Rompiendo el modelo de la educación pública

(Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de julio de 2024)

La educación es el determinante más significativo de la innovación, el progreso tecnológico y, por tanto, del crecimiento económico. Robert Lucas, quien fuera profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía, lo analizó magistralmente en su famoso ensayo “Making a Miracle” publicado en 1993. Y se ha confirmado empíricamente que el nivel educativo guarda una estrecha y positiva relación con la remuneración laboral. En consecuencia, para mejorar las condiciones de vida de una sociedad resulta imprescindible elevar el capital humano de su población.

Desde el año 2013, el Gobierno dominicano invierte el 4% del PIB en educación preuniversitaria. Sin embargo, a pesar del aumento sostenido de la cantidad de recursos destinados al suministro de esos servicios educativos, no se ha logrado un avance significativo en el desempeño del estudiante de la escuela pública. En promedio, el resultado del aprendizaje sigue siendo mediocre y la tasa de deserción escolar, principalmente entre los varones, es más que preocupante. Bastaría, como ejemplo, un simple análisis descriptivo de las características de la población carcelaria del país para verificar que el mayor porcentaje de los recluidos se trata de personas que abandonaron los estudios antes de los 18 años.

Esa alarmante realidad revela que el modelo vigente de gestión de la educación preuniversitaria pública necesita urgentemente un profundo cambio. En ese sentido, la introducción de técnicas modernas de gestión en los centros educativos es un requisito indispensable para mejorar la calidad de la educación nacional e incrementar las oportunidades de una buena enseñanza a favor de los segmentos de población más pobres.

El sector privado tiene la capacidad de apoyar el proceso de modernización mediante su participación en un programa en el que centros académicos privados -colegios y universidades- y grupos empresariales exitosos e innovadores se hagan cargo de la gestión de un conjunto de escuelas públicas con el objetivo de mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cumpliendo regulaciones pedagógicas establecidas por un equipo de expertos, como el tamaño de la población por aula y el contenido curricular compatible con las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Para financiar ese programa de gestión escolar se calcularía una tarifa óptima por estudiante que sería pagada por el Estado al administrador en función del número de alumnos que asista a cada centro.

Sujeto a esa restricción presupuestaria y satisfaciendo las regulaciones pedagógicas, el nuevo equipo administrador seleccionaría los insumos que se transformarían en servicios educativos eficientes de manera tal que se eleve la calidad del proceso de aprendizaje hasta el nivel que se maximice el desempeño académico de los estudiantes. Todo ello implica seleccionar maestros, material didáctico, tecnología de apoyo, alimentación estudiantil y el mantenimiento de la infraestructura escolar, entre otros insumos.

En el año 2024 se aprobó al Ministerio de Educación un presupuesto de 297 mil millones de pesos para ofrecer servicios de educación preuniversitaria a una población de 2.07 millones de estudiantes. Esto significa un costo anual de 143 mil pesos por estudiante, que incluye el pago de bienes y servicios que no están vinculados con los servicios educativos (e.g., exceso de personal sin funciones). 

En base a esos datos, se estima que una escuela pública con 400 estudiantes cuesta actualmente al contribuyente dominicano un promedio de 57.2 millones de pesos por año. Lamentablemente el producto final, cuantificado por los resultados del aprendizaje, la probabilidad de deserción y el valor presente del flujo de ingresos que obtendrá ese estudiante durante su vida laboral, es insuficiente para alcanzar una sociedad con mayor nivel de bienestar y menor desigualdad de oportunidades y renta.

El presupuesto del Ministerio de Educación se debe utilizar para la ejecución del programa de modernización de la gestión del sistema escolar dominicano. En el primer año pudieran seleccionarse mil escuelas públicas para ser gestionadas por entidades privadas adjudicadas mediante un riguroso concurso público que evalúe la eficiencia y experiencia del equipo humano encargado tanto de la gestión administrativa como académica.

Para alcanzar la eficiencia del programa es necesario asociar el desempeño de los niños (e.g., resultados de pruebas estandarizadas) con el beneficio del suplidor de los servicios de educación. Los centros académicos privados y los grupos empresariales encargados de la gestión de las escuelas públicas podrán contratar libremente un director académico, un administrador y profesores con el objetivo de obtener el mejor desempeño académico posible. Los gestores recibirán una prima -porcentaje- por encima del pago por alumno en función del éxito que se logre en el desempeño en matemáticas, ciencias, lectura comprensiva, entre otras competencias. Los resultados se compararán con los de la línea base establecida al inicio del programa como registro del nivel académico previo de la población escolarizada.

Concluido el primer año, se realizaría una evaluación de impacto del programa de gestión escolar para determinar si en promedio hay una mejora estadísticamente significativa del desempeño de los estudiantes. En función de los datos obtenidos en la evaluación, se realizarán recomendaciones para mejorar el resultado del segundo año y se ampliará la cobertura del programa con el objetivo de que en un periodo de cuatro años se haya trasladado la totalidad de la población de las escuelas públicas al nuevo sistema de gestión.

El resultado del cambio del modelo será equitativo, puesto que los niños que recibirán mejor educación en los próximos años tendrán la capacidad de terminar sus estudios escolares, pasar a la universidad o a escuelas de formación técnica profesional, y obtener mejores retribuciones en el futuro. El aumento del nivel de ingresos laborales se traducirá en mayores recaudaciones tributarias, condición necesaria para que el Estado pueda costear adecuadamente la educación de otros niños de hogares menos afortunados. La sociedad se beneficiaría de ese programa porque la nueva generación de adultos con elevado capital humano alcanzaría mejores condiciones de vida. Conviene recordar que una ciudadanía con buena formación académica y técnica es un elemento esencial para una sociedad más igualitaria, cohesionada y democrática. En definitiva, invertir eficientemente en la educación del país es la apuesta más segura para mejorar el presente y el futuro de todos.