[Escrito el 28 de noviembre de 2022]
La administración Biden sigue sorprendiendo a sus vecinos de América
Latina.
A la República Dominicana, uno de sus principales aliados y socio comercial,
se le acusa sin prueba alguna de discriminación racial contra los
estadounidenses de color que visitan el territorio dominicano. Al mismo tiempo se
prohíbe la entrada de azúcar producida por la empresa americana Central Romana
Corporation, a la cual se le acusa de trabajo forzoso y explotación de la mano
de obra inmigrante haitiana que labora en los campos de caña.
De manera contrastante, Venezuela, cuyo gobierno encabezado por Nicolas
Maduro había sido calificado por los Estados Unidos como una dictadura que
irrespeta los derechos humanos, ha sido beneficiada la semana pasada con la
autorización a la empresa Chevron para que reinicie junto a PDVSA la extracción
y exportación de petróleo venezolano hacia el mercado estadounidense. Venezuela
produce actualmente 700 mil barriles por día, cantidad que está muy por debajo
de los 3 millones de barriles diarios que se producían antes de la llegada al
poder de Hugo Chávez y se prevé que Chevron ayude a recuperar su capacidad de
producción.
Los casos de República Dominicana y de Venezuela revelan la
inconsistencia temporal de la estrategia ejecutada por la administración Biden
hacia esos dos países de América Latina.
En el caso de la República Dominicana, el deseo de los Estados Unidos de
instalar campos de refugiados haitianos en territorio dominicano no es viable
ni sostenible en el tiempo. Una simple revisión de la historia entre ambos
países lleva a entender que el gobierno dominicano puede cooperar con el
bienestar de la población haitiana, pero nunca aceptará el establecimiento de
ese tipo de asentamiento humano en esta parte de la isla. Ante esa realidad, la
estrategia óptima y racional sería instalar esos campos de refugiados en
territorio haitiano y protegerlos con el poder militar estadounidense, francés
y canadiense.
En el caso de Venezuela, la licencia otorgada a Chevron se justificó
porque, supuestamente, Maduro negociará con la oposición la celebración de
elecciones libres y justas. Dado el historial de Maduro es poco probable que
eso suceda, por lo cual en algún momento los congresistas republicanos
presionarán a la administración Biden para que revoque la licencia otorgada a
Chevron. Esa revocación confirmará que la estrategia de negociar con Maduro es
temporalmente inconsistente, aunque en ese trayecto mejore la capacidad de
producción de petróleo de PDVSA. Si el equipo de Biden quería aumentar de forma
permanente la disponibilidad de petróleo y derivados en su territorio, lo que
debió hacer era estimular la producción local. Esa estrategia brindaría un
mayor beneficio a Estados Unidos que el que brindará haber negociado con
Maduro, quien está alineado con Irán y otros enemigos del gobierno americano.
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