[Escrito el 11 de marzo de 2024]
El agravamiento de la crisis política, social, económica e institucional
de Haití repercutirá negativamente sobre la República Dominicana.
El poder político representado por el primer ministro Ariel Henry ha
sido decapitado por las bandas de delincuentes y el narcotráfico. Esos
delincuentes hacen y deshacen por doquier, roban, secuestran, asesinan y
destruyen a su antojo. Ninguna institución estatal, sea el ejército o la
policía, tiene la capacidad de recuperar las zonas que dominan los delincuentes.
La reacción de Estados Unidos y de Europa ha sido evacuar a sus diplomáticos,
pues no hay posibilidad de controlar o neutralizar a Jimmy Chérizier, mejor conocido como Barbecue.
El agravamiento de la delincuencia reducirá la actividad económica y la
capacidad de generación de empleos en Haití. Además, los precios de bienes y
servicios se elevarán, haciendo más difícil la adquisición de los bienes
esenciales. La crisis de ingresos haitiana aumentará la incidencia de la
pobreza y el hambre.
El fallido Estado haitiano no podrá operar ni a mínima capacidad los
servicios sociales básicos, como los de salud. Esto provocará una mayor demanda
de esos servicios en los hospitales dominicanos localizados en las provincias
fronterizas, presionando negativamente las deficitarias finanzas públicas
dominicanas.
La inestabilidad política provocará movimientos migratorios de la
población haitiana. Dado que es más difícil emigrar por vía marítima, los
haitianos tenderán a moverse hacia la República Dominicana.
La entrada de inmigrantes haitianos impactará negativamente sobre el
mercado laboral dominicano, especialmente en las actividades de construcción,
agricultura, comercio informal y turismo. Se ha demostrado empíricamente que la
presencia de esa mano de obra reduce la remuneración del dominicano de menores
ingresos que compite con esa mano de obra extranjera, incrementando la
desigualdad en la distribución de la renta.
Las potencias relacionadas históricamente con Haití, encabezadas por
Estados Unidos, pondrán sobre la mesa nuevamente la necesidad de crear
campamentos de refugiados en territorio dominicano, elevando la tensión
política en la República Dominicana. Ojalá que ante la negativa del gobierno
del presidente Abinader de aceptar esos campos de refugiados no provoque
acusaciones de parte de organizaciones de afrodescendientes que imputen al país
ser racista o esclavista; acusaciones que podrían desembocar en sanciones al
turismo, a las exportaciones de azúcar o a las operaciones de las zonas francas
industriales.
Lamentablemente, para Estados Unidos es más fácil proponer y presionar para
que se instalen esos campamentos en territorio dominicano que intervenir
militarmente para someter a la obediencia a los delincuentes haitianos. Además,
la solución dominicana es mucho mejor para Estados Unidos que la que sería
permitir la llegada barcazas llenas de haitianos a las costas de la Florida a
solo meses de las elecciones presidenciales entre Biden y Trump.
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