La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional tendrá un
significativo impacto económico. Se estima que entre 200 y 500 mil hijos de
inmigrantes haitianos serán afectados por la sentencia, quedándose transitoriamente
sin acceso a sus documentos, como acta de nacimiento, cédula y pasaporte.
Esa sentencia desembocará en un Plan de Regularización que
establecerá quiénes podrán ser naturalizados, o merecedores de una tarjeta de
residencia o y quienes serán despachados de regreso a Haití.
Si se asume que hay 100 mil descendientes de haitianos nacidos
en la República Dominicana que están trabajando y no podrán ser naturalizados y
que hay 300 ó 400 mil haitianos nacidos en Haití que están residiendo en
condición irregular en territorio dominicano, no cabe duda de que la aplicación
de la sentencia tendrá un impacto negativo sobre el valor agregado nacional en
el corto plazo, porque disminuiría la cantidad de personas que produce bienes y
servicios.
Por otro lado, la salida de esa mano de obra del país disminuiría
el nivel de beneficios de las empresas e incrementaría el salario promedio
nacional. Esto significa que la
sentencia tendería a reducir la desigualdad de ingresos, pues contraería el
ingreso real de los más ricos y aumentaría el ingreso percibido por los
trabajadores dominicanos de menores ingresos que actualmente enfrentan la
competencia de los haitianos con residencia irregular.
Por último, la sentencia provocará una mejora de las
finanzas públicas, pues la población que tendría que irse del país es
demandante neto de recursos estatales, ya que paga menos impuestos de lo que
recibe en forma de servicios públicos.
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