Las autoridades gubernamentales y el sector privado
necesitan fijar un marco operativo que les ayude a tomar decisiones óptimas.
El primer paso es definir los objetivos en el mediano y
largo plazo de nuestra sociedad. En ese contexto se puede señalar que se
requiere aumentar el empleo, elevar el ingreso promedio, incrementar la
productividad laboral y del capital y disminuir la desigualdad de los ingresos.
Dado ese conjunto de objetivos se debe establecer un
contrato social que elimine la rigidez de las leyes. Ese contrato debe ser
flexible y fundamentarse en la razón. De esa manera, los acuerdos entre los
trabajadores, empleadores y gobierno se adaptarían a las circunstancias del
momento. Un mercado laboral con alto o bajo desempleo son dos escenarios que
ameritan decisiones distintas, las cuales –lamentablemente- en la actualidad no
se pueden tomar debido a las rigideces establecidas en el Código Laboral.
Los diseñadores de políticas económicas y los agentes
privados deberían adoptar todas sus decisiones en función de los objetivos,
usando la metodología de maximización intertemporal. Esto significa que cuando
vayan a tomar una decisión se deben preguntar: ¿Ayuda esto a alcanzar mis
objetivos? ¿Este es el momento oportuno para seleccionar esa alternativa?
Si así lo hacen pronto nos colocaremos, como sociedad, sobre
una trayectoria óptima hacia el desarrollo económico y social. La ventaja es
que esto transformaría a los políticos en estadistas, con una visión de largo
plazo muy superior a la definida por sus cuatro años de gobierno.
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