De la Torre de Babel a la tiranía del silencio

[Escrito el 30 de diciembre de 2020]

Una de las condiciones necesarias de una democracia es la libertad de expresión. La tolerancia, que debe prevalecer en esa forma de gobierno, se sintetiza en la frase atribuida a Voltaire, famoso filósofo francés: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.”

El gobierno ha creado una Torre de Babel en materia de Covid-19. Por un lado, el presidente Luis Abinader declara que esa enfermedad está controlada en el país. Mientras, la vicepresidenta, Raquel Peña, y el ministro de Salud afirman que los casos de Covid-19 crecen de manera exponencial y que la situación es alarmante.

Esa Torre de Babel parió el decreto 698-20, sobre el cual señalé, el 18 de diciembre pasado, que era temporalmente inconsistente y que, por lo tanto, sería modificado en un plazo breve. Hoy, 30 de diciembre, Raquel Peña anunció al país el decreto 740-20, que modifica el anterior y establece un toque de queda más estricto.  

Ante la contradicción existente entre los discursos oficiales sobre el Covid-19, el gobierno quiere imponer una mordaza a todo aquel que no comulgue con ellos, aun cuando esa persona tenga información y capacidad de análisis sobre ese tema. En una reunión del Gabinete de Salud celebrada el 28 de diciembre en el Palacio Nacional, encabezada por Raquel Peña, se desautorizó a hablar sobre Covid-19 al director del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skewes, quien había declarado recientemente que el país estaba siendo impactado por una segunda ola de infección de esa enfermedad.

El gobierno quiere establecer la censura con relación al Covid-19. La deficiente unidad de comunicaciones del Palacio Nacional, encabezada por Milagros Germán, publicó un tuit en el que solicitaba: “A nuestros amigos de los medios, principales aliados, pedimos que nos sigan acompañando [sic] ofreciendo solo información oficial.” Esa solicitud, unida a la decisión del Gabinete de Salud de concentrar toda la información sobre ese tema, limitará la libertad de prensa que deben tener los medios para obtener otras versiones distintas a las que presenta el oficialismo. Si prevalece esa política gubernamental, se estaría imponiendo la tiranía del silencio, que imperó en la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin, o la República Dominicana de Trujillo.

El pueblo dominicano debe defender y exigir la libertad de expresión. Y más en una situación en que el promedio de infectados por día se ha incrementado vertiginosamente en las últimas cuatro semanas, duplicándose la tasa de positividad entre el 16 de noviembre y el 28 de diciembre de este año, al pasar de 15.3% a 37.2%. Esa terrible realidad no puede ser ocultada. El pueblo debe percibir el riesgo de contagiarse de esa enfermedad y conocer la elevada probabilidad de que haya un desbordamiento de la demanda de servicios de salud, que obligue a los médicos a decidir quién vive y quién muere.  

Almonte y Canario se hunden en sus falacias

Respuesta del Dr. Jaime Aristy Escuder a la rueda de prensa del ministro de Energía y Minas Antonio Almonte y de Serafín Canario sobre la gestión del patio de cenizas de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). 29 de diciembre de 2020.

El ministro de Energía y Minas Antonio Almonte se la pasó durante la campaña electoral diciendo mentiras en contra de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). Hoy, en una rueda de prensa, al intentar decir otras mentiras sobre la administración anterior, realizó afirmaciones que demuestran que lo que dijo durante la campaña electoral son simplemente falacias.

En su deprimente rueda de prensa, Antonio Almonte y Serafín Canario, reconocieron que las dos unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina producen a su máxima capacidad de 752 MW, cada vez que se lo solicita el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Esto desmiente a Almonte, quien dijo durante la campaña electoral que cada unidad de CTPC sólo podía producir 356 MW, para una capacidad máxima total de 712 MW. Eso lo declaró Almonte a pesar de la auditoría de desempeño realizada por la empresa estadounidense McHale, presentada por mí públicamente, demostró que la capacidad de generación de CTPC es mayor a los 752 MW.

Lamentablemente, la capacidad de tergiversar la verdad de Almonte no tiene límite. Hoy dijo que durante la actual administración de Punta Catalina se había incrementado la cantidad de energía producida por esas dos unidades con relación a la administración anterior. Eso es falso. La comparación debe hacerse entre períodos en que ambas unidades están bajo operación de CDEEE, que es a partir de finales de abril de 2020. En consecuencia, se puede decir que el promedio de la producción de energía bruta total de CTPC en los tres meses comprendidos en el período mayo-julio ascendió a 504.6 GwH, mientras que en los tres meses del período septiembre-noviembre la producción fue de 481.9 GwH; es decir, que en la administración actual se ha producido un 4.5% menos de lo que se produjo durante la administración pasada.

Por otro lado, Almonte y Canario, reconocieron en la rueda de prensa que el diseño del patio de cenizas cumple con los estándares internacionales medioambientales para ese tipo de plantas energéticas. Esto contrasta con lo que decía Almonte durante la campaña electoral, cuando afirmaba que esas instalaciones no eran un relleno sanitario, sino un simple vertedero de cenizas. Para esa fecha le demostramos que esas instalaciones cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares medioambientales de la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) en materia de rellenos sanitarios. A pesar de esa evidencia, siguió mintiendo. 

La nueva crítica de Almonte ahora se centra en la gestión de la pasada administración de ese relleno sanitario. Según Almonte, el Consorcio constructor, que gestionó el relleno sanitario entre febrero y octubre de 2019, manejó adecuadamente las cenizas en esas instalaciones, pero tan pronto tomó la CDEEE la operación, no cumplió con los procedimientos. Eso, al igual que muchas otras mentiras de Almonte, es falso e ilógico, pues el equipo de la CDEEE, al igual que operó eficientemente las dos unidades de generación y las entregó produciendo al 100% de su capacidad, también operó adecuadamente el patio de cenizas.

La administración de CTPC gestionó el relleno sanitario siguiendo los procedimientos establecidos por el Consorcio, tomando en consideración el aumento de la producción de electricidad y de subproducto que se iba registrando, y adquirió gradualmente los equipos necesarios para ello. Incluso se adquirieron las mallas geotextiles necesarias para iniciar el cierre del patio de cenizas y su transformación en una hermosa zona verde, tal como se previó en el diseño de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. De acuerdo con lo planificado y presupuestado por la administración anterior y según el manual de operaciones, dentro de unas semanas esa primera celda del patio de cenizas deberá estar totalmente cerrada.

Un último consejo a Almonte y a Canario, pónganse a trabajar intensamente a ver si en algún momento logran superar el promedio de energía mensual producida por la pasada administración de CTPC en el período mayo-julio de 2020. Eso sí sería algo positivo para el pueblo dominicano.

El Covid-19, en modo alarmante

 [Escrito el 28 de diciembre de 2020]

El 16 de noviembre de 2020 el presidente Abinader declaró que el Covid-19 estaba bajo control en la República Dominicana. Inmediatamente rebatí esa afirmación, comentando el 18 de noviembre que en Estados Unidos y Europa se estaba registrando una segunda ola más severa que la primera. A pesar de mi advertencia, el gobierno no hizo nada.

El 14 de diciembre presenté una gráfica del incremento de los casos de contagio diario, en la cual se identificaba el inicio de la segunda ola en la República Dominicana. El 15 de diciembre el gobierno comenzó a reconocer que se había equivocado al decir que tenía el Covid-19 bajo control, pues emitió el decreto 698-20 en el cual se estableció que “debido al actual incremento exponencial en la propagación de la enfermedad tanto a nivel nacional como internacional, es necesario reforzar el toque de queda y demás medidas de distanciamiento social adoptadas en el marco del estado de emergencia.” No obstante, y de manera inexplicable, el presidente Abinader, en una entrevista concedida hace unos días al periódico español El País, reiteró que “tenemos la pandemia bajo control.”

Entre el 16 de noviembre, fecha en que el presidente Abinader dijo, por primera vez, que el Covid-19 estaba bajo control, y el 27 de diciembre, la cantidad de activos identificados se incrementó en un 65%, al pasar de 21,646 personas a 35,695 personas. Y en ese mismo período, la tasa de positividad se incrementó en más del doble, al pasar de 15.3% a un 31.4%. Ese comportamiento está muy lejos de lo que significa tener una enfermedad contagiosa bajo control.

Ante esos resultados, la Sociedad de Infectología hizo ayer una declaración contundente: “No es verdad que el Covid-19 está controlado.” La doctora Rita Rojas, presidenta de esa sociedad, indicó que “el hecho de que tengamos camas en UCI y ventiladores no quiere decir que nosotros lo estamos haciendo bien, yo pienso que lo estamos haciendo muy mal.” Y tiene razón, las declaraciones del presidente Abinader crearon la percepción de una falsa seguridad, lo cual provocó que las personas, al pensar que el gobierno tenía bajo control el Covid-19, descuidara las medidas de distanciamiento social y de uso de mascarillas.  

Ayer, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública, contradiciendo la opinión presidencial, han reconocido que la situación del Covid-19 es alarmante.

Dada esa preocupante realidad, vuelvo a recomendar que, en las fiestas de fin de año, no salgan mucho, pásenla con su familia más cercana y, sobre todo, protejan a sus seres queridos más vulnerables. Escuchen a los científicos, quienes opinan que la enfermedad sólo estará bajo control, cuando se haya aplicado la vacuna, no antes. Los políticos lo que han hecho, en su mayoría, es equivocarse con relación a la gestión de la pandemia del Covid-19.

Preguntas sobre el Fideicomiso Pro-Pedernales

[Escrito el 23 de diciembre de 2020]

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 724-20 que crea el Fideicomiso Pro-Pedernales, el cual tiene como objeto la promoción, implementación y ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del polo turístico de Pedernales.

El Estado participará en ese fideicomiso a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario; es decir, será el aportante de activos y beneficiario, respectivamente. La Fiduciaria Reservas, S.A., será la fiduciaria; es decir, quien gestionará los activos o patrimonio fideicomitido.

Las personas físicas o jurídicas del sector privado también podrán participar en ese fideicomiso mediante la realización de aportes de cualquier naturaleza al patrimonio, convirtiéndose así en fideicomitentes y fideicomisarios adherentes.

La Fiduciaria Reservas deberá gestionar los recursos del patrimonio fideicomitido, que deberán ser utilizados en proyectos de desarrollo del polo turístico de Pedernales. De acuerdo con el citado decreto se le otorga a la Fiduciaria Reservas la capacidad de gestionar y contratar en nombre del Fideicomiso Pro-Pedernales con cargo al patrimonio, créditos, financiamientos, incluyendo la emisión de ofertas públicas de valores de renta fija o variable, en moneda local o extranjera.

En este momento debo hacer varias preguntas.

¿Son las personas que adquieren esa deuda emitida a cargo del patrimonio fideicomitido, acreedores o inversionistas?  

¿Los recursos que se obtengan mediante la emisión de deuda a cargo de ese patrimonio constituirán o no deuda pública? ¿Esa deuda será aprobada por el Congreso Nacional?

¿El exceso de liquidez que se obtenga mediante la emisión de títulos de deuda será depositado en el Banco de Reservas?

¿El retorno de la inversión en ese fideicomiso público, o en otros que se deriven del mismo,  se originará del flujo de efectivo que generarán los activos que se construirán en el futuro -hoteles, carreteras, aeropuertos, marinas- y que serán gestionados por la Fiduciaria Reservas? ¿Puede esa fiduciaria garantizar un determinado retorno de la inversión?

¿Qué pasaría si el retorno de los activos incluidos en el patrimonio no es suficiente para pagarle lo esperado a los inversionistas o acreedores? ¿En ese caso, tendrá el Estado que hacer el pago de los intereses o la recompra de los títulos de deuda emitidos?

¿Deben cumplir con la Ley 340-06 las compras y contrataciones que se realicen durante la ejecución de los proyectos que se desarrollarán dentro del Fideicomiso Pro-Pedernales? ¿Quién asegurará la ejecución de una política de compras y contrataciones eficiente? ¿Deberán ser fiscalizadas sus operaciones administrativas por la Cámara de Cuentas?

Me imagino que estas preguntas serán respondidas por las autoridades, antes de que den el primer picazo en el polo turístico de Pedernales.

Sobre la reforma tributaria de Abinader

[Escrito el 22 de diciembre de 2020]

Dos de los principales funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader declararon hace unos días que a principios de año se comenzará a discutir la reforma fiscal, con el objetivo revisar la estructura tributaria del país.

El gobierno cierra este año con el mayor déficit público de la historia reciente dominicana. Las finanzas gubernamentales arrojarán un déficit de 9.3% del PIB y se espera que el año que viene registre un déficit de un 5% del PIB, aun cuando la Administración de Abinader estimó que sería de un 3% del PIB. Esa terrible situación fiscal obliga a las autoridades a tomar medidas que reduzcan el déficit.

El ajuste debe ser no menor de 4 puntos del PIB. Esto equivale a un monto de alrededor 180 mil millones de pesos, que deberá alcanzarse mediante la reducción del gasto y/o el aumento de las recaudaciones.

El programa de gobierno del PRM establece que se pudiera reducir el gasto en, al menos, 129 mil millones de pesos. Eso significa que sólo sería necesario aumentar las recaudaciones en 50 mil millones de pesos, equivalente a un 8% del nivel de ingresos tributarios presupuestado para 2021. No obstante, si el gobierno fracasa en su intento de reducir el gasto público y debe recaudar esos 180 mil millones de pesos, eso equivaldría a un aumento de los ingresos tributarios equivalente a un 30%. Esa variación obligaría a una mega reforma tributaria.

Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, ha señalado que el gobierno gravará a sectores que no están gravados. Eso significa que se desmontarán exenciones e incentivos tributarios que benefician a consumidores y a empresas, y que representan un gasto tributario en el entorno del 5% del PIB. Esto implica la ampliación de la base del Itbis, la reducción del límite exento del impuesto sobre la renta de personas físicas, la disminución de los incentivos a zonas francas y turismo, entre otras medidas. Asimismo, me imagino que Macarrulla se refiere también a que reducirán significativamente la evasión impositiva que afecta principalmente al impuesto sobre la renta y al Itbis, haciendo que los informales se formalicen.

José Paliza, el ministro Administrativo de la Presidencia, declaró que su gobierno ejecutará una reforma fiscal integral similar a la que ejecutó el presidente Balaguer entre 1990 y 1992. Ese es un buen objetivo, aunque es una meta difícil de alcanzar debido a que, a diferencia de Balaguer, este es un gobierno muy mediático que terminará aprobando una reforma condicionada a los intereses económicos y a lo que se diga en las redes sociales y medios de comunicación. El mismo Paliza afirmó que la reforma integral “no puede ser impuesta, sino que tiene que ser el producto de una gran conversación entre todos los sectores, tanto en el ámbito público como privado.”

Así las cosas, le deseo mucha suerte al presidente Abinader, para que pueda ejecutar una reforma tributaria que sea no distorsionante de las decisiones de ahorro, trabajo e inversión, y pagada principalmente por los más ricos del país.

Que también se mantenga FASE 2

 [Escrito el 21 de diciembre de 2020]

El presidente Luis Abinader anunció la semana pasada que su gobierno extenderá la modalidad 1 del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que se conoce como FASE 1, hasta abril de 2021. Esa decisión, la cual se la habíamos recomendado hace más de dos meses, es un paso hacia la dirección correcta, pero no es suficiente.

La decisión de mantener FASE 1 es correcta, pues evitará que más de 300 mil trabajadores que se encuentran actualmente suspendidos por la pandemia pierdan su empleo. Esas personas, que se definen como ocupados ausentes por la OIT y reciben mensualmente del gobierno un pago de 8,500 pesos, pertenecen en su mayoría al sector formal y, en particular, a las actividades más impactadas por el distanciamiento social y las restricciones a la movilidad internacional, como las vinculadas a hoteles, bares y restaurantes.

Si el gobierno hubiese eliminado en enero de 2021 ese programa, tal como había sido anunciado hace semanas por el presidente Abinader y el ministro de Hacienda, no cabe duda de que las empresas acogidas a ese programa de ayuda hubiesen tenido que despedir a todo ese personal. Dado que la economía crea anualmente alrededor de cien mil puestos de trabajo, se puede señalar que el despedido de más de 300 mil personas significaría un retroceso de más de tres años en el mercado laboral.

El gobierno debe también extender FASE 2, el cual consiste en un apoyo directo al trabajador activo por un monto de 5 mil pesos, reduciendo en esa misma suma la cantidad que debe pagar por concepto de nómina la empresa. Ese programa es una política de apoyo a la economía por el lado de la oferta, pues permite que las empresas, que han sido impactadas negativamente por la pandemia, mantengan a ese personal laborando, aun cuando se haya reducido su nivel de producción y/o ventas.

El gobierno debe tomar en consideración que la disminución de los ingresos y del valor agregado de las empresas, significa la disminución de la productividad media del empleado. En consecuencia, si se elimina FASE 2 la empresa se verá en la obligación de despedir trabajadores, para aumentar así la productividad media de las personas que queden en nómina. Por otro lado, debe tomarse en consideración que el pago de las prestaciones laborales tenderá a descapitalizar las empresas, elevando su probabilidad de quiebra. Esto podría impactar negativamente la calidad de la cartera del sistema financiero dominicano.

Ante ese muy probable evento, y dada la restricción presupuestaria de 2021, le recomiendo al presidente Abinader que mantenga vigente hasta abril el programa FASE 2, sólo para las mipymes que hayan registrado una reducción superior a un 10% de sus ventas con relación al promedio alcanzado en 2019. Esa decisión será muy positiva para muchos perceptores de ingresos con bajos niveles de renta.   

Factoring Reservas para mipymes

[Escrito el 18 de diciembre de 2020]

El Banco de Reservas, encabezado por Samuel Pereyra, ha puesto en marcha un programa de compra de facturas que beneficiará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que suplen al Estado. El Factoring Reservas permitirá a esos empresarios descontar sus facturas y recibir la liquidez que requieren para seguir expandiendo sus operaciones de manera sostenida.

En un estudio realizado por la Unión Europea para la Dirección General de Contrataciones Públicas quedó demostrado que un pago oportuno es clave para los suplidores del Estado. Incluso se verificó que las empresas encabezadas por mujeres tienen la posibilidad de aumentar su participación en los procesos de licitación pública, si se mejora el plazo de pago de las facturas. Por tanto, un programa que permita el acceso a esa liquidez ayudaría a que las mipymes, en particular las encabezadas por mujeres, tengan un mejor desempeño como oferentes en los procesos de compra y contrataciones públicas.

De acuerdo con información suministrada por Andrés van der Horst, gerente general de Fiduciaria Reservas, se prevé que el descuento de facturas se realizaría rápido y barato. Específicamente se indicó que, a través del fideicomiso, el empresario registraría la factura correspondiente al bien o servicio suministrado al Estado y, en menos de 48 horas se procedería a verificar la información y a descontar la factura a una tasa de 1.5%, facilitándole la liquidez al oferente de manera inmediata.

Dado que el gobierno ha estado mejorando su historial de pago, lo cual se espera siga logrando la nueva administración, es muy probable que el uso del Factoring Reservas sea realizado por aquellas empresas que necesiten la liquidez entre los días comprendidos entre el momento en que se emite la factura y la fecha en que deberían recibir el pago, la cual está definida por el plazo de crédito comercial que se establece en el Pliego de Condiciones del proceso de licitación, el cual por lo general es de 30 días. Si el plazo es tan breve, la tasa de descuento pudiese ser algo menor al 1.5% anunciado por las autoridades de esa entidad financiera cuando se presentó el programa de Factoring Reservas. Ojalá sea así, por el bien de las mipymes.