingresos, validados por facturas emitidas a Edenorte, Edesur y Edeeste, ascendió a 496 millones de dólares. No obstante, pese a disponer de ese dato, la Cámara de Cuentas solo reconoció inexplicablemente ingresos hasta abril de 2020 por un total de 182.2 millones de dólares, omitiendo así 313.8 millones de dólares. 

Por otro lado, si el propósito de la CC era calcular el costo neto total para el Estado, debió haber deducido el beneficio que le generó la CTPC por la compra de electricidad a un menor costo. En efecto, la diferencia entre el precio del mercado spot y el de venta de la CTPC a las EDE supuso un ahorro de 300.2 millones de dólares para las finanzas públicas entre el 27 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

Considerando todo lo expuesto, el costo neto total para el Estado asciende a 2,644.8 millones de dólares, suma que incluye 266 millones de dólares por concepto de gastos financieros. Como estos no forman parte del costo del activo, puede determinarse que el costo de la CTPC fue de 2,378.8 millones de dólares. Una cifra que, al descontar los 125 millones de dólares correspondientes al puerto y a las obras marítimas relacionas, se reduce a 2,253.8 millones de dólares. Dividido ese monto entre la capacidad instalada de 752 MW, se obtiene un costo de 3 millones de dólares por MW, un nivel competitivo frente al costo internacional de las generadoras de electricidad que utilizan carbón.

La segunda parte de la auditoría aborda aspectos legales de las contrataciones realizadas con suplidores de insumos y servicios. En su informe preliminar, la Cámara de Cuentas señaló algunas “no conformidades,” entre otras, sobre “contrataciones por exclusividad y proveedor único sin documentos que acrediten la condición”; “adjudicatarios sin Registro de Proveedores del Estado”; “expedientes sin garantías de seriedad de oferta o de fiel cumplimiento”; y “contrataciones con ausencia de certificaciones que demuestren el cumplimiento de las obligaciones fiscales y seguridad social.”

Para cada una de esas “no conformidades,” los funcionarios de la gestión auditada enviaron a la CC aclaraciones e informaciones precisas. En muchos casos se anexaron copias de informes periciales, garantías de seriedad de oferta y otros documentos disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Asimismo, se indicó que durante el período 2013-2020 se registró, archivó y entregó (el 18 de agosto de 2020) toda la documentación de soporte de la construcción de la CTPC a las nuevas autoridades y que, por tanto, la CC debía solicitar a los actuales incumbentes del MEM y de la CTPC, depositarios y responsables de los archivos, la entrega del resto de los documentos, con lo cual se confirmaría el cumplimiento con la normativa legal vigente en ese momento. 

De haberse gestionado y verificado adecuadamente la documentación, el informe de la CC habría arrojado resultados bien distintos. Sin embargo, de forma irresponsable, en lugar de asumir sus obligaciones y señalar que las autoridades actuales incumplieron las suyas al no haber entregado la documentación solicitada, la CC se despacha con un informe legal donde indica que existen “hallazgos que evidencian indicios de responsabilidad por acción u omisión de los principales funcionarios auditados.” Una conclusión errónea e inaceptable, con un hedor político repugnante. 

El oro brilla más fuerte

[Comentario Noti 4 de septiembre de 2025] 

El ataque de Donald Trump a la Reserva Federal ha debilitado el dólar y ha hecho que el brillo del oro sea más intenso. Dicho resultado beneficia a los países exportadores de ese metal, como lo es la República Dominicana.  

Los mercados han reaccionado, en ocasiones, en contra de las acciones de Trump. Y no es para menos, ya que primero intentó destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Luego despidió a Lisa Cook, quien pertenece a la Junta de Gobernadores de dicho banco central, argumentando que había cometido un delito. Esas acciones impactan negativamente sobre la credibilidad del banco central más importante del mundo. 

Frente a la incertidumbre generada por el presidente de Estados Unidos, los inversionistas han aumentado su posición larga en oro. De esa manera, protegen el valor de su portafolio ante lo que pudiese ser la pérdida de valor del dólar, moneda que se ha depreciado un 6.6% respecto a una canasta de monedas de países de economía avanzada. 

El precio de la onza troy de oro cerró hoy alrededor de los 3,602 dólares, después de haber superado recientemente los 3,635 dólares. El precio actual del oro es un 53% superior al promedio registrado el año pasado. Dado el volumen de 600 mil onzas troy que exporta al año la Barrick Gold desde tierras dominicanas, si el precio del oro se mantuviese por doce meses se obtendrían ingresos por exportaciones superiores a los 2,160 millones de dólares. Ese resultado mejorará el saldo de las cuentas externas y fiscales del país. 

Lo anterior es de las pocas cosas positivas que se desprenden de la incertidumbre provocada por la Casa Blanca. 

Jugando con candela monetaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 1 de septiembre de 2025.] 

La Reserva Federal es el banco central más poderoso e importante del mundo. Su política monetaria influye y condiciona la de otros bancos centrales, en especial, la que ejecutan países con economías pequeñas y abiertas como la dominicana. 

En la actualidad, la Reserva Federal se encuentra bajo el asedio de la Casa Blanca, que exige un recorte sustancial en la tasa de interés de política monetaria, situada en el rango del 4.25% al 4.5%. El presidente Donald Trump ha manifestado su propósito de que dicha tasa disminuya hasta aproximarse al 1.5%, con el argumento de que ello reduciría el costo de financiar el déficit público y estimularía el crecimiento económico. Para lograrlo, se ha propuesto tomar el control de la Reserva Federal. 

La primera ofensiva contra la independencia del banco central fue el intento de destituir a su presidente, Jerome Powell. En julio pasado, Trump le acusó de una deficiente gestión administrativa al haber gastado 3,100 millones de dólares en la remodelación de tres edificios de la Reserva Federal, cifra mucho mayor al presupuesto de 1,900 millones de dólares. Delante de las cámaras, Trump le entregó un documento con el detalle de esos sobrecostos, lo que llevó a Powell a responderle de inmediato que sus cálculos incluían el edificio Martin, construido cinco años atrás.

El 21 de julio, Ben Bernanke y Janet Yellen salieron en defensa de la Reserva Federal. Ambos dirigieron el banco central estadounidense y cuentan con una amplia experiencia como funcionarios públicos. El primero añade a su curriculum el premio Nobel de Economía, mientras que Yellen fue secretaria del Tesoro. 

De acuerdo con su experiencia y sus sólidos conocimientos académicos, los dos economistas advirtieron que el intento de comprometer la independencia de la Reserva Federal, en particular las presiones del presidente Trump para lograr “una reducción drástica de las tasas de interés y sus amenazas de reemplazar a Powell, puede provocar un daño económico profundo y duradero.”

Además, Bernanke y Yellen resaltaron algo que conocen y han padecido los dominicanos: “Cuando los bancos centrales se ven forzados a financiar los déficits gubernamentales -manteniendo tasas de interés excesivamente bajas- el resultado es inevitablemente una mayor inflación y un daño económico significativo.” 

Ambos expertos sostienen, de forma clara y categórica, que la politización del banco central, la pérdida de independencia y la merma de la credibilidad en la política monetaria se traducen en mayores tasas de interés de equilibrio. Ese efecto encarece el financiamiento tanto para el sector privado como para el gobierno, reduce la entrada de capitales externos y eleva el riesgo de caer en el peor escenario posible: un entorno de estancamiento económico y de inflación, conocido como estanflación, que genera pobreza y deterioro del bienestar social. 

Tras el intento fallido de destituir a Jerome Powell, Trump dirigió sus ataques contra Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.  El 25 de agosto, publicó una carta en la que anunciaba su despido, por “causas justificadas.” Según el presidente, Cook cometió un delito al firmar dos solicitudes de préstamos hipotecarios en las cuales declaró que estarían destinados a la adquisición de su vivienda principal, una en Michigan y la otra en Georgia. Sin embargo, la gobernadora, lejos de dimitir, ha decidido defenderse en los tribunales y ha demandado a Trump. 

Numerosos abogados, inversionistas y académicos, entre ellos Paul Krugman, premio Nobel de Economía, consideran que esas medidas de Trump constituyen un paso importante hacia una Reserva Federal controlada por la voluntad de un líder fuerte, como ocurre en Turquía. En ese país, los errores de política monetaria, cometidos después de que el presidente Recep Erdogan declarase que las tasas de interés debían bajar porque constituían “la madre de todos los males,” han provocado una inflación que llegó a superar el 80%. 

En Estados Unidos, la tasa de inflación subyacente interanual a julio, medida por la variación del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), subió a un 2.9%. Dadas las expectativas de inflación a doce meses, la tasa de interés de referencia de un 1.5% que quiere Trump equivale a una tasa de interés real de un -1.4%, lo cual dificultaría que las autoridades monetarias logren la meta de inflación del 2%. 

Ese entorno macroeconómico equivale a jugar con candela monetaria. Las consecuencias sobre la tasa de inflación serían dramáticas, pues se crearían las condiciones para un aumento acelerado de los precios, impulsado además por el incremento en los costos arancelarios. Resultaría una sorpresa decepcionante que alguno de los economistas más sólidos que están al lado de Trump respaldase ese nivel de tasa de interés real. 

La reacción de los mercados financieros será determinante para la defensa de la independencia de la Reserva Federal. Si la cotización del dólar se desploma frente a otras monedas, si cae el precio de los títulos del Tesoro y si se reducen los precios de las acciones, los inversionistas estarían enviando una señal inequívoca de que prefieren un banco central independiente y no uno sometido como el de Turquía. 

Hasta el presente, no se han registrado en Estados Unidos cambios bruscos en el precio de esos instrumentos financieros, lo que puede interpretarse como un signo de que los inversionistas confían en que Trump no logrará tomar el control de las decisiones de política monetaria. De los siete gobernadores de la Reserva Federal, Trump ya cuenta con el respaldo de tres, y en mayo de 2026, con la salida de Powell, sumará un voto más. Sin embargo, conviene recordar que, aparte de los gobernadores, en el Comité de Operaciones de Mercado Abierto votan también cinco de los doce presidentes regionales de la Reserva Federal. En consecuencia, le resultará muy difícil a Trump imponer el recorte de tasas en la magnitud que pretende. A la fecha, el mercado prevé con una probabilidad de un 85% que, en la reunión de septiembre, la Reserva Federal realizará una reducción de solo 25 puntos básicos a la tasa de interés. Recortes de dichas tasas con magnitudes excesivas podrían desatar un fuego muy costoso.  

Banco Central mantiene inalterada su tasa de interés

[Escrito el 29 de agosto de 2025] 

En la reunión de política monetaria de agosto de 2025, el Banco Central decidió mantener inalterada su tasa de interés en un 5.75% anual. En su comunicado, las autoridades indican que en esa decisión se tomó en cuenta que la Reserva Federal continua con su política monetaria en territorio restrictivo y que persisten las perturbaciones arancelarias provocadas por Estados Unidos.  

Aun cuando se agradece a las autoridades monetarias esa información, hay de destacar que desde mediados de junio de 2023 se observa un aumento de la distancia entre la tasa de interés de política monetaria y las demás tasas de interés. 

En particular, la diferencia promedio entre la tasa de política y la tasa interbancaria, registrada entre enero de 2012 y mayo de 2023, pasó de 111 puntos básicos a una magnitud de 455 puntos básicos entre junio de 2023 y julio de 2025. Un comportamiento similar se observa al comparar la tasa de política con la tasa de interés pasiva. 

Ese resultado significa que la llamada tasa de interés de política ha dejado de ser la adecuada para enviar al mercado una señal clara de cuál es la postura monetaria, si restrictiva o expansiva. Es recomendable que el organismo emisor adopte las medidas necesarias para recuperar ese instrumento. 

Por otro lado, en el comunicado de política se redujo nuevamente la tasa de crecimiento proyectada del PIB para 2025 y se colocó alrededor de un 3%. Para alcanzar esa meta se tendría que registrar entre agosto y diciembre un crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica de un 3.7%. Por eso pienso que lo más probable es que la tasa de crecimiento concluya más cerca del 2.5%. 

Se confirma la proyección del crecimiento económico

[Escrito el 28 de agosto de 2025]

El Banco Central de la República Dominicana publicó el dato de crecimiento económico a julio, el cual muestra una mejoría respecto al promedio del primer semestre. En términos interanuales, el producto interno bruto (PIB) se expandió un 2.9%, variación superior al 2.4% registrado como promedio entre enero y junio de 2025. 

Según las autoridades monetarias, la inyección de 81 mil millones de pesos aprobada el 16 de junio pasado ha favorecido la actividad económica. No obstante, el ritmo de crecimiento de julio no fue suficiente como para mover la aguja del crecimiento promedio que se mantuvo en un 2.4%.

Del comportamiento registrado en los primeros siete meses se desprende que la tasa de crecimiento del PIB para el año completo se ubicará entre el 2.5% y el 3%. Y lo más probable es que en términos puntuales se sitúe más cercana al 2.5% que al 3%. 

Dicha proyección del crecimiento económico, que realicé hace varios meses, contrasta considerablemente con el 4.5% estimado por el Banco Central a inicios de año. Incluso se encuentra por debajo de la proyección más reciente de los técnicos de ese organismo monetario, la cual se coloca en el rango del 3% al 3.5%. Basta con indicar que para que se alcance el 3%, el Indicador Mensual de Actividad Económica debería subir en promedio en un 3.7% en los meses de agosto a diciembre. Un evento cuya probabilidad es cercana a cero. 

Una Reserva Federal turca

[Escrito el 27 de agosto de 2025]

La decisión del presidente Trump de despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, debilitará la capacidad de esa institución de mantener la inflación cerca de la meta del 2%. Numerosos expertos e inversionistas opinan que esa decisión es ilegal y constituye un paso hacia una Reserva Federal controlada por las decisiones de un hombre fuerte, como ocurre con el banco central de Turquía, cuyos errores de política monetaria han provocado una inflación que ha superado el 80%. 

El objetivo de Trump de tener a su favor la mayoría de los siete gobernadores de la Reserva Federal es, según ha declarado, reducir la tasa de interés de referencia en 300 puntos básicos. Un recorte de esa magnitud colocaría dicha tasa en el rango comprendido entre 1.25% y 1.5%, niveles incompatibles con la estabilidad de precios.  

Es muy probable que la disminución de la tasa de interés de referencia provoque una reducción de la tasa de rendimiento de las Notas del Tesoro de muy corto plazo. Sin embargo, las tasas de los rendimientos de los bonos a 30 años registrarían un aumento significativo, ya que reflejarían expectativas de mayor tasa de inflación en el largo plazo. 

La reacción de los mercados financieros será clave para la defensa de la independencia de la Reserva Federal. Si la cotización del dólar se desploma frente a otras monedas, si cae el precio de los títulos del Tesoro y si se reducen los precios de las acciones, los inversionistas estarían enviando una señal contundente de que prefieren un banco central independiente y no uno arrodillado como el que existe actualmente en Turquía. 

Una pela por ahorrar

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 25 de agosto de 2025.]

El viejo Ladislau Klein, propietario de una pequeña tienda en la avenida Duarte de Villa Francisca, enseñó al autor de esta columna, cuando apenas tenía diez años, la importancia de que el dinero generase más dinero. A partir de esa valiosa lección, emprendió un camino de ahorro destinado a financiar inversiones y otorgar préstamos, con un interés que parecía muy elevado, pero que no lo era tanto si se consideraba el nivel de riesgo asumido. El próspero negocio concluyó de forma abrupta cuando su padre se percató de su existencia y lo obligó a liquidarlo, con las pérdidas que ello supuso para el joven emprendedor. Por fortuna, un fracaso puede resultar positivo si lleva a estudiar más y a organizarse mejor.  

El ahorro es fundamental para el bienestar de la sociedad. La parte del ingreso que no se consume en el presente se reserva con el objetivo de acceder en el futuro a una mayor cantidad de bienes y servicios. El incentivo por posponer el consumo y depositar esos recursos, por ejemplo en la banca, es la tasa de interés. A su vez, los fondos ahorrados se utilizan para financiar proyectos empresariales privados o de infraestructura pública, los cuales permiten expandir de manera sostenida el producto interno bruto (PIB). 

El ahorro también se correlaciona de forma positiva con la acumulación de capital humano. Un hogar con padres financieramente responsables ahorra parte de sus ingresos para destinarla a la formación académica de sus hijos. Dado que la tasa de retorno del capital humano supera a la tasa de interés, la decisión intertemporal óptima de los padres consiste en ahorrar -antes de la llegada de los hijos- en instrumentos de alta rentabilidad para luego invertir esos recursos en su educación. En términos microeconómicos, esa estrategia incrementará la probabilidad de que la familia eleve su ingreso promedio y continúe ascendiendo en la escala social, con lo cual evitará ser una carga para el Estado. En el plano macroeconómico, promoverá la innovación, el progreso tecnológico y la productividad laboral. Todo ello estimulará el desarrollo económico y social. 

A pesar de la importancia del ahorro, los gobiernos adoptan en ocasiones medidas que lo desincentivan. La evidencia internacional muestra que el impuesto sobre el ingreso de capital, en particular sobre los intereses, distorsiona las decisiones de consumo, ahorro, inversión e innovación, además de afectar negativamente tanto el crecimiento económico como el bienestar social. Ese tipo de gravamen disminuye el retorno después de impuestos y, por tanto, tiende a reducir la disponibilidad de fondos para inversión. 

En la República Dominicana, la Ley No. 253-12 estableció en 2012 una retención de un 10% sobre los intereses pagados o acreditados a personas físicas residentes o domiciliadas en el país. Dicha retención constituye un pago único y definitivo del impuesto sobre ese ingreso, retenido por las entidades financieras, y se aplica sobre los intereses pagados por las cuentas de ahorro, depósitos a plazo, certificados e instrumentos financieros emitidos por el Banco Central. En 2024, esa figura impositiva recaudó 7,821 millones de pesos, cifra equivalente a un 0.11% del PIB; es decir, menos del 0.8% de la presión tributaria.  

El impuesto sobre los intereses no solo desincentiva el ahorro, también es regresivo. Al reducirse la tasa de interés pasiva después de impuestos, se incrementa el consumo en el presente en detrimento del ahorro. Ese cambio en el comportamiento de los individuos disminuye los fondos disponibles para invertir, tanto en capital físico como humano, lo que repercute negativamente en la tasa de crecimiento del ingreso en el futuro. La regresividad radica en que los agentes económicos de mayores ingresos disponen de mecanismos de ingeniería financiera que les permiten evadir con facilidad dicho impuesto, ya sea invirtiendo en el extranjero a través de vehículos exentos o mediante la adquisición de instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda que no están gravados. 

Asimismo, el impuesto sobre los intereses presiona al alza la tasa de cambio. El citado gravamen reduce la tasa de retorno de los rendimientos en pesos, aumenta en términos relativos el rendimiento de los títulos denominados en dólares de los recursos depositados o invertidos en el extranjero y tiende a provocar una fuga de capitales. La reducción de la demanda de los instrumentos financieros en moneda local eleva el tipo de cambio. Esa reacción se intensifica cuando en los mercados internacionales prevalece, como ocurre en la actualidad, un escenario de altas tasas de interés.

La situación descrita cobra una gran importancia ante la reciente evolución de la tasa de cambio. Desde inicios del año, las autoridades monetarias dominicanas han intentado reducir la tasa de interés para estimular el crecimiento del PIB. Para ello han aplicado en diversas ocasiones una política monetaria expansiva, bien sea mediante la redención a vencimiento de certificados emitidos por el Banco Central, bien a través de la inyección de liquidez por la liberación de encaje. Sin embargo, esas medidas, al depreciar el peso, son revertidas de forma periódica. El resultado ha sido un aumento de la volatilidad de las tasas de interés y del tipo cambio. 

Combinar una política monetaria de metas de inflación -consistente y óptima-, junto con la eliminación del impuesto a los intereses, mejoraría el retorno de las inversiones financieras en pesos y crearía condiciones favorables para la moneda nacional. Si en septiembre la Reserva Federal inicia un nuevo ciclo de recortes de su tasa de interés, con una disminución de 25 puntos básicos, aumentaría el incentivo para mantener los recursos invertidos en el país, contribuyendo así a la estabilidad cambiaria.  

La pela que en la actualidad sufren los ahorrantes debe acabar, ya que, como enseñó Ladislau, el ahorro que genera más riqueza constituye un bien para la sociedad. Una futura reforma fiscal tendrá que incluir medidas que mejoren la eficiencia del gasto público y otras que reduzcan la evasión tributaria, además debería eliminar el impuesto que grava los ingresos por intereses de las personas físicas. Quienes asuman la responsabilidad de diseñar y ejecutar dicha reforma deben recordar que los impuestos al consumo son menos distorsionadores y, en consecuencia, representan una mejor fuente de ingresos públicos. 

Recomendaciones del BID contra la evasión

[Escrito el 20 de agosto de 2025] 

En un interesante artículo, dos funcionarias del Banco Interamericano de Desarrollo han realizado un conjunto de recomendaciones para mejorar la eficiencia de la administración tributaria. Esto permitiría reducir la evasión y hacer más justo el sistema impositivo. 

Ana Ibáñez y Marta Ruiz-Arranz indican que el uso del análisis de datos y de herramientas digitales permitirán reducir la evasión y mejorar la progresividad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través del otorgamiento de subsidios focalizados a los grupos de población pobres y vulnerables. 

En El Salvador, la aplicación de la factura electrónica permitió que las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentasen de 3.5% del PIB a 8.7% del PIB, entre 2017 y 2023. Asimismo, en Uruguay la focalización permite que el IVA sea un impuesto personalizado que permite la reducción de la tasa efectiva que pagan los más pobres, aun cuando la base imponible sea amplia e incluya productos de primera necesidad. 

Las citadas autoras indican que el BID ayudó a Honduras a incrementar de un 50% a un 95% el uso de las facturas electrónicas. Esto permitió que las recaudaciones aumentasen tres puntos porcentuales del PIB. 

Según Ibañez y Ruiz-Arranz, cuando la población percibe que los impuestos se pagan de manera equitativa y que los recursos se gastan de manera eficiente, podría estar dispuesta a apoyar al gobierno en una reforma fiscal de mayor envergadura. 

Así las cosas, después de mejorar la calidad del gasto público, el siguiente paso de una reforma fiscal es utilizar la tecnología para reducir la evasión tributaria. 

Enfrentando la evasión tributaria

[Escrito el 19 de agosto de 2025] 

El uso de la información digitalizada es fundamental para reducir la evasión. La implementación de la factura electrónica en todas las actividades, junto con el empleo de aplicaciones informáticas que posibiliten un seguimiento en tiempo real de las operaciones comerciales, financieras y crediticias de los agentes económicos, generaría información que serviría de insumo para los modelos de inteligencia artificial. 

Un sistema eficaz de análisis de datos aprovecha al máximo toda la información económica de los contribuyentes y de aquellos que deberían serlo, para determinar el valor esperado del nivel de recaudaciones provenientes de los impuestos sobre la renta, ITBIS, selectivos y arancelarios que habrían de pagar si cumpliesen totalmente con sus obligaciones tributarias. 

Los modelos de inteligencia artificial deben desplegarse tanto en la Dirección General de Aduanas como en la Dirección General de Impuestos Internos, instituciones que, al fusionarse, podrían maximizar sinergias para una gestión fiscal más eficiente. El objetivo es calcular la probabilidad de eventos de evasión y estimar el monto de impuestos correspondiente a cada caso. Dichos modelos pueden detectar los esquemas de contabilidad creativa, que son utilizados por grandes contribuyentes con la ayuda de expertos tributarios para reducir la base imponible y, por tanto, el pago de los impuestos. 

Las finanzas públicas pueden fortalecerse y mejorar su credibilidad si las recaudaciones tributarias aumentan mediante el control y la reducción de la evasión fiscal. Los agentes económicos se darán cuenta de que todos han de cumplir con sus obligaciones tributarias, pues de lo contrario recibirán duras sanciones. Esto, sumado a una estructura eficiente y equitativa del gasto público, acentuará la percepción por parte de los contribuyentes de que cada peso que aporta en forma de impuestos redunda en el nivel de bienestar de la sociedad.

El dilema del Banco Central

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 18 de agosto de 2025.] 

La historia monetaria vuelve a repetirse. El 10 de febrero de 2025, en el artículo “Misa o procesión,” el autor de esta columna realizó la siguiente pregunta: “Ante ese entorno económico internacional [definido por la política arancelaria de Trump], ¿es posible, al mismo tiempo, reducir la tasa de interés y moderar el ritmo de depreciación del peso frente al dólar en la República Dominicana?” La respuesta fue clara: para frenar la depreciación sería necesario aumentar la tasa de interés, lo que impactaría negativamente la actividad económica, en particular el sector de la construcción. 

En lo que va de año, el Banco Central ha intensificado la política monetaria zigzagueante adoptada desde marzo de 2020. El resultado de esa estrategia, distinta a la que se ejecutó entre 2012 y 2019, ha sido el deterioro de la capacidad de estimular el crecimiento del producto interno bruto (PIB), junto con un aumento de la volatilidad de las tasas de cambio y de interés. 

Durante los tres primeros meses de 2025 se tomaron medidas monetarias flexibles con el fin de reducir la tasa de interés y promover la expansión del PIB, que al segundo mes del año apenas registró una variación acumulada de un 1.5%, muy por debajo del ritmo potencial del 5%. En febrero, la tasa de interés pasiva de los instrumentos financieros denominados en pesos rondaba el 9%. No obstante, considerando la tasa de interés en dólares, la depreciación esperada de la tasa de cambio y la prima por riesgo y liquidez, se podría determinar que dicha tasa de interés pasiva debía superar en ese momento el 11%. En ese mismo período, el Ministerio de Hacienda emitió un bono en pesos con un vencimiento a doce años y una tasa de un 10.50%, equivalente a un 11.67% antes del impuesto del 10% sobre los ingresos por intereses. Esa emisión confirmó que la tasa de interés pasiva se encontraba muy por debajo del nivel consistente con la estabilidad cambiaria. 

Ante la reducción del retorno de los instrumentos financieros denominados en pesos, la tasa de cambio reaccionó al alza. Entre el 31 de diciembre de 2024 y el 27 de marzo de 2025, dicha tasa subió un 3.5%, hasta alcanzar los 63.49 pesos por dólar. De haber mantenido ese ritmo de crecimiento, para diciembre de este año se habría colocado en el entorno de los 70 pesos por dólar. 

Con el fin de evitar ese desenlace, el Banco Central adoptó en abril una postura monetaria más restrictiva. En particular, colocó Notas a una tasa de rendimiento de un 12.25% y absorbió el exceso de liquidez. Como resultado, entre el 27 de marzo y el 13 de mayo, el tipo de cambio se redujo en un 7.3%, ya que pasó de 63.49 a 58.89 pesos por dólar. Esa disminución resultó excesiva y creó un baratillo de dólares, pues el promedio de las predicciones obtenidas con diversos modelos econométricos permitía afirmar que la tasa de cambio para el 13 de mayo debía ser muy superior al nivel observado.  

Visto que la tasa de crecimiento del PIB a mayo era de un 2.6%, el Banco Central volvió a cambiar a una posición monetaria menos restrictiva. El 16 de junio, la Junta Monetaria autorizó una cuarta inyección de liquidez por la suma de 81 mil millones de pesos. En el artículo “Cambio de régimen,” escrito por el autor de esta columna y publicado el 23 de junio, se indicó que “es muy probable que la nueva inyección de liquidez aumente la tasa de cambio, lo que llevaría a las autoridades a intervenir de nuevo en el mercado mediante la venta de reservas internacionales y el incremento de la tasa de interés.” 

La predicción se cumplió. El tipo de cambio comenzó a escalar. En los dos meses comprendidos entre el 16 de junio y el 15 de agosto, se incrementó en 2.77 pesos, equivalente a una variación de un 4.7%, y alcanzó los 62.32 pesos por dólar. Todo indica que mantendrá su trayectoria ascendente, a menos que el Banco Central decida de nuevo intervenir en el mercado cambiario y modifique su política monetaria hacia una postura más restrictiva. 

Entre el 30 de junio y el 11 de agosto, el Banco Central perdió 675 millones de dólares de sus reservas internacionales. Una parte significativa de esa caída se explica por las intervenciones realizadas en el mercado para reducir la depreciación de la moneda nacional. 

En cuanto a las tasas de interés, se observa en el mismo período un descenso de la tasa de interés pasiva promedio ponderado de 70 puntos básicos, hasta alcanzar en agosto un 9%. En contraste, la tasa de interés activa se redujo 22 puntos básicos en junio y luego subió 40 puntos básicos, para llegar a situarse en un 15.17%. Todas esas variaciones revelan que la tasa de interés pasiva, al bajar, incentiva la demanda de instrumentos financieros denominados en dólares y, por ello, presiona hacia arriba la tasa de cambio. Por su parte, la tasa de interés activa, al subir, reduce el crecimiento del PIB. Dos resultados contrarios a lo buscado por las autoridades monetarias. 

El Banco Central enfrenta un dilema complicado. Por un lado, podría adoptar una política monetaria restrictiva, que eleve la tasa de interés y estabilice el tipo de cambio, pero pagaría el precio de un crecimiento económico bajo y una reducción del empleo. Por otro lado, podría optar por una postura expansiva, que disminuya la tasa de interés y acelere el crecimiento del PIB, a costa de aceptar una mayor depreciación cambiaria. 

A la sociedad dominicana le conviene que el Banco Central se decida por una de las dos opciones y la ejecute gradualmente. Es preciso entender que, en el entorno internacional actual, es casi imposible alcanzar al mismo tiempo una baja tasa de interés, un elevado crecimiento económico y una depreciación reducida del tipo de cambio. Ahora bien, la probabilidad de lograr esas metas sería cercana a cero si se mantiene la política monetaria no convencional, zigzagueante, inconsistente y subóptima, aplicada desde marzo de 2020. 

¿Subirán más los precios en Estados Unidos?

[Escrito el 15 de agosto de 2025] 

En Estados Unidos, los movimientos de precios de diversos bienes y servicios permiten proyectar que la tasa de inflación seguirá lejos de la meta del 2%. Por ese motivo, algunos miembros de la Reserva Federal mantienen una posición cautelosa frente al deseo de Trump de que se recorte significativamente la tasa de interés lo antes posible. 

Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, declaró hace unos días que esa institución debe realizar los recortes de tasas de interés cuando la inflación esté bajo control. El también profesor de Economía de la Universidad de Chicago, indicó que la Reserva “podría pasar un momento difícil para reducir la inflación a la meta del 2%.”

La política arancelaria de Trump se ha comenzado a reflejar en el índice de precios al productor. En julio, ese índice de precios aumentó un 0.9% y a un ritmo interanual de 3.3%. Mientras, la tasa de índice de precios al consumidor subió 0.2% e interanual a 2.7%. Esto significa que por ahora las empresas no han traspasado los aumentos de costos al consumidor, lo que significa una reducción de su margen de beneficios. 

Es altamente probable que, en los próximos meses, cuando se haya llegado a los aranceles definitivos, los precios al consumidor registren mayores aumentos. Ese resultado alejaría la tasa de inflación de su meta y provocaría que la Reserva tenga que acentuar su política monetaria restrictiva. Un escenario negativo para la economía global.