(Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de julio de 2024)
La educación es el
determinante más significativo de la innovación, el progreso tecnológico y, por
tanto, del crecimiento económico. Robert Lucas, quien fuera profesor de la
Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía, lo analizó magistralmente en
su famoso ensayo “Making a Miracle” publicado en 1993. Y se ha
confirmado empíricamente que el nivel educativo guarda una estrecha y positiva
relación con la remuneración laboral. En
consecuencia, para mejorar las condiciones de vida de una sociedad resulta
imprescindible elevar el capital humano de su población.
Desde el año 2013,
el Gobierno dominicano invierte el 4% del PIB en educación preuniversitaria.
Sin embargo, a pesar del aumento sostenido de la cantidad de recursos
destinados al suministro de esos servicios educativos, no se ha logrado un
avance significativo en el desempeño del estudiante de la escuela pública. En
promedio, el resultado del aprendizaje sigue siendo mediocre y la tasa de
deserción escolar, principalmente entre los varones, es más que preocupante.
Bastaría, como ejemplo, un simple análisis descriptivo de las características
de la población carcelaria del país para verificar que el mayor porcentaje de
los recluidos se trata de personas que abandonaron los estudios antes de los 18
años.
Esa alarmante realidad
revela que el modelo vigente de gestión de la educación preuniversitaria
pública necesita urgentemente un profundo cambio. En ese sentido, la
introducción de técnicas modernas de gestión en los centros educativos es un
requisito indispensable para mejorar la calidad de la educación nacional e
incrementar las oportunidades de una buena enseñanza a favor de los segmentos
de población más pobres.
El sector privado
tiene la capacidad de apoyar el proceso de modernización mediante su
participación en un programa en el que centros académicos privados -colegios y
universidades- y grupos empresariales exitosos e innovadores se hagan cargo de
la gestión de un conjunto de escuelas públicas con el objetivo de mejorar el
desempeño académico de los estudiantes, cumpliendo regulaciones pedagógicas
establecidas por un equipo de expertos, como el tamaño de la población por aula
y el contenido curricular compatible con las necesidades actuales y futuras del
mercado laboral. Para financiar ese programa de gestión escolar se calcularía
una tarifa óptima por estudiante que sería pagada por el Estado al
administrador en función del número de alumnos que asista a cada centro.
Sujeto a esa
restricción presupuestaria y satisfaciendo las regulaciones pedagógicas, el
nuevo equipo administrador seleccionaría los insumos que se transformarían en
servicios educativos eficientes de manera tal que se eleve la calidad del
proceso de aprendizaje hasta el nivel que se maximice el desempeño académico de
los estudiantes. Todo ello implica seleccionar maestros, material didáctico,
tecnología de apoyo, alimentación estudiantil y el mantenimiento de la
infraestructura escolar, entre otros insumos.
En el año 2024 se
aprobó al Ministerio de Educación un presupuesto de 297 mil millones de pesos
para ofrecer servicios de educación preuniversitaria a una población de 2.07
millones de estudiantes. Esto significa un costo anual de 143 mil pesos por
estudiante, que incluye el pago de bienes y servicios que no están vinculados
con los servicios educativos (e.g., exceso de personal sin funciones).
En base a esos
datos, se estima que una escuela pública con 400 estudiantes cuesta actualmente
al contribuyente dominicano un promedio de 57.2 millones de pesos por año.
Lamentablemente el producto final, cuantificado por los resultados del
aprendizaje, la probabilidad de deserción y el valor presente del flujo de
ingresos que obtendrá ese estudiante durante su vida laboral, es insuficiente
para alcanzar una sociedad con mayor nivel de bienestar y menor desigualdad de
oportunidades y renta.
El presupuesto del
Ministerio de Educación se debe utilizar para la ejecución del programa de
modernización de la gestión del sistema escolar dominicano. En el primer año
pudieran seleccionarse mil escuelas públicas para ser gestionadas por entidades
privadas adjudicadas mediante un riguroso concurso público que evalúe la
eficiencia y experiencia del equipo humano encargado tanto de la gestión
administrativa como académica.
Para alcanzar la
eficiencia del programa es necesario asociar el desempeño de los niños (e.g.,
resultados de pruebas estandarizadas) con el beneficio del suplidor de los
servicios de educación. Los centros académicos privados y los grupos
empresariales encargados de la gestión de las escuelas públicas podrán
contratar libremente un director académico, un administrador y profesores con
el objetivo de obtener el mejor desempeño académico posible. Los gestores
recibirán una prima -porcentaje- por encima del pago por alumno en función del
éxito que se logre en el desempeño en matemáticas, ciencias, lectura
comprensiva, entre otras competencias. Los resultados se compararán con los de
la línea base establecida al inicio del programa como registro del nivel académico
previo de la población escolarizada.
Concluido el primer
año, se realizaría una evaluación de impacto del programa de gestión escolar
para determinar si en promedio hay una mejora estadísticamente significativa
del desempeño de los estudiantes. En función de los datos obtenidos en la
evaluación, se realizarán recomendaciones para mejorar el resultado del segundo
año y se ampliará la cobertura del programa con el objetivo de que en un
periodo de cuatro años se haya trasladado la totalidad de la población de las
escuelas públicas al nuevo sistema de gestión.
El resultado del
cambio del modelo será equitativo, puesto que los niños que recibirán mejor
educación en los próximos años tendrán la capacidad de terminar sus estudios
escolares, pasar a la universidad o a escuelas de formación técnica
profesional, y obtener mejores retribuciones en el futuro. El aumento del nivel
de ingresos laborales se traducirá en mayores recaudaciones tributarias,
condición necesaria para que el Estado pueda costear adecuadamente la educación
de otros niños de hogares menos afortunados. La sociedad se beneficiaría de ese
programa porque la nueva generación de adultos con elevado capital humano
alcanzaría mejores condiciones de vida. Conviene recordar que una ciudadanía con
buena formación académica y técnica es un elemento esencial para una sociedad
más igualitaria, cohesionada y democrática. En definitiva, invertir eficientemente
en la educación del país es la apuesta más segura para mejorar el presente y el
futuro de todos.
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