El gobierno de Leonel Fernández está preparando una nueva reforma tributaria, que sería ejecutada después de las elecciones presidenciales de mayo 2012. Funcionarios del gobierno han estado realizando simulaciones del impacto de mayores impuestos sobre las desequilibradas finanzas públicas, para ser presentadas a los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Con el diseño de esa reforma tributaria se pretende que el FMI le otorgue una nueva dispensa al gobierno, que permita la aprobación de la séptima y octava revisión del acuerdo Stand-By y el desembolso de 500 millones de dólares antes de las elecciones.
Técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central están preparando medidas tributarias que incrementarán la carga impositiva que recae sobre los hombros del pueblo dominicano. Entre las medidas se encuentra la ampliación de la base imponible del Itbis, la cual sólo dejaría fuera algunos productos y servicios esenciales. Todo lo demás –aunque represente la mayor parte de la estructura de consumo de los pobres- estaría gravado. Esto significa claramente una medida regresiva, pues tendería a empeorar la distribución de los ingresos en el país.
El gobierno de Leonel Fernández también está simulando el impacto de incluir en la base imponible del Impuesto sobre la renta los ingresos de intereses recibidos por las personas físicas. Ese es un impuesto a la rentabilidad del ahorro y, en consecuencia, es equivalente a un impuesto creciente sobre el consumo de las personas físicas. Dado que los gastos por intereses no son deducibles de la renta neta imponible de esos contribuyentes, se puede concluir que ese es un impuesto altamente distorsionante de las decisiones de ahorro e inversión financiera. El impacto sobre el crecimiento económico será negativo.
La Dirección General de Impuestos Internos también pretende vía norma elevar el impuesto efectivo sobre las ganancias de capital, que se derivan de la venta de acciones de las empresas. Se prevé que esa medida se adoptará antes de la reforma tributaria del año 2012 con el objetivo de elevar las recaudaciones y compensar el aumento del desequilibrio en las finanzas públicas, que será provocado por el incremento del gasto público que se registrará durante el proceso electoral.
Esa nueva reforma tributaria será injusta porque recaerá sobre los agentes económicos que no son responsables de la crisis que afecta a las finanzas públicas. Los contribuyentes pagaron en el 2011 casi 4 veces más impuestos de lo que pagaron en el 2004, producto de 5 reformas tributarias aplicadas en ese período. Si en los últimos 4 años el déficit del Gobierno Central ha superado en promedio los 50 mil millones de pesos anuales se debe al excesivo gasto público. En consecuencia, si el gobierno quiere realizar un ajuste fiscal debería reducir el gasto público y no aumentar los impuestos. El pueblo ya no soporta más cargas tributarias.
La economía dominicana requiere de la combinación de austeridad en el gasto y de un sistema tributario que sea promotor de negocios. Lo primero implica eliminar todos los gastos superfluos que han colocado al gobierno dominicano en la posición del más despilfarrador entre 142 gobiernos evaluados. Lo segundo significa establecer impuestos que promuevan el ahorro, la inversión, el empleo y el crecimiento económico. De esa manera se logrará mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo dominicano y no sólo de un pequeño grupo de funcionarios y empresarios vinculados directamente al gobierno de Leonel Fernández.
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