[Escrito el 16 de marzo de 2015]
Los
gobiernos brasileños de Lula y Dilma, del Partido de los Trabajadores, crearon
un sistema de apoyo a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Esto les granjeó
una elevada popularidad, que permitió que la población no le diera seguimiento
a la forma en que se administraba el Estado.
La crisis
económica y el destape de recientes escándalos de corrupción, como el billonario
caso de sobrevaluación de contratos en Petrobras, han provocado la rebelión de
las masas. El día de ayer pasará a la historia como el día en que más de un
millón de personas tomó las calles para solicitar un juicio político contra la
presidenta Rouseff.
El aumento
de precios de alimentos de la canasta básica, el deterioro de los servicios
públicos y la disminución de los ingresos reales ha comenzado a pasar factura
al gobierno. La gente está nerviosa y molesta.
En ese
contexto, el creciente déficit primario del sector público obligará a las autoridades
a desmontar beneficios sociales, perjudicando a quienes habían ascendido de la
pobreza a la clase media.
Asimismo,
la necesidad de consolidar las finanzas públicas llevaría a las autoridades a
adoptar medidas impositivas, cuyo costo político será muy elevado.
Lamentablemente, Dilma ganó con un margen muy estrecho, por lo cual tendrá
serias dificultades para convencer a la gente de que acepte ese sacrificio.
Que sirva
el caso brasileño de lección para el resto de Latinoamérica y, en particular, para
la República Dominicana.
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