El costo de un crecimiento económico reducido

[Escrito el 18 de noviembre de 2024]

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo expresó claramente: la economía de la eurozona debe crecer para que se puedan mantener los programas de bienestar social, así como la inversión en defensa y se pueda instalar una nueva infraestructura consistente con la lucha contra el cambio climático. 

El Fondo Monetario Internacional proyecta que esa importante región del mundo registrará en el año 2024 un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de apenas un 0.8%. Dicho ritmo de expansión contrasta considerablemente con la tasa de un 2.8% que se estima alcanzará Estados Unidos. Muy preocupante es que se estime que, debido el bajo crecimiento de la productividad y a la existencia de una mano de obra envejeciente, la brecha entre el ingreso de Europa y el de Estados Unidos aumente en los próximos años. 

Según Lagarde, en una nota recogida por el Financial Times, la eurozona se enfrenta al riesgo que se desprende de menores recaudaciones tributarias y una mayor deuda pública como porcentaje del PIB. 

El producto de Alemania, el motor de la zona euro, no crecerá este año. El desempeño económico de esa poderosa nación se pudiera deteriorar aún más si se desata una guerra comercial derivada del aumento de los aranceles propuesto por el presidente electo Donald Trump. Cabe recordar que este ha señalado que pudiese aumentar las tarifas que gravan los bienes importados hasta colocar algunas en un 60%. Esa guerra comercial impactaría negativamente no solo a Alemania, sino a toda la zona euro que depende de las exportaciones, lo cual reduciría el ritmo de crecimiento económico.  

El Banco Central Europeo acentuará el cambio de su postura monetaria hacia una política menos restrictiva. Ante el buen desempeño en la lucha contra la inflación, es probable que, aun cuando la Reserva Federal mantenga entre enero y abril sin cambios su tasa de referencia, las autoridades monetarias de la eurozona continúen el recorte de su tasa de política monetaria para estimular el consumo, la inversión y el crecimiento del PIB. 

Para mejorar de forma sostenida el crecimiento, el FMI le recomienda a la eurozona una mayor integración comercial dentro del Mercado Único; un mercado de capitales que apoye los proyectos basados en la innovación que eleven la productividad; y que se ejecute una mayor inversión en obras de infraestructura y conectividad. Algo similar propuso Mario Draghi para mejorar la competitividad de la región. Europa tiene los recursos para hacerlo, ya se verá si tiene la voluntad.   

Bajo el yugo de la restricción presupuestaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 18 de noviembre de 2024.] 

El sueño de toda familia es poseer una vivienda propia, aunque sea mediante un préstamo a veinte años. A pesar de que el gobierno dominicano, bajo distintas administraciones, ha construido decenas de miles de viviendas para facilitarlas a los hogares de menores ingresos y segmentos vulnerables, cuatro de cada diez familias han de vivir en una residencia alquilada porque no perciben ingresos suficientes que les permita comprarla o pagar la cuota del préstamo correspondiente. 

El ingreso disponible y el máximo nivel de endeudamiento posible son dos variables que limitan la capacidad de consumo e inversión de los hogares. Según las preferencias y las restricciones presupuestarias, las personas seleccionan los bienes y servicios deseados hasta lo que les permiten sus recursos. Lo habitual es que una familia diseñe su patrón de consumo priorizando la alimentación, los servicios de salud y educación, la vivienda con los muebles esenciales y el medio de transporte. En caso de que los recursos disponibles (ingresos y financiamiento) no sean suficientes para comprar la vivienda, las familias optan por alquilarla. 

De la misma manera, la capacidad de gasto del Estado también está sometida a la restricción presupuestaria. Milton Friedman, premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Chicago, mostró que el gasto público es igual al total de impuestos que debe pagar el contribuyente. En ocasiones, el gasto público supera los ingresos tributarios, lo que obliga a su financiamiento a través de la emisión de deuda pública. Sin embargo, esos compromisos financieros del Estado se pagan, tarde o temprano, con mayores impuestos. El dictamen de Friedman es preocupante, pues entre los posibles impuestos se incluye también la inflación, que es el más regresivo y distorsionador de todos. 

Al igual que ocurre con los hogares, la restricción presupuestaria lleva al gobierno a distribuir los gastos, sean corrientes o de capital, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. El gasto en salarios de maestros, médicos, militares, policías, jueces, congresistas y otros funcionarios se coloca en primer lugar. El gasto corriente, entre otros, en suministros escolares, medicamentos, pertrechos militares y combustible también se sitúa en una posición prioritaria. Asimismo, existen otros gastos corrientes que se ejecutan de manera regular, pero que podrían eliminarse o reducirse, entre los que destacan las erogaciones por publicidad y los sueldos de empleados públicos que poco contribuyen a la oferta eficiente de servicios. 

La restricción de recursos obliga igualmente a las autoridades a priorizar la inversión pública en función de su tasa de retorno y su aporte al desarrollo económico y social. La inversión en la construcción de escuelas, hospitales, viviendas populares, carreteras, caminos vecinales, medios de transporte urbano masivo, puertos, presas, acueductos, plantas de generación eléctrica y redes de transmisión eléctrica son obras prioritarias. Las citadas infraestructuras y otras más con una tasa de retorno inferior, como son los edificios de oficinas públicas, se ejecutan hasta que se agotan los recursos provenientes de impuestos y financiamiento. 

En el caso de la República Dominicana, el déficit del Gobierno Central para 2025 se proyecta en una suma equivalente a un 3% del producto interno bruto (PIB), lo cual implica que se utilizará un financiamiento neto de 242,870 millones de pesos. El gasto de capital para el año próximo es de apenas 2.3% del PIB, una cifra que representa menos de la mitad de lo que se debería ejecutar en el país para mantener un ritmo de crecimiento económico cercano al potencial. Esto revela que existe una cantidad importante de proyectos de infraestructura que no pueden ser construidos por la falta de recursos. 

¿Qué puede hacer el gobierno si la restricción presupuestaria limita la capacidad de construcción de una determinada obra? Una opción es involucrar al sector privado para que sea este el que se encargue de construir la obra y suplir, a través del Estado, los servicios requeridos. 

El sector eléctrico constituye un claro ejemplo. En 2023, el país utilizó 19 mil GWh de energía eléctrica suministrada por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Dado que el Estado no dispone de recursos suficientes para instalar las plantas generadoras de electricidad necesarias para abastecer toda la demanda, se contrata al sector privado la mayor parte de la generación de electricidad a través de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Esto equivale a costear un “alquiler” a los propietarios de esas unidades de generación eléctrica que incluye el pago de la capacidad instalada disponible, el mantenimiento, el combustible y el beneficio para el propietario. Dichos contratos son de largo plazo, por lo general de 20 años, y originan una obligación de pago anual de decenas de miles de millones de pesos. 

La disponibilidad de oficinas públicas es otro ejemplo. Cuando el Estado necesita ofrecer servicios a la población para cuya prestación requiere de nuevos espacios y el límite presupuestario le impide construir o comprar un edificio, la única manera de solventar el problema es, al igual que hacen los hogares, recurrir al alquiler. 

¿Cuál es la política óptima de alquiler? Si el edificio o espacio que se ha de alquilar es propiedad de los contribuyentes, adquirido a través de las AFP que gestionan sus fondos de ahorro, los pagos que realiza el Estado van directo a las cuentas de capitalización de cada trabajador. Por consiguiente, una parte del dinero de los impuestos regresaría a los bolsillos de los contribuyentes que invirtieron sus ahorros previsionales gestionados por las AFP. 

La opción de alquiler de inmuebles controlados por fondos de inversión propiedad de los contribuyentes es frecuente en otros países. Desde los años sesenta, en Estados Unidos existen sociedades de inversión del sector inmobiliario (REIT, por sus siglas en inglés) que se dedican a la adquisición de inmuebles para alquilarlos tanto al sector privado como al público. Lo mismo ha comenzado a ocurrir en la República Dominicana, lo cual brinda la oportunidad de que el pago por concepto de alquiler en vez de quedarse en manos de un solo propietario se distribuya entre centenares de miles de contribuyentes. En definitiva, esa decisión, al tomar en cuenta el yugo de la restricción presupuestaria, es la óptima.

Las tasas de interés seguirán altas

[Escrito el 14 de noviembre de 2024] 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, informó que esa institución no tiene prisa en reducir la tasa de interés de referencia. Su declaración sugiere que el dato de inflación a octubre dejó claro a las autoridades que el proceso de variación de precios sigue activo. Además, la economía estadounidense mantiene un aceptable ritmo de crecimiento del PIB que pudiese cerrar alrededor de 2.8%. Por tanto, es conveniente ser prudentes respecto al cambio de postura de política monetaria hacia una posición menos restrictiva. 

Powell insinuó que todavía falta trabajo por hacer para que la tasa de inflación, que a octubre se situó en 2.6%, llegue a la meta del 2%. Después del muy probable recorte de 25 puntos básicos que se llevará a cabo en diciembre, que colocará la tasa de interés de referencia en el rango que va de 4.25% a 4.5%, se proyecta que dicha tasa se mantenga sin cambios en las reuniones de enero y marzo de 2025. En base a los datos macroeconómicos que lleguen durante esos meses, se decidirá si en la reunión de abril se sigue o no con el proceso de recorte de las tasas de interés.   

La tasa de rendimiento de las Notas del Tesoro a diez años ha estado sobre una tendencia positiva desde mediados de septiembre, al pasar de 3.62% a 4.44%; una variación de 82 puntos básicos. Eso mueve la curva de rendimiento en Estados Unidos y en el extranjero. 

La República Dominicana también ha sido impactada. Durante el citado período, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos con vencimiento 2033 pasó de 5.59% a 6.23%; un aumento de 64 puntos básicos. 

 Ese entorno limitará la capacidad del Banco Central de seguir con el proceso de reducción de su tasa de interés de referencia. En los primeros trece días de noviembre, la tasa de interés activa promedio ponderado subió a 15.94%, 65 puntos básicos por encima del nivel de octubre. Ese comportamiento de la tasa de interés debe estar asociado con la evolución de las reservas internacionales netas. En los primeros ocho días de noviembre, el Banco Central perdió 224 millones de dólares de sus reservas internacionales netas. Una parte de esa reducción, que disminuye la oferta de dinero, se explica por la intervención que se realiza para mantener lo más estable posible la tasa de cambio del peso frente al dólar. Así las cosas, será difícil que bajen las tasas de interés.

La inflación se mantiene viva en Estados Unidos

[Escrito el 13 de noviembre de 2024]

El alto costo de la vida impactó negativamente sobre el desempeño de Kamala Harris en el reciente proceso electoral. En la administración Biden-Harris los precios se han incrementado en un 20% y hay componentes, como alimentos y otros bienes de primera necesidad, cuya variación es mucho mayor. 

La tasa de inflación interanual a octubre, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor, se colocó en 2.6%, igual al nivel proyectado para ese mes, pero superior al 2.4% de septiembre. La variación del IPC con relación al mes anterior fue de 0.2%, equivalente en términos anualizado a una tasa de inflación de 2.4%. Esto sugiere que, aun cuando se ha reducido mucho en comparación a la tasa del 9.1% de junio de 2022, todavía hay fuerzas en los mercados de bienes y servicios que mantienen la variación de los precios por encima de la meta del 2%. 

La inflación subyacente, la que está estrechamente asociada con la política monetaria, se situó en 3.3%. Esa variación, que se sitúa 1.3 puntos porcentuales por encima de la meta, es igual a la observada en septiembre pasado, lo cual implica un estancamiento del proceso de reducción de la variación de los precios.  

Los analistas afirman que el comportamiento de la tasa de inflación no impedirá que la Reserva Federal reduzca la tasa de interés de referencia en diciembre. En la actualidad, la probabilidad de que dicha tasa sea recortada en 25 puntos básicos es igual a 89%. No obstante, es posible que la decisión que se tome no sea unánime, ya que habrá algunos gobernadores que piensen que es mejor esperar que la política monetaria, que se mantiene en territorio restrictivo, siga reduciendo la tasa de inflación hasta un nivel más cercano a la meta. 

La victoria de Donald Trump ha creado la esperanza de que su gobierno será capaz de mejorar la eficiencia productiva y reducir los precios. Ese resultado sería muy positivo, para Estados Unidos y el resto del mundo. Ojalá lo logre. 

Comprar o alquilar, esa es la cuestión

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 11 de noviembre de 2024.]

El contrato de alquiler firmado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha dado lugar a un debate sobre las ventajas y desventajas de la compra o alquiler de locales para el uso de oficinas públicas.  

En el caso de que el Estado compre o construya el local de oficinas precisaría disponer de cuantiosos recursos para su adquisición. Comprar al contado significa que el total del dinero sale inmediatamente de los bolsillos de los contribuyentes. Si se optara, en cambio, por financiar la compra, sería necesario pagar con impuestos recaudados en el futuro la amortización de la deuda y los intereses generados. Hay que destacar que, en las dos modalidades de compra, el Estado utilizará y mantendrá la propiedad del local, lo que implica una transferencia de recursos de los contribuyentes al Estado.

En el caso de que se decida alquilar un inmueble perteneciente a un fondo de inversión inmobiliario, el flujo de efectivo que debe erogar el Estado es inferior al de una compra. Los contribuyentes que aportan a su cuenta de ahorro previsional podrían, a través de su AFP, adquirir cuotas de participación de ese fondo de inversión.  De esa manera, el pago del alquiler más la apreciación anual que registre el valor del inmueble alimentarían la cuenta de ahorro previsional de los trabajadores, los propietarios reales del inmueble. Esa modalidad permitiría al Estado utilizar el local, mientras que la propiedad quedaría en manos de los trabajadores. En resumen, la opción de alquiler haría que el dinero del contribuyente vaya, con una rentabilidad superior a la que ofrecen los bonos del Estado, al trabajador que invirtió en dicho fondo.

El papel del Estado es suplir servicios públicos y construir, junto al sector privado, las infraestructuras necesarias para el desarrollo económico y social. El Estado no ha de ser un propietario de bienes inmuebles, a menos que sean edificios emblemáticos, como el Palacio Nacional, o que requieran una seguridad especial, como el Banco Central. 

Si se tienen en cuenta los argumentos señalados y las herramientas financieras, se puede evaluar si está justificado o no el contrato de alquiler firmado por la OGTIC, que es la entidad responsable de la política transversal de las tecnologías de la información (TIC) en el Estado Dominicano. Para ofrecer los servicios a la población, dicho organismo decidió alquilar 3,927 metros cuadrados de oficinas terminadas y amuebladas en la Torre Vista 311, que se encuentra en el sector Bella Vista del Distrito Nacional, luego de realizar un proceso de contratación dentro del marco de la Ley 340-06. El edificio es propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, que es gestionado por la Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas), una institución del Estado Dominicano. 

La AFI Reservas creó el citado fondo de inversión y las AFP, con recursos de cientos de miles de cotizantes, adquirieron cuotas de participación en el fondo para que este comprase varios edificios, entre ellos la Torre Vista 311. Esto implica que los trabajadores dominicanos son los propietarios del edificio que se adquirió y se alquiló a la OGTIC por un periodo de diez años y nueve meses de adecuación previa. La operación financiera significa claramente que en vez del contribuyente pagar impuestos al Gobierno para que este compre y posea el inmueble, es el trabajador quien invierte a través de la AFI Reservas, obteniendo un retorno anual que se acumula en su cuenta de capitalización individual. 

El precio del espacio correspondiente a 3,927 metros cuadrados ascendía en el momento de realizar el contrato a 1,043.9 millones de pesos. Dado que actualmente las finanzas públicas tienen un déficit de alrededor del 3% del PIB, el gobierno hubiese tenido que emitir deuda a través del Ministerio de Hacienda para obtener los recursos para la adquisición. 

Si se asume un financiamiento a la tasa de rendimiento de los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda a diez años, por ejemplo, un 10%, se calcula que por el préstamo de 1,043.9 millones de pesos el gobierno hubiese tenido que abonar en 129 meses una suma de 1,707.6 millones de pesos. A esa cantidad hay que añadir el costo del mantenimiento durante ese período, estimado en 136.8 millones de pesos sin ITBIS y 90.3 millones de pesos de seguros, lo que asciende a 1,934.7 millones de pesos. Esto implicaría un pago promedio mensual de 15 millones de pesos. 

El contrato de alquiler establece una suma por concepto de arrendamiento, mantenimiento y adecuación de espacios durante un período de diez años y nueve meses por 1,440.3 millones de pesos. A ese monto hay que descontarle el ITBIS (216.9 millones de pesos) y dos meses de depósito de alquiler (15.7 millones de pesos), de esa manera se obtiene un total de 1,207.7 millones de pesos. Esto arroja un pago promedio mensual de 9.4 millones de pesos, equivalente a 0.9% del valor del inmueble. 

En el primer año del contrato, el precio del arrendamiento por metro cuadrado es de 33 dólares, suma que incluye el costo de acondicionamiento y mobiliario, a lo cual se le añade 5 dólares por metro cuadrado por mantenimiento, para un monto total de 38 dólares (sin ITBIS) por metro cuadrado. Esa cantidad está dentro del rango para inmuebles similares amueblados. A partir del segundo año, el alquiler en pesos se ajusta anualmente a una tasa de 2.5%. Considerando una tasa de depreciación del peso de 3% anual, los 38 dólares disminuirían hasta situarse en 34.23 dólares por metro cuadro al final del décimo año de alquiler. 

En conclusión, la diferencia entre los pagos mensuales por la operación de compra y la de alquiler durante el período analizado asciende a 727 millones de pesos. Ese ahorro de flujo de efectivo generado por la opción de alquilar permitiría al Gobierno invertir más en actividades que fortalezcan el capital humano y físico de la nación, impulsando el crecimiento económico potencial. Respecto a la propiedad del inmueble, aunque el Estado no la tenga, esta quedaría en manos de quien está por encima del mismo: el pueblo dominicano. 

La Reserva Federal vuelve a bajar

[Escrito el 7 de noviembre de 2024]

El banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, aprobó hoy de manera unánime un recorte de 25 puntos básicos a la tasa de interés de política monetaria. Dicho ajuste se añade a la reducción de 50 puntos básicos aprobada en septiembre para colocar la tasa de interés de referencia en el rango que va de 4.5% a 4.75%. 

La decisión de la autoridad monetaria estadounidense revela que se proyecta que la tasa de inflación se encuentra bajo control. Medida por el Índice de Precios al Consumidor, la tasa de inflación interanual a septiembre se colocó en 2.4% y medida por el Índice de Precios de Gastos de Consumo se situó en 2.1%. Como se puede observar la inflación se encamina hacia la meta del 2%. 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, declaró que “Nosotros estamos comprometidos con mantener la fortaleza de nuestra economía.” Esto es una clara evidencia de que las autoridades tienen como meta reducir la inflación, al mismo tiempo que se logra que la tasa de crecimiento del producto interno bruto se mantenga en el entorno del 2.8% que se proyecta para 2024 y que la tasa de desocupación, actualmente en 4.1%, siga cerca del pleno empleo. 

Powell no quiso hablar de lo que se puede esperar de la política económica de Donald Trump.  “Nosotros no adivinamos, nosotros no especulamos, nosotros no asumimos” cuáles serán las medidas económicas que implementará el presidente electo. Lo que se sabe es que Trump prometió que adoptará medidas de rebaja de impuestos, aumento de subsidios a sectores industriales, incremento de aranceles y apriete de los flujos migratorios que pudieran afectar los costos y, en consecuencia, elevar la tasa de inflación. Ese tipo de política le hará más difícil el trabajo a Jerome Powell, quien dijo que no abandonará su cargo hasta mayo de 2026. 

De nuevo Donald Trump

[Escrito el 6 de noviembre de 2024] 

El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump para que sea el presidente No. 47. Hasta ahora lleva 295 votos electorales contra 226 que ha ganado la candidata demócrata, Kamala Harris. Es el segundo candidato en la historia de esa poderosa nación en ser reelecto a la Casa Blanca para un período no consecutivo. 

El resultado electoral confirma que la población está molesta con la Administración Biden. El tema de los altos precios de bienes y servicios dominó la campaña electoral y Kamala no pudo explicar cómo enfrentaría el alto costo de la vida. La mayoría del país quería un cambio y así lo expresó en las elecciones presidenciales. El mensaje de “Hacer América grande de nuevo” llegó a todo tipo de votantes. 

El excesivo flujo migratorio irregular permitido bajo el gobierno de Biden también impactó negativamente a Kamala. Trump fue muy directo en ese tema: la excesiva inmigración irregular incluso golpea a los inmigrantes residentes, pues los desplaza de sus puestos de trabajo y presiona la demanda de servicios sociales. El presidente electo prometió que controlaría la frontera para resolver la inmigración ilegal, lo cual se percibe como una marca que lo distingue. Mientras, Kamala no pudo vender una idea clara de que cómo resolvería ese problema en caso de ser electa. 

Los mercados financieros recibieron muy bien la victoria de Donald Trump. El Dow avanzó 1,508 puntos, equivalente a un incremento del 3.6%. El S&P 500, que tiene una mayor representatividad de la economía de Estados Unidos, se incrementó un 2.5%. Y el Nasdaq, que agrupa las principales empresas tecnológicas, subió casi un 3%. Las acciones de Tesla, empresa dirigida por Elon Musk, el multibillonario que apoyó abiertamente a Trump con sus millones e imagen, subió como si fuera un cohete de SpaceX, cerrando con una variación de 14.8%. Después que pase la euforia de la victoria, se verá si el mercado sigue siendo tan optimista con el segundo mandato de Donald Trump. 

¿Inflación o desempleo?

[Escrito el 5 de noviembre de 2024] 

El proceso electoral de Estados Unidos se concentró en el debate económico y migratorio. 

Desde el punto de vista económico, destaca la inflación y el alto nivel de precios. Los votantes están molestos con la Administración de Biden y, por tanto, con Kamala Harris porque no ha podido reducir el nivel de la factura del supermercado. Kamala ha señalado que en su gobierno enfrentará el agiotismo mediante controles de precios. La mayoría de los votantes no aceptó esa idea como buena y válida. 

Hay que reconocer que el trabajo de la Reserva Federal ha sido bueno. Logró reducir la inflación y colocarla cerca de la meta del 2% sin provocar recesión y desempleo. Se proyecta que la economía de Estados Unidos cerrará con un crecimiento de 2.8% y la tasa de desocupación con un nivel cercano al 4.2%. Al comparar con otras naciones avanzadas, los datos de crecimiento son los mejores. 

En esta ocasión, la población votante le ha dado una gran importancia al nivel de precios. Por lo general se le da más peso a la situación del mercado laboral, pues un aumento del desempleo significa que la persona pierde la totalidad del ingreso, mientras que un aumento de precios significa que pierde una parte del poder adquisitivo. 

Si Kamala pierde frente a Trump, se confirmará que con los precios no se juega. A menos, hasta que se registre un choque económico que provoque un aumento de la tasa de desocupación. Puede ser que en esa situación los precios queden en un segundo plano. 

Si Trump pierde frente a Kamala, quedará demostrado que su negatividad tan significativa superó el malestar que siente el votante por los altos niveles de precios. 

En pocas horas se sabrá cual preferencia fue la dominante. 

¿Kamala o Trump?

[Escrito el 4 de noviembre de 2024]

El pueblo estadounidense elegirá mañana 5 de noviembre a su próximo presidente o presidenta. Ambos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, llegan al día de las elecciones con una tasa de rechazo superior al 50%. A la fecha actual, no se sabe quién saldrá electo. Ninguno es considerado como el mejor, sino como el menos malo. 

La mayoría de la población piensa que Estados Unidos va por mal camino. Según recientes encuestas, el 64% de los votantes considera que la Administración Biden, a la cual pertenece la vicepresidenta Kamala Harris, lleva la nación por el camino equivocado. A pesar de que Kamala ha intentado alejarse de Biden, no lo ha conseguido. 

Expertos afirman que un candidato republicano normal, es decir, que no tenga la negatividad de Trump, podría ganar las elecciones con una ventaja de 10 puntos. Asimismo, afirman que, si el partido Demócrata tuviese un mejor candidato o candidata frente a Trump, pudiera ganar fácilmente las elecciones a pesar de la mala imagen del gobierno de Joe Biden. 

A la República Dominicana le conviene que Estados Unidos pueda seguir con un buen ritmo de crecimiento económico y baja tasa de desocupación. Cabe recordar que el 83% de las remesas familiares que se reciben, el 38% de los pasajeros extranjeros que llegan por vía aérea, el 30% de la inversión extranjera y la mayor parte de los capitales que se utilizan para adquirir los bonos soberanos dominicanos se originan por decisiones de agentes económicos residentes en Estados Unidos. Ese tipo de interrelación provoca que, por cada punto porcentual que crece dicha economía, la dominicana se expanda entre 1.7 y 2.2 puntos porcentuales. 

Si gana Kamala, a la República Dominicana le convendría que ésta modifique la política de la Administración Biden sobre los inmigrantes haitianos. Hay que recordar que, en noviembre de 2022, dicha Administración acusó al país de ser racista en contra de los visitantes estadounidenses de color y de ser esclavista contra la mano de obra haitiana, lo cual llevó a una sanción que le prohibió al Central Romana exportar azúcar a territorio estadounidense. 

Si gana Trump, a la República Dominicana le convendría que se respete el acuerdo de libre comercio que permite la entrada de bienes dominicanos libre de aranceles a Estados Unidos. Además, que su política migratoria permita la inserción regular de mano de obra extranjera, en especial a la dominicana, al mercado laboral, lo cual asegurará fuentes de ingreso a esa población y apoyaría el crecimiento económico de la nación más poderosa de la tierra. 

¿Por qué no bajan las tasas de interés?

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 4 de noviembre de 2024.]

La tasa de interés de referencia es la principal herramienta de la política monetaria. A través de su nivel y variaciones, el Banco Central define su postura monetaria y envía una señal de que influirá sobre la oferta de dinero con el fin de que las tasas de interés de mercado se muevan en la misma dirección y con una magnitud similar. Mediante esos instrumentos, el organismo emisor trata de cumplir la meta de inflación, al mismo tiempo que reduce la volatilidad excesiva de la tasa de cambio y estimula el crecimiento del producto interno bruto (PIB), siempre que esto último no comprometa la meta inflacionaria.  

Estudios empíricos han cuantificado la estrecha relación entre la tasa de interés de referencia y las tasas de interés de mercado. Sin embargo, en la actualidad, la tasa de política monetaria, que se acaba de reducir por tercer mes consecutivo en 25 puntos básicos, registra una pérdida de su influencia sobre el resto de las tasas de interés. A pesar de que entre mayo de 2023 y octubre de 2024 el Banco Central la disminuyó en 225 puntos básicos y llevó a cabo un programa de inyección rápida de liquidez por 200 mil millones de pesos, el impacto sobre las demás tasas de interés ha sido prácticamente nulo. 

Durante el período mencionado, la tasa de interés pasiva promedio ponderado pasó de 10.36% a 10.32%. Ese movimiento significa que la reducción de 225 puntos básicos apenas provocó una disminución de 4 puntos básicos en la tasa pasiva. Es preciso destacar que la tasa de interés pasiva, cuyo promedio histórico antes de la pandemia del covid-19 apenas superaba la tasa de interés de referencia en 83 puntos básicos, a octubre de 2024 se distanció en 407 puntos básicos. 

Si se compara con la tasa de interés interbancaria, cuyo nivel histórico se colocaba 89 puntos básicos por encima de la tasa de interés de referencia, se observa también una desviación anómala. A octubre de este año, la tasa interbancaria alcanzó el 12.27%; es decir, 602 puntos básicos por encima de la tasa de referencia vigente y 90 puntos básicos más que el nivel que registró en mayo de 2023. Los datos demuestran que en los últimos 17 meses las dos tasas de interés se movieron en dirección contraria, comportamiento que resulta, a todas luces, incoherente. 

Por otro lado, la tasa de interés activa promedio ponderado descendió de 15.89% en mayo de 2023 a 15.40% en octubre de 2024, una reducción de apenas 49 puntos básicos. Esto significa que, por cada 4.6 puntos básicos que se redujo la tasa de política monetaria durante ese período, la tasa de interés activa apenas disminuyó un punto básico. Una conducta que contrasta con la evidencia empírica observada antes de la pandemia, cuando ambas variables solían moverse con una magnitud similar. 

Sobre la base de estudios econométricos que han cuantificado el rezago del efecto de la tasa de política sobre el mercado financiero, se puede afirmar que, entre mayo de 2023 y octubre de 2024, las tasas de interés (activa, pasiva e interbancaria) debieron que haberse reducido por los menos en 200 puntos básicos. 

Dado que la tasa de inflación esperada es del 4%, puede estimarse que la tasa de interés activa ajustada por la variación de precios supera el 11%, nivel que afecta negativamente la inversión y el consumo. El sector de la construcción, que representa cerca del 15% del PIB, es especialmente sensible a las tasas de interés. A pesar de que el Banco Central no publicó la variación sectorial del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de septiembre, las tasas sectoriales de ese mes se pueden estimar a partir de los datos acumulados del IMAE a agosto y septiembre. El resultado de ese análisis revela que la tasa de crecimiento del sector de la construcción descendió drásticamente, pasando del 6.9% en agosto a casi 0% en septiembre. Ese comportamiento sugiere que dicha actividad económica, que impacta de manera importante en el resto de la economía, comienza a reflejar los efectos negativos de las altas tasas de interés reales.

Recientemente, representantes de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) advirtieron que el aumento de las tasas de interés registrado desde 2023 ha provocado una reducción en las ventas de unidades habitacionales entre un 35% y un 40%, sobre todo de viviendas de bajo costo. Por ello, solicitaron al Banco Central una liberación de liquidez que permita conceder nuevos préstamos, a tasas de interés bajas, al sector de la construcción. Antes de que se implemente alguna medida monetaria que logre disminuir la tasa de interés, es muy probable que la actividad del sector se reduzca.

El Banco Central, la institución de política económica con mayor credibilidad de la República Dominicana, debe examinar de manera rigurosa cuáles son los factores que explican la pérdida de influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre el resto de las tasas de interés. 

La venta de reservas internacionales como instrumento de estabilización de la tasa de cambio es un factor que merece un estudio profundo, ya que reduce la liquidez y obliga a los bancos a incrementar las tasas de interés. Entre julio y octubre de 2024 se perdieron reservas internacionales por más de 1,553 millones de dólares, una reducción que en gran medida se explica por las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. Esa política disminuyó la liquidez del sistema financiero y presionó al alza las tasas de interés de mercado, lo cual contrarrestó la influencia que hubiese tenido la disminución de la tasa de interés de referencia.

Finalmente, existen otros factores, tanto externos como internos, que han de ser recalibrados en la “función de reacción” del Banco Central para fortalecer la efectividad operativa de la gestión de los agregados monetarios. Ese ajuste permitiría influir de manera óptima en la liquidez del sistema financiero y asegurar que las tasas de interés de mercado se muevan en la misma dirección y magnitud que la tasa de interés de referencia. 

Estados Unidos es resiliente

[Escrito el 30 de octubre de 2024] 

La economía de Estados Unidos ha demostrado tener una extraordinaria capacidad de adaptarse y enfrentar exitosamente choques negativos e inesperados. El Departamento de Comercio reveló hoy que el producto interno bruto (PIB) de esa poderosa nación registró una variación de 2.8% en el tercer trimestre de 2024. Ese resultado le da soporte a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que indican que la tasa de crecimiento del PIB se situará para el año completo en 2.8%. 

A pesar de que el desempeño del tercer trimestre se colocó por debajo del 3% alcanzado en el segundo trimestre, se puede señalar que las autoridades lograron reducir la inflación sin que el aumento de la tasa de interés provocase una recesión. El mercado laboral se mantiene en torno al pleno empleo, con una tasa de desocupación de 4.1%, y el consumo sigue con un comportamiento positivo. Dicho desempeño económico contrasta con lo observado en la eurozona, cuyo PIB apenas crecerá 0.8%. Y peor es lo que se proyecta para Alemania, el motor de Europa, que no crecerá en 2024.  

Los candidatos presidenciales, Donald Trump y Kamala Harris, han delineado propuestas de política económica con el potencial de crear serias distorsiones. El primero afirma que aumentará los aranceles y reducirá la inmigración ilegal. Los expertos indican que ese tipo de política de Trump aumentará los costos, acelerará la inflación e impactará negativamente el crecimiento del PIB. La segunda habla de controles de precios y un aumento de los impuestos a las grandes riquezas y ganancias de capital. Analistas sostienen que esas medidas de Kamala repercutirán negativamente sobre el crecimiento de la economía. La resiliencia de la economía de Estados Unidos queda demostrada al alcanzar una notable expansión, aun cuando el próximo presidente o presidenta exhibe un discurso de política económica inconsistente con un elevado ritmo de crecimiento económico. 

A la República Dominicana le conviene que la expansión del PIB de Estados Unidos continúe, ya que las remesas, los ingresos por turismo y las exportaciones de zonas francas y de bienes tradicionales alcanzan buenos números cuando Estados Unidos se encuentra en la fase expansiva del ciclo económico. 

Contra la evasión, liberen a los Agentes de Percepción

[Escrito el 28 de octubre de 2024]

El Código Tributario establece la figura del Agente de Percepción como un poderoso instrumento para enfrentar la evasión tributaria que se origina en el mundo informal. Cabe recordar que alrededor del 55% de los agentes económicos se gana la vida en actividades informales, las cuales no cumplen los requisitos de las normativas tributarias, de seguridad social y laborales.  

De acuerdo con el Artículo 8 de dicho código, “los Agentes de Percepción, son todos aquellos sujetos que por su profesión, oficio, actividad o función se encuentran en una situación que les permite recibir del contribuyente una suma que opera como un anticipo del impuesto que, en definitiva le corresponderá pagar, al momento de percibir cualquier retribución, por la prestación de un servicio o la transferencia de un bien.” 

A seguidas se añade que ese agente tiene “la facultad de adicionar, agregar o sumar al pago que reciben de los contribuyentes, el monto del tributo que posteriormente deben depositar en manos de la Administración Tributaria.” 

Con el uso del Agente de Percepción, el gobierno dominicano pudiera reducir significativamente la evasión del ITBIS, que se estima se mueve alrededor del 47%. Si las autoridades designan a la Dirección General de Aduanas y a las 30 principales empresas manufactureras o mayoristas que venden a los negocios de comercio minorista informal, pudieran cobrar el monto de ITBIS correspondiente a la aplicación de ese impuesto al valor agregado que tiene ese negocio. 

Por ejemplo, una empresa manufacturera que sea un agente de percepción le emitiría al colmado una factura que incluirá el precio de venta más el monto que le tocaba pagar por concepto de ITBIS y de Impuesto sobre la Renta si hubiese cumplido sus obligaciones tributarias. El resultado sería una reducción de la evasión y un notable aumento de las recaudaciones sin que sea necesario aprobar una reforma fiscal que modifique el Código Tributario.

Inteligencia artificial contra la evasión impositiva

[Frente al Statu Quo. Publicado en el Diario Libre el 28 de octubre de 2024.] 

El retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional llevará al Gobierno a tomar otras medidas de gastos e ingresos que mejoren las finanzas públicas. El objetivo es asegurar un saldo fiscal que no se desvíe excesivamente del que se hubiese alcanzado con la reforma propuesta por el Ministerio de Hacienda. 

En cuanto al gasto, es casi seguro que las autoridades eliminen los programas y proyectos que se hubiesen financiado con los 122 mil millones de pesos de ingresos proyectados en la reforma tributaria. Entre dichos programas se pueden citar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la mejora de la atención primaria en salud. A menos que haya un aumento de la deuda, tampoco se realizarán las obras de transporte masivo ni las inversiones para optimizar la distribución y comercialización eléctrica. En el corto plazo, no habrá recursos tributarios adicionales que permitan un aumento significativo de la inversión pública. 

La aplicación estricta de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un límite al crecimiento del gasto corriente igual al 3% más la tasa de inflación, presionará a la baja el gasto total como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Es probable que el Gobierno continúe el proceso de racionalización del gasto público a través de la reestructuración y achicamiento del Estado. Las partidas de gasto que se consideren no prioritarias, como la publicidad, el “Barrilito” o el financiamiento de los partidos políticos, podrían ser recortadas. 

Respecto a los ingresos, la Administración Tributaria intensificará su lucha contra la evasión impositiva. Se ha estimado que una mejora de la eficiencia en la gestión tributaria puede incrementar las recaudaciones en 4 puntos del PIB. Actualmente, dicha administración no dispone de los recursos humanos suficientes para realizar un masivo programa de auditorías a los grandes y medianos contribuyentes. Por tanto, es imprescindible el uso de tecnologías modernas que permitan maximizar la eficiencia de las inspecciones y eleven la percepción de riesgo de ser detectado por delito fiscal. 

El uso de la información digitalizada es fundamental para reducir la evasión. La implementación de la factura electrónica en todas las actividades, junto con el empleo de aplicaciones informáticas que posibiliten un seguimiento en tiempo real de las operaciones comerciales, financieras y crediticias de los agentes económicos, generaría información que serviría de insumo para los modelos de inteligencia artificial. 

Un sistema eficaz de análisis de datos aprovecha al máximo toda la información económica de los contribuyentes y de aquellos que deberían serlo, para determinar el valor esperado del nivel de recaudaciones provenientes de los impuestos sobre la renta, ITBIS, selectivos y arancelarios que habrían de pagar si cumpliesen totalmente con sus obligaciones tributarias. En el ámbito de la ciencia de datos, existen algoritmos supervisados y no supervisados (redes neuronales, aprendizaje automático y aprendizaje profundo), que se entrenan con los datos disponibles para identificar de manera objetiva y rigurosa comportamientos y patrones que facilitan la agrupación y clasificación de las actividades con alta probabilidad de ser consideradas evasión impositiva.  

Los modelos de inteligencia artificial deben desplegarse tanto en la Dirección General de Aduanas como en la Dirección General de Impuestos Internos, instituciones que, al fusionarse, podrían maximizar sinergias para una gestión fiscal más eficiente. El objetivo es calcular la probabilidad de eventos de evasión y estimar el monto de impuestos correspondiente a cada caso. Dichos modelos detectan los esquemas de contabilidad creativa, que son utilizados por grandes contribuyentes con la ayuda de expertos tributarios para reducir la base imponible y, por tanto, el pago de los impuestos. 

 La identificación de discrepancias contables basadas en patrones sistemáticos asociadas a posibles actos de evasión daría origen a auditorías. La eficiencia de las inspecciones aumentaría, ya que los modelos de inteligencia artificial estimarían un monto promedio de evasión que serviría de referencia para contrastar con los hallazgos que encuentren los auditores. En caso de que un auditor reportase un monto significativamente inferior al estimado por el modelo, se realizaría una nueva inspección para verificar posibles errores con el fin de corregirlos de inmediato. 

La lucha contra la evasión tiene que focalizarse inicialmente en los grandes contribuyentes, puesto que la detección y penalización de cada uno de ellos genera un retorno mayor que el que se obtendría de la identificación de cien contribuyentes menores. Esto no significa que los pequeños contribuyentes puedan pasar por debajo del radar sin ser detectados. Los modelos de inteligencia artificial tienen la capacidad de localizarlos por igual, pero teniendo en cuenta los recursos limitados de la Administración Tributaria, resulta óptimo comenzar con los agentes económicos más grandes, a quienes se les aplicaría severas multas y sanciones penales. Además, los ingresos tributarios obtenidos servirían para ampliar y fortalecer la capacidad de fiscalización a los demás contribuyentes. Las sanciones contra la evasión deben extenderse a los expertos contables y financieros que asesoran a los grandes evasores fiscales. 

La detección y posterior penalización de los evasores de grandes fortunas constituye un ejemplo disuasorio para el resto de los agentes económicos. Cuando en 1987, el fiscal Luis Jordana de Pozas solicitó dos años de prisión y una multa de 50 millones de pesetas para la afamada artista Lola Flores, por haber defraudado a Hacienda por 28 millones de pesetas, toda España se percató de que cualquiera, incluso “La Faraona,” podría ser sancionado por delito fiscal. A partir de ese momento, que supuso un punto de inflexión en la lucha contra el fraude fiscal, el cumplimiento tributario aumentó de manera significativa. Las condenas de otras figuras mediáticas, como Leo Messi y Shakira, o de empresas multinacionales, como el grupo Cemex, “por simular pérdidas para rebajar sus obligaciones fiscales,” resultaron ejemplarizantes.

Las finanzas públicas pueden fortalecerse y mejorar su credibilidad si las recaudaciones tributarias aumentan mediante el control y la reducción de la evasión fiscal. Los agentes económicos se darán cuenta de que todos han de cumplir con sus obligaciones tributarias, pues de lo contrario recibirán duras sanciones. Esto, sumado a una estructura eficiente y equitativa del gasto público, acentuará la percepción por parte de los contribuyentes de que cada peso que aporta en forma de impuestos redunda en su nivel de bienestar. 

Recomendaciones del FMI para reducir la deuda

[Escrito el 24 de octubre de 2024]

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que la deuda pública global se encuentra en un nivel muy elevado. Según sus estimaciones, dicha deuda superará este año los 100 millones de millones de dólares, equivalente a un 93% del PIB. Y proyecta que seguirá subiendo a menos que se adopten medidas por el lado de los ingresos y de los gastos que mejoren el saldo de las finanzas públicas. 

La principal preocupación del FMI se desprende del sesgo hacia el gasto público que se observa en los países. La población demanda constantemente mayores bienes y servicios públicos, pero no está dispuesta a pagar mayores impuestos. Los técnicos del Fondo estiman que, en un escenario adverso caracterizado por un bajo ritmo de crecimiento económico, la deuda podría subir 20 puntos del PIB, colocándose en 115% del PIB en 2026.  

Un elevado porcentaje de la deuda aumentaría la prima de riesgo de la deuda soberana. Esto se traduciría en mayor tasa de interés, lo cual incrementaría el gasto corriente por concepto de intereses y se crearía un círculo vicioso en contra de la sostenibilidad fiscal. 

El Fondo estima que para estabilizar o reducir la deuda se necesita un ajuste fiscal acumulado de 3% a 4% del PIB. 

A los países en desarrollo, el FMI le recomienda incrementar las recaudaciones mediante una mejora de la eficiencia de la administración tributaria que reduzca la evasión. También exhorta a que se tomen medidas que amplíen la base imponible y reduzca la informalidad. Por el lado del gasto, recomienda la racionalización del gasto en salarios, la focalización de los subsidios y el sostenimiento de la inversión pública para que el ajuste sea compatible con un adecuado ritmo de crecimiento del PIB. 

La posposición del ajuste fiscal aumentará la necesidad de un ajuste futuro más fuerte. La población debe entender esa realidad y mantener la confianza en el programa de medio término fiscal que debe ser presentado por las autoridades. El FMI recomienda un ajuste fiscal gradual, pero sostenido, que permita la mejora del saldo de las finanzas públicas y el desmonte de la deuda pública sin afectar excesivamente la demanda agregada y el bienestar de los grupos más vulnerables. 

Las nuevas proyecciones del FMI

[Escrito el 23 de octubre de 2024]

El Fondo Monetario Internacional publicó su informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial actualizado a octubre 2024. En dicho documento se proyecta que la tasa de crecimiento mundial seguirá siendo relativamente baja. Hay excepciones, como Estados Unidos, pero la mayoría muestra una tasa de crecimiento del producto interno bruto por debajo del ritmo histórico. 

El producto mundial crecerá un 3.2% en 2024 y a un ritmo similar el año próximo. En 2024, las economías avanzadas apenas se expandirán en un 1.8%, mientras que las emergente y en desarrollo lo harán en un 4.2%. 

De los países avanzados destaca Estados Unidos con una tasa de expansión de 2.8%. Solo España alcanzaría un mejor desempeño, con una variación de 2.9%. En contraste, Alemania, la principal economía de la eurozona, no crecería este año. El producto interno bruto (PIB) de Francia e Italia, registraría un crecimiento de 1.1% y 0.7%, respectivamente. Ese pobre desempeño llevará a la eurozona a crecer apenas 0.8%. 

La India mantiene un buen comportamiento económico, con una tasa de crecimiento de 7%, superior al 4.8% de China. 

América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento decepcionante, al situarse su tasa de variación en 2.1%.  Se proyecta que el crecimiento de México se desacelerará a 1.5%, la mitad de la expansión de Brasil. 

El Fondo proyecta que la República Dominicana crecerá muy por encima del promedio de América Latina. Según el informe de perspectivas mundiales, el PIB dominicano se expandirá en 5.1% en 2024. Esa proyección se basa en los datos disponibles a agosto, pero es muy probable que en el último trimestre del año la economía se desacelere y cierre el crecimiento en un nivel comprendido entre 4.5% y 4.7%. 

Lo que viene después del retiro de la reforma

[Escrito el 21 de octubre de 2024] 

El retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional llevará al gobierno a tomar medidas por el lado del gasto y el de los ingresos que compensen las finanzas públicas. El objetivo es asegurar un saldo fiscal que no se desvíe mucho del que se iba a registrar con las medidas tributarias propuestas por el Ministerio de Hacienda. 

Por el lado del gasto, es casi seguro que se eliminarán los programas y proyectos que se hubiesen ejecutado con los 122 mil millones que se iban a recaudar. Entre los programas que no se ejecutarán se pueden citar el de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el de mejora de la atención primaria en salud. Tampoco se ejecutarán las obras de transporte público masivo ni las inversiones para mejorar la distribución y comercialización eléctrica. 

La aplicación estricta de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un límite al crecimiento del gasto corriente igual a 3% más la inflación, presionará a la baja el gasto total como porcentaje del PIB. En adición, es probable que el gobierno continúe el proceso de racionalización del gasto público a través de la reestructuración y achicamiento del Estado. 

Sobre partidas de gastos que sean consideradas como no prioritarias, es probable que se ejecuten recortes. La semana pasada presenté varios ejemplos de gastos que se podrían eliminar o, por lo menos, recortar de manera importante. 

Por el lado de los ingresos, pienso que la administración tributaria intensificará su lucha contra la evasión. Se ha estimado que una mejora de la eficiencia en la gestión tributaria podría incrementar las recaudaciones en 4 puntos del PIB. 

El uso de la información digitalizada es clave para reducir la evasión. La implementación de la factura electrónica en todos los niveles y actividades económicas, la aplicación de modelos de inteligencia artificial para la detección de evasión y la puesta en ejecución de aplicaciones informáticas que permitan el registro en tiempo real de gastos en bienes y servicios que realizan los consumidores mejoraría los ingresos tributarios.  

La combinación de menores gastos con un aumento de los ingresos tributarios asegurará la sostenibilidad de la deuda pública, aunque no la reducirá en la magnitud requerida para que alcance una calificación de grado de inversión.  

Instituciones y desarrollo económico

[Frente al Statu Quo. Publicado el Diario Libre el 21 de octubre de 2024.]

El Premio Nobel de Economía 2024 se otorgó a Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) y James A. Robinson (UChicago) por sus trabajos, teóricos y empíricos, sobre la formación, evolución e impacto de las instituciones en la prosperidad de los países y en la desigualdad económica global. 

El profesor Douglas North, premio Nobel de Economía en 1993, definió a principios de los años setenta el concepto de “instituciones,” y aplicó la teoría económica y los métodos cuantitativos a la historia para entender el cambio económico. De acuerdo con North, las instituciones son restricciones impuestas por los humanos que dan forma a las interacciones políticas, económicas y sociales. Dichas restricciones incluyen la normativa constitucional, las leyes, regulaciones y entidades que las implementan, como el Gobierno, el Congreso y la Justicia. La cultura y los valores ciudadanos también forman parte de las instituciones de la sociedad. 

Los países donde se respetan los derechos de propiedad y la política económica es menos distorsionadora se convierten en centros de atracción de inversiones, locales y extranjeras, que elevan el capital físico y humano. Las instituciones influyen sobre el ahorro, la inversión, la educación, el trabajo y la innovación. Asimismo, determinan los niveles de ingreso de las personas, la riqueza y su distribución; en consecuencia, definen el grado de equidad de la sociedad. 

En el ensayo “Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo: una investigación empírica,” publicado en 2001, Acemoglu, Johnson y Robinson analizan por qué algunos países son ricos y otros son pobres en base a su pasado colonial y a las instituciones creadas en esa época. Los tres galardonados evaluaron los sistemas económicos establecidos por los colonizadores europeos para determinar el efecto sobre el nivel de desarrollo actual de esas naciones. En los lugares donde los europeos enfrentaron elevadas tasas de mortalidad y, por tanto, resultaba difícil establecerse de manera permanente y con visión de futuro, se crearon instituciones económicas y políticas que permitieron extraer la mayor cantidad de recursos en el plazo más breve posible. En contraste, en las zonas caracterizadas por una baja tasa de mortalidad, los colonizadores establecieron instituciones que facilitaron el desarrollo de actividades que promovían la inversión, el avance económico, el incremento del ingreso per cápita y la mejora sostenida del bienestar.  

En la obra “¿Por qué fracasan los países?,” publicada en 2012, Acemoglu y Robinson introducen los dos tipos de instituciones que explican las diferencias económicas actuales entre las naciones. 

Las “instituciones inclusivas” son aquellas que “permiten, fomentan y potencian la participación de la mayoría de los individuos en las actividades económicas que aprovechan mejor su talento y habilidades.” Dichas instituciones limitan el poder de las élites, promueven la libertad de elección y la competencia, protegen la propiedad, evitan la discriminación, crean oportunidades para la educación y estimulan el progreso tecnológico. En definitiva, favorecen el avance y la modernización de las sociedades. 

Las “instituciones extractivas,” que benefician a determinados grupos de poder en los que se concentra el control político y económico, impiden la creación de los incentivos necesarios para modernizar la economía y la sociedad. Según los autores, la democracia es el mejor sistema político, ya que ofrece un entorno más favorable en comparación con los regímenes chino, soviético o castrista, así como con otras dictaduras que imponen instituciones extractivas en perjuicio de la población. Unas instituciones democráticas y abiertas, que promueven el uso eficiente de los recursos públicos y privados, son fundamentales en la lucha contra la pobreza. Sirva como ejemplo ilustrador el contraste entre el éxito económico y social de la Corea del Sur democrática y el pobre desempeño de la dictadura de Corea del Norte. 

El marco analítico de los autores laureados permite una interpretación de las causas de las diferencias económicas entre Estados Unidos y América Latina. Según los economistas, en Estados Unidos se establecieron instituciones inclusivas que promovieron la libertad, la iniciativa privada, la competencia y la innovación. El resultado es una economía de mercado gigantesca y próspera que brinda a la mayoría de la población la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. En cambio, en América Latina se establecieron instituciones extractivas, dirigidas por un pequeño grupo de personas que restringieron el desarrollo económico de la región, dejando atrás, en la pobreza, a una parte importante de su población. Eso explica las profundas desigualdades sociales que se observan en Latinoamérica acentuadas bajo algunos regímenes dictatoriales. Haití, el país más pobre de América, muestra claramente las consecuencias negativas de las instituciones extractivas.  

En “El pasillo estrecho,” publicado en 2019, Acemoglu y Robinson analizan las causas por las que algunas naciones logran alcanzar la libertad y la democracia, mientras otras caen o permanecen bajo gobiernos dictatoriales. La obra aborda cómo la sociedad puede mantener, a través del desarrollo de instituciones inclusivas, un adecuado balance entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. Los autores sostienen que una persona es realmente libre cuando puede alimentar a su familia sin temor. Para alcanzar esa meta, el Estado debe suplir adecuadamente los servicios públicos esenciales, como educación y salud, que ayuden a nivelar el terreno de juego y mejoren las condiciones de vida de los pobres y vulnerables. Los autores destacan también que la población debe involucrarse en la toma de decisiones, ya que “La democracia solo puede sobrevivir si la sociedad la exige y la protege.” 

Las lecciones de los tres recientes galardonados con el Nobel de Economía enseñan que un país que desee acelerar su ritmo de crecimiento económico y alcanzar un mayor grado de bienestar necesita instituciones inclusivas, que se ganen la confianza de la sociedad y brinden oportunidades a toda la población con el objetivo de mejorar la distribución de los ingresos. Para esto es necesario poner en marcha reformas estructurales, económicas y políticas, que amplíen el tamaño del producto nacional y sean beneficiosas para la mayor parte de la población. Ahora bien, el tránsito de unas instituciones extractivas a otras inclusivas deberá enfrentar la resistencia de la élite que controla el poder y se beneficia plenamente del sistema arraigado en las instituciones predominantes en la actualidad. 

Que inicie el recorte de los gastos públicos

[Escrito el 17 de octubre de 2024]

Las vistas públicas sobre el proyecto de Ley de Modernización Fiscal han comenzado. Como era previsible, todos los participantes criticaron la reforma tributaria y exigieron el recorte del gasto público. 

Se criticó la ampliación de la base del ITBIS. Se acusó a las autoridades de querer destruir a la clase media con la aplicación de impuestos a productos alimenticios esenciales, entre ellos, el agua, la pica-pica, la papa y las habichuelas. 

La población exige el recorte del gasto público. Que cierren las instituciones que poco aportan al bienestar. La fusión de ministerios va por ese camino. Pero no es suficiente. Hay que cerrar otras instituciones gubernamentales. Los ministerios de la Mujer y de la Juventud son buenos candidatos. Se solicita la reducción de la nómina pública, el despido de cien mil personas puede ser el primer paso para colocar en los niveles prepandémicos.  

El gasto en publicidad debe ser eliminado. 

Se exige la disminución del gasto corriente asociado a los funcionarios públicos. Que no coman filetes, camarones, langostas y otras delicias. Sus automóviles deben ser económicos, se acabaron las yipetas y carros lujosos. Que viajen en económica, si quieren algo mejor que se lo paguen ellos mismos. 

Los aportes a los partidos políticos deben ser eliminados. El que quiera ser candidato que se financie con sus propios recursos, no del bolsillo de los contribuyentes. 

Por otra parte, hay que disminuir las transferencias corrientes. La mayor de ellas, que representa alrededor del 40% del déficit del gobierno central, es la que se origina por el déficit del sector eléctrico que ronda los 1,600 millones de dólares. Es preciso hacer que la gente pague la electricidad y quien no la pague que no la reciba; que aguante apagones. También se deben eliminar las transferencias por concepto de subsidio a los combustibles, lo cual permitirá que el gobierno se ahorre anualmente decenas de miles de millones de pesos.  

Para cerrar el déficit del gobierno central, hay que seguir el recorte de gastos hasta alcanzar un ahorro de 240 mil millones de pesos. La tarea es difícil, pero ojalá se pueda lograr sin que se deteriore la cantidad y calidad del gasto público, entre otros, salud, educación, seguridad ciudadana, transporte público y viviendas populares

¿Cuáles son los principales impuestos?

[Escrito el 17 de octubre de 2024]

En 2023, el gobierno dominicano recibió ingresos por concepto de impuestos por una suma de 971,891 millones de pesos, equivalente a un 14.3% del producto interno bruto (PIB). Esa presión tributaria se coloca entre las más bajas de la región y contrasta con el promedio de América Latina y el Caribe que supera el 20% del PIB. 

Un aumento de la eficiencia en la gestión del sistema tributario puede incrementar las recaudaciones de manera significativa. Se ha estimado que, si se aplica el nivel de eficiencia de la región a las tasas y bases imponibles que existen en el país, las recaudaciones aumentarían 4 puntos del PIB. Esto colocaría la presión tributaria por encima del 18% y mejoraría la sostenibilidad de la deuda del sector público consolidado. 

El Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), creado en 1983 y modernizado por la reforma tributaria de 1992, es la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno. En términos del PIB, el ITBIS produce ingresos por una suma equivalente a 4.9 puntos porcentuales, lo cual significa más de un tercio del total de la presión tributaria. 

El impuesto sobre la renta de las empresas, creado en 1992 al sustituir la famosa Ley 59-11, genera ingresos al gobierno por una suma del 2.6% del PIB. Por otra parte, las personas físicas aportan por concepto del impuesto sobre la renta un monto equivalente a 1.3% del PIB. 

El consumo de combustibles, que en algún momento llegó a representar el 2% del PIB, genera ingresos tributarios por 1.2% del PIB. 

Los alcoholes, que en 2011 le produjeron ingresos al gobierno por 0.72% del PIB, en 2023 solo le generaron 0.64% del PIB. 

Los impuestos arancelarios, que recaen sobre las importaciones de bienes, que desde la creación de la República Dominicana y hasta la reforma arancelaria de 1990 constituían la principal fuente de ingresos tributarios, alcanzaron un 0.74% del PIB. 

El impuesto sobre la propiedad, el que recae sobre las propiedades de personas físicas que tienen un valor conjunto superior a los 10 millones de pesos, recauda apenas 0.1% del PIB. Y las operaciones inmobiliarias permiten al gobierno obtener ingresos por 0.2% del PIB. 

El impuesto sobre cheques le produce ingresos al gobierno por 0.2% del PIB. Por último, el impuesto que grava los intereses con una tasa de 10%, para mí un impuesto distorsionador e injusto, le produce al gobierno recaudaciones de apenas un 0.1% del PIB. 

¿Se necesita la reforma tributaria?

[Escrito el 16 de octubre de 2024]

El presidente Luis Abinader presentó al país una reforma fiscal, que contiene un conjunto de modificaciones de impuestos, para incrementar el gasto social, la inversión en infraestructura, mejorar el saldo fiscal y reducir la deuda pública. 

La historia muestra que cuando hay crisis es más fácil lograr que la población acepte una reforma tributaria. 

En 1990, el presidente Joaquín Balaguer decidió ejecutar una reforma tributaria porque la economía se encontraba en una grave crisis fiscal autoprovocada que obligó a las autoridades del Banco Central a financiar de manera inflacionaria el déficit público, lo cual llevó la inflación a un 80% y provocó una caída de 5% del producto interno bruto (PIB). 

En 1996, el presidente Leonel Fernández presentó una reforma tributaria para disponer de recursos que le permitieran ejecutar un notable programa de inversiones públicas y aumentar el gasto social a un nivel compatible con la mejora del desarrollo humano. La reforma tributaria fue rechazada por el Congreso, pero el ajuste de los precios de los combustibles aprobado a finales de 1996 y la reducción de los precios internacionales del crudo registrada hasta febrero de 1999, le generó ingresos adicionales equivalentes a un 2% del PIB. 

En 2000, el presidente Hipólito Mejía presentó y logró que se aprobara una reforma tributaria y una ley de hidrocarburos para mejorar el saldo de las finanzas públicas, que se habían deteriorado al aumentar los precios del crudo a nivel global, y disponer de recursos para ejecutar un amplio programa de gasto social y de capital. Lamentablemente, la crisis bancaria impactó brutalmente la estabilidad macroeconómica en los dos últimos años de su gobierno. 

En 2012, el presidente Danilo Medina presentó y logró la aprobación de una reforma tributaria, además de renegociar el contrato con la Barrick Gold, que le permitió enfrentar un déficit público de 6% del PIB. Pero en 2016, decidió posponer una nueva reforma tributaria para que fuese aprobada por la nueva administración a partir de 2020. 

En 2020, Luis Abinader presentó una reforma, pero no era el momento oportuno dado que la economía global estaba siendo impactada por la pandemia del covid-19. 

¿En 2024, es necesaria la reforma tributaria? La respuesta es afirmativa si se desea asegurar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero, si la población no prioriza el alcance de esos objetivos, no sería imprescindible ejecutar una reforma tributaria que mejore la capacidad recaudatoria, pues las condiciones macroeconómicas actuales permitirían aumentar la deuda pública y patear la reforma hasta el 2028. Y el que venga detrás, que arree.

Un Nobel a la institucionalidad

[Escrito el 14 de octubre de 2024]

El premio Nobel de Economía 2024 fue otorgado hoy a Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) y James Robinson (UChicago) por sus trabajos, teóricos y empíricos, sobre la formación e impacto de las instituciones en la prosperidad de las naciones y la desigualdad económica global. A partir de un ensayo escrito en 2001, comenzaron a explicar el por qué algunos países son ricos y otros pobres en base a su pasado colonial y de las instituciones creadas en esa época.

El profesor Douglas North, premio Nobel de Economía en 1993, definió de manera brillante el concepto de instituciones y aplicó la teoría económica y los métodos cuantitativos a la historia para entender el cambio económico. De acuerdo con North, las instituciones son restricciones impuestas por los humanos que dan forma a las interacciones políticas, económicas y sociales. Esas restricciones incluyen leyes, regulaciones, entidades que las implementan -como el gobierno, el congreso, la justicia-, la cultura y los valores ciudadanos. 

Las instituciones determinan los incentivos a ahorrar, invertir, estudiar, trabajar, innovar y progresar. Asimismo, determinan el ingreso de las personas, la riqueza y su distribución. Por tanto, las instituciones definen el grado de equidad distributiva de la sociedad. 

En el libro “Por qué fracasan los países,” escrito en 2012 por Acemoglu y Robinson, se introducen dos tipos de instituciones que explican las diferencias económicas entre naciones. 

Las instituciones inclusivas son aquellas que “permiten, fomentan y potencian la participación de la mayoría de los individuos en las actividades económicas que aprovechan mejor su talento y habilidades.” Esas instituciones inclusivas promueven la libertad de elección y la competencia, protegen la propiedad, evitan la discriminación, crean oportunidades para la educación y estimulan el progreso tecnológico. Ese es el tipo de instituciones que se necesita para promover la modernización y avance de las sociedades. 

Por otro lado, las instituciones extractivas impactan negativamente sobre la población, pues permiten que la élite o un pequeño grupo de poder extraiga rentas del resto de la sociedad. De acuerdo con Acemoglu, Robinson y Johnson la democracia es el mejor sistema político, pues se compara favorablemente con el socialismo chino, soviético o castrista, así como con otras dictaduras que tienden a establecer instituciones extractivas en perjuicio de la población.  

Las lecciones de los tres recientes galardonados con el Nobel de Economía muestran que un país que desee acelerar su ritmo de crecimiento económico y alcanzar un mayor grado de bienestar necesita instituciones inclusivas. Para esto se requieren reformas estructurales que, obviamente, tendrán como opositores a quienes se aprovechan del statu quo. 

Reforma fiscal, necesaria y mejorable

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 14 de octubre de 2024.]

El gobierno de Luis Abinader presentó la semana pasada una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de mejorar el saldo de las finanzas públicas, reducir la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB), expandir la inversión en infraestructura y ampliar los servicios públicos prioritarios. El primer paso para alcanzar los objetivos señalados es la ejecución de una estrategia de gasto público orientada a maximizar el impacto sobre el bienestar de la población. El segundo paso es el incremento de las recaudaciones fiscales. 

Durante más de dos décadas, las finanzas públicas han registrado un déficit alrededor del 3% del PIB, lo que ha llevado la deuda a un monto equivalente a casi un 60% del PIB. La necesidad de mantener la sostenibilidad de la deuda y atender la demanda creciente de servicios básicos de salud, seguridad y transporte público justifica la reforma fiscal. 

Las autoridades gubernamentales anunciaron recientemente medidas que constituyen el inicio de la reestructuración del Estado Dominicano, con el fin de racionalizar el gasto público. En esa línea, se llevará a cabo la fusión de algunos ministerios y la eliminación de instituciones públicas. 

Por otro lado, el marco teórico que define un sistema impositivo óptimo permite analizar de manera rigurosa la propuesta de reforma tributaria, para verificar que sea compatible con el aumento de las recaudaciones y con el máximo nivel de bienestar de la sociedad. La estrategia tributaria debería asegurar que el contribuyente con mayores recursos sea quien pague más impuestos, sin que se distorsionen las decisiones de ahorro, inversión, trabajo e innovación. Lo ideal es que la reforma fiscal, por el lado del gasto y de los tributos, tenga un efecto neto positivo sobre el crecimiento económico.  

La propuesta de reforma, que tiene como meta recaudar un 1.5% del PIB, incluye una ampliación de la base imponible del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), en adelante Impuesto al Valor Añadido (IVA). Cabe destacar que la ampliación de la base del IVA permitirá un mayor cruce de información entre los contribuyentes que ayudará a reducir la evasión tributaria.

El IVA, utilizado en más de 170 países, es regresivo, aunque hay opciones para disminuir su efecto negativo sobre los segmentos pobres y vulnerables de la sociedad. La opción más común para enfrentar la regresividad del IVA es dejar exento el conjunto de bienes y servicios más consumido por los grupos de menores ingresos. El inconveniente de esa medida es que se crean agujeros que facilitan la evasión del impuesto, lo cual reduce su eficiencia recaudatoria. Otra opción es la transferencia de recursos monetarios, a través de una tarjeta o una cartera digital, a favor de los beneficiarios que necesiten ser compensados para que su nivel de bienestar se mantenga inalterado después de la ampliación de la base del IVA. Una tercera opción consiste en la puesta en marcha del IVA progresivo, que grava toda la base de consumo con una tasa impositiva única, incluye un subsidio a las familias de menores ingresos y utiliza una herramienta digital para transferir la compensación en tiempo real al momento en que se realice la compra. Esto permitiría que, cuando se lleve a cabo el pago de bienes que previamente estaban exentos, el contribuyente presente su cédula de identificación y reciba una transferencia a su cuenta, tarjeta o cartera digital, como reembolso del monto correspondiente al IVA. Para evitar abusos del sistema de compensación, cada persona o unidad familiar tendría un límite mensual a ser reembolsado, calculado en función de su nivel de consumo estimado. 

El Ministerio de Hacienda combinará las dos primeras opciones para reducir la regresividad del IVA y proteger a los contribuyentes de menores ingresos. La reforma propuesta ampliará la base impositiva, pero dejará fuera bienes esenciales como arroz, plátano, yuca, carne de pollo, huevos, pan y leche. Además, no se gravarán, entre otros, los medicamentos, los insumos agropecuarios y los servicios de educación, salud y electricidad. Para amortiguar el impacto sobre los hogares pobres y vulnerables, el gobierno incrementará en un 21% el monto de las transferencias directas -hasta colocarlo en dos mil pesos al mes- a un total de 1.6 millones de hogares y aumentará en un 50% el salario mínimo del sector público. En caso de que el gobierno se proponga reducir todavía más la regresividad, podría aplicar una tasa de un 10% a los bienes y servicios que se incluirán en la base imponible. 

Los cambios impositivos deben promover la equidad vertical y horizontal. El impuesto a la propiedad inmobiliaria con una tasa de un 1% es un tributo progresivo, ya que recae principalmente sobre los más ricos. No obstante, la propuesta de reducir el límite exento actual de casi 10 millones de pesos a 5 millones de pesos, provocará una subida de la tasa de efectiva de 0 hasta 0.5 puntos porcentuales a los contribuyentes con valor de propiedades situado en ese intervalo, mientras que la tasa efectiva para un contribuyente con propiedades con valor ascendente a 25 millones de pesos se elevaría solo en 0.2 puntos porcentuales. Ante ese resultado, es recomendable, para proteger a la clase media, que la reducción del límite exento sea menor a lo propuesto, que las autoridades actualicen a precio de mercado el valor de las propiedades de los contribuyentes más ricos y que se disminuya la tasa del impuesto del 1% al 0.5%

Es importante evitar que los cambios tributarios perjudiquen la producción y reduzcan la base imponible. La evidencia empírica sugiere que el aumento de la carga impositiva sobre las bebidas alcohólicas, que se sitúa en torno al 60% del precio del ron, impactaría negativamente la producción y disminuiría el nivel de las recaudaciones. Para minimizar tales efectos, lo más conveniente sería mantener inalterada la tasa efectiva que grava esos productos. Por último, el aumento excesivo de la tasa que grava los ingresos por intereses, que podría subir del 10% al 27%, atentaría contra el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. Frente a un escenario que perjudicaría a todos los agentes económicos, es crucial eliminar esa propuesta de la reforma fiscal.

Catalina sigue siendo la grande

[Escrito el 10 de octubre de 2024]

Hoy, 10 de octubre de 2024, se celebró en el Hotel El Embajador el muy interesante “Foro de Discusión sobre la Reforma del Sector Eléctrico,” en el cual se destacó la importancia de la Central Eléctrica Punta Catalina no solo para ese sector, sino para toda la economía dominicana. 

Esa poderosa central eléctrica es la principal fuente de electricidad del país. En lo que se concluyen los nuevos proyectos de generación, las dos unidades de CTPC son responsables de satisfacer alrededor del 26% de toda la demanda de electricidad. 

Punta Catalina produce esa electricidad de forma muy eficiente. Entre toda la oferta de generación térmica, CTPC suple electricidad al menor costo variable, pues esas unidades de generación General Electric se colocan en los dos primeros lugares de la lista de mérito que elabora el Organismo Coordinador. Con facilidad, CTPC supera a otras tecnologías y combustibles, sean ciclos combinados a gas natural o motores a fuel oil. Y si se compara con las generadoras instaladas hace poco, como Siba y Kar Power, que en la lista de mérito se encuentran en las posiciones 33 y 37, respectivamente, la importancia de Punta Catalina se acentúa todavía más. 

El aporte de Punta Catalina a las finanzas públicas es extraordinario. Como unidad de negocio, obtiene beneficios anuales de casi 250 millones de dólares. Además, le ahorra a las empresas distribuidoras de electricidad alrededor de 300 millones de dólares al estas poder comprar a precios más bajos de los que tendrían que pagar si tuviesen que adquirir esa electricidad en el mercado spot. Esto significa que Punta Catalina beneficia al Estado con 550 millones de dólares anuales, lo que lleva a decir que en menos de cinco años de operación plena se recuperará la inversión de 2,454 millones de dólares que se realizó en su construcción. 

Así las cosas, se puede concluir como una verdad absoluta que la Central Termoeléctrica Punta Catalina es una de las principales obras de infraestructura que se haya construido en la Republica Dominicana. 

¿Quiénes pagan impuesto sobre la renta?

[Escrito el 9 de octubre de 2024]

Toda la población que realiza algún tipo de transacción económica o dispone de alguna propiedad paga impuestos. En términos absolutos, los ricos, que reciben ingresos más altos y consumen una mayor cantidad de bienes y servicios, son los que pagan más impuestos. A ese grupo le sigue la clase media y, por último, el segmento de población compuesto de hogares pobres y vulnerables. 

En la República Dominicana, el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene en la actualidad tres tasas marginales crecientes que recaen sobre los ingresos que exceden un monto exento de 34,685 pesos al mes. Esto significa que la tasa efectiva de tributación es mayor para la población con ingresos más altos. 

El 81% de los trabajadores declara ingresos por debajo del límite exento, por tanto, no paga impuesto sobre la renta. 

El 9.4% de los contribuyentes declara ingresos mensuales entre 34,685 pesos y 52,027 pesos. Esos enfrentan una tasa marginal de 15%, pero gracias a la exención, la tasa efectiva se coloca como máximo en un 5% de su ingreso.

El 3.9% de los contribuyentes declara ingresos mensuales entre 52,027 pesos y 72,260 pesos. Ese segmento de trabajadores enfrenta una tasa marginal de 20%, pero debido al monto de ingreso exento, la tasa efectiva se coloca como máximo en 9.2%. 

El 4.6% de los contribuyentes declara ingresos mensuales entre 72,260 pesos y 200 mil pesos. Ese grupo enfrenta una tasa marginal de 25%, pero tiene una tasa efectiva de 19.3%. 

Por último, un 1% de los contribuyentes declara que recibe ingresos mensuales por encima de los 200 mil pesos. Para ese grupo, que son los de mayores ingresos de la República Dominicana, la propuesta de reforma tributaria propone elevar la tasa marginal a 27%, lo cual situaría la tasa efectiva por encima de 19.3% y en una trayectoria creciente. Por ejemplo, si el ingreso mensual del contribuyente fuese de 250 mil pesos, la tasa efectiva se colocaría en 20.8%. Si el contribuyente ganara un millón de pesos al mes, la tasa efectiva ascendería a 25.5%. Y así seguiría subiendo, hasta llegar a una tasa de tributación efectiva con límite superior de 27% cuando el nivel de ingresos sea extraordinariamente elevado. 

En síntesis, el sistema de impuesto sobre la renta de personas físicas es progresivo y la propuesta de reforma tributaria elevaría un poco más la tasa efectiva a los trabajadores con mayores ingresos, que representan un 1% del total de los contribuyentes.

¿Qué preocupa al Banco Central?

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 7 de octubre de 2024.]

El Banco Central (BC) es una institución pública que goza de una gran credibilidad. Por lo general, los agentes económicos confían en que las acciones que lleva a cabo dicho organismo son las adecuadas para mantener la estabilidad de precios y facilitar el crecimiento económico. El anclaje de las expectativas de inflación alrededor de su meta es el resultado más palpable de la bien merecida credibilidad de la política monetaria. 

Una estrategia de comunicación oportuna y transparente constituye uno de los instrumentos más importantes y poderosos del BC. A través de sus comunicados de política, el organismo emisor influye sobre los mercados, reduce la incertidumbre y mejora la predictibilidad de las decisiones monetarias. Todo ello facilita que se alcance y mantenga la meta de inflación. 

El comunicado de política emitido en septiembre precisa de un análisis riguroso, ya que una simple lectura no permite comprender lo que realmente sucede en la economía y, todavía menos, la posible previsión del BC para los próximos meses. El contenido del citado documento incluye afirmaciones que limitan la capacidad del mercado de proyectar el comportamiento futuro de la política monetaria, lo cual disminuye su eficiencia y eleva la volatilidad de las principales variables macroeconómicas. 

En varias ocasiones, analicé las condiciones económicas locales e internacionales y pronostiqué que, en la reunión de política de septiembre, el Banco Central rebajaría su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. Y así ocurrió, pues el organismo emisor redujo la tasa de interés de política monetaria de 6.75% a 6.5%, teniendo en cuenta el espacio creado por la disminución de las tasas de interés en las economías avanzadas y el descenso de los precios de productos básicos, en especial de los alimentos y combustibles.  

Respecto a las condiciones económicas internas, el documento del BC indica que la decisión de las autoridades monetarias “ponderó el buen desempeño de la economía dominicana y la convergencia gradual del ritmo de expansión del crédito privado en moneda nacional al crecimiento del PIB nominal,...” en un contexto con la inflación dentro del rango meta del 4%±1%. 

Posteriormente, se señala que desde mayo de 2023 la tasa de interés de referencia acumula una disminución de 200 puntos básicos. Asimismo, se destaca que el ajuste a la baja de la tasa de interés del Banco Central se acompañó de un programa de provisión de liquidez, el cual permitió al sistema financiero otorgar préstamos por casi 200 mil millones de pesos a tasas de interés no superiores al 9% anual. 

Llama la atención que el comunicado no explique el motivo por el cual, a pesar de la disminución de 200 puntos básicos de la tasa de interés de referencia entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, las tasas de interés prevalecientes en el mercado financiero se hayan colocado en niveles muy cercanos a los observados cuando se inició, hace más de un año, el cambio de postura monetaria hacia una menos restrictiva. En particular, la tasa de interés activa promedio ponderado se situó en 15.75% en septiembre de 2024, apenas 14 puntos básicos por debajo de la registrada en mayo de 2023. Dicho resultado sugiere que la tasa de interés de referencia ha perdido capacidad de influir sobre la tasa de interés de mercado, hecho muy preocupante. 

Por otro lado, el BC informa que la economía dominicana se expandió en términos interanuales a agosto en 5.6%, y a un ritmo promedio de 5.1% en los primeros ocho meses del presente año. Dado que ese desempeño se encuentra en torno al ritmo de crecimiento potencial, no es lógico pensar en la necesidad de reducir la tasa de interés de referencia, a menos que el Banco Central haya previsto alguna situación preocupante y no la haya presentado en el documento publicado. En otras palabras, si a pesar de que la tasa de interés activa real es superior al 12%, la economía se expande actualmente alrededor del ritmo potencial de 5% anual, ¿por qué el BC redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos por segundo mes consecutivo? 

Los excelentes economistas del BC son conscientes de que la elevada tasa de interés real contraerá la tasa de crecimiento del PIB en los próximos meses. La teoría económica demuestra que tasas de interés excesivamente altas tienden a reducir la demanda agregada, tanto la inversión como el consumo. Dichos expertos comprenden que la influencia de la política monetaria en la economía tiene un rezago largo y variable y, por tanto, saben que si no se toman medidas en la actualidad, se producirá un descenso de la actividad económica, no solo en el cuarto trimestre de este año, sino también en el primero de 2025. 

Con el fin de evitar un posible escenario de desaceleración económica, las autoridades monetarias harán todo lo posible para reducir las tasas de interés de mercado. La evidencia empírica reciente demuestra que no basta con la disminución de la tasa de interés de referencia. Dicha medida es solo una señal de hacia dónde se dirige la postura de la política monetaria. Para conseguir una rebaja de las tasas de interés de los fondos prestables, habrá que aumentar la liquidez en el mercado.  

La flexibilización monetaria debe llevarse a cabo de manera gradual y sostenida. Esto evitaría que se originen espacios de arbitraje, que serían aprovechados únicamente por los propietarios de grandes capitales. Al mismo tiempo, la gradualidad limitaría el desbordamiento de la tasa de cambio, permitiendo así que su trayectoria ascendente sea continua, pero de tendencia suave y predecible. Ese comportamiento reduciría la necesidad de intervenciones excesivas y continuas en el mercado cambiario, las cuales reducen las reservas internacionales. 

En definitiva, es recomendable que el próximo comunicado del Banco Central exponga con claridad todas sus preocupaciones y detalle las medidas previstas para enfrentarlas, en caso de que esas se materialicen. Las autoridades deben recordar una de las lecciones que durante décadas han enseñado: una buena política monetaria se sustenta en la gestión eficiente de las expectativas. Y esto requiere que la comunicación sea oportuna, completa y transparente.

Un nuevo choque petrolero

[Escrito el 3 de octubre de 2024] 

En octubre de1973, se desarrollaba en el Medio Oriente la guerra de Yom Kippur que enfrentaba a Israel y a Egipto. Ese mes la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió llevar a cabo un embargo del crudo a los países que habían apoyado a Israel, lo cual recortó la oferta de combustibles a nivel global.  La decisión del poderoso cartel, que había sido creado en 1960, aumentó el precio del petróleo de manera exponencial, de tres a doce dólares el barril, lo cual se tradujo en un choque de oferta negativo que tuvo un fuerte efecto inflacionista y desaceleró la actividad económica. A partir de entonces la palabra estanflación, que significa estancamiento con inflación, se hizo de dominio público. 

En la actualidad, el Medio Oriente sufre otra terrible crisis que puede desembocar en un peligroso escalamiento militar y ruptura del flujo del petróleo. Israel, atacado continuamente por los grupos Hamás y Hezbolá, ambos apoyados por Irán, ha decidido arrancar la raíz del terrorismo. Ante el avance de las tropas israelíes en Gaza y el Líbano, Irán lanzó alrededor de 180 misiles a Israel. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha asegurado que Irán cometió un error y lo pagará caro. 

El presidente Joe Biden indicó que Estados Unidos está considerando acompañar a Israel en el ataque, que abarcaría la infraestructura petrolera de Irán. Una destrucción masiva de la capacidad de producción iraní podría reducir hasta un 4% de la oferta global del crudo. 

Ante esa posibilidad, el precio del barril de petróleo volvió a subir y se colocó en 73.71 dólares, equivalente a una variación de 10.6% respecto al nivel de precios prevaleciente al 1 de octubre pasado, fecha del lanzamiento de los misiles de Irán. El efecto inmediato del movimiento del precio del crudo es un mayor precio de la gasolina y el gasoil, lo cual empujará hacia arriba la tasa de inflación. 

Estoy seguro de que, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, entidad que inició en septiembre el cambio de postura de la política monetaria hacia una menos restrictiva, monitorea la evolución de los acontecimientos en el Medio Oriente para determinar el impacto inflacionario y recesivo de un posible choque petrolero a nivel global. Lamentablemente, como decía Hegel, la historia se repite dos -o más- veces.

Al borde de un nuevo choque económico

[Escrito el 2 de octubre de 2024] 

Irán ha cometido un grave error al atacar a Israel. En esta ocasión, Israel ha prometido que la retaliación será tan grande que los líderes iraníes se arrepentirán de haberles lanzado 180 misiles. Estados Unidos, que hace unos meses logró disuadir a Israel de llevar a cabo un contrataque masivo contra Irán, ha indicado que en esta ocasión no podrá evitarlo. 

La retaliación podría tener una magnitud devastadora. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, formado como soldado de combate por las Fuerzas de Defensa de Israel, declaró que “Irán cometió un gran error…y lo pagará.” Entre los objetivos que podría atacar el gobierno de Netanyahu se encuentran, además de los equipos lanzamisiles, las instalaciones de energía nuclear e infraestructura petrolera. 

En la actualidad, Irán produce alrededor de 4 millones de barriles diarios de petróleo, casi 4% de la producción global, y posee una de las tres reservas probadas más importantes del mundo.  Esto significa que un escalamiento del conflicto que deteriore la infraestructura petrolera iraní tendría repercusiones significativas sobre los precios del crudo. 

La desaceleración económica mundial y el aumento de la producción de petróleo han reducido el precio del petróleo desde casi 87 dólares por barril registrado a principios de mayo de este año a menos de 67 dólares por barril, equivalente a una variación de -23%. Hoy el mercado rompió esa tendencia de los precios y cerró en 70.88 dólares por barril, un aumento de 5.8%, comportamiento que se explica por la incertidumbre generada por la muy probable retaliación israelí. 

El incremento de los precios de los combustibles impactaría de forma rápida y negativa a la República Dominicana. Por cada dólar que aumenta el barril de petróleo, las cuentas externas se deterioran en casi 55 millones de dólares anuales, lo cual presiona hacia arriba la tasa de cambio y aumenta el déficit del sector público no financiero.

Propuestas para la sostenibilidad fiscal

 [Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 30 de septiembre de 2024.]

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y profesora de Economía de la Universidad de Harvard, Gita Gopinath dictó recientemente una conferencia en Irlanda en la que alertó sobre el riesgo del estado actual de las finanzas públicas, tanto en países de economía avanzada como en las naciones en desarrollo. 

La prestigiosa economista destacó que la pandemia del Covid-19 y los choques en los precios internacionales de los combustibles y alimentos llevaron a los gobiernos a ejecutar políticas que elevaron significativamente la deuda pública global. Según sus estimaciones, la deuda pública se situó en 93% del producto interno bruto (PIB) en 2023 y se prevé que podría acercarse al 100% del PIB hacia finales de la década. 

Gopinath identifica diversos factores que deterioran el saldo de las finanzas públicas globales. La economía política que promueve un gasto público elevado es uno de ellos. Independientemente de si el partido gobernante es de izquierda o de derecha, se observa un sesgo hacia la ejecución de acciones que conllevan mayores gastos públicos. El resultado de una política fiscal laxa es alarmante, pues eleva la prima de riesgo de la deuda pública y dificulta el pago oportuno de los intereses y la amortización del capital. En consecuencia, aumenta la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras. Al mismo tiempo, existe una acentuada resistencia a la aplicación de medidas que incrementen los ingresos tributarios, lo cual deteriora el saldo de las finanzas públicas y acrecienta la deuda hasta niveles insostenibles. 

La subdirectora gerente del FMI advierte que es necesario evitar el optimismo histórico en la proyección de la deuda. La evidencia empírica demuestra que en el período 1990-2021 hubo una estimación del crecimiento del PIB superior a lo observado y, simultáneamente, se ejecutaron ajustes fiscales por una magnitud inferior a lo planificado. Afirma Gopinath: “Si la historia se repitiera, la deuda podría aumentar entre 8 y 11 puntos porcentuales del PIB por encima de las proyecciones de referencia en las economías europeas para 2030.” 

Un mayor crecimiento económico es esencial, ya que reduce la deuda pública como porcentaje del PIB, al mismo tiempo que mejora el nivel de vida de la población. Por eso es recomendable que los ajustes fiscales estén acordes con un aumento de la productividad y de la innovación y, por tanto, sean favorables a la expansión económica. 

La inversión pública provoca un efecto sobre el crecimiento económico mayor que el gasto corriente. En consecuencia, es preferible realizar el ajuste fiscal mediante la reducción del gasto menos productivo, como los subsidios y transferencias generalizadas, y mantener o incrementar la inversión pública, en especial la que es complementaria a la inversión privada. 

Por otro lado, la funcionaria del FMI recomienda la aplicación de reglas fiscales que ayuden a controlar el ritmo de expansión del gasto público, reduzcan la incertidumbre fiscal y fortalezcan la ejecución y calidad del gasto. Ese tipo de política evitaría la tendencia hacia un exceso de gasto que desemboque en un déficit insostenible. Como apoyo a las reglas fiscales, se recomienda la puesta en marcha de consejos fiscales independientes que supervisen tanto la ejecución presupuestaria, como la gestión de la administración tributaria. Además, es indispensable reducir el optimismo en los pronósticos macroeconómicos, principalmente la sobrestimación de la tasa de crecimiento del PIB. 

El FMI recomienda que los gobiernos involucren a la sociedad civil para que esta comprenda la importancia de la adopción de políticas que, aun cuando se perciban como ajustes dolorosos, resultan imprescindibles para asegurar una política fiscal sostenible. De la misma manera, Gopinath señala que la apropiación pública de las reformas fiscales requiere no solo de una estrategia eficiente de comunicación que convenza a los agentes económicos de su necesidad, sino también de “mecanismos que permitan a las partes interesadas contribuir al diseño de las reformas y de marcos institucionales sólidos que fomenten la confianza entre la población.” 

En la República Dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader presentará una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de mejorar el saldo de las finanzas públicas y reducir la deuda como porcentaje del PIB. Dicha propuesta incluye medidas que elevarán las recaudaciones tributarias y otras que reducirán el gasto público como porcentaje del PIB. 

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, esbozó la semana pasada en la Cámara Americana de Comercio la filosofía de la reforma fiscal. De acuerdo con el ministro, se requiere una reforma tanto para atender la demanda de servicios básicos de salud, seguridad y transporte público masivo como para evitar que la deuda pública consolidada, actualmente en 59.3% del PIB, siga expandiéndose.

Respecto al gasto público, Jochi Vicente indicó que la República Dominicana tiene un nivel del 19.3% del PIB, cifra que se compara desfavorablemente con el 27.8% del PIB promedio de América Latina y el Caribe, con el agravante de que la carga de intereses del sector público no financiero representa un 23.4% del total de los ingresos del gobierno. El pago de intereses limita los recursos disponibles para la inversión pública en infraestructura, gasto que apenas se coloca en un 2.7% del PIB y que, al ser un complemento de la inversión privada, es indispensable para que la economía dominicana pueda seguir mejorando su ritmo de crecimiento potencial. En ese contexto, cabe destacar la importancia de elevar la inversión en las empresas distribuidoras de electricidad para que estas puedan reducir su déficit, equivalente a un 1.3% del PIB. 

Por último, el ministro de Hacienda destacó los principios de la reforma fiscal. En general, todos los sectores y agentes económicos deberán cooperar, lo que implica una revisión integral del sistema de incentivos y exenciones fiscales. De esa manera mejorará la equidad tributaria, tanto horizontal como vertical. La población más vulnerable será protegida mediante programas sociales que mitiguen el impacto impositivo. Las autoridades se comprometen a enfrentar la elusión y, en especial, la evasión fiscal, cuyo monto estimado asciende al 4% del PIB. Reducir la evasión es clave para garantizar que las empresas compitan en igualdad de condiciones y que los recursos productivos se distribuyan de manera justa y eficiente.