El Procurador General de la República, Francisco Domínguez
Brito, afirmó que en el caso contra los imputados en el atentado a Francina
Hungría se aportaron “pruebas contundentes para su condena.” No obstante, el
resultado es que las magistradas decidieron condenar al que disparó y dejar en
libertad a los otros tres porque “el Ministerio Público no presentó de forma
certera ninguna vinculación de los co-imputados en el hecho.”
Esa decisión revela que, a pesar de la confesión de uno de
los liberados, la justicia no condena a quienes debe sancionar.
Otro ejemplo de lo mal que está la justicia es el siguiente.
Dice el Procurador que en el país existen mafias dedicadas a la falsificación y
adulteración de medicamentos, por lo cual solicita a los médicos y a la
población en general que denuncien esas operaciones. Domínguez Brito señala que
si recibe esa denuncia “le daría el
apoyo necesario para llevar ese flagelo a su mínima expresión.” Sin embargo,
existen casos en los cuales se han denunciado violaciones a las leyes y no se
ha hecho nada.
Me refiero al expediente del caso SunLand. Yo escribí un
libro donde se documentan pruebas fehacientes que permitirían una severa
condena por corrupción y lavado de activos en contra de los involucrados. Y, a
pesar de esas pruebas, el Procurador no se ha referido a ese caso.
Eso me permite afirmar que el estado actual de la justicia
dominicana es muy preocupante.
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