Valdez, la estabilidad y el crecimiento económico

 [Escrito el 29 de octubre de 2021]

La decisión del presidente Luis Abinader de posponer la aprobación y ejecución de la reforma tributaria aumenta la importancia del crecimiento económico. El primer mandatario señaló que su gobierno se enfocará en promover la expansión de las actividades productivas, que constituyen la base de los ingresos tributarios. Para alcanzar ese objetivo es imprescindible mantener la estabilidad macroeconómica. En ese contexto, se coloca nuevamente el peso de la política económica sobre las columnas del Banco Central.

Héctor Valdez Albizu ha sido el Gobernador más exitoso en la historia del organismo emisor. Hay que reconocer que ha sido el funcionario que mejores y más eficaces medidas monetarias ha tomado, en la magnitud y el momento oportuno, para enfrentar exitosamente diversos choques externos.

 La crisis financiera asiática (1997), el huracán Georges (1998), el desplazamiento de la industria textil de zonas francas dominicanas por la industria china (2007), la Gran Recesión (2008) y un precio del barril de petróleo a 140 dólares (2008) son algunos de los choques externos que Valdez supo amortiguar de manera magistral, manteniendo la estabilidad macroeconómica y la confianza en el peso dominicano.

En base a sus 22 años de gobernación, se estima que el valor esperado de la inflación cuando Valdez es el jefe de la política monetaria es 5%. Sin embargo, si se calcula desde 1966, cuando no es Valdez el Gobernador la tasa de inflación promedio es 15%. Y, si se calcula desde los años ochenta, el valor esperado de la inflación es 25%. Los datos hablan por sí solos: Valdez es sinónimo de credibilidad en el peso.  

En 2020, las medidas adoptadas para enfrentar el covid-19 provocaron el peor choque macroeconómico registrado a nivel global. Los diversos episodios de cuarentena y el cierre de las actividades productivas elevaron de manera súbita la tasa de desocupación, deteriorando la capacidad de los agentes económicos de generar ingresos y cumplir oportunamente sus compromisos financieros.  

Ante ese brutal choque de oferta y demanda, las autoridades monetarias y fiscales de la mayoría de los países reaccionaron mediante la adopción de políticas muy expansivas. Los organismos internacionales, encabezados por el Fondo Monetario Internacional, recomendaron la ejecución de programas fiscales de ayuda a los segmentos más vulnerables, al mismo tiempo que se inyectaba liquidez y se reducían las tasas de interés. En ese momento la prioridad pasó a ser la actividad económica, aun cuando esto provocase un aumento -transitorio- de la tasa de inflación.

La reacción de Valdez fue rápida y contundente. En marzo de 2020, el mismo mes que llegó el covid-19 al país, el organismo emisor flexibilizó los agregados monetarios inyectando la liquidez requerida por los agentes económicos para minimizar la contracción de la actividad económica y, sobre todo, evitar el deterioro de la cartera de los intermediarios financieros. Específicamente, se otorgó la suma de 215 mil millones de pesos mediante la aprobación de 92 mil préstamos a empresas y hogares a tasas de interés históricamente bajas.

Al comparar con los demás países de la región latinoamericana se puede afirmar que esa estrategia monetaria fue exitosa, pues la recuperación económica ha sido mucho más rápida de lo proyectado inicialmente. Este año se estima que el PIB se expandirá por encima del 10%, siendo el país con mayor ritmo de crecimiento de la región y una de las pocas naciones que supere en más de 3% el nivel de PIB real promedio pre-pandémico.

La inflación acumulada a septiembre se encuentra, al igual que otros países, por encima de la meta. No obstante, tal como indicó recientemente el gobernador Valdez Albizu la inflación actual no se originó por factores monetarios o fiscales. A diciembre de 2019, antes de que comenzara el covid-19 a hacer estragos a nivel internacional, la tasa de inflación interanual dominicana fue de 3.7%. Si no hubiese ocurrido ese choque macroeconómico es altamente probable que, en 2020, la tasa de inflación hubiese quedado dentro del rango meta que es 4%±1%, pues, a pesar de la inyección monetaria que se realizó desde marzo de ese año y la activa política de ayudas sociales, la tasa de inflación de ese año cerró en 5.6%.

El problema inflacionario comenzó a ser notorio en 2021. La mayor parte de la inflación de este año se explica por factores exógenos. El choque internacional de oferta, la disrupción de la cadena de suministro a nivel global, el vertiginoso incremento de los fletes y el aumento exponencial en los precios de los combustibles han incrementado los costos locales de producción y elevado los precios de un importante conjunto de bienes intermedios y finales importados. Afortunadamente, la apreciación del peso dominicano de un 3.4%, registrada en los primeros nueve meses del presente año, amortiguó un poco la inflación importada.

Después de llegar a un máximo de 10.5% en mayo de 2021, la tasa de inflación muestra una tendencia descendente, colocándose en septiembre en 7.7%. Dado que las expectativas se encuentran ancladas en el entorno del objetivo de inflación, y vista la confianza que tienen los agentes económicos en el peso dominicano, es muy probable que para finales de 2022 la variación anual del IPC converja al 4%. Por ese motivo, el Banco Central, que tiene el arsenal necesario para reducir la inflación de manera más acelerada, prefirió otorgar mayor importancia a la recuperación económica y la creación de empleo, dejando que la inflación se mueva hacia abajo en función de la mejora del entorno internacional.

La rapidez de la convergencia dependerá del grado de transitoriedad de la tasa de inflación a nivel internacional. Si la inflación resulta ser un fenómeno transitorio, como piensan Jerome Powell y Janet Yellen, presidente de la Reserva Federal y secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, respectivamente, entonces se registrará en los primeros meses de 2022 un descenso más acentuado de la inflación en el país, en particular desde que se corrijan los cuellos de botella que existen por el lado de la oferta a nivel global.

Cuando esa convergencia de la inflación se registre el año próximo, y se mantenga el ritmo de crecimiento del PIB por encima de 5%, se confirmará que el gobernador Valdez evitó el colapso económico, una vez más. Y aseguró la estabilidad económica que necesita el sector privado para seguir expandiéndose, tal como lo ha hecho por más de dos décadas bajo su mandato monetario. Ese crecimiento será la clave para que aumenten las recaudaciones tributarias y mejore la posición fiscal del gobierno; resultado que será bien recibido por las calificadoras de riesgo, los organismos financieros internacionales y los tenedores de bonos.

Comenzó el ajuste de la tarifa de electricidad

[Escrito el 28 de octubre de 2021]

Las distribuidoras de electricidad constituyen el agujero negro de las finanzas públicas. Su incapacidad de facturar y cobrar la energía que comercializan y los elevados gastos corrientes, como porcentaje de sus ingresos, ha generado un enorme déficit, que explica alrededor del 50% de la deuda del sector público no financiero acumulada en el período 2000-2019.

La entrada en operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina genera beneficios importantes para las finanzas del sector eléctrico. Por un lado, produce beneficios ascendentes a 250 millones de dólares anuales. Y, por otro lado, reduce el costo de compra de la energía en el mercado spot, favoreciendo en 200 millones de dólares a las distribuidoras. Lamentablemente, esos beneficios no son suficientes para cerrar la brecha financiera del sector eléctrico, que se ha ensanchado por el reciente aumento de los precios de los combustibles utilizados para la generación de electricidad.

Las pérdidas de comercialización de electricidad, que superan el 30%, y el aumento del costo de la generación han llevado el déficit del sector eléctrico nuevamente a niveles insostenibles. Ante esa situación, las autoridades han decidido iniciar desde noviembre de este año el ajuste escalonado de la tarifa de electricidad a ser aplicado trimestralmente hasta converger a la Tarifa de Referencia en 2026.

Si el ajuste de la tarifa de electricidad se realiza tal como aprobó la Superintendencia de Electricidad, los usuarios que consumen menos de 200 kilovatios horas al mes, quienes pagan 4.44 pesos por kilovatio hora, sufrirán un ajuste acumulado de su tarifa superior al 150%. Esto contrasta con los clientes residenciales más grandes, quienes consumen por encima de 700 kilovatios al mes, que enfrentarán un aumento de su tarifa mucho menor. En el mes de diciembre la factura de electricidad del cliente de 300 kilovatios hora se incrementará en 62.04 pesos (3.6%), mientras que la factura del cliente que consume 800 kilovatios hora se incrementará 24.38 pesos (0.3%), poniendo de manifiesto que los clientes más pequeños serán los más perjudicados con la estrategia de la Superintendencia de Electricidad. 

Espero que las autoridades del sector eléctrico hayan estimado el impacto regresivo de esa medida tarifaria, es decir, el efecto sobre los más pobres. Además, espero que hayan simulado cuál será el efecto sobre la tasa de cumplimiento de los clientes, pues es probable que un aumento tan significativo de la tarifa de electricidad provoque un incremento de las pérdidas de las distribuidoras de electricidad. Ojalá puedan aplicar rápida y adecuadamente el subsidio, denominado bono luz, a los más pobres, antes de que le provoquen un problema mayúsculo al gobierno del presidente Abinader.

No va la reforma tributaria

 [Escrito el 27 de octubre de 2021]

El presidente Luis Abinader anunció hoy al país que no hay condiciones para aprobar y ejecutar una reforma tributaria. Y señaló que las autoridades se enfocarán en mejorar la calidad de gasto y promover el crecimiento económico, el cual debe distribuirse de manera más equitativa.

El mensaje implícito para los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo y los tenedores de bonos es que el gobierno tratará de mejorar las recaudaciones mediante la disminución de la evasión. Recientemente presenté que, si se logra mejorar la eficiencia de la gestión del Itbis y del Impuesto sobre la Renta al promedio de América Latina, se pudiese aumentar los ingresos tributarios en 4% del PIB. Pienso que el presidente Abinader apuesta a que sus recaudadores, los directores de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, puedan enfrentar exitosamente la evasión tributaria.

El presidente Abinader también apuesta al crecimiento de la economía, fundamentado en el sector privado y una inversión pública más eficiente. Estoy de acuerdo que a mayor PIB, mayor nivel de recaudaciones. La experiencia ha demostrado que para que la expansión económica sea sostenible es imprescindible mantener la estabilidad macroeconómica, en particular de precios y tipo de cambio. Esto se logra con una adecuada combinación de las políticas monetaria y fiscal. En ese contexto, debe destacarse la extraordinaria capacidad del gobernador Héctor Valdez de mantener la confianza en el peso dominicano, lo cual cobra a partir de hoy una mayor importancia para el desempeño de la economía.

El Senado contraataca

 [Escrito el 26 de octubre de 2021]

Los senadores de la República Dominicana no constituyen un imperio, pero sí son parte de un poder del Estado que toma decisiones que pueden afectar a todos los agentes económicos. De manera acelerada, aprobaron una propuesta de ley que elimina de golpe y porrazo un conjunto de exenciones con el objetivo de mejorar las recaudaciones del gobierno sin que sea necesario modificar el sistema tributario.

Algunos piensan y afirman que la propuesta del Senado es la reacción ante el ataque que sufre ese cuerpo legislativo en las redes sociales y medios de comunicación por las exenciones que los benefician. Ante esa acción, y basándose en la tercera Ley de Newton, los senadores reaccionaron mostrando la lista completa de exenciones que explican la existencia de un gasto tributario estimado en 285 mil millones de pesos para el año que viene, suma equivalente a 4.9% del PIB.

La reducción del gasto tributario, que es el monto de recursos que deja percibir el Estado por un tratamiento impositivo preferencial a algunos grupos y actividades, permitiría mejorar la posición fiscal del gobierno, disminuyendo así el déficit y la deuda pública. Los senadores justifican la eliminación de las exenciones afirmando que, para lograr la estabilidad económica de la nación, se requiere del esfuerzo colectivo de todos los actores de la vida económica y social del país. Y añaden que se debe también “suprimir todas las exoneraciones que perciben los funcionarios públicos,” resaltando las que benefician a los miembros de la Carrera Judicial, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, entre otros. Con esto quieren decir que ellos no están solos en el bote de los que se benefician actualmente de las exenciones y del Estado.

El mensaje del Senado es claro y contundente. Junto a las exenciones que les benefician se derogan también las que abarcan: al sector turismo; las fuentes renovables de energía; al sector eléctrico; la deducción de los gastos educativos; la importación de vehículos de energía no convencional; la Carrera Judicial; la industria textil; las sucesiones y donaciones; la industria del cine; la competitividad e innovación industrial; las asociaciones sin fines de lucro; al sector eléctrico; entre otros. 

Mi recomendación a la Cámara de Diputados, que deberá estudiar y aprobar ese proyecto de ley presentado por el Senado, es que realice un análisis costo/beneficio de cada una de esas exenciones y determine si alguna de ellas debe permanecer y hasta cuándo. Con esto se evitaría que la eliminación de las exenciones de manera irreflexiva y reactiva deteriore el empleo, la generación de divisas y el bienestar de la gente.

El poder recaudatorio de la disminución de la evasión tributaria

[Escrito el 25 de octubre de 2021]

El análisis de la eficiencia del sistema tributario dominicano permite señalar que las recaudaciones del gobierno pueden mejorar significativamente sin que sea necesario aumentar las tasas impositivas. Al comparar con países latinoamericanos, se observa que la disminución de la evasión del Impuesto sobre la Renta y del Itbis pudiese incrementar los ingresos tributarios en una magnitud superior a la suma prevista en la reforma elaborada por el Ministerio de Hacienda.

Diversos organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, han estimado que el nivel de eficiencia recaudatoria del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) se encuentra un 38% por debajo del promedio de países de América Latina y el Caribe. Esto revela que, si se adoptan algunas medidas que reduzcan la evasión de ese impuesto hasta colocar el nivel de eficiencia al nivel promedio de esos países, se pudiese aumentar la magnitud de las recaudaciones en 2.8% del PIB. Esa suma es superior al 2.6% del PIB que se recaudaría con el paquetazo tributario completo que ha circulado por las redes sociales, lo cual deja claro que no sería necesario gravar con un 16% los bienes y servicios actualmente exentos.

La eficiencia del impuesto sobre la renta de personas jurídicas aplicado en el país se encuentra un 31% por debajo de la eficiencia promedio de América Latina y el Caribe. Si se aplican medidas que reduzcan la evasión de ese impuesto se pudiera elevar el monto de las recaudaciones en 0.9% del PIB, lo cual está por encima de la suma (0.2% del PIB) que se recaudaría si se incrementa de 27% a 30% la tasa de ese impuesto, tal como se propuso en la reforma tributaria.

Con relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, se estima que su eficiencia recaudatoria en el país se coloca un 18% por debajo del promedio de la región. Un enfrentamiento de la evasión permitiría incrementar las recaudaciones en casi 0.3% del PIB, que es una suma superior a lo que obtendría el gobierno (0.14% del PIB) a través del incremento de la tasa marginal máxima de 25% a 35% para los contribuyentes con ingresos mensuales superiores a los 72 mil pesos.

La evidencia anterior pone de manifiesto que un aumento de las tasas aumentaría la inequidad del sistema tributario, pues recaería principalmente sobre los que actualmente pagan impuestos. Por eso concluyo recomendándole a las autoridades del gobierno del presidente Abinader que, antes de la reforma tributaria, se enfoquen en la reducción de la evasión tributaria, estrategia que pudiese representar un aumento de los ingresos tributarios de 4% del PIB.

El beneficio del denunciante

[Escrito el 22 de octubre de 2021]

Un pago ascendente a 200 millones de dólares es una cifra elevada. Y más si se realiza a una sola persona. Pero luce un pago pequeño si esa suma se le otorgó a la persona que suplió en 2012 la información y documentos necesarios para iniciar la investigación que permitió demostrar la manipulación de la tasa de oferta interbancaria de Londres (Libor) que realizaron hace unos años el Deutsche Bank AG, Barclays y Société Générale.

En 2015 se acusó a esas entidades financieras de manipular la tasa Libor, que es la tasa de interés de referencia a la que los principales bancos se prestan a corto plazo entre sí en el mercado interbancario internacional. Se prevé que esa tasa de referencia, actualmente desprestigiada, comenzará a desaparecer el próximo año.

El pago fue realizado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos que, unida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, llevó las acciones contra esos bancos en 2015. Los acuerdos con el Deutsche Bank ascendieron a 2,500 millones de dólares, lo cual hace lucir los 200 millones que recibió el denunciante -que es un exejecutivo bancario no identificado- como una cifra razonable.  

Ese tipo y magnitud de beneficio estimulará las actividades de los denunciantes, pues se estima que reciben entre un 10% y un 30% de las penalidades monetarias que se obtienen. Así las cosas, no me sorprendería que aparezcan nuevos denunciantes en diversos tipos de actividades económicas.   

Propuestas para mejorar las pensiones dominicanas

[Escrito el 21 de octubre de 2021]

La ley 87-01 estableció el Sistema Dominicano de Seguridad Social en la República Dominicana. Este incluye un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, el cual tiene características que, a diferencia del sistema de reparto, aseguran su sostenibilidad financiera.

El sistema actual puede y debe ser mejorado con el paso del tiempo para asegurar que los trabajadores reciban la mejor pensión posible. En ese contexto, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) presentó hoy 25 propuestas que harían que el sistema de pensiones sea más eficiente, solidario, sostenible y universal, garantizando una mejor pensión para los trabajadores. Aquí analizaré algunas de sus propuestas.

Como regla general, mientras más se aporte a la cuenta individual, mayor pensión. Por eso, mientras más joven se inicie en el sistema y más se mantenga el afiliado cotizando, mejor será para él. Asimismo, la cotización por salario devengado, declarado ante la DGII, elevaría el monto ahorrado por el trabajador y, por lo tanto, mejoraría la tasa de reemplazo y monto de la pensión. Esto, unido a la reducción de la subdeclaración de ingresos, incrementaría el saldo ahorrado por los trabajadores.

Es clave para el fortalecimiento del sistema de pensiones que se integre a los trabajadores cuentapropistas y profesionales liberales al régimen contributivo. También deberían crearse cuentas de ahorro voluntario, para complementar las pensiones y permitir el uso de ese ahorro para el financiamiento de viviendas y servicios educativos.

El Estado debería otorgar el Bono de Reconocimiento a los afiliados que cotizaron al sistema anterior. Esto elevaría el monto ahorrado en su cuenta de capitalización individual.

Se recomienda que se permita la inversión en el exterior de una parte de los ahorros previsionales, para mejorar la combinación óptima que maximiza el retorno sujeto a un determinado nivel de riesgo, cumpliéndose con las regulaciones de rigor. Esa estrategia de inversión incrementaría más rápido el saldo de la cuenta de capitalización individual.

También se propone que se modifique la ley para que se garantice una pensión mínima contributiva complementada con el Fondo de Solidaridad Social a partir de 180 cotizaciones, en vez de 300 cotizaciones como se requiere en la actualidad. El Estado financiaría pensiones mínimas solidarias no contributivas con impuestos, para beneficiar a los más pobres.

Debe permitirse que los afiliados identifiquen sus herederos para que, en caso de que ocurra su fallecimiento y no haya beneficiarios de sobrevivencia, la entrega de los fondos o la pensión sea expedita.

Otra medida que se propone es dar la opción a los afiliados, al momento de jubilarse, de retirar en un solo pago el monto acumulado en caso de que esa suma no sea suficiente para obtener una pensión adecuada. Asimismo, debería permitirse el retiro total de los fondos a los afiliados con enfermedades graves y discapacidad total.

La ADAFP también propone que a los pensionados se les garantice un seguro de salud y que las pensiones de discapacidad y sobrevivencia por viudez sean vitalicias. Esto seguiría acentuando la seguridad y solidaridad del sistema de pensiones dominicano.

¿Hacia dónde va el precio del petróleo?

[Escrito el 20 de octubre de 2021]

El 21 de octubre de 2020 el precio del barril de petróleo oscilaba alrededor de los 40 dólares. Hoy, un año después, el precio de ese combustible superó los 84 dólares por barril, lo cual revela que se ha duplicado en doce meses. La pregunta clave a responder es si ese precio seguirá subiendo o no, pues la respuesta condicionará el resultado de las finanzas públicas dominicanas.

En el presupuesto General del Estado elaborado para 2022 se proyecta que el precio promedio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) será de 62.70 dólares. Esa proyección se acerca mucho a las realizadas por algunas entidades internacionales especializadas en el mercado de petróleo que estiman un precio entre 62 y 63 dólares, quedando por debajo del promedio de 2021 que será cercano a los 66 dólares.

Debe tomarse en consideración que históricamente la volatilidad de los precios del petróleo ha sido elevada. Esto implica que, aun cuando el precio arroje un promedio menor a los 63 dólares, podría ascender durante algunos meses, en particular hacia finales de este año, hasta colocarse en el entorno de los 90 dólares. El precio dependerá del comportamiento de la demanda, vinculada con la recuperación económica; de la oferta, relacionada con la ruptura transitoria de la cadena de suministro; de la pérdida de valor del dólar, que dependerá de si se aprieta o no la política monetaria de la Reserva Federal; y del apetito de riesgo de los especuladores de bienes básicos.

Es bueno recordar que, cuando la economía estadounidense salió de la recesión 2007-2009, el precio del petróleo inició una escalada que lo llevó de 41.73 dólares en enero de 2009 hasta 113.39 dólares en abril de 2011, manteniéndose en el entorno de los 100 dólares hasta junio de 2014. Esto lleva a colocar en la tómbola de pronósticos precios más altos que el valor proyectado en el presupuesto General del Estado.

Ante el posible aumento de precios es muy probable que las autoridades del gobierno dominicano decidan mantener el subsidio a la gasolina, gasoil y gas licuado de petróleo, que actualmente supera los 2,500 millones de pesos mensuales. Si ese evento ocurre, la presión sobre las finanzas públicas sería significativa, llevando a las autoridades a reducir otros gastos públicos, elevar los impuestos o a un mayor endeudamiento.  

El desbarajuste económico de Chile

[Escrito el 19 de octubre de 2021]

Chile, que durante décadas fue la estrella de América Latina, se encuentra al borde de un desbarajuste económico. El desempeño de esa nación fue tan extraordinario y bien percibido por los inversionistas internacionales que, en 2012, logró colocar deuda soberana con una prima de solo 55 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.

Hoy, la situación económica se ha complicado por el populismo y la inestabilidad política, que se ha manifestado, entre otras vías, a través del retiro anticipado del 30% del ahorro previsional de los trabajadores chilenos. Esa decisión, que reducirá el monto de las pensiones a ser recibidas por los trabajadores, provocará que -si se entrega el cuarto retiro- más de cuatro millones de chilenos no reciban ninguna pensión en el futuro.

Por otro lado, el retiro de esos recursos previsionales ha inducido un aumento de la demanda agregada de bienes y servicios, acelerándose el crecimiento del PIB por encima del potencial. Ese evento presiona hacia arriba la tasa de inflación, que está muy por encima de la meta del 3% anual y afectada por el aumento de los precios de los alimentos y combustibles en los mercados internacionales.

El Banco Central de Chile ha aumentado la tasa de interés de política monetaria en diversas ocasiones para reducir la tasa de inflación. En lo que va de año, esa tasa se ha incrementado en 225 puntos básicos, colocándose en 2.75%, proyectándose dos nuevos aumentos antes de que finalice el año. Esa situación monetaria se ha agravado debido a que, la liquidación de títulos financieros para devolver parte del ahorro previsional ha elevado la tasa de rendimiento, presionando hacia arriba la tasa de interés de equilibrio y reducido del financiamiento disponible a 30 años.

El costo del populismo chileno fue previsto por sus economistas. Cabe destacar la opinión del famoso profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Felipe Larraín, sobre las consecuencias de un posible cuarto retiro anticipado de ahorro previsional: “Esto será muy malo para las personas, con mayor inflación, mayor tasa de interés, menores pensiones, y un golpe muy fuerte para los mercados de capitales locales.” A eso le añado la depreciación del peso chileno, que es una de las monedas de la región que peor desempeño exhibe en los doce meses más recientes, colocándose entre 100 y 200 pesos por encima del nivel que se justifica por sus fundamentos económicos.

Dada la experiencia de Chile, que va camino hacia el desbarajuste económico, seguiré mi apostolado en contra del retiro anticipado del ahorro previsional y a favor de la adopción de reformas que modernicen el sistema dominicano de seguridad social.

La curva de Laffer y el ron dominicano

[Escrito el 18 de octubre de 2021]

Arthur B. Laffer, graduado de la Universidad de Stanford y profesor de la Universidad del Sur de California en los Ángeles, California, es un economista estadounidense que fue asesor del presidente Ronald Reagan. A nivel global se le conoce por una curva en forma de U invertida que establece la relación entre la tasa impositiva y el nivel de recaudaciones. La Curva de Laffer propone que existe un nivel de tasa impositiva que maximiza las recaudaciones, por lo cual si se establece una tasa superior a ese nivel crítico las recaudaciones se reducirían.

Un ejemplo de esa afirmación de Laffer se encuentra en el mercado de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. En el año 2012 se modificó la tasa efectiva de tributación de esas bebidas, mediante un significativo incremento del impuesto selectivo específico sobre el litro de alcohol absoluto. Esto provocó que hoy la tasa de tributación efectiva represente el 66% del precio del ron, el 39% del precio de la cerveza, el 36% del precio del vodka, el 35% del precio del whisky y el 35% del precio del vino.

El mayor incremento relativo de los impuestos al ron, con relación a las demás bebidas alcohólicas, provocó que las ventas declaradas de ese producto en la Dirección General de Impuestos Internos cayeran alrededor de un 30%, pasando de 12.6 millones de litros a 8.9 millones de litros en 2017; y todavía en 2020 se colocó un 20% por debajo del nivel de 2012. En contraste, en ese período, el resto de las bebidas alcohólicas expandió su volumen de ventas en un 18%

Ese colapso en las ventas de ron redujo las recaudaciones tributarias por concepto de ron y otras bebidas alcohólicas, excluyendo cerveza. Entre 2012 y 2015 las recaudaciones descendieron en algo más de 17%, tardando seis años en alcanzar el nivel registrado antes del aumento de la tasa de tributación efectiva.

El paquetazo tributario elaborado por el Ministerio de Hacienda pretende incrementar en casi un 50% el impuesto selectivo especifico a las bebidas alcohólicas. Esto aumentaría la brecha entre las tasas de tributación efectiva del ron y del resto de esas bebidas, llevando la tasa efectiva del ron a un 74%, lo cual reduciría el consumo de ese producto en 35%, retrocediendo las recaudaciones en casi 25%. Ese resultado validaría nuevamente la Curva de Laffer.

Los más perjudicados, si se aprueba ese aumento del impuesto selectivo específico, serían los consumidores de menores ingresos, pues son los que adquieren el ron de menor precio y con mayor carga impositiva relativa. Ese resultado violaría el objetivo de equidad de la reforma tributaria, que establece, tal como afirma el presidente Abinader, que debe pagar más impuestos el contribuyente de mayores ingresos. Ante ese incremento de precios, los consumidores de ron de menores ingresos seguirán desplazando su demanda hacia el mercado de ron adulterado e ilegal, acción que en algo más de un año le cobró la vida a más de 400 personas.

Si se quiere recaudar más gravando el consumo de alcohol es mejor aumentar la tasa ad valorem, que toma en consideración el precio del producto y no el contenido de alcohol, evitándose la distorsión en los precios relativos de esos productos que hace que el impuesto sea más regresivo, al recaer principalmente sobre los más pobres.

“Elaboré el paquetazo, mas no lo divulgué”

[Escrito el 15 de octubre de 2021]

En 1933, el doctor Joaquín Balaguer, que en ese entonces trabajaba en la embajada dominicana en España, escribió un libro titulado “Trujillo y su obra” donde, además de realizar una apología del régimen, elogiaba los dotes de orador de Rafael Estrella Ureña. El poeta dominicano Osvaldo Bazil, embajador en París, escribió encantado el prólogo del libro, lo cual desencadenó la ira del Jefe tan pronto llegó la obra a sus manos. Basta con recordar que solo Dios podía anteceder a Trujillo en algo. Bazil, al enterarse de la cólera del mandamás dominicano y metido en miedo, envió presuroso un telegrama al general Trujillo donde aclaraba: “Escribí prólogo, mas no leí libro.”

Dado que la historia ocurre dos veces, como bien expresara Hegel y mejor completase Marx en su libro “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte,” y lo hace una vez como tragedia y otra como farsa, se puede señalar que en la República Dominicana acaba de ocurrir un evento parecido al de 1933. El gobierno actual, al observar la reacción del pueblo dominicano al documento que contiene el paquetazo tributario, que circula como espectro aterrador en las redes sociales, se apresuró a decir, emulando al cauteloso Bazil: “Elaboré el paquetazo, mas no lo divulgué.” 

Es entendible esa reacción, pues el aumento de las tasas impositivas que se incluye en esa propuesta de reforma tributaria perjudicaría principalmente a la clase media. Ese grupo social pagaría mayores impuestos sobre la renta, propiedad, selectivos al consumo e Itbis, que pasaría a llamarse IVA. Esto significa menor ingreso disponible y deterioro de las condiciones de vida de la población, lo cual se agrava si se toma en consideración la inflación importada, que se explica por el aumento de los precios de los combustibles y el deterioro de las cadenas de suministro a nivel global.

Ante esa situación, le recomiendo al gobierno del presidente Abinader que elabore una nueva propuesta impositiva, la cual, cuando la divulguen, pueda ser defendida y bien recibida por la población por ser justa, neutral a las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción, y capaz de reducir la evasión impositiva, pues es muy duro pagar más impuestos mientras muchas otras personas tributan muy poco o no pagan nada.

Esto es muy importante, pues, por lo general, cuando se repite la historia lo hace de manera deprimente. 

Una reforma tributaria distinta

 [Escrito el 14 de octubre de 2021]

La propuesta de reforma tributaria elaborada por el Ministerio de Hacienda -pero no divulgada por el gobierno- es considerada como un paquetazo tributario, que perjudica principalmente a la clase media. Ante esa preocupante realidad, es conveniente que se presente otra opción de reforma, lo cual haré aquí.

Me gusta la idea de bajar las tasas tributarias para aumentar los ingresos del gobierno. Ese es el principio de la teoría de Arthur Laffer, quien promovió durante el gobierno del presidente Ronald Reagan la reducción de las tasas impositivas. De acuerdo con sus planteamientos, el nivel de recaudaciones se incrementaría al reducir las tasas impositivas porque éstas eran tan elevadas que desincentivaban la actividad económica, reduciendo la base imponible. Según Laffer, si se reducían las tasas impositivas habría un aumento de la producción y del empleo, aumentando así la base imponible y las recaudaciones. En consecuencia, la reforma tributaria del gobierno de Abinader pudiera concentrarse en la reducción de las tasas impositivas, olvidándose de los aumentos propuestos, entre otros, de las tasas del impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas o de las tasas del selectivo al consumo.

La reforma del 1992, ejecutada magistralmente por el presidente Joaquín Balaguer, permitió elevar las recaudaciones porque disminuyó la tasa del impuesto sobre la renta de un 73% a un 25%. Y la gente comenzó a pagar más impuestos. Las menores tasas impositivas elevaron el ingreso disponible, el consumo, la demanda agregada y el volumen de transacciones.

Menores tasas y la simplificación del sistema tributario también formalizarían más la economía. Por eso hay que fortalecer el régimen simplificado de tributación, lo cual contradice la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda que pretende reducirlo, llevando a muchas personas físicas a tener que tributar bajo la complejidad actual del impuesto sobre la renta. En vez de promover la formalidad, esa medida del paquetazo promoverá la informalidad y la evasión impositiva.

Impuestos razonables, donde todos paguen su parte, es la clave para un sistema impositivo más justo y mayor capacidad recaudatoria. Por eso hay que hacer que las empresas se formalicen y se reduzca la evasión. Lamentablemente, el paquetazo tributario propuesto por Hacienda va en camino opuesto.

Así las cosas, le recomendaría a los funcionarios y asesores del gobierno que se reúnan con el presidente Abinader y repasen sus planteamientos e ideas sobre la reforma tributaria, las cuales presentó magistralmente en una entrevista que ofreció desde un vehículo durante la pasada campaña electoral.

Un contribuyente más delgado y con piernas fuertes

[Escrito el 13 de octubre de 2021]

El paquetazo tributario elaborado por el Ministerio de Hacienda -pero no divulgado por el gobierno- tendrá un impacto positivo sobre las condiciones físicas de las personas. Por un lado, los habitantes de este territorio perderán el exceso de libras que hayan acumulado por el consumo de calorías líquidas y, por otro lado, se promoverá el ejercicio de caminata, favoreciendo así el sistema circulatorio. Esos resultados serán positivos, pues la reforma tributaria disminuirá la demanda de servicios de salud privada.

El paquetazo establece un impuesto específico de 8.90 pesos por litro de bebida con azúcar añadida. De acuerdo con el documento elaborado por Hacienda, se estima que ese monto de impuesto incrementará en un 14% el precio promedio de los jugos envasados y concentrados, jugos de fruta en polvo, malta y extractos de malta, refrescos, bebidas energizantes e hidratantes y mabí. En la propuesta se menciona que ese impuesto también recaerá sobre los refrescos de dieta, pero me imagino que eso es un error. El gobierno prevé recaudar algo más de tres mil millones de pesos por ese nuevo impuesto, que hará que se pierdan algunas libras que se acumularon por el consumo de calorías líquidas.

Lo saludable no se detiene ahí. El paquetazo tributario aumentará el derecho de circulación de vehículos, lo cual promoverá que las personas caminen más. Actualmente, los vehículos fabricados hasta 2015 pagan por ese impuesto 1,500 pesos al año y los fabricados desde 2016 en adelante pagan 3 mil pesos. En la reforma se establece que los vehículos con valor menor a 10 mil dólares pagarán 2,500 pesos al año y los que superen esa suma pagarán un 1% sobre el valor de mercado. El gobierno estima que recaudará casi tres mil millones de pesos anualmente por ese concepto.

Hay más medidas a favor del fortalecimiento de las piernas. La reforma tributaria incluye un impuesto selectivo de 20% a las importaciones de vehículos de motor, eliminándose el arancel con tasa cero que beneficiaba las importaciones de vehículos provenientes de los Estados Unidos. Y se elimina el tratamiento impositivo preferencial que tienen los vehículos de energía no convencional. Esas dos medidas impositivas, que significan más de seis mil millones de pesos en mayores recaudaciones, elevarán el precio de los vehículos, nuevos y usados en el país.

Algunos piensan que todo lo anterior es muy positivo, pues mejorará la salud de los contribuyentes y de sus familias. Esto cobra una gran importancia si se toma en consideración que los servicios de salud privada serán gravados por el Itbis con la tasa del 16%, que ahora pasará a llamarse IVA. Mientras más saludable se mantengan, mejor para el bolsillo.

Un paquetazo con triple tributación

[Escrito el 12 de octubre de 2021] 

El paquetazo tributario elaborado por el Ministerio de Hacienda -pero no divulgado por el gobierno- aplica dos y tres impuestos sobre el mismo hecho generador o base imponible vinculada. En algunos casos ya existía la doble tributación, pero con esta reforma el peso de la carga tributaria será mayor.

La propuesta de reforma tributaria eleva la tasa de impuesto sobre la renta de las personas jurídicas o empresas de un 27% a un 30%, con lo cual aumentarían las recaudaciones en algo más de 10 mil millones de pesos al año. Si a esa medida se le añade el 10% de impuesto sobre los ingresos por dividendos, se tiene como resultado que el ingreso generado por las actividades empresariales enfrentaría una doble tributación que llevaría la tasa a un 37%.

Las personas físicas de clase media, además de pagar el impuesto sobre la renta salarial, por intereses o dividendos, también pagarán mayores impuestos a la propiedad inmobiliaria. Antes de la reforma se aplicaba una tasa de 1% sobre el valor excedente a los ocho millones de pesos. Después de la reforma se aplicará 0.5% sobre el valor del patrimonio inmobiliario situado entre los cinco millones de pesos y ocho millones de pesos.  Y se mantendrá la tasa del 1% sobre el valor que supere los ocho millones de pesos.

A las personas físicas que tengan un patrimonio superior a los 60 millones de pesos, excluyendo inmuebles, se les gravará con un 1% sobre el excedente de ese monto. Ese impuesto alcanzará el ahorro de las personas físicas colocados en la banca nacional o en bonos, cuyo retorno -que es el ingreso por concepto de intereses- también está gravado. Esto es equivalente a una triple tributación, pues la renta original que permite crear el ahorro paga impuesto sobre la renta; el retorno del ahorro financiero también paga impuesto sobre los intereses; y ahora se gravará con este impuesto el patrimonio acumulado en forma de ahorro financiero.

Algo similar ocurrirá si ese patrimonio está en forma de acciones. El beneficio que obtiene la empresa que emitió esas acciones origina el impuesto sobre la renta; se paga impuesto sobre los dividendos también; y ahora se gravará el patrimonio acumulado en forma de acciones.

Ese impuesto recaerá principalmente sobre aquellos contribuyentes que se acogieron a la ley 46-20 de transparencia y revalorización patrimonial, quienes pagaron una tasa de un 2% para registrar en sus estados financieros el valor actualizado de sus activos. Ya se verá si esos contribuyentes tienen suficiente liquidez para pagar ese impuesto sobre el patrimonio, o si tendrán que liquidar activos.

De la reforma fiscal al paquetazo tributario

[Escrito el 11 de octubre 2021]

Circula por el internet, como espectro aterrador, un documento que contiene un conjunto de medidas tributarias, preparado por el Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Abinader. El análisis de su contenido lleva a pensar que, en vez de una reforma fiscal, las autoridades han preparado un paquetazo tributario que recaerá principalmente sobre la clase media.

Cuando estaban en oposición, los hoy funcionarios, señalaron que se podía ajustar las finanzas públicas reduciendo el gasto superfluo y la corrupción, que se estimó en 129 mil millones de pesos. Esa meta de ahorro fiscal, contenida en el programa de gobierno del PRM, ha demostrado ser irrealizable. En lo que va de año, el ajuste del gasto público ha recaído sobre la inversión pública, que se proyecta termine en el nivel más bajo de las últimas seis décadas. Ante la incapacidad de disminuir el gasto público superfluo, el gobierno ha presentado un paquetazo tributario, que tiene como meta recaudar alrededor de 140 mil millones de pesos.

En la reforma planteada por el gobierno se pretende elevar la tasa marginal máxima del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas que perciban ingresos por encima de 72,260 pesos al mes de 25% a 35%. Esa decisión gubernamental revela que, en vez de reducir la evasión de ese impuesto, que supera el 50%, aumentarán la carga impositiva sobre la clase media que trabaja en el mercado laboral formal. Para colmo, también se modifica el régimen simplificado de tributación para que la mayoría tribute como personas físicas, lo cual provocará que muchos contribuyentes que se habían formalizado y pagan impuestos, decidan moverse a la informalidad y no paguen nada.

La ampliación de la base del Itbis, además de irracional, será otro golpe devastador sobre la clase media. Es irracional porque se propone gravar los servicios de salud privada con el Itbis a la nueva tasa del 16%, mientras que los servicios de salones de belleza y peluquerías se mantendrán exentos. Me parece que es más importante estar vivo y despeinado, que muerto, pero bien peinado y maquillado. Dado que a los pobres se les compensará por la ampliación de la base del Itbis, será la clase media que, en términos relativos, pague la mayor parte de los casi 69 mil millones de pesos que sacará el gobierno de los bolsillos de los contribuyentes por ese concepto.

La pela no termina aquí. Mañana seguiré con la descripción y análisis del paquetazo tributario.

El ahorro previsional óptimo

[Escrito el 8 de octubre de 2021]

El ahorro previsional óptimo es el que se logra a través del sistema de capitalización individual. En el caso de la República Dominicana, el sistema de seguridad social creado por la Ley 87-01 permite que el ahorro previsional del trabajador crezca exponencialmente durante su vida laboral activa, asegurándole una pensión en el futuro que aumenta en función del monto ahorrado.

A diferencia del sistema de capitalización individual, el ahorro en el sistema de pensiones de reparto no crece. Es más, ese sistema no es financieramente viable, por lo que se requiere que el Estado le inyecte continuamente recursos para que se puedan pagar las pensiones a los trabajadores al llegar su edad de jubilación que, por lo general, supera los 65 años. El sistema de pensiones de los cañeros, el de los maestros o el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales son ejemplos de sistemas de reparto financieramente inviables, que no acumularon ni acumulan ahorro previsional.

Otra opción que tienen los trabajadores para tener una pensión en el futuro sería ahorrar de manera independiente, colocando una parte de su salario de manera periódica en una cuenta bancaria. Para determinar cuál de las dos opciones, la de capitalización individual o ahorro independiente, es la mejor, basta con analizar la evolución del ahorro acumulado.

En el caso del sistema de pensiones de capitalización individual, actualmente vigente en el país, se ha acumulado un ahorro previsional en las cuentas de los trabajadores desde 2003 hasta el presente por un monto de 720 mil millones de pesos. De esa suma, 100,800 millones de pesos lo aportó el trabajador; el empleador aportó 230,400 millones de pesos, pues la ley le obliga a colocar el 70% del ahorro que va a la cuenta del trabajador; y la rentabilidad nominal alcanzada por la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) -que ha superado en promedio el 12% anual- generó 388,800 millones de pesos en beneficio de los cotizantes.

Si no hubiese existido ese sistema de pensiones de capitalización individual, y el trabajador dominicano hubiese ahorrado directamente para su vejez, ¿cuánto hubiese acumulado entre 2003 y el presente? Solamente 122,962 millones de pesos; es decir, 597,038 millones de pesos menos que lo ahorrado en el sistema de capitalización individual. ¿Por qué? Porque el empleador no hubiese aportado los 230,400 millones de pesos y la tasa de rentabilidad alcanzada por depositar en una cuenta de ahorro en un banco (2.3%) hubiese sido menos de una quinta parte de la obtenida por las AFP a favor del trabajador.

Las matemáticas son contundentes. El sistema de pensiones de capitalización individual es el óptimo, superando el ahorro independiente y, sobre todo, al sistema de reparto.

Cuidado con tocar al Almirante

[Escrito el 7 de octubre de 2021]

La economía dominicana enfrenta en la actualidad un entorno internacional preocupante. La pandemia del covid-19, el deterioro de la cadena de suministros, el incremento de los precios de bienes e insumos alimenticios básicos, el aumento de los precios de los combustibles y el posible apriete monetario en los países avanzados son choques económicos que atentan contra la estabilidad macroeconómica nacional.

Ante esa realidad, el gobierno del presidente Luis Abinader debe evitar a toda costa que ocurran perturbaciones internas.

En ese contexto, cabe destacar que el Listín Diario recogió hoy en sus páginas la noticia de que el movimiento llamado “Jornada Anticolonial” realizará el próximo 12 de octubre una protesta frente a la estatua del Almirante localizada en la Zona Colonial frente a la Catedral Primada de América. Ese grupo de personas pretende que las autoridades remuevan la estatua del descubridor de América y que sea llevada al Museo de Historia, específicamente a “la sala de colonización.” El objetivo de esa medida, supuestamente, es recuperar la identidad de los pueblos originales, es decir, los indígenas.

Algunos historiadores consideran que el Almirante está estrechamente vinculado con eventos azarosos, haciendo énfasis en que su llegada a América lo fue. Y después de haber alcanzado la cima del nuevo mundo con los más importantes cargos y nombramientos otorgados por los Reyes Católicos, en poco tiempo fue destituido y enviando encadenado a España. De ahí se desprende que su propia vida fue totalmente azarosa.

Por ese motivo, algunas personas, como el doctor Andrés Dauhajre, hijo, piensan que, antes de remover la estatua del Almirante, se deben analizar con mucho cuidado todos los riesgos que podría acarrear esa acción. Y, en base a los resultados que arroje ese análisis, se debe llevar a cabo un amplio debate nacional, que sirva para tomar la decisión menos azarosa posible y que más convenga al pueblo dominicano.  

La reforma fiscal, ¿va o no va?

[Escrito el 5 de octubre de 2021] 

La lectura del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2022 sugiere que la reforma fiscal no se ejecutará el año que viene. Los ingresos corrientes del Gobierno Central por concepto de impuesto apenas ascienden a una suma equivalente a un 13.3% del PIB. Esto implica que no habrá modificaciones o nuevos impuestos, pues ese nivel de ingresos como porcentaje del PIB es el que regularmente se obtiene con el sistema tributario actual.

El resultado financiero del Gobierno Central, que es la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos, arroja un déficit de 174,794.8 millones de pesos, equivalente a un 3% del PIB. El total de ingresos, que incluye ingresos corrientes y de capital, suma un total de 871,485.9 millones de pesos (14.9% de PIB), mientras que los gastos presupuestados ascienden a 1,046.28 millones de millones de pesos, de los cuales 140,706.3 millones serían gastos de capital. 

Para financiar ese déficit se emitirá nueva deuda por 284,079.4 millones de pesos que se utilizará para amortizar deuda pública y disminuir cuentas por pagar por la suma de 109,284.6 millones de pesos. La diferencia entre la emisión de nueva deuda y las aplicaciones financieras que acabo de citar se utilizará para financiar el nuevo déficit del Gobierno Central.  

Al revisar los supuestos utilizados para elaborar el presupuesto se puede llegar a la conclusión de que el déficit presupuestado está subestimado. En ese contexto, cabe destacar que se han considerado precios de los combustibles por debajo de lo que muy probablemente prevalezcan para 2022. En el caso del carbón se proyectó que el precio promedio durante el año que viene será de 76.10 dólares por tonelada métrica, el cual pudo ser correcto si la Central Termoeléctrica Punta Catalina hubiese realizado en marzo pasado la licitación para el suministro de ese combustible. En la actualidad, el precio de la tonelada de carbón supera los 220 dólares, cifra que condicionará parte de la factura de carbón que se pagará en 2022. En el caso del petróleo, pienso que 62.70 dólares por barril como precio promedio para 2022 también está subestimado.

Esto lleva a pensar que las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, el buen amigo, Alfredo Pacheco, sobre la reforma fiscal constituyen la clave. Pacheco afirma que los legisladores comenzarán a estudiar el presupuesto, pero lo harán mientras llega la reforma fiscal que, de acuerdo con el ministro de Hacienda, será enviada en este mes de octubre.

Así las cosas, se puede inferir que la reforma fiscal sí va.

Los ojos abiertos ante la inflación importada

[Escrito el 4 de octubre de 2021]

El Banco Central publicó el informe de la economía dominicana con los datos al mes de agosto de este año. De acuerdo con sus estimados, la actividad económica se expandió en 13% en el período enero-agosto de 2021, proyectándose un crecimiento anual superior al 10%. El aumento de las remesas y la recuperación de los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones de bienes y servicios -entre los que se encuentran los turísticos- permitieron que las reservas internacionales se colocasen a finales de septiembre en el entorno de los 13 mil millones de dólares, equivalente a 14% del PIB.

Debe tomarse en consideración que no todo es color de rosa, pues el entorno internacional ha sufrido un deterioro que debe tomarse en consideración. Hoy, el editoral del Financial Times señalaba que la ruptura de la cadena de suministro, los mayores precios de los combustibles y la escasez de mano de obra son riesgos que deben ser evaluados seriamente por las autoridades monetarias. 

En su comunicado de política monetaria de septiembre, el Banco Central señaló que “la dinámica inflacionaria continúa afectada por choques transitorios de oferta asociados a mayores precios del petróleo y de otras materias primas, así como al incremento de costos globales.” Entre los combustibles que han aumentado significativamente su precio a nivel internacional se encuentran el carbón y el gas natural, que son esenciales para la generación de electricidad del país. La inflación importada ha provocado que la tasa de inflación interanual al mes de agosto en el país se haya colocado en un 7.9%.

Por ese motivo, y ante la fuerte recuperación de la economía dominicana, las autoridades monetarias han indicado que se ha iniciado desde el mes de agosto “el retorno gradual y ordenado de los recursos otorgados durante la pandemia, gestionando activamente los niveles de liquidez de la economía, con el propósito de preservar la estabilidad de precios en un contexto de fuertes fundamentos macroeconómicos.” Ese manejo monetario permite proyectar que la tasa de inflación convergerá al rango meta de 4%±1% en el horizonte de política monetaria.

No cabe duda de que esa frase la colocó en ese comunicado el gobernador Héctor Valdez, quien ha creado una regla de política monetaria -que toma en consideración las condiciones de inflación, crecimiento económico y volatilidad cambiaria- que ha sido fundamental para mantener ancladas las expectativas de inflación y sostener la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana por más de 23 años. Como siempre, el gobernador Valdez Albizu se mantiene alerta y con los ojos bien abiertos. 

El sobrecosto de la licitación de urgencia de carbón

 [Escrito el 1 de octubre de 2021]

Esta semana se abrieron las propuestas de una licitación de urgencia para adquirir 420 mil toneladas métricas de carbón mineral para la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Ese volumen se estaría comprando en adición a las 300 mil toneladas métricas que obtuvo el presidente Abinader gracias a la llamada que le realizó al presidente Duque de Colombia, y que comenzaron a llegar al país desde ayer.

Es altamente probable que el precio promedio de ese carbón sea de 220 dólares por tonelada métrica. Esto significa que el monto total de la factura correspondiente a esas 420 mil toneladas métricas ascenderá a 92.4 millones de dólares.

Esa suma contrasta considerablemente con el valor que hubiese pagado Punta Catalina si se hubiese realizado la licitación oportunamente, es decir, en marzo pasado. Para esa fecha el precio del carbón era de 72 dólares por tonelada métrica, lo cual significa que esas 420 mil toneladas métricas se pudieron haber comprado por 30.24 millones de dólares.

La diferencia millonaria entre esos dos montos es el costo de la incompetencia y la negligencia. El pueblo dominicano tendrá que pagar 62.16 millones de dólares en exceso para adquirir esas 420 mil toneladas métricas, simplemente porque no se realizó en marzo la licitación pública internacional. Espero que esa lección, sumamente costosa, haya sido aprendida y no vuelva a repetirse.   

“Aló, Iván, necesito un favor: consígueme carbón.”

[Escrito el 30 de septiembre de 2021]

El presidente Luis Abinader decidió intervenir personalmente para solucionar el desabastecimiento de carbón que afecta a la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Y lo hizo de manera muy eficiente. Con una llamada directa al presidente de Colombia, Iván Duque, logró que éste le gestionara con suplidores privados de su país cinco embarques de carbón por un total de 300 mil toneladas métricas.  

Esa cantidad permite la operación de Punta Catalina por casi dos meses. Eso le da tiempo suficiente a la actual administración de la planta de concluir el proceso de licitación de urgencia, que inició hace unos días, por 420 mil toneladas métricas. Y se puede señalar que la llamada del presidente Abinader evitará que continúen los apagones que azotaron a la población desde inicios de septiembre, debido a la negligencia en la gestión de compra del carbón.

El precio acordado para los tres primeros embarques fue de 170 dólares por tonelada métrica. Y los dos siguientes se acordaron a un precio que ronda alrededor de 220 dólares por tonelada métrica. Esto significa que el monto total de la factura correspondiente a esas 300 mil toneladas métricas de carbón asciende a 57 millones de dólares, lo cual revela que se pagó un precio promedio ponderado de 190 dólares por tonelada métrica.

Es preciso señalar que el precio que se registró en marzo pasado, fecha en que debió realizarse la licitación pública internacional para contratar el suministro de 1.8 millones de toneladas métricas para Punta Catalina, fue de 72 dólares. Esto significa que esas 300 mil toneladas, que ahora llegan de emergencia y fuera del ámbito de la ley 340-06, hubiesen costado únicamente 21.6 millones de dólares. En consecuencia, la incompetencia mostrada en la gestión de Punta Catalina, que se puso de manifiesto al no realizar oportunamente la licitación para el suministro de carbón, le costó al país un pago adicional de 35.4 millones de dólares por concepto de compra de 300 mil toneladas de carbón.

Así las cosas, el presidente Abinader le sacó las castañas del fuego al ministro Antonio Almonte, pero lo hizo a un alto costo.