[Escrito el 6 de agoto de 2025]
Antes de pensar en una reforma tributaria es imprescindible racionalizar el gasto público, lo que implica una reestructuración del Estado. Una simple inspección de las instituciones públicas lleva a recomendar modificaciones que no solo se traducirían en un importante ahorro de los recursos pagados por los contribuyentes, sino también en la mejora de su impacto sobre el crecimiento económico y creación de empleos privados.
A pesar de la fusión del Ministerio de Hacienda con el de Economía, existen todavía 20 ministerios bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo que deberían consolidarse y reducir así el tamaño del Estado. Las funciones específicas de los ministerios absorbidos -o eliminados- serían realizadas por viceministerios o direcciones que se crearían dentro del ministerio resultante, pero todas las actividades administrativas y de soporte operativo como compras, contrataciones, recursos humanos, entre otras, serían realizadas bajo los departamentos responsables aprovechando las economías de escala, lo cual permitiría reducir los costos de adquisición de bienes y servicios y mejorar su nivel de eficiencia.
A mi entender, se debe integrar a la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas en una sola entidad. Esto mejoraría la eficiencia en la lucha contra la evasión tributaria.
Además, se debe analizar a profundidad los gastos que se ejecutan a través de organismos autónomos y descentralizados para determinar su eficiencia y productividad. Entre esos gastos cabe destacar los casi 14 mil millones de pesos que se transfieren a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debe realizarse una evaluación para determinar si es mejor utilizar los recursos que se le transfieren a la UASD para el otorgamiento de becas a los mejores bachilleres para que estudien en universidades privadas. Los jóvenes dominicanos que exhiben dedicación y perseverancia en sus estudios se merecen la oportunidad de recibir la mejor educación posible en el país y en el extranjero.
Por otro lado, se debería analizar la pertinencia de establecer un congreso nacional unicameral o, por lo menos, realizar una significativa reducción del número de diputados. Todo lo anterior permitiría una reducción significativa del gasto corriente, recursos que se podrían utilizar para ejecutar infraestructuras complementarias de la inversión privada y promotoras del crecimiento económico.
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