[Escrito el 4 de diciembre de 2015]
Hace más de
cuatro años comenté que la política económica de Brasil no era sostenible. Sus
autoridades ejecutaron una política de expansión del gasto público basada en la
fase ascendente del ciclo de los precios de los bienes básicos. Esto originó una
estructura de gastos públicos que ahora es, con el deterioro de los términos de
intercambio, difícil de desmontar.
Brasil está
pasando por una grave recesión. Su producto interno bruto ha caído en un 4.5%,
colocándose la tasa de desempleo en un 8%. La recesión económica se combina con
aumentos de precios generalizados, que elevan la tasa de inflación a un 9.9%,
para llevar a Brasil hacia el peor de los mundos: estanflación.
La
situación anterior se complica por la existencia de un déficit público
equivalente a un 6% del PIB. Esto significa que es necesario realizar un ajuste
fiscal que implicará recortes de gasto público y aumentos de impuestos. La
ejecución de esas medidas de consolidación fiscal repercutiría negativamente
sobre la actividad productiva.
Los
escándalos de corrupción público-privada han debilitado el gobierno de Dilma
Rousseff. Ella no dispone del apoyo necesario en el Congreso para lograr que se
aprueben las medidas fiscales, en especial los aumentos de impuestos. Ante esa
situación, la Rousseff ha iniciado la reducción de algunos gastos para tratar
de recuperar la confianza de los inversionistas internacionales, quienes hace
algunos años inundaron el mercado de capitales brasileño con miles de millones
de dólares y ahora se alejan rápidamente de Brasil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario