[Escrito el 9 de octubre de 2020]
El sector construcción es clave para la
reactivación de la economía dominicana. Ese sector tiene el mayor peso en el
producto interno bruto (PIB) con un 12%. Además, es la actividad económica que,
al combinar su expansión relativa con su ponderación en el PIB, es la que más
ha aportado al crecimiento económico en los últimos años.
Específicamente, entre 2014 y 2019 el sector
construcción aportó, en promedio, el 18.6% de la expansión del PIB. Para que
tengan una idea de esa magnitud, basta comparar con otros sectores productivos
fundamentales. La actividad de construcción aportó en ese período 1.9 veces más
que el comercio; 2.6 veces más que la manufactura local; y 2.7 veces más que hoteles,
bares y restaurantes.
La política monetaria expansiva tiene una
influencia positiva sobre la construcción residencial, comercial e industrial. La
liberación de recursos líquidos de parte del Banco Central y la disminución de
la tasa de interés activa ayudarán a que se ejecuten nuevos proyectos de
viviendas. Asimismo, cuando se recupere el empleo y el ingreso laboral se puede
proyectar que, junto al aumento de la liquidez, se incrementará la inversión en
la construcción comercial e industrial.
La política fiscal es fundamental para la construcción
de infraestructura. El gobierno del presidente Abinader debe aprovechar el
acceso a los mercados de capitales internacionales para promover la expansión
de la infraestructura, como autopistas, puertos, aeropuertos, acueductos, entre
otros. Esa inversión tiene un elevado efecto multiplicador que favorece la
creación de valor agregado y empleo, dada la estrecha relación de la
construcción con otras actividades.
En este período de emergencia nacional, el gobierno
del presidente Abinader debe hacer expedito el proceso de aprobación e inicio
de proyectos de infraestructura. En el marco de la ley 340-06, los proyectos de
infraestructura se licitan, adjudican e inician en un período de, por lo menos,
9 meses. Y en el marco de la ley 47-20 de alianzas público-privadas, se espera
que los proyectos de infraestructura se presenten, liciten, adjudiquen e inicien
en un período comprendido entre 12 y 18 meses.
Para promover la reactivación económica basada
en la construcción de infraestructura será necesario que el gobierno acorte
esos plazos. En esta coyuntura de crisis de demanda agregada, provocada por la
pandemia del COVID-19, habría que realizar un análisis exhaustivo de toda la
legislación disponible que pueda ser utilizada para facilitar la ejecución de
los proyectos de infraestructura que mayor impacto tengan sobre el crecimiento
económico nacional. Eso es clave para que 2021 sea un año bueno.
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