[Escrito el 6 de febrero de 2024]
El presidente Luis Abinader señaló hace unos días que de ser electo
nuevamente convocará a “un gran acuerdo de unidad nacional” para aprobar las
reformas pendientes. La situación actual del sector eléctrico revela la
urgencia de que esa sea una de las primeras reformas a ser ejecutadas a partir
de agosto de este año.
De acuerdo con el informe de desempeño del sector eléctrico publicado por
el Ministerio de Energía y Minas, las empresas distribuidoras de electricidad
siguen deteriorándose en términos operativos y financieros. Esa situación crea
un agujero que impacta negativamente sobre las finanzas públicas, pues obliga
al gobierno central a destinar de sus recursos un monto equivalente a 1.3% del
producto interno bruto para financiar el déficit de caja anual y evitar así un
aumento de la cantidad de horas de corte de energía eléctrica.
El porcentaje de pérdida total,
cuantificado como uno menos el cociente de la cantidad de energía cobrada sobre
la cantidad de energía comprada por las distribuidoras, siguió subiendo en
2023. En base a la información comprendida entre enero y noviembre se puede
calcular que el porcentaje de pérdida total se colocó en 39.6% en 2023,
superando el 37.8% de 2022. Esos porcentajes de pérdidas son sustancialmente
superiores a los que prevalecían antes de la pandemia del covid-19, como es el porcentaje
de pérdida de 29% registrado en 2019.
El bajo nivel de inversiones revela que las empresas distribuidoras de
electricidad no están realizando la gestión necesaria para poder reducir las
pérdidas operativas. Si se anualiza el nivel de inversión total alcanzado a
noviembre se tiene que para el año 2023 se habría ejecutado una inversión de
165 millones de dólares. Esa cifra representa un 45% menos del monto que se
invertía anualmente antes de la pandemia, nivel que para ese entonces también
se consideraba bajo.
La mala gestión de las empresas distribuidoras de electricidad es tan
grave que, aun cuando el precio promedio de compra de energía se redujo en 6.1%
en 2023, el déficit del flujo de caja superó los 1,500 millones de dólares.
La reforma del sector eléctrico debe traducirse en el aumento de la
capacidad de facturación y cobro de la energía comprada por las empresas
distribuidoras. Es altamente probable que, si se le factura y cobra la energía
eléctrica a quienes actualmente la utilizan y no la pagan, se eliminaría el
déficit financiero del sector eléctrico sin que sea necesario subir la tarifa a
los clientes que actualmente pagan.
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