Se quebró la bola de cristal de Ito

 [Escrito el 25 de febrero de 2021]

El pasado 18 de enero el ministro de Industria y Comercio pronosticó, usando una bola de cristal, que los precios de los combustibles, entre ellos el del gas licuado de petróleo (GLP), bajarían en marzo de este año. La realidad ha sido otra, pues desde esa fecha se observa una marcada tendencia ascendente en el precio del crudo y sus derivados, que colocará los precios en marzo muy por encima de los registrados en enero.

El ministro Bisonó olvidó que los precios de los combustibles en los mercados internacionales dependen de factores que influyen sobre las expectativas de oferta y demanda de esos productos. El plan de rescate de 1.9 millones de millones de dólares presentado por el presidente Biden; la política monetaria acomodaticia de la Reserva Federal; el avance a nivel global en la aplicación de la vacuna contra el covid-19; el abultamiento del ahorro privado con alta vocación a convertirse en demanda de bienes y servicios en los Estados Unidos; y choques climáticos transitorios, son factores que influyen hacia el alza de los precios básicos, entre los que se encuentran los combustibles.

En una rueda de prensa celebrada el 24 de febrero en el Palacio Nacional, los ministros de Hacienda, Jochy Vicente, y de Economía y Desarrollo, Miguel Ceara, se unieron al de Industria y Comercio para anunciar al país que se habían puesto de acuerdo para mantener congelado el precio del GLP, al igual que se hizo la semana pasada para todos los combustibles. Esa decisión viola el decreto 625-11, el cual establece que cuando las variaciones intersemanales de los precios de los combustibles superan el 1%, el ministerio de Industria y Comercio podrá traspasar solo una parte de ese aumento al precio doméstico. Esto significa que el decreto no autoriza a congelar el precio de los combustibles, sino a amortiguar su variación.

Por otra parte, debe destacarse que los mayores beneficiados, en términos absolutos, del subsidio que otorga actualmente el gobierno a los combustibles es el segmento de población de mayores ingresos. El ministro Bisonó debe saber que lo que gasta de GLP en un mes una ama de casa de un barrio pobre, lo gasta un rico en un día calentando su jacuzzi o piscina. Asimismo, lo que gasta en un mes una persona pobre de gasolina, porque tiene un motor o un carro económico, lo gasta en un fin de semana un rico cuando sale de la ciudad hacia su casa de veraniego. Esto significa que la decisión de los tres ministros es regresiva, pues beneficia más a los ricos que a los pobres.

Ante esa realidad, si se quiere ayudar a los pobres lo que debe hacer el gobierno del presidente Abinader es transferirle, a través de la tarjeta de solidaridad, los recursos necesarios para compensarlos por el impacto negativo que les produce el aumento de los precios de los combustibles. Esa medida es más transparente y menos distorsionante.  

Finalmente, el Pacto Eléctrico será firmado

[Escrito el 24 de febrero de 2021]

El 26 de octubre de 2017 fue aprobado por la Asamblea Plenaria del Consejo Económico y Social el contenido del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, que se enmarca en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Lamentablemente, los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se negaron a firmarlo, dejando en el tintero el extraordinario esfuerzo llevado a cabo por todos los participantes en esas discusiones, que fueron magistralmente dirigidas desde finales de 2014 por el maestro del consenso Monseñor Agripino Núñez Collado.

Convertido en partido oficialista, el PRM ha decidido firmar el Pacto Eléctrico tal como fue consensuado bajo la administración del presidente Danilo Medina. La convocatoria de la actual Presidencia de la República es para el jueves 25 de febrero a las 11:00 am en el Palacio Nacional. Esto le permitirá al presidente Abinader incluir en su discurso los méritos que se desprenden de ese Pacto, que vuelvo y repito fue consensuado bajo la administración pasada.

En el citado Pacto, los diversos actores se comprometen a un conjunto de medidas que tenderán a modernizar el sistema eléctrico nacional, resaltando aquellas que mejoren su sostenibilidad financiera. El logro de esos objetivos es clave para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Para alcanzarlos será necesario la ejecución de políticas públicas específicas y modificaciones legislativas, lo cual no debe ser difícil en esta coyuntura política dado el absoluto control legislativo que tiene el partido oficialista.

En el Pacto se ratifica que el Estado tiene como función principal la creación de las condiciones de mercado para que exista una competencia adecuada entre los distintos agentes privados, que deben interactuar junto a entidades públicas que mantendrán su control monopólico en la generación hidroeléctrica y la transmisión, para que haya un suministro eléctrico eficiente y con equidad tarifaria. Esto significa que el Ministerio de Energía y Minas no puede definir políticas como órgano rector del sub-sector energético y ser un competidor simultáneamente. Esas funciones deben estar separadas totalmente. 

Un elemento clave del Pacto Eléctrico es la sostenibilidad financiera. En ese documento las partes acuerdan que las empresas eléctricas deben tener la capacidad de cubrir sus gastos operativos, de mantenimiento y de inversión. Para alcanzar ese objetivo las partes se comprometen a diseñar y ejecutar planes de mejora de gestión y de reducción de pérdidas de electricidad en cada una de las empresas eléctricas públicas. Espero que en el documento que firmarán mañana jueves se hayan actualizado las fechas del cronograma de reducción anual de pérdidas, pues el que poseo tiene como base el año 2016 y establece que se implementaría entre 2017 y 2022.

Por último, quiero decirles que espero que la ejecución exitosa de todo lo establecido en el Pacto Eléctrico se traduzca en menores tarifas de electricidad para todos los agentes económicos. Cuando eso ocurra, la población se dará cuenta de que no haberlo firmado en octubre de 2017 ha sido muy costoso.

El mega rescate de Joe Biden y la Reserva Federal

 [Escrito el 23 de febrero de 2021]

El presidente Joe Biden está decidido a rescatar la economía de los Estados Unidos. A diferencia de su predecesor, Biden piensa que para poner en pie a los agentes económicos privados se requiere de un estímulo fiscal de 1.9 millones de millones de dólares (9% del PIB).

Algunos economistas piensan que ese paquete es demasiado grande, otros que tiene el tamaño adecuado. Entre los que apoyan el programa de Biden se encuentran Paul Krugman y Gita Gopinath. Entre los que han señalado que ese plan fiscal pudiera desatar los demonios inflacionarios se encuentran Larry Summers y Olivier Blanchard. Todos son extraordinarios macroeconomistas, por lo cual cada parte posee argumentos muy sólidos.

En contraste, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, observa ese debate fiscal desde las gradas. Un senador republicano le preguntó hoy en el Congreso si estaba de acuerdo con la no aprobación del paquete de estímulo fiscal de Biden. La respuesta de Powell fue evasiva, concentrándose en los temas monetarios.

Powell señaló que el nivel de empleo y la tasa de inflación se encuentran lejos de sus metas. En consecuencia, dejó claro que el banco central continuará con tasas de interés cercanas a cero y seguirá ejecutando el programa de compra de activos financieros hasta que la economía muestre una mayor recuperación. Y, aunque no apoyó explícitamente la política fiscal de Biden, señaló que lograr una recuperación económica total es lo prioritario.  

Esas declaraciones evitaron que el mercado bursátil retrocedería tal como lo hizo al inicio del día. Al ser cuestionado sobre si los precios de los activos financieros reflejaban la política monetaria expansiva que se ha ejecutado para enfrentar la recesión provocada por el covid-19, Powell indicó que los precios de las acciones se explican por las expectativas sobre el avance de la aplicación de la vacuna contra el covid, la reapertura de los mercados, el ahorro privado disponible para gastar, las mayores ventas y beneficios empresariales, todo esto unido al estímulo fiscal y a una política monetaria acomodaticia.

Las expectativas de recuperación económica también influyen sobre los precios de los bienes básicos, los cuales han estado en alza por varios meses. Después de subir durante el día, el West Texas cerró ligeramente a la baja hasta 61.20 dólares por barril, pero otros bienes básicos, como el maíz, trigo y soya subieron.

El plan de rescate de Biden y la política monetaria de Powell tendrán efectos positivos y negativos sobre la economía dominicana. Los positivos se desprenden del aumento del empleo y de la actividad económica, lo cual favorece las remesas y, cuando se avance en la vacunación, el turismo. Los negativos se concentran en el aumento de la inflación importada, lo cual significará un reto importante para la administración del presidente Abinader.

Disponibilidad e información sobre las vacunas chinas

 [Escrito el 22 de febrero de 2021]

China, al igual que la India y los Estados Unidos, es un gran productor de vacunas a nivel global. Por ese motivo, el gobierno del presidente Abinader acordó adquirir 768 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 fabricada en ese país asiático. Esto cobra una gran importancia dado el fracaso que ha significado el contrato de AstraZeneca, empresa que no ha podido suministrar las dosis acordadas con el gobierno.

China ha aplicado más de 40 millones de dosis de la vacuna contra covid-19 fabricada en su territorio, lo cual representa un 2.8% del total de la población. De acuerdo con la revista británica The Economist, China no ha comenzado a inocular a las personas mayores de 60 años, debido a que no tienen datos suficientes para demostrar que sus vacunas son adecuadas para ese segmento de población.

Según The Economist, la vacuna china no ha concluido la Fase III, que se considera indispensable para que sea aprobada de manera definitiva. No obstante, las autoridades reguladoras chinas decidieron aprobar de emergencia en diciembre pasado la vacuna fabricada por Sinopharm y en febrero la fabricada por Sinovac Biothec Ltd, que lleva por marca CoronaVac. El hecho de que las vacunas fabricadas en China utilicen la tecnología tradicional consistente en el virus inactivado ha hecho que la población confíe en ellas.

China está exportando las vacunas de Sinovac a Indonesia, Chile, Brasil y Perú. Chile aprobó el 20 de enero para uso de emergencia la aplicación de la vacuna de Sinovac a personas con edades comprendidas entre 18 y 59 años. No obstante, en declaraciones posteriores del ministerio de Salud se indicó que el límite de edad podía ser ignorado, después de que un ensayo clínico realizado por la Universidad Católica de Chile reveló que no hay una diferencia significativa entre la seguridad y la eficacia entre los jóvenes y los adultos mayores. La llegada de dos millones de dosis de CoronaVac ha permitido aplicar en promedio la vacuna a 100 mil chilenos por día, alcanzando en poco tiempo un total de 2.9 millones de personas (15.1%), entre las que se encuentran mayores de 60 años, como el presidente Sebastián Piñera. La información proveniente de esos países sobre los efectos de la vacuna le permitirá a Sinovac completar la información necesaria para concluir los estudios correspondientes a la Fase III de su desarrollo. 

De acuerdo con declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, las 768 mil dosis de la vacuna china llegarán a la República Dominicana mañana martes. Eso permitirá al gobierno de Abinader acelerar el ritmo de aplicación de la vacuna contra el covid-19 y remitir la información que se obtenga a Sinovac.

El fracaso de la política de control de precios

 [Escrito el 19 de febrero de 2021]

El gobierno del presidente Abinader ha tratado de controlar los precios de los alimentos que son parte de la canasta básica. Hasta ahora, la política basada en acuerdos con productores y detallistas, y en la intervención del INESPRE en el mercado, ha fracasado.

La carne de pollo, los huevos, las habichuelas, el arroz, los plátanos y la leche líquida presentan precios en febrero superiores a los registrados en agosto de 2020. Esos incrementos de precios se explican por el encarecimiento de los insumos importados, lo cual se refleja en mayores costos de producción. Eso significa un choque de oferta que se traduce en mayores precios de mercado y, en consecuencia, en una reducción del poder de compra de los ingresos de los trabajadores.

En diversas ocasiones le he señalado al gobierno que su política de control de precios no beneficiará a los consumidores. En el mejor de los casos, las medidas adoptadas por el gobierno, como las compras fuera de la ley 340-06 de compras y contrataciones que realiza el INESPRE, se traducen en un beneficio directo a los productores. En el caso del pollo, que INESPRE lo compró a 50 pesos la libra y lo vendió a 36 pesos la libra a través de las bodegas móviles, el beneficio al consumidor fue limitado a un pollo de 3.5 libras cada quince días. Eso y nada es lo mismo.

El gobierno debe entender que los consumidores enfrentan el precio del mercado y, dadas sus preferencias por los distintos productos alimenticios, toman sus decisiones en función de su ingreso disponible. Cuando el precio de un determinado artículo sube, el consumidor traslada su demanda hacia otros bienes y servicios. Afortunadamente, existen otros alimentos que son sustitutos de aquellos que han incrementado su precio.

En caso de que el gobierno desee que la canasta de consumo o dieta de los más pobres y vulnerables se mantenga inalterada, a pesar del aumento de los precios de los productos como lo sucedido con la carne de pollo o los huevos, debería analizar si le conviene seguir interviniendo en el mercado con esa política de control de precios. Quizás sea mejor aumentar el monto de la transferencia mensual del programa Comer es Primero, con el objetivo de compensar a ese segmento de la población de menores ingresos por el aumento de los precios.

A los economistas del gobierno, les dejo de tarea realizar ese análisis.

¿Debe ser obligatoria la vacuna contra el covid-19?

[Escrito el 18 de febrero y actualizado el 19 de febrero de 2021]

El capital humano es uno de los factores que explica la diferencia del nivel de ingreso per cápita a nivel global. Los países con mayor capital humano son los que tienen mayores niveles de ingresos y bienestar.

La escolaridad, la experiencia y la salud se combinan para determinar el capital humano. Esto hace que muchos países incluyan en la Constitución o en leyes especiales la necesidad de que se adopten medidas que promuevan la escolaridad y que aseguren la salud de las personas.

En el caso de la República Dominicana, la Constitución establece el derecho a la salud. En el artículo 61 del citado texto se indica que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas. En consecuencia, ante cualquier pandemia, como la originada por el covid-19, el Estado debe adoptar todas las acciones necesarias para enfrentarla y evitar que se deteriore la salud promedio de los dominicanos.

Afortunadamente, la ciencia ha logrado el desarrollo y fabricación de la vacuna contra el covid-19. A pesar de lo difícil que ha sido obtenerla a nivel internacional, debido a la restricción de la capacidad de producción, las primeras dosis han comenzado a llegar a la República Dominicana. El próximo paso es que todos los dominicanos colaboren para recibirla en el momento en que le toque a cada uno, según se ha establecido en el Plan Nacional de Vacunación.

A mayor tasa de vacunación, mayor protección se logra del capital humano. Y esto implica que se minimiza el impacto negativo de mediano y largo plazo de la pandemia sobre el crecimiento del PIB potencial. En consecuencia, mientras más elevado es el porcentaje de los vacunados, mejor es para la sociedad.

El presidente Abinader declaró hace unos días que, de acuerdo con algunas encuestas, alrededor del 40% de la población no quiere vacunarse. Eso es preocupante. La única forma de crear la inmunidad de rebaño es si la mayoría de las personas recibe la vacuna. Si el 40% de la población decide no recibir la inoculación tendría un elevado potencial de causar un daño terrible, no solo a los dominicanos, sino también a todos los turistas que visitan esta tierra.

Esto implica una externalidad negativa, que significa un daño a un tercero provocado por la decisión de una persona que decidió no vacunarse. Y, recordando al brillante profesor de economía Arthur C. Pigou, pionero de la economía del bienestar, cuando una persona crea una externalidad negativa, debe pagar un impuesto o precio que compense a la sociedad por ese daño.

Dado que en este caso el precio sería demasiado elevado, pues se trata de la pérdida de vidas humanas, pienso que el gobierno debe, basándose en el mandato constitucional de proteger la salud del pueblo dominicano, explorar la posibilidad de que se emita una ley que declare obligatoria la aplicación de la vacuna del covid-19.  En ese contexto, cabe destacar que el doctor Cruz Jiminián, después de recibir la primera dosis de la vacuna, declaró que está de acuerdo con que su aplicación sea obligatoria por ley, “y que quien no tenga la vacuna que no pueda hacer vida social porque se va a convertir en un peligro para la humanidad.”

En caso de que no se acepte la obligatoriedad de las vacunas, entonces el gobierno debería promover que la población la acepte. En 1956, Elvis Presley, el Rey del Rock, aceptó ser vacunado contra la polio en el Show de Ed Sullivan que se transmitía por la CBS. Esto hizo que el porcentaje de adolescentes vacunados pasara de 0.6% a 80%.

No vacunarse contra el covid-19 es un ejemplo claro de una externalidad negativa. Aquí dos formas para evitarla: con promoción u obligación. El debate queda abierto.

El arroz hacia el control de precios 2.0

 [Escrito el 17 de febrero de 2021]

Hoy [ayer] la Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones y el Frente Empresarial de Comerciantes Detallistas advirtieron al gobierno del presidente Abinader que el precio del arroz pudiera subir hasta los 40 pesos la libra. Al compararse con los precios de enero, eso significa un incremento que podría situarse en el entorno de un 30%. Los segmentos de población pobre y vulnerable serían los más perjudicados por el aumento de precios de ese alimento.

Los comerciantes le reclaman al gobierno que adopte medidas para evitar el incremento del precio del arroz. Entre esas medidas se encuentran: la exoneración de impuestos aduanales para la importación de la materia prima para la producción de arroz, habichuela pinta, ajo, cebolla y papa. Asimismo, solicitan la creación en el BanReservas de un fondo de financiamiento que les facilite capital de trabajo a tasa cero. Y solicitan que se elimine el uso de la tarjeta de solidaridad en los supermercados, para que sea el comercio detallista el que le venda a la población que recibe ese beneficio del Estado.

Como se observa, estos comerciantes quieren llegar a un acuerdo con el gobierno al igual que otros sectores. Los acuerdos con los productores de plátano, pollo, pan, entre otros, han generado un atractivo para otros agentes económicos que se sienten con el derecho de recibir también beneficios del gobierno.

¿En el caso del arroz, cuál será la política del gobierno? ¿Le comprará el INESPRE a los productores de arroz miles de quintales de ese producto para venderlos a los consumidores a precios subsidiados en sus bodegas móviles? ¿El Ministerio de Hacienda subsidiará la adquisición de los insumos que se utilizan en el cultivo, cosecha y procesamiento industrial del arroz? ¿Le financiará el BanReservas o el Banco Agrícola a tasa cero el capital de trabajo a los productores, factorías y comerciantes de arroz?

Ya veremos cuál será la decisión del gobierno, el cual sigue creando la percepción de que puede enfrentar los incrementos de precios con acuerdos divorciados del mercado. Debe tomarse en cuenta que ninguna de esas medidas reduce el precio que enfrenta el consumidor. Eso sólo se logra a través de un aumento de la productividad y de la oferta.

Al rescate de la operación de Punta Catalina

 [Escrito el 15 de febrero de 2021]

La Central Termoeléctrica Punta Catalina es la principal generadora de electricidad de la República Dominicana. Las dos unidades, con capacidad cada una de 376 MW brutos, suplen entre el 30% y el 35% de toda la electricidad que demanda el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Desde finales de abril de 2020 ambas unidades han estado bajo la responsabilidad de la CDEEE, para lo cual el consorcio constructor y los fabricantes entrenaron al personal dominicano en la operación y mantenimiento. Ese entrenamiento permitió que en los meses de mayo, junio y julio del año pasado se produjese una energía bruta mensual de 504.6 GwH. Ese promedio mensual de energía es el más elevado que se ha producido en la historia de la República Dominicana, pues la nueva administración que tomó el control de Punta Catalina el 18 de agosto de 2020 no ha podido producir ese nivel de energía eléctrica.  

Desde inicios de septiembre se observa un deterioro en la calidad del personal operativo de esa central eléctrica. De manera injustificable, la nueva administración despidió a los superintendentes de operación y mantenimiento; a la jefa del sistema de control de calidad de aire; y al director de Tecnología; entre otros.  Esto ha mermado la capacidad de operar y mantener adecuadamente esa central, lo cual provocó en enero un evento en la caldera de la Unidad 2 que la mantendrá fuera de operación por casi dos meses.

Afortunadamente, el presidente Luis Abinader solicitó al ingeniero César Sánchez, la persona del PRM más capacitada en temas de energía eléctrica, que seleccione una empresa internacional con experiencia que supla los servicios de operación y mantenimiento (O&M) de esa central.

Dado que un proceso de licitación puede tomar varios meses, es recomendable que la administración actual contrate los servicios de asesoría del consorcio constructor, específicamente a Tecnimont. Esa prestigiosa empresa italiana fue la encargada del comisionamiento y puesta en marcha de ambas unidades. Tecnimont conoce el más mínimo detalle de esas máquinas y tiene el personal especializado para operarla adecuada y eficientemente, así como los contactos con los fabricantes y el conocimiento para darle el mantenimiento preventivo necesario para que se mantengan operando y en línea de manera continua.

Esa contratación de Tecnimont sería muy fácil de realizar, pues se pudiera enmarcar dentro del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción que existe con el consorcio constructor. Más aún, conociendo el compromiso que tiene esa empresa con el buen desempeño de Punta Catalina, estoy seguro que estaría dispuesta a enviar parte del personal necesario de O&M en menos de una semana.

Ese es mi consejo de hoy al presidente Abinader.

Una reforma fiscal que estimule la economía

[Escrito el 12 de febrero de 2021]

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, declaró recientemente que la reforma fiscal que ejecutará su gobierno estimulará la economía. Esa es una extraordinaria noticia. Aquí cabe preguntar, ¿cómo se logra que una reforma fiscal, que debe reducir el déficit público, estimule la economía? Dado que el ministro Paliza no entró en detalles, responderé esa inquietud.

La reforma fiscal se ejecutará con el objetivo de consolidar las finanzas públicas a partir del año 2022. Esto significa adoptar medidas que reduzcan el déficit presupuestario primario, que es el déficit presupuestario neto del gasto por intereses, y permitan recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, que en términos consolidados se colocó en 2020 en el entorno de un 70% del PIB. Las firmas calificadoras de riesgo, como Fitch recientemente, condicionan la calificación crediticia actual del gobierno a la ejecución de una reforma fiscal que reduzca el déficit de las finanzas públicas.

Los modelos macroeconómicos keynesianos o neo-keynesianos revelan que una reforma fiscal, que implique austeridad, tiene un costo para la sociedad. Cabe recordar que la austeridad se logra mediante la reducción del gasto público o a través de un incremento de las recaudaciones tributarias. Esos modelos indican que ambas medidas, a través del multiplicador fiscal, producen una contracción del PIB.

La posición del ministro Paliza se enmarca en la escuela que promueve que es posible que la austeridad sea expansiva. En ese contexto es necesario leer los escritos y recomendaciones de Alberto Alesina, quien fuera un distinguido profesor de la Universidad de Harvard. Si los impuestos son distorsionantes, es decir que afectan las decisiones de invertir o trabajar, un ajuste fiscal basado en la disminución del gasto público es menos recesivo que una consolidación fiscal basada en un aumento de las recaudaciones tributarias sea éste logrado por la ampliación de la base o por el incremento de las tasas.

De acuerdo con los estudios del profesor Alesina, la reducción del gasto público, en particular el de consumo o transferencias, sería percibido por los agentes económicos como impuestos menores o iguales en el futuro, promoviéndose así la inversión privada que es más eficiente y la creación de empleo más productivo. Ese resultado positivo pudiera alcanzarse siempre y cuando el gasto público a ser reducido no fuese complementario con la inversión privada; es decir, si los ajustes fiscales no impactaran el ya insuficiente gasto de capital o de inversiones públicas, concentrándose el recorte en los gastos corrientes menos productivos.  

Por último, es recomendable que la reforma fiscal sea acompañada de medidas complementarias. Una política monetaria que facilite la transmisión del crédito hacia todos los sectores productivos tendría un impacto positivo sobre la economía. Asimismo, la reforma del mercado laboral le brindaría mayor flexibilidad, principalmente al segmento formal de la economía dominicana. Esas medidas complementarias serían favorables para el PIB, lo cual cobra importancia en caso de que la reforma fiscal se fundamente en el aumento de las recaudaciones y no tenga los efectos positivos previstos por el ministro Paliza.

Inversión pública y recuperación económica

[Escrito el 11 de febrero de 2021]

El año pasado la economía dominicana, cuantificada por el producto interno bruto, retrocedió en un 6.7%. Esa recesión, que pudo ser peor, llevó a las autoridades a ejecutar una política fiscal expansiva con el objetivo de apoyar la demanda agregada, sea a través de la inversión pública o del gasto corriente. Esa política desembocó en un déficit público que cerró en un 7.7% del PIB, aun cuando se tomaron préstamos para poder ejecutar gastos que llevaran el déficit a un 9.3% del PIB.

El presidente Abinader declaró el 6 de enero de este año que su gobierno logró reducir el déficit fiscal mediante una disminución del gasto público con relación a lo presupuestado. En ese entonces se quiso vender la idea de que eso significaba que estaba mejorando la calidad del gasto, eliminando las partidas que podían ser consideradas como superfluas y que no impactan favorablemente sobre el crecimiento.

Lamentablemente, lo sucedido a principios de este año con el gasto de capital es preocupante. Según la Dirección General de Presupuesto, el gasto de capital en enero, que incluye la construcción en proceso, la formación bruta de capital fijo y las transferencias de capital a entidades públicas, fue de apenas 838.6 millones de pesos. Para que se perciba con claridad lo grave que es ese desempeño en la ejecución del gasto público hay que comparar ese monto con el gasto en años anteriores. El promedio del gasto de capital realizado en el mes de enero en el período 2013-2020 fue de 3,277 millones de pesos, es decir, 3.9 veces mayor que el alcanzado en enero de 2021. No creo que esa reducción se deba a la mejora de la calidad del gasto, sino a restricciones en la ejecución de proyectos nuevos.

El verdadero reto en la ejecución del gasto de capital se verá en febrero. En el período 2013-2020, el gasto de capital en el segundo mes del año promedió 9,993 millones de pesos. Pienso que la presente administración tendrá severas dificultades para alcanzar esa cifra promedio.

El 25 de noviembre señalé que el gasto de capital se encuentra estancado. Indiqué que el gobierno del presidente Abinader no había arrancado más allá de los anuncios, pues los grandes proyectos no habían iniciado. Vale citar las obras correspondientes a la autopista del Ámbar, los puertos de Manzanillo y San Pedro de Macorís, el desarrollo de la zona de Pedernales, la ampliación del Metro de Santo Domingo, entre otras. Quiero enfatizar que, si es con la Ley 340-06 de Compras Públicas o con la Ley 47-20 de Alianza Público-Privadas, que se pretende poner en marcha esas grandes obras, será hacia finales de año que comenzarán esos trabajos.

Las autoridades pronostican que la economía dominicana crecerá en un 6% este año. Para alcanzar ese objetivo es indispensable que la inversión pública se reactive, en particular el componente que es complementario de la inversión privada. Sólo así se podrá llegar a la meta de creación de valor agregado, empleo y bienestar. 

Igualdad de oportunidades para vacunarse

[Escrito el 10 de febrero de 2021]

El gobierno del presidente Luis Abinader debe asegurar que existe igualdad de oportunidades para recibir la vacuna contra el covid-19. Me imagino que por ese motivo el Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, indicó que el sector privado no podrá realizar importaciones de ese producto. 

La población comienza a preocuparse por el desconocimiento, de parte de las autoridades, de la fecha de llegada de las dosis de la vacuna y del inicio del proceso de su aplicación. En la medida que aumenta la cantidad de activos con covid-19 y se acumula el número de fallecidos, se incrementa la percepción de riesgo de ser contagiado y morir. Esa percepción se agrava mientras más cercano se tiene un fallecido del núcleo familiar.

La pérdida de un ser querido, cuando ya hay más de 147 millones de personas vacunadas en el mundo, hace que los dominicanos se molesten y desesperen ante la incapacidad exhibida por el gobierno para lograr que lleguen las vacunas. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá son países de la región donde ya se está vacunando a su gente. Esto significa que ser parte de Latinoamérica o ser una economía en desarrollo, como la República Dominicana, no explica por qué el gobierno dominicano no ha logrado recibir la vacuna e iniciar el proceso de inoculación.

Esa desesperación es lo que ha hecho que algunas personas quieran romper el cerco de igualdad de oportunidades y prefieran que se permita al sector privado que importe la vacuna. Es probable que ese sector, al ser más eficiente que el Estado Dominicano, logre que lleguen algunas dosis más rápido. El problema es que el precio de importación de esa vacuna estaría sujeto a la interacción entre la oferta y la demanda, y dado que la oferta actual es baja y la demanda elevada, el precio de equilibrio sería muy oneroso y pagado únicamente por los más ricos. Eso se percibiría como una injusticia.

En el caso de que sea el gobierno que importe la vacuna y la distribuya para su aplicación, el precio sería cero. Esto se percibiría como algo justo, pero tardío y, en consecuencia, letal para algunas personas. Dado que las autoridades no han explicado al pueblo dominicano el plan nacional de vacunación, queda suponer que los primeros a ser vacunados serán los mayores a 65 años, sin discriminación alguna. Me imagino que las autoridades evitarán el tráfico de influencias y el amiguismo mediante la aplicación de una lotería asociada al número de la cédula. Sería terrible que los primeros agraciados sean cercanos o miembros del partido oficialista.

Dada la ansiedad y desesperación que comienza a percibirse en el país, le recomiendo al gobierno del presidente Abinader que explique lo antes posible los detalles del plan de vacunación. Esto le permitiría ganar unos días de sosiego, frente a las protestas que se registrarían si continúa posponiéndose la llegada de la vacuna contra el covid-19.

El pan bajo el control de precios 2.0

 [Escrito el 10 de febrero de 2021]

El presidente Luis Abinader llamó a los fabricantes de pan y prometió hacerles una propuesta que les compensaría por el aumento de sus costos de producción. Ese acuerdo provocó que los representantes de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) y de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) dejaran sin efecto el alza anunciada de un 40% en el precio del pan de agua, equivalente a dos pesos por unidad. Tal como sucedió con la carne de pollo, esa medida del gobierno no estabilizará el precio de ese alimento.

Vuelvo a repetirle al gobierno que el precio de un determinado producto depende de su oferta y demanda. Además, los mercados son impactados por choques no previstos, como la pandemia del covid-19 o un excesivo nivel de liquidez internacional, que influyen sobre la producción y costos de los insumos.

El aumento de los costos de producción tiende a elevar el precio de equilibrio de un determinado bien final. Esto provoca una interacción entre la oferta y la demanda que desemboca en un nuevo y más elevado precio de equilibrio, combinado con un menor nivel de consumo del producto en cuestión. El costo del trigo, que se incrementó en un 15.4% entre inicios de diciembre pasado e inicios de febrero de 2021, al pasar de 5.65 dólares por bushel a 6.52 dólares por bushel, se traduce en un aumento del precio de la harina y del pan.

Ante el alza de los costos internacionales de los alimentos que se importan o producen en el país, el gobierno ha intentado aplicar una estrategia de control de precios 2.0, que consiste en acuerdos con los comerciantes o con los productores. El INESPRE compró 4 millones de libras de pollo para venderlas a un precio subsidiado, pero el precio de mercado no se redujo. Por tanto, esa medida de compra directa del INESPRE benefició principalmente a los avicultores.

En el caso del pan, ¿cuántas unidades de pan comprará el INESPRE a los fabricantes para venderlos a precios subsidiados?  ¿Subsidiará el gobierno el precio de la harina, el costo de los combustibles y el flete marítimo? ¿Son esas medidas sostenibles? Ante esas preguntas, el país debería saber qué le prometió el presidente Abinader a esos empresarios para que  no subieran, por ahora, el precio del pan.

Se equivoca de nuevo, señor Almonte

 [Escrito el 8 de febrero de 2021]

Respuesta de Jaime Aristy Escuder, pasado administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ante las declaraciones de Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, sobre la capacidad de generación de esa central eléctrica. 8 de febrero de 2021.

Las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, sobre la capacidad de generación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) no se corresponden con el desempeño real de esas dos unidades de generación eléctrica.

Según Almonte el fabricante de la caldera de la central le indicó que la potencia bruta es de 360 MW brutos y no de 376 MW brutos. Esa afirmación es totalmente falsa y absurda.

La potencia de las unidades de generación eléctrica se cuantifica en megavatios netos, que son los que se inyectan al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). El contrato EPC (Ingeniería, Procura y Construcción, por sus siglas en inglés) establece que la potencia neta de cada una de las unidades es de 337.39 MW netos, lo cual es consistente con 376 MW brutos y no con 360 MW brutos. ¿Cuáles resultados arrojaron las pruebas de desempeño?

Las pruebas de desempeño, que realizó la empresa estadounidense McHale & Associates con la colaboración de los principales fabricantes (GE, Babcock & Wilcox y Hamon), arrojaron como resultado que la Unidad 1 de CTPC tiene una potencia neta de 345.586 MW netos; y la Unidad 2 tiene una potencia neta de 347.677 MW netos. Esto significa que ambas unidades tienen mayor potencia neta que la contratada, por lo tanto, tienen capacidad de producir más electricidad que lo contratado y pagado por la CDEEE.  

Almonte debe tomar en cuenta que el mentiroso y el cojo no llegan lejos. Le recuerdo que, el Organismo Coordinador le envió en enero pasado la comunicación OC-2021-000052 que trata sobre la verificación de la potencia neta de las unidades 1 y 2 de Punta Catalina. En esa comunicación, el Organismo Coordinador confirmó que la potencia neta de la Unidad 1 de CTPC, estimada entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2020, fue de 341.50 MW y la potencia neta de la Unidad 2 de CTPC fue de 347.56 MW. Esa información, emitida por el Organismo Coordinador, permite desmentir las afirmaciones de Almonte sobre la capacidad de generación de Punta Catalina y confirma que ambas unidades producen más de los 337.39 MW netos establecidos en el contrato de EPC. Parece ser que el ministro de Energía no se leyó esa comunicación del Organismo Coordinador.

Quiero pedirle a Almonte que repase las clases de termodinámica, pues así podrá darse cuenta de que un fabricante de caldera nunca le hablará de capacidad en megavatios, sino en toneladas de vapor por hora a una temperatura y presión en condición nominal. Y quiero reiterarle que, en el caso de Babcock & Wilcox, fabricante de las dos calderas de Punta Catalina, esa empresa estuvo presente durante la realización de las pruebas de desempeño que realizó McHale, y en la que se demostró que la potencia neta de cada unidad es superior a la potencia neta contractual.

Por último, quiero recordarle al señor Almonte que, cuando le entregué el mando de CTPC, las dos unidades estaban operando a un 100% de su potencia bruta, marcando la pantalla 376 MW brutos equivalente a 337.39 MW netos. Espero que sea capaz de operarla de la misma forma y que la cuide como lo que es esa central, la joya del sector eléctrico nacional.

Fitch y la reforma tributaria

[Escrito el 5 de febrero de 2021]

La firma calificadora de riesgos, Fitch Ratings, señaló que la capacidad de aprobar una reforma tributaria es clave para que la administración del presidente Abinader pueda alcanzar sus objetivos fiscales de mediano plazo. Esto significa que Fitch percibe que la única forma de recuperar la sostenibilidad de la deuda pública es mediante un aumento de las recaudaciones.  

A pesar de que el PRM prometió durante la campaña electoral que reduciría en 129 mil millones de pesos el gasto público, la realidad es que esa es una meta inalcanzable. Una reducción del gasto de esa magnitud impactaría desfavorablemente sobre el gasto social, perjudicando a los segmentos más pobres de la sociedad. Esto conduce indefectiblemente a la ejecución de una reforma tributaria, fundamentada en la reducción de exenciones y ampliación de la base impositiva, que permita un aumento de las recaudaciones en 2022. Aun cuando esa firma no lo señala, la reforma tributaria debe permitir nuevas recaudaciones por una suma equivalente a casi cuatro puntos del PIB.

De acuerdo con Fitch, el objetivo de alcanzar un déficit público de un 3% del PIB en 2021 es ambicioso. Además, indica que el mismo se basa en ingresos por la venta de activos, que no han sido identificados por la presente administración. Por eso la firma calificadora de riesgo elimina de sus proyecciones fiscales esos ingresos inciertos y estima que el déficit público de 2021 será de 4.8% del PIB.

Fitch resalta que el gobierno dominicano logró reducir el riesgo de refinanciamiento de corto plazo. La colocación de 2,500 millones de dólares de bonos soberanos al inicio del año y la operación de manejo de pasivos de finales del año pasado, permitieron al gobierno disponer de la liquidez necesaria para que se pueda honrar el servicio de la deuda pública durante 2021.

La firma calificadora de riesgos también señaló que el comportamiento del sector turismo, cuyos ingresos cayeron por el descenso de la cantidad de turistas en 63%, será clave para las cuentas externas y el crecimiento de la economía, que cerró en 2020 con un retroceso de un 6.7%. Las remesas, que alcanzaron un nivel histórico de 8,219 millones de dólares, ayudaron a mantener el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el entorno de un 2% del PIB.

En resumen, Fitch le ha dado un voto de confianza al gobierno de Abinader, condicionado a la ejecución de una reforma tributaria.

El voto de confianza de Fitch Ratings

 [Escrito el 4 de febrero de 2021]

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Hacienda, la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings valora positivamente las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar los riesgos macroeconómicos de la pandemia del covid-19.

La estabilidad macroeconómica es un importante logro del gobierno del presidente Abinader, pues ésta es indispensable para la recuperación de la inversión privada. Confirmar como Gobernador del Banco Central a la persona que tiene el récord de menor tasa de inflación desde 1966 fue una decisión acertada.  En sus 22 años como jefe de la política monetaria, Héctor Valdez ha logrado una tasa de inflación promedio en el entorno del 5%, un tercio de la inflación promedio del resto de los gobernadores desde mediados de los años sesenta. Esa estabilidad macroeconómica ha creado las condiciones para que los agentes económicos trabajen, produzcan, consuman, ahorren e inviertan sostenidamente. Por eso, en los ocho años pre-covid, la economía dominicana registró las tasas de crecimiento más altas de la región.

Fitch también resalta el manejo proactivo de la deuda pública. Debo recordar que ese manejo adecuado viene realizándose desde hace varios años, logrando el Ministerio de Hacienda realizar emisiones de deuda soberana con vencimiento a 40 años y cerrar en el año 2015 una exitosa operación de manejo de pasivos con la deuda de Petrocaribe, que benefició al gobierno con una reducción de la deuda pública en un monto equivalente a 3.3% del PIB.

Según la firma calificadora, el gobierno actual ha mejorado la calidad del gasto público. Me imagino que en su análisis dejó de lado el despilfarro de 100 millones de pesos donados en diciembre a un grupo de personas que no son pobres. Esa operación fue tan desastrosa que el director de Contrataciones Públicas rechazó ese expediente como uno que pudiese insertarse dentro del marco de la Ley 340-06. 

Todos los dominicanos albergan la esperanza de que haya una reducción de las pérdidas en los servicios de electricidad. La principal fuente de mejora de las finanzas de las distribuidoras es la disminución del costo de compra de energía en el mercado spot, derivada del cambio de la matriz energética hacia carbón y gas natural. Queda pendiente la mejora de la capacidad de facturación y cobranza de la energía servida por las tres distribuidoras de electricidad. Ahí está el reto de las actuales autoridades.

¿Está listo el plan de vacunación contra el covid-19?

 [Escrito el 3 de febrero de 2021]

El covid-19 sigue avanzando en la República Dominicana y lo hace a un costo enorme. La cantidad de casos activos identificados ya supera las 54 mil personas y el promedio diario de fallecidos en los siete días más recientes subió a 20. Una vida que se pierde tiene un costo inmenso y, sobre todo, doloroso. Por eso cada día que pasa cobra mayor importancia el plan de vacunación contra ese virus.

El gobierno no ha presentado los detalles de ese plan, aun cuando algunos funcionarios han señalado que existe. En una de sus intervenciones públicas, el presidente Abinader afirmó que su administración traería al país algunas dosis de vacunas en enero. Ese mes pasó y no llegó nada. La ausencia de vacunas y el desconocimiento del contenido del plan para su aplicación es preocupante.

Las noticias sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca, que es la que compró inicialmente el gobierno dominicano y que llegará a partir de marzo de este año, no son positivas. Hoy el agente regulador de medicamentos de Suiza informó que decidió no autorizar el uso de esa vacuna debido a la ausencia de suficiente información que permita determinar su seguridad, eficacia y calidad. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Polonia y Suecia aprobaron su uso, pero recomendaron que no se aplique a las personas mayores de 65 años. En contraste, en el Reino Unido se ha estado aplicando de manera intensa, incluyendo a las personas mayores. Esto permitirá determinar con mayor precisión cuál es la reacción de ese grupo etario a esa vacuna.

El gobierno dominicano también anunció la compra de 7.9 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer, que tiene una efectividad de un 95%. De acuerdo con las autoridades, esas dosis llegarán a partir del segundo trimestre de este año. El reto de la aplicación de esa vacuna es que su logística requiere un almacenamiento a una temperatura de -70 grados Celsius, que es más frío que un día normal de invierno en la Antártida.

Desde inicios de enero he estado recomendado al gobierno que solicite ayuda a Israel para el diseño y ejecución del plan de vacunación en el país. Ese extraordinario país sigue avanzando de manera acelerada en la vacunación de su gente. Al día de ayer se había aplicado la vacuna a 58.8 de cada 100 habitantes y a partir de mañana jueves comenzará a inocular a toda la población mayor de 16 años. Otros países desarrollados están muy atrás de Israel: Reino Unido, 14.9; Estados Unidos, 9.9; España, 3.6; Italia, 3.5; Portugal, 3.3; y Alemania, 3.1, entre otros.

Ante esa realidad y la necesidad de que se pueda diseñar e informar al país el contenido del Plan, aprovecho de nuevo para recomendarle al gobierno que solicite cooperación a Israel en esa materia.  

Sobre el pinche de la caldera de la Unidad 2 de CTPC

[Escrito el 2 de febrero de 2021]

El 18 de agosto de 2020, a las 11:44 am, entregué al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, la operación de las dos unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), las cuales suplían 754.7 MW equivalente a un 100% de su potencia.

Cabe recordar que, en los meses de mayo, junio y julio de 2020, trimestre en que la CDEEE operó ambas unidades de CTPC, se suplió entre el 30% y 35% de toda la demanda del SENI. El promedio mensual de la producción de energía bruta total de CTPC en esos tres meses ascendió a 504.6 GwH, superando lo que ha podido producir como promedio mensual la nueva administración de CTPC desde septiembre de 2020.

A partir de esa fecha, la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las dos unidades recayó sobre Antonio Almonte y Serafín Canario, nuevo administrador de CTPC. 

Entre las primeras medidas adoptadas por la nueva administración de CTPC se encuentra la de despedir, el 11 de septiembre de 2020, a los superintendentes de Operaciones y de Mantenimiento. Esos técnicos, además de tener un gran liderazgo, habían sido entrenados por el consorcio constructor y por los fabricantes de los principales equipos como General Electric (Turbina-Generador), Babcock-Wilcox (Caldera) y ONT (sistema de manejo de carbón), entre otros.

Lamentablemente, los despidos de personal técnico continúan. El viernes pasado (29 de enero de 2021) se despidió al Director de Informática, contraparte de GE en las instalaciones del paquete de inteligencia artificial de GE-Digital que permitirá el monitoreo desde Atlanta y la optimización de la operación y mantenimiento de la turbina, generador y la caldera. También se despidió a la encargada del sistema de control de calidad de aire (AQCS), la cual había sido entrenada por la empresa Hamon, fabricante de todos esos equipos.

El 2 de enero de 2021 se registró un pinche en la caldera de la Unidad 2. Debe señalarse que un pinche es un evento que puede ocurrir en las calderas en cualquier momento, en particular durante los primeros meses de operación. En ese período es cuando aparecen algunas fallas que son corregidas por el Consorcio constructor y los fabricantes bajo garantía total.

De forma inexplicable, los encargados de la operación de la Unidad 2 tardaron varias horas en autorizar el apagado de la caldera de esa unidad. Durante ese tiempo de operación, el escape de vapor a presión que se registró por el pinche deterioró más de 30 tubos de la caldera, que debieron ser removidos por el Consorcio constructor. Si se hubiese apagado la caldera a las primeras alertas, que son instantáneas, la extensión de los daños hubiese sido menor y el arreglo hubiese tomado alrededor de 15 días. Pero, debido a que se operó la caldera con ese pinche por varias horas, el daño a los más de 30 tubos ha obligado una mayor cantidad de trabajo de corte y soldadura. Se prevé que el Consorcio constructor entregue el 23 de febrero al personal de la CDEEE la caldera lista para operar, después de recibir la autorización de Babcock-Wilcox.

La sustitución de personal altamente experimentado y capacitado es la causa de que la Unidad 2 tenga que estar fuera del SENI por casi dos meses. Ante esa situación, le recomiendo al ministro de Energía y Minas que recontrate a los técnicos que fueron despedidos por el actual administrador y que pida también asesoría en la operación y mantenimiento al Consorcio constructor. Esto último hasta que se realice la licitación pública internacional para la selección de una empresa experta que se encargue de la Operación y Mantenimiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. 

¿Logró el INESPRE reducir el precio del pollo?

 [Escrito el 1 de febrero de 2021]

La semana pasada el presidente Luis Abinader anunció que, a través de la intervención del INESPRE en el mercado, se reduciría el precio de la carne de pollo. A pesar de que el gobierno comenzó desde el miércoles a vender ese alimento a un precio subsidiado de 36 pesos la libra, el precio de equilibrio en el mercado no se ha reducido. Este fin de semana verifiqué que en mercados y supermercados de la zona metropolitana la carne de pollo se sigue vendiendo alrededor de 68 pesos la libra y en los colmados puede llegar a costar 80 pesos la libra.

El fracaso del INESPRE se explica debido a que su intervención no afecta, de manera permanente, la oferta o la demanda del pollo, que es lo que determina el precio de mercado. El hecho de que esa institución pública adquiera cuatro millones de libras directamente de los productores a un precio de 50 pesos la libra, y las venda a los consumidores a 36 pesos, no influye sobre los determinantes que explican el aumento actual del nivel de precios.

El gobierno debe entender que el incremento del precio de ese alimento se debe al aumento del costo del maíz, la soya y el sorgo. Esos bienes básicos se han incrementado en meses recientes hasta en un 50%, lo cual se traduce en un aumento del precio del pollo. Cabe recordar que el pollo es una función de producción de Leontief, pues existe una relación fija aproximadamente de 2 libras de alimento por 1 libra de carne, asumiendo un período de engorde de 40 días. A menos que el gobierno reduzca el precio del maíz, la soya y el sorgo será muy difícil disminuir el costo de producción del pollo y, por tanto, el precio de equilibrio se mantendrá elevado. Dado el nivel de precios internacionales y vistas las ventajas comparativas internacionales en la producción de esos bienes básicos, es poco probable que el gobierno dominicano logre que baje el costo de esos alimentos, aun cuando promueva su cultivo y producción en el país.

La intervención del INESPRE beneficia transitoriamente a algunos consumidores de menores ingresos, que habitan en barrios donde son visitados cada semana o cada quince días por las bodegas móviles de esa entidad pública. Lamentablemente, esa política perjudica a los comerciantes que venden pollos en mercados y puestos de pollos localizados en esos barrios, quienes también son pobres o vulnerables.

Así las cosas, se puede concluir que la intervención del INESPRE beneficiará principalmente a los avicultores, quienes venderán a esa entidad un buen lote de su producción sin tener que pasar por un proceso de licitación como el que establece la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Además, esa compra del INESPRE les compensará parte de la reducción de demanda causada por el aumento del precio del pollo. Al menos el resultado final será positivo para esos productores.