[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 12 de enero de 2026.]
En 2025, la economía dominicana creció en torno al 2.1%, un nivel inferior a la mitad del crecimiento potencial de largo plazo, que se sitúa cerca del 5%. Durante los ocho años comprendidos entre 2012 y 2019, el producto interno bruto (PIB) alcanzó una variación anual promedio de un 5.5%. En contraste, entre 2020 y 2025, el crecimiento promedio se redujo a un 3.2% anual.
De acuerdo con Robert Solow, premio Nobel de Economía en 1987, el crecimiento del PIB se compone de tres aportaciones: la mano de obra, medida por las horas trabajadas; el capital físico, tanto público como privado; y la productividad total de los factores (PTF), que cuantifica la eficiencia con la que se combinan el capital y el trabajo para producir bienes y servicios.
En la República Dominicana, diversos estudios indican que, a largo plazo, casi el 72% del crecimiento de la economía se explica por la acumulación de capital y empleo, mientras que el resto, estimado en 1.5 puntos porcentuales, responde a la variación de la productividad. Sin embargo, entre 2020 y 2025 se registró una significativa desaceleración de la producción, originada en gran parte por la caída de la PTF.
La expansión económica es esencial para reducir la pobreza, preservar la sostenibilidad de la deuda pública y fortalecer la calificación crediticia. Si el incremento del PIB real se coloca por debajo de la tasa de interés real, la deuda pública como porcentaje del producto tiende a elevarse de manera sostenida y aumenta el riesgo de incumplimiento. Cuanto más lento sea el crecimiento económico, mayor será el saldo de las finanzas públicas necesario para garantizar la capacidad de pago de la deuda pública, lo que implica recortes de gastos públicos -corrientes y de capital- y aumentos de la presión tributaria.
Para acelerar el ritmo de crecimiento económico, resulta indispensable adoptar políticas económicas consistentes con la acumulación de capital, la creación de puestos de trabajo y la mejora de la eficiencia productiva.
En materia fiscal, se precisa reducir el gasto público menos prioritario, como subsidios y transferencias generalizadas. Si se pretende fortalecer el saldo de las finanzas gubernamentales y crear espacio para la inversión pública, con miras a alcanzar el promedio anual de un 4.7% del PIB registrado entre 1966 y 2020, urge reducir la evasión tributaria, recortar el déficit del sector eléctrico -cercano al 1.4% del PIB- y racionalizar las exenciones impositivas, mediante un análisis costo-beneficio riguroso.
Un gasto de capital equivalente al 2.4% del PIB, como el ejecutado entre 2020 y 2025, no es suficiente ni siquiera para poner en marcha un programa adecuado de mantenimiento de infraestructuras. Cabe recordar que una inversión bien diseñada y ejecutada con eficiencia, arroja un multiplicador de 1.6 (cociente entre la variación del PIB y el cambio del gasto), lo que incrementa la tasa de retorno del capital, eleva la productividad y expande la actividad económica.
Asimismo, las autoridades deben adoptar medidas que estimulen la inversión privada, tanto nacional como extranjera. La eliminación del gravamen del 10% sobre los ingresos por intereses y la entrada libre de impuestos de capitales depositados en el exterior incentivaría la disponibilidad de fondos prestables. A esto se debe añadir una regulación bancaria que facilite la transformación del ahorro en préstamos a los sectores productivos, incluidas las mipymes.
En el ámbito monetario, conviene retomar el esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, cuyos instrumentos monetarios se utilicen de manera consistente con la formación de capital físico, el crecimiento económico y el anclaje de las expectativas de inflación. En un entorno internacional incierto, se hace necesario aplicar una política caracterizada por medidas monetarias convencionales, no zigzagueantes y óptimas, capaces de minimizar las fuentes de volatilidad interna. Ese enfoque reduciría la incertidumbre que ha estado distorsionando la asignación de los recursos productivos, al generar oportunidades de arbitraje e incentivos que retrasan decisiones de inversión o consumo en espera de nuevos desembolsos de liquidez a tasas de interés subsidiadas.
En cuanto a la política cambiaria, el Fondo Monetario Internacional interpreta la alta volatilidad del tipo de cambio registrada desde marzo de 2020 como un estado de "mayor flexibilidad cambiaria en línea con los fundamentos económicos." La realidad, no obstante, es que un aumento de la volatilidad más de cuatro veces superior a la que existía entre 2012 y 2019 va más allá del concepto de flexibilidad de la tasa de cambio. Por ese motivo, es recomendable revisar la normativa y la política monetaria, de modo que los movimientos cambiarios se produzcan en un marco de mayor previsibilidad.
La aplicación de una reforma laboral resulta clave para estimular la creación de empleo formal y productivo. Un mercado laboral flexible, que permita la movilidad de un trabajo a otro con el menor costo posible, optimizaría la asignación de los recursos humanos y aumentaría el desempeño laboral. A su vez, la reducción del costo de la formalidad estimularía la creación de empleos mejor remunerados, tanto para los trabajadores cualificados como para aquellos con menor nivel educativo, lo que se traduciría en un incremento del PIB sostenido e inclusivo.
El aumento de la población instruida impulsaría el progreso tecnológico. Una educación de calidad, junto con la formación técnica y universitaria vinculada a los sectores productivos (a través de programas de entrenamiento dentro y fuera de las empresas) y el fortalecimiento de los servicios de salud preventiva orientados a reducir el ausentismo laboral, incrementarían el aporte de la mano de obra a la expansión económica.
Finalmente, para potenciar la productividad total de los factores hay que adoptar medidas microeconómicas, respaldadas por un sistema judicial accesible y eficaz que proteja la propiedad privada. La PTF sube cuando se reducen los costos de hacer negocios, con regulaciones simples y favorables al crecimiento e infraestructura complementaria de la inversión privada. Los gastos de obtener los permisos para proyectos de construcción e inversión deben reducirse al mínimo. Además, un mayor grado de competencia, en un entorno de estabilidad macroeconómica, promovería la asignación eficiente de los recursos productivos y, en consecuencia, elevaría el bienestar de la población.
