Notas sobre el ajuste fiscal de 2013

El ajuste fiscal consiste en una reducción permanente del déficit del sector público que tiene como objetivo disminuir el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB. El ajuste fiscal se puede lograr mediante la reducción de los gastos y/o el incremento de los ingresos tributarios.

Los profesores Alesina y Ardagna de la Universidad de Harvard presentaron recientemente, en el documento de trabajo "The design of fiscal adjustment" (2012), evidencias importantes sobre el diseño de los ajustes fiscales.

Basándose en una revisión de una gran cantidad de casos, los autores afirman que el ajuste fiscal logrado preponderantemente a través de la disminución del gasto público tiene un efecto más permanente -sobre la disminución de la deuda como porcentaje del PIB- que el que tienen los ajustes fiscales logrados mediante un aumento de los ingresos tributarios.

Asimismo, el ajuste vía reducción de gastos tiene un efecto recesivo menor que el provocado por el ajuste fiscal a través de un aumento de los ingresos tributarios.

Es posible lograr un ajuste fiscal expansivo si se combina la disminución del gasto público con políticas de oferta orientadas hacia la promoción del crecimiento económico, como son la reforma laboral y la promoción de la competencia en el mercado de bienes y servicios.

Cabe resaltar que un ajuste fiscal exitoso, que se define como aquel que logra reducir de manera permanente el nivel de deuda como porcentaje del PIB, facilita un entorno que promueve el crecimiento económico.

La disminución del déficit público tiene una influencia positiva sobre la confianza de los agentes económicos. Esto promueve la inversión y el consumo, acelerando el ritmo de crecimiento económico actual y potencial.

Un menor déficit público, que sea percibido como exitoso por las autoridades monetarias, también permitiría flexibilizar los controles monetarios junto a una ligera depreciacion del tipo de cambio. La mayor flexibilidad monetaria reduciria las tasas de interes y estimularia la demanda privada, especialmente la inversión. Este cambio en el régimen de política económica basado en la disminución de la demanda pública incrementaría las exportaciones, favoreciendo el proceso de acumulación de reservas internacionales netas.

En el caso de la República Dominicana, el ajuste fiscal de 2013 tiene una magnitud de 2.6% del PIB, al pasar de 5.4% a 2.8% del PIB. Ese ajuste fiscal se realizará mediante la combinación de una disminución del gasto público (-1.1 puntos porcentuales del PIB) y de un aumento de los ingresos tributarios (1.5 puntos porcentuales del PIB).

Esto revela que el ajuste fiscal tiene más probabilidad de ser recesivo que expansivo, debido a que el peso del ajuste recaerá sobre un aumento de los ingresos tributarios.

Ese efecto recesivo se podria amortiguar si se aplican medidas por el lado de la oferta que eleven el nivel de productividad y competitividad. Una reforma laboral que disminuya el costo laboral unitario y una modificación a la ley de seguridad social que disminuya el costo de emplear a los jóvenes, serían componentes indispensables de esa política promotora del crecimiento del PIB.

El HSBC y el Banco de Reservas

El banco HSBC, uno de los más grandes del mundo,  está siendo investigado por el Senado de los Estados Unidos por haber facilitado operaciones de lavado de activos desde su sucursal en México en el período 2007-2008. Esa investigación provocó que su jefe de cumplimiento (anti-lavado) haya anunciado su dimisión.

El HSBC es muy conocido en la Republica Dominicana por su participación en el caso de corrupción y lavado de activos conocido como caso SunLand.En el libro ¨El  lado oscuro de la Sunland¨ se presentan las evidencias de la participación del HSBC. El banco HSBC jugó un papel protagónico entre el grupo de bancos que adquirieron y posteriormente transfirieron a terceros las Notas Promisorias del caso SunLand por un monto total de 130 millones de dólares. Frank Godino, Vice Presidente del HSBC Bank USA, NA, fue quien firmó el acuerdo de custodia de las Notas Promisorias con el Royal Bank of Scotland, comprometiéndose a servir de cobrador de los derechos que había adquirido el RBS.

Los ingresos de la emisión de las Notas Promisorias, que fueron vendidas a través del HSBC el 15 de diciembre de 2006 por la suma total de 112 millones de dólares (después de descontar las comisiones de los bancos y de los administradores del proyecto),   debieron ser depositados en la cuenta del Gobierno Dominicano en el Banco de Reservas o en el Banco Central. La realidad es que ese dinero no se depositó en esas cuentas, sino en una cuenta privada de la empresa SunLand en el banco Wachovia de la Florida. Ese banco a su vez, a solicitud de Félix Bautista, transfirió el dinero a una cuenta que había abierto una empresa creada y controlada por el entonces director de la OISOE llamada Consorcio Hemisferio Imperial, convirtiéndose esos recursos posteriormente en parte del patrimonio actual de Félix Bautista.

En el libro “El lado oscuro de la SunLand” se describe el conjunto de operaciones de corrupción y lavado de activos. Incluso se muestra evidencia detallada de la participación del HSBC en el cobro que posteriormente se hacía al gobierno de las Notas Promisorias, aun cuando las obras de la UASD no se estuvieran financiando con el dinero proveniente de la colocación de esos títulos financieros. Específicamente, el 13 de febrero de 2007, el banco HSBC presentó al cobro la Nota Promisoria No. 3 por la suma de 6.8 millones de dólares, la cual tenía como fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2007. Una copia de ese requerimiento de pago fue enviada al Presidente Leonel Fernández y otra a la Dirección de Crédito Publico en el Ministerio de Hacienda.

A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde el Senado está investigando al HSBC por lavado de activos, en la República Dominicana se eligió como Senador al principal responsable del caso SunLand. Además, en vez de renunciar o que se cancelen a los principales responsables de los bancos involucrados en el caso de lavado de activos, como sí renunció el jefe de cumplimiento del HSBC, en el caso SunLand se premió al Administrador del Banco de Reservas convirtiéndolo en el Ministro de Hacienda. Nadie ha sido acusado ni despedido por su complicidad o involucramiento en el caso SunLand en la República Dominicana.

El costo reputacional ha sido enorme para el Banco de Reservas. Este ha perdido credibilidad y solvencia moral no solo por su participación en el caso SunLand, sino también por otros casos, como el ATIEMAR, en el cual se le otorgó préstamos a un narcotraficante español y por haber otorgado préstamos a tasas de interés subsidiadas al vicepresidente del consejo de directores.


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Crisis fiscal

El presidente Danilo Medina heredará una terrible crisis fiscal. La aprobación del presupuesto complementario confirma la existencia de un déficit del sector público consolidado superior a los 110 mil millones de pesos. El desequilibrio entre ingresos y gastos, que se traduce en mayor deuda gubernamental, se explica por el desbordamiento de los gastos públicos no prioritarios. Las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión y los tenedores de bonos soberanos comienzan a mostrar preocupación, lo cual es el preámbulo de un incremento de la prima de riesgo de la deuda dominicana. 

Ese nivel de déficit público es incompatible con el programa monetario del Banco Central. El organismo emisor había diseñado una política monetaria que permitiría alcanzar  metas aceptables de inflación, crecimiento, empleo, tasas de interés y de tipo de cambio siempre y cuando el déficit público de 2012 fuese de 22 mil millones de pesos.

Dado que el déficit fiscal será cinco veces mayor al programado, se producirán movimientos macroeconómicos inesperados. Habrá mayor demanda de divisas que presionará hacia el alza del tipo de cambio y acentuará las expectativas de inflación. Las tasas de interés subirán con el objetivo de  reducir la demanda del sector privado, disminuyendo el consumo,  inversión y empleo.  Muchos negocios, los menos rentables, quebrarán o despedirán personal. En consecuencia, la cartera de la banca se deteriorará, disminuyendo su nivel de solvencia.

El presidente Medina deberá adoptar medidas que eliminen el despilfarro del gasto público y otras que eleven la competitividad de los sectores productivos. El gasto debe reorientarse hacia las áreas de educación, salud e infraestructura, basándose en una evaluación de costo/beneficio. La devaluación fiscal es una medida que mejoraría la competitividad. Así se mantendría estable el tipo de cambio sin sacrificar excesivamente el empleo del sector privado.

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El costo del rompimiento con el FMI

El acuerdo Stand-By firmado entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Monetario Internacional se ha roto. Tal como señalamos en septiembre de 2011, el gobierno de Leonel Fernández no cumplió –ni cumpliría- las metas establecidas en ese acuerdo. El costo de ese rompimiento será elevado y se expresará en menor actividad económica privada y mayor desempleo.

            El acuerdo con el FMI brindó a los agentes económicos tranquilidad desde noviembre de 2009, aun cuando había serios desequilibrios macroeconómicos. En efecto, a pesar de que el déficit en la cuenta corriente de 2010 y 2011 fue en promedio superior a los 4,500 millones de dólares y que el déficit de las finanzas gubernamentales superó en ese período los 55 mil millones de pesos, el acuerdo con el FMI le “garantizaba” a los prestamistas del gobierno y a los agentes económicos en general que el gobierno “ajustaría” los agregados macroeconómicos para evitar que esos déficits provocasen la insostenibilidad de la deuda pública, la pérdida de reservas internacionales netas y la depreciación del peso.

            El incumplimiento de las metas fiscales y del sector eléctrico ha llevado al FMI a suspender definitivamente el acuerdo. El Banco Central no recibiría el desembolso de los 510 millones de dólares que se obtendrían sujeto al cumplimiento de la séptima y octava revisión. Esto debilitará las reservas internacionales, que se han reducido en los primeros 40 días de 2012 en más de 600 millones de dólares. El “oxígeno,” disponible en forma de reservas de divisas, para mantener estable el tipo de cambio es menor. El Gobernador Héctor Valdez lo sabe y está preocupado, aunque no lo exprese públicamente.

            La ausencia de un acuerdo con el FMI le permitirá manos libres al gobierno en materia de gasto público. Los datos de enero de 2012 revelan que el déficit en las finanzas públicas es muy superior al saldo registrado en los años anteriores. Parece que las autoridades están cumpliendo la promesa de Leonel Fernández de que se usarán 40 mil millones de pesos para promover al candidato del oficialismo.  El aumento del gasto público incrementará la demanda agregada y presionará el mercado cambiario.

            El mayor déficit fiscal llevará al Banco Central a incrementar las tasas de interés para evitar la depreciación del peso. Un mayor gasto público y menores desembolsos externos presionarán la demanda de divisas. La reacción del Banco Central será restringir el crecimiento de los agregados monetarios e incrementar las tasas de interés. Los consumidores e inversionistas comenzarán a recibir notificaciones de las instituciones financieras informándoles del aumento de las tasas de interés. Muchos no podrán pagar oportunamente sus compromisos financieros.

            Las mayores tasas de interés se traducirán en menor actividad productiva y mayor desempleo. Mientras más altos sean los tipos de interés, menor cantidad de proyectos de inversión podrán llevarse a cabo. Esto significa menor generación de empleo y, en consecuencia, menor masa salarial demandando bienes y servicios. El menor consumo significa menores ventas y menor flujo de efectivo para los negocios. Esto aumentará la probabilidad de quiebra de empresas.

            En resumen, el rompimiento del acuerdo le permitirá al gobierno gastar más, pero llevará a la adopción de medidas monetarias que reducirá la capacidad de consumo e inversión del sector privado. Una política muy injusta.

Los papeles de Guillermo Gómez

            El periodista Guillermo Gómez tiene papeles que han puesto a temblar al gobierno de Leonel Fernández. Se trata de pruebas de actos de corrupción y lavado de activos del círculo íntimo del presidente de la República. “Algo demasiado grande para ser conocido por el pueblo dominicano,” pensó el mandatario. Eso motivó el allanamiento simultáneo a las propiedades de Guillermo Gómez en búsqueda de esas pruebas para destruirlas.

            El viernes pasado nos remontamos a episodios de la historia ya superados. Equipos Swat de la policía y 5 helicópteros  fueron utilizados en el allanamiento simultáneo de las instalaciones del periódico digital elsiglo21.com.do, la oficina, la residencia en el Distrito Nacional y la residencia en La Romana de Guillermo Gómez.

            Durante el allanamiento  a las oficinas, el Procurador de la República llamó 15 veces. Pidió a los representantes de la fuerza pública que se llevaran todos los documentos, videos y equipos que encontrasen. Era la única oportunidad que tenían para eliminar las pruebas de corrupción en posesión del director de Aeromundo y en las instalaciones del periódico digital elsiglo21.com.do.

            Las pruebas de corrupción fueron suministradas por “funcionarios indignados” del gobierno. Seis otros medios o periodistas recibieron la información, pero no se atrevieron a publicarlas. Sólo Radhamés Gómez Sánchez, el director de elsiglo21.com.do, tuvo la valentía de anunciar e iniciar su publicación.

            Ese anuncio provocó el sobresalto de Leonel Fernández. Se darían a conocer informaciones demasiado cercanas a él. Inmediatamente llamó al Procurador y se inició el proceso del allanamiento. No había una justificación para hacerlo, pero el costo de no hacer el allanamiento era superior al costo del escándalo que produciría el aparatoso abuso de poder. “Es mejor que me digan dictador, a que demuestren que soy un corrupto.”

            Afortunadamente, el domingo 12 de febrero Guillermo Gómez demostró que tiene copias de los casos de corrupción que serían publicados. Habló de cuentas en pesos y dólares de Leonel Fernández. Mencionó el manejo de millones de pesos por Margarita Cedeño durante la campaña. Habló de las fortunas multimillonarias de los ayudantes civiles y militares del presidente de la República.

            El pueblo dominicano necesita saber los detalles. La gente tiene el derecho de conocer las pruebas que posee elsiglo21.com. El gobierno quiere mantenerse en el poder para seguir acumulando riquezas en manos corruptas. El país tiene la oportunidad de derrotar el continuismo de la corrupción y abuso de poder el próximo 20 de mayo. 

Sobre los pasos de Grecia

            El Gobierno Dominicano ha estado ejecutando una política económica preocupante. Sus decisiones han provocado un mayúsculo déficit público y una creciente deuda estatal, que coloca a la República Dominicana sobre la misma trayectoria que llevó a Grecia a la debacle de su economía.

            Al igual que los gobiernos griegos, el gobierno de Leonel Fernández ha hipotecado el futuro de los dominicanos. En los últimos cuatro años el déficit de las finanzas públicas ha sido superior a los 50 mil millones de pesos. De hecho, en el 2011 el déficit superó los 61 mil millones de pesos, casi el doble de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. La contraparte de esos déficits ha sido la acumulación de deuda pública, que pasó de 9,700 millones de dólares en 2004 a 23,000 millones de dólares en 2011.

El déficit público y la acumulación de deuda se registraron a pesar de que en los últimos 7 años se ejecutaron cinco reformas tributarias. En el período 2001-2004 cada dominicano pagó en promedio 8,777 pesos en impuestos. En el período 2007-2010, los impuestos per cápita subieron un 169.9%, al situarse en 23,691 pesos. Esos mayores impuestos constituyen la causa principal del alto costo de la vida y de los crecientes precios que disminuyen el bienestar de la gente.

            El 80% de la población ya no soporta los efectos negativos de la política económica del gobierno actual. Ese porcentaje de los dominicanos afirma que la situación económica es mala o muy mala y, en consecuencia, desea un cambio. Un cambio que modifique la influencia gubernamental sobre el empleo, el costo de la vida, la calidad de los servicios de educación y salud, y la inseguridad ciudadana.

            El desequilibrio en las finanzas públicas de Grecia la ha convertido en la vergüenza de toda Europa. La semana pasada salió publicado un documento preparado por Alemania en el cual le advierte a Grecia que debe ceder el control sobre sus finanzas públicas. El texto se inicia señalando que Grecia incumplió sus metas fiscales en el 2011 y, por lo tanto, no honró sus acuerdos con el FMI y sus acreedores. Ante esa situación, el gobierno alemán le propuso a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional que un comisionado se encargue del manejo presupuestario del gobierno griego. El principal objetivo de ese control presupuestario es destinar los ingresos públicos en primer lugar para el servicio de la deuda pública. Lo que quede de dinero se usará para pagar los gastos gubernamentales. Si Grecia no acepta, no habrá más recursos para el rescate de su maltrecha economía.

            La República Dominicana ya vivió una vergüenza similar. Debido al descontrol del gasto público y la acumulación de deuda soberana, el gobierno del General Lilís cedió el control de las finanzas públicas a los acreedores extranjeros. Después de una serie de eventos azarosos, como la muerte del presidente en una calle de Moca el 26 de julio de 1899, se firmó la Convención Dominico-Americana de 1907 donde el país cedió al gobierno de los Estados Unidos el control de los ingresos de las aduanas y su distribución a favor del servicio de la deuda pública.

            Leonel Fernández debe aprender esa lección. Su gobierno ha incumplido las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. El déficit público de 2011 ha sido el mayor de la historia y la deuda pública ha alcanzado niveles nunca antes registrados. Estamos transitando sobre los pasos de Grecia.

La República Dominicana va por mal camino. Se necesita un cambio, por el bien de todos los dominicanos.

Metas de inflación y la regla de Taylor

            La semana pasada el Banco Central de la República Dominicana anunció que comenzará a aplicar en este año 2012 una política monetaria basada en “metas explícitas de inflación.” En ese régimen las autoridades monetarias tratan de lograr una meta de inflación previamente anunciada para el mediano plazo. En el caso dominicano, el Banco Central estableció como meta de inflación un valor que oscila entre 5.5% (corto plazo) y 4% (largo plazo).

            La estrategia de política monetaria que históricamente ha aplicado el Banco Central es muy diferente. Un simple análisis de la evolución del tipo de cambio nominal en los últimos años revela que éste ha sido el ancla nominal que ha usado el Banco Central para mantener una tasa de inflación estable. La política monetaria ajustaba los instrumentos monetarios –como el crédito doméstico neto, las reservas internacionales netas y la tasa de interés- en las cantidades necesarias para mantener el tipo de cambio en una trayectoria de devaluación leve. Y de esa manera influía sobre la tasa de inflación. Hasta el anuncio de las autoridades monetarias lo importante era el tipo de cambio, no la tasa de inflación.

            Los profesores Ben Bernanke (Universidad de Princeton y Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos) y Frederic Mishkin (Universidad de Columbia) presentan los siguientes elementos de un régimen de metas de inflación. El anuncio de las metas numéricas de la inflación de mediano plazo. La declaración de las autoridades monetarias de la existencia de un compromiso institucional con la estabilidad de precios como el principal objetivo de la política monetaria. Una estrategia de comunicación basada en la transparencia del manejo de los instrumentos de política monetaria. Rendición de cuentas del Banco Central con relación al cumplimiento de las metas de inflación.  En resumen, un fuerte compromiso y mucha transparencia son elementos necesarios para lograr que los agentes económicos crean que se alcanzará la meta de inflación y, en consecuencia, tomen sus decisiones (e.g., de ajustes de precios y salarios) en base a ese objetivo.

            En el caso dominicano, el Banco Central deberá publicar las minutas del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, así como las que se originan de las discusiones de la Junta Monetaria. El comunicado del COMA que actualmente se publica debe ser más detallado. Debe permitir a los agentes económicos la información suficiente para que estos puedan evaluar si el Banco Central está en capacidad o no de alcanzar la inflación objetivo.

            La aplicación de las metas de inflación implica el uso de modelos econométricos que permitan relacionar los instrumentos de política monetaria con la tasa de inflación. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran: la tasa de interés overnight (la que paga el Banco Central sobre los depósitos de los bancos en el muy corto plazo), la tasa de interés lombarda (la que cobra el Banco Central), las operaciones de mercado abierto (e.g., compra y venta de títulos financieros del Estado) y el encaje legal, entre otros.

 

            La regla de Taylor (del profesor John Taylor de la Universidad de Stanford) podría ser utilizada por el Banco Central. Esa regla ajusta la tasa de interés nominal (de corto plazo) de manera que se logre minimizar la distancia entre la tasa de inflación objetivo y la observada, y se logre simultáneamente una tasa de crecimiento económico que sea sostenible en el largo plazo. En los países con metas de inflación la regla de Taylor revela una relación positiva entre la probabilidad de que aumente las tasas de interés y la desviación de la tasa de inflación observada respecto a la meta. De esto se desprende que es posible usar la regla de Taylor como un componente importante del régimen de metas de inflación.

La pregunta que deben contestar las autoridades monetarias dominicanas es la siguiente: ¿Al utilizar las metas de inflación se olvidaría el Banco Central de las metas del crecimiento económico sostenido? Y con relación al tipo de cambio: ¿Seguirá la flotación sucia o lo dejará que fluctúe libremente?

La experiencia de los países que han aplicado las metas de inflación es positiva. Por lo general, han logrado resultados macroeconómicos positivos, caracterizados por una tasa de inflación baja y por una tasa de crecimiento económico relativamente estable.

No obstante, Christopher Sims, profesor de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía, recomienda cautela. En uno de sus numerosos trabajos analíticos demostró que un Banco Central que no tenga el respaldo del gobierno tiene menos posibilidades de aplicar exitosamente una política monetaria basada en reglas de inflación que un Banco Central que cuente con el pleno respaldo del gobierno. Esa realidad aplica al caso dominicano.

Si se desea que el Banco Central pueda lograr la meta de inflación propuesta, el Gobierno Dominicano debe tener unas finanzas públicas que no presionen excesivamente sobre la demanda agregada y, en consecuencia, sobre las tasas de interés. Frederic Mishkin afirma que “en el largo plazo, déficit fiscales elevados eventualmente serían monetizados o la deuda pública erosionada por una gran devaluación, y luego se registraría una alta inflación.” En ese caso el régimen de metas de inflación colapsaría. Por ese motivo, en el caso dominicano es imprescindible mejorar el balance de las finanzas públicas si es que se quiere tener un esquema de política monetaria de metas de inflación exitoso.