Existe
amplia evidencia que demuestra que la corrupción provoca un costo para la
sociedad. La corrupción reduce la eficiencia del gasto público, disminuye la
inversión –local y extranjera-, contrae el empleo y reduce el ritmo del
crecimiento económico. Los datos revelan
que los países más corruptos son los menos desarrollados.
De acuerdo al Índice de Competitividad, la República Dominicana está en la posición
142 de 148 países en desviación de fondos públicos y 144 de 148 en favoritismo
en las decisiones de los funcionarios públicos. Lamentablemente, la justicia no
ha logrado sancionar a los funcionarios que la prensa y la opinión pública
señalan como autores intelectuales y materiales de esos casos de corrupción.
Algo
diferente sucede en los Estados Unidos. En ese territorio sancionan severamente
a todo aquel que comete actos de corrupción o lavado de activos, no importa si
es americano o no.
La reciente condena
al expresidente de Guatemala Alfonso Portillo es una muestra de ello. Un juez
federal del distrito sur de Nueva York lo sentenció a cinco años y 10 meses de
cárcel por haber utilizado cuentas privadas en bancos norteamericanos, en Miami
y Nueva York, para recibir fondos que
debieron ser depositados en las cuentas del gobierno de Guatemala.
Esa condena
demuestra que, por lo menos en los Estados Unidos, la corrupción también genera
un costo a los corruptos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario