La calificación de la política económica debe realizarse en
función de su consistencia intertemporal. Buenas medidas son aquellas que
tratan de maximizar el bienestar de la población de manera sostenible. Malas son aquellas que se adoptan y deben ser abortadas inmediatamente porque son insostenibles debido a los desequilibrios macroeconómicos que producen.
Desde ese punto de vista yo calificaría la política
económica del primer año de gobierno como muy positiva: 9 de 10.
La reducción del déficit del sector público no financiero de
un 6.7% del PIB a un 2.8% significa que el saldo de las finanzas públicas se
está colocando en un nivel que es compatible con una trayectoria de deuda
pública sostenible en el tiempo. Esto ayudó -junto al incremento de las exportaciones- a disminuir en 900 millones de dólares el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
El ajuste fiscal se logró mediante el aumento de los impuestos,
la disminución del gasto de capital y la
reducción de los sobreprecios de las compras públicas. La disminución del gasto
de capital no es eficiente, por lo tanto, debe ser transitoria. Un aspecto positivo con relación a la ejecución de la inversión pública es su democratización (al darle acceso a una mayor cantidad de empresas constructoras), mejor distribución geográfica y su transformación en proyectos más intensivos en mano de obra.
Hay que notar
que el gobierno pudo haber reducido el gasto corriente por concepto de nómina
pública y no lo hizo, pues esa decisión se traduciría en un aumento del
desempleo. Esa medida podrá aplicarse con mayor facilidad cuando la demanda de mano de obra del sector privado esté en aumento. Así se reduciría el impacto negativo sobre el bienestar económico.
La tasa de variación del pib real, como era de esperar en un período de consolidación fiscal, se
desaceleró, pero no fue negativa. Ese resultado contrasta con el caso de
la eurozona, donde el ajuste fiscal provocó 18 meses de caída del pib.
A pesar del incremento de los impuestos, el banco central
logró mantener la estabilidad de precios en el entorno de la meta de un 5±1%.
Además, el tipo de cambio se ha movido proporcionalmente a las variaciones de
otras monedas frente al dólar con lo cual se evita la pérdida de competitividad
de la economía dominicana, estimándose que concluirá el año 2013 en un nivel alrededor de 43
pesos por dólar.
El gobierno ha estado apoyando a las pymes,
facilitándoles el acceso a financiamientos y a una mayor participación en las
compras y concursos públicos. Con esa medida se promoverá un aumento de la
productividad y se estimulará el crecimiento económico en los próximos meses.
Por último, un aspecto muy positivo de la política económica ha sido su coordinación. Ante las señales de desaceleración del pib -cuantificada por su desviación del pib potencial-, el gobierno y el banco central adoptaron rápidamente medidas de expansión fiscal (i.e., incremento de la inversión) y monetarias (i.e., liberación de encaje y disminución de la tasa de interés de referencia), dentro de los límites que aseguran mantener la tasa de inflación en el entorno de su meta establecida en el programa monetario de 2013.
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