La
República Dominicana se acerca a un punto que la llevaría a una trayectoria
explosiva. El excesivo poder político y económico que exhiben Leonel Fernández
y sus cercanos colaboradores es preocupante. Ese poder les ha permitido tomar
decisiones ilegales e ilegítimas a su favor, perjudicando a la mayoría del
pueblo dominicano. Históricamente queda demostrado que ese tipo de abuso de
poder conduce, por lo general, a levantamientos populares o a gobiernos de mano
dura.
En el año 2010, Leonel Fernández
utilizó el presupuesto gubernamental para tomar el control total del Congreso
Nacional. En la actualidad el Senado de la República responde al unísono a la
voluntad del presidente del PLD. La mayoría absoluta de la Cámara de Diputados
le permite aprobar las leyes que quiere: impuestos, gasto público y
endeudamiento están en sus manos. Esa victoria en las elecciones congresuales y
municipales de 2010 también le permitió a Leonel colocar bajo el manto de la
inmunidad parlamentaria a funcionarios que están relacionados con actos de
corrupción.
La selección de los jueces de las Altas Cortes
es el más reciente episodio de acumulación de poder. A través del control del
Consejo Nacional de la Magistratura logró seleccionar a jueces que, con raras
excepciones, responden a los intereses de Leonel Fernández y sus colaboradores.
Ese control de la justicia aumentará el grado de impunidad ante las decisiones ilegales
e ilegítimas que ese grupo tome. Cabe recordar que, Mariano Germán, recientemente
nombrado como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue el abogado que
Leonel Fernández seleccionó para que “resolviera” el tollo que se había creado
con el caso SunLand.
El
poder político no ha sido suficiente para Leonel Fernández. Sus cercanos
colaboradores se han convertido en empresarios millonarios, que compiten de
manera desleal contra el resto de los empresarios dominicanos. El mismo Leonel
tiene una institución que compite deslealmente con los principales centros
académicos del país. Por un lado, recibe donaciones de contratistas y
suplidores del Estado. Por otro lado, los funcionarios públicos tienen que
asistir a sus cursos, creándose una demanda cautiva.
El
último presidente dominicano que combinó el poder político con el poder
económico fue el general Rafael L. Trujillo. Durante 30 años abusó de su poder,
acumulando riquezas nunca antes registradas en el país, mediante la
expropiación de tierras, empresas o exigiendo participaciones accionarias en
los principales negocios del país. Aquellos que lo enfrentaron murieron o
tuvieron que irse al exilio. Sus cercanos colaboradores –muchos de ellos
insignificantes analfabetos- también abusaron del pueblo dominicano. Creaban
expedientes en la justicia para callar a los miembros de la oposición, los
compraban con el dinero del Estado o simplemente los mataban. El poder del
general Trujillo era tan grande que se pudo dar el lujo de salir de la presidencia
en 1938 y poner a un presidente, a quien controlaba como un títere.
Hay
que evitar que Leonel y su grupo sigan acumulando poder. La democracia
dominicana está en juego. Hoy más que nunca se necesita colocar en la
presidencia de la República alguien que sea un verdadero contrapeso del dominio
que exhibe el actual responsable del Poder Ejecutivo.
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