El poder regulador de Punta Catalina

 [Escrito el 30 de octubre de 2020]

La Central Termoeléctrica Punta Catalina ha logrado regular el mercado eléctrico dominicano. Su entrada ha promovido la competencia, llevando a otras empresas generadoras a mejorar su eficiencia. La reducción de los precios de generación de electricidad beneficia directamente a las empresas distribuidoras de electricidad, creando las condiciones para que en el futuro se reduzca la tarifa de electricidad a la mayoría de los consumidores.

En el día de ayer se registró un hito importante en el sector eléctrico. La empresa CESPM, ahora ENERGAS, ha comenzado a operar a gas natural. Cabe recordar que esa empresa es la antigua Cogentrix consistente en tres unidades de 100 Mw cada una, que operó durante casi veinte años a diesel (fuel oil No.2). Los costos de esa empresa eran extraordinariamente elevados, por lo cual muchas veces su despacho no era económicamente viable. Recuerdo que, cuando se firmó el contrato de compra y venta de energía con los promotores de Cogentrix hacia finales de los años noventa, se prometió que se transformaría a gas natural. El tiempo pasó, pero, por una razón u otra, nunca se convirtió a gas natural, recibiendo el pago por capacidad, que asciende a un monto mensual de 4.8 millones de dólares, aun cuando no produjese un solo kilovatio de electricidad.

La conversión a gas natural fue estimulada por el aumento de la competencia de Punta Catalina. La entrada en operaciones de esa poderosa y eficiente central deprimió los precios del mercado spot de 14 centavos a 7 centavos. Si esa reducción de los precios del mercado spot no se hubiese registrado, es altamente probable que las generadoras con vocación a convertirse a gas natural hubiesen seguido operando a diesel o fuel oil, vendiendo su producción a elevados precios en el mercado spot, cuando concluyesen sus contratos. Eso significa que Punta Catalina, a pesar de haberse construido para usar carbón porque en 2013 no había disponible gas natural a precios competitivos, es actualmente la principal promotora del uso de gas natural en el país.

La empresa ENERGAS ha declarado que esa conversión a gas natural ahorrará mil millones de dólares en divisas al país en los próximos diez años. Estoy seguro de que las EDE se beneficiarán por la reducción del precio de generación, disminuyendo el déficit eléctrico. Esto implica que, además de los 450 millones de dólares al año de beneficios para el Estado que generará Punta Catalina, el papel regulador de esa central también ayudará a mejorar las finanzas del sector público. Una vez más se demuestra que, a pesar de que la tratan como el patito feo, Punta Catalina es la joya del sector eléctrico nacional.  

Paliza y el impacto de las visitas sorpresa

 [Escrito el 29 de octubre de 2020]

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que “la mayoría de las visitas sorpresa realizadas no presentan un resultado positivo. Salvo algunas excepciones, esos proyectos no tienen sustento en el tiempo, no tienen lógica y los resultados son negativos.”

Es lamentable que Paliza piense así de una intervención de política que beneficia directamente a los segmentos más pobres de esta sociedad. Las visitas sorpresa combinan diversos tipos de apoyo: capital, en forma de activos productivos y de financiamiento a bajas tasas de interés; transferencia de tecnología y de conocimientos de operación; infraestructura, en los casos que fuese necesario; y acceso a los mercados.

Ese tipo de políticas públicas ha tenido éxito en diversos países. Basta con revisar la amplia literatura producida por los profesores del MIT, Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee, quienes recibieron en 2019 el Premio Nobel de Economía, para verificar cómo ese apoyo directo a los pobres y a sus negocios tiende a elevar su productividad, empleo e ingresos. Por tanto, mejora la calidad de vida de los beneficiarios. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la FAO, coordinaron un estudio, publicado en octubre de 2015, en el cual se evaluó el impacto de 50 visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, que se llevaron a cabo con una inversión de 944 millones de pesos. La metodología de evaluación utilizada fue la de diferencias en diferencias, aplicada a una población que se dividió en dos segmentos: un grupo de intervención, que se benefició de la visita sorpresa; y un grupo de control, que no participó en esas visitas sorpresa.

El resultado obtenido por ese estudio del PNUD es contundente a favor de la creación de empleo e ingresos. El 46% de los proyectos evaluados arrojó un impacto alto; 28% impacto medio; 16% impacto bajo, con perspectiva positiva; y 10% impacto bajo. El 70% de los beneficiarios afirma que ha mejorado su calidad de vida, aumentando sus ingresos hasta un 37%. Veintiséis proyectos beneficiados crearon 11,953 empleos, con una inversión por empleo de 55,107 pesos, cifra considerablemente menor que los 3.2 millones de pesos que costó crear un empleo a nivel nacional en 2014.

El beneficio a los propietarios de esas microempresas de subsistencia es más que económico. Para muchos de los beneficiarios, las visitas sorpresa representaron por primera vez un apoyo directo del Presidente de la República, quien se sentaba con ellos, los escuchaba, les daba ánimo y los apoyaba. Espero que Paliza recapacite y logre convencer al presidente Luis Abinader de que retome las visitas sorpresa a favor de los pobres, pues no basta gobernar para los ricos. 

Paliza de Punta Catalina al déficit eléctrico

 [Escrito el 28 de octubre de 2020]

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el déficit del sector eléctrico se reducirá en 400 millones de dólares el año próximo, gracias a la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Eso es correcto, esa central, que es la principal fuente de electricidad de la República Dominicana, al suplir el 30% de la demanda del SENI, producirá beneficios anuales por 250 millones de dólares y le ahorrará 200 millones de dólares cada año a las empresas distribuidoras de electricidad.

En sus declaraciones, Paliza, ahora como poderoso funcionario público, reconoce que el déficit del sector eléctrico es uno de los principales problemas para el desarrollo nacional. Aun cuando no lo dice, le recuerdo que entre 2000 y 2018, las transferencias del gobierno al sector eléctrico promediaron un monto equivalente a un 1.4% del PIB por año. Esas transferencias explican el 55% del déficit del sector público no financiero registrado en ese período, lo cual significa que más de la mitad de la deuda pública en casi dos décadas se debió a deficiencias del sector eléctrico.

Afortunadamente, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, al reducir el déficit del sector eléctrico en más de 400 millones de dólares al año, es una pieza clave para la solución de ese problema que preocupa a Paliza. Queda pendiente disminuir o eliminar el resto del déficit de las distribuidoras de electricidad mediante una mejora de su facturación y cobranza.

Me alegra escuchar de parte del ministro Paliza, que el gobierno para resolver el déficit restante del sector eléctrico está decidido a “hacer los acuerdos de lugar con todos los sectores de la vida nacional,…” Esta nueva posición contrasta con la negativa del PRM de firmar el Pacto Eléctrico en 2019. Es muy probable que, si en ese momento se hubiese firmado el citado pacto, hoy la situación del sector eléctrico fuese mucho mejor.

Por otra parte, Paliza, en sus declaraciones se limita a decir la parte bonita para los consumidores, como es la estabilidad del servicio y de que será más barato, omitiendo decir que el Pacto Eléctrico implica que toda la población pague el servicio de electricidad. Esto es fundamental, pues el actual nivel de pérdidas promedio de un 30%, que se registra en el proceso de facturación y cobranza de las distribuidoras de electricidad, significa que millares de consumidores no están pagando toda la electricidad que consumen. Y hay que añadir que esos clientes que no pagan la electricidad son de todo tipo, industrias, comercio, hogares, entre los que se encuentran, ricos, clase media y pobres.

Le deseo éxito a este gobierno en la gestión de las distribuidoras de electricidad, mientras lo logra, Punta Catalina le seguirá dando una paliza al déficit eléctrico.  

Eliminación de FASE, desempleo y quiebra de empresas

 [Escrito el 27 de octubre de 2020] 

El presidente Luis Abinader reiteró que a partir de enero su gobierno eliminará los programas de apoyo especializados post-covid. Eso significa que se eliminarán los programas Quédate en Casa, Pa’Ti y FASE. Como compensación, el gobierno duplicará el monto de recursos que se otorgan a los beneficiarios del programa Comer es Primero que se paga a través de la tarjeta de solidaridad, los cuales son clasificados como pobres de acuerdo con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

Lamentablemente, la sustitución de FASE II por el doble de Comer es Primero implica un total desconocimiento del impacto de cada programa sobre la economía dominicana. FASE II influye sobre el lado de la oferta de la economía. Comer es Primero influye por el lado de la demanda. El impacto de FASE II sobre la economía es mayor, no solo debido a que su magnitud es de cinco mil pesos por beneficiario, mientras que Comer es Primero es de solo 825 pesos por jefe de hogar, sino porque influye sobre la capacidad de crear valor agregado.

FASE II es un apoyo que beneficia directamente a las empresas y a los trabajadores. Ese tipo de programa es un subsidio al salario que pagan las empresas, para que así se puedan mantener operando sin despedir al personal. De esa manera las empresas estarán preparadas, con todo su personal listo, para aumentar la producción y así aprovechar la recuperación económica, que se prevé comience a registrarse cuando se aplique la vacuna contra el Covid-19.

El programa FASE II beneficia principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Ese subsidio al salario le permite compensar el impacto negativo, que provoca el descenso de las ventas, sobre el flujo de caja de los negocios. La decisión del gobierno del presidente Abinader de eliminar el programa FASE II en enero, junto a los demás programas fiscales especializados para enfrentar los efectos negativos de la pandemia, provocará la descapitalización de los negocios, despidos y quiebras de pequeñas y medianas empresas, en particular las encabezadas por mujeres. No cabe duda de que habrá un deterioro de la calidad de la cartera de la banca, por lo cual espero que el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., esté muy atento.

Por último, el gobierno debe tomar en consideración que las grandes empresas, al igual que se han beneficiado de las facilidades de liquidez a bajas tasas de interés, serán las primeras que aprovecharán la recuperación de la demanda. En consecuencia, la pandemia del Covid-19 aumentará la desigualdad económica, al provocar que muchas pymes quiebren y grandes empresas absorban una mayor parte del mercado. El resultado final será una sociedad más injusta, con mayor pobreza y más desigualdad.

Mi profesor Lucas Vicens

Hoy se cerró un ciclo en mi vida académica. El fallecimiento de Lucas Vicens, mi profesor de Economía de Intec, representa la culminación de una continua enseñanza de él hacia mí que se inició en 1983.

Lucas fue mi gran maestro de economía, pues complementó mi formación académica con el análisis social que se necesita para modelar, usando el instrumental matemático y econométrico, los fenómenos económicos, sociales y políticos.

Lucas me impartió cinco asignaturas en Intec.  Historia del Pensamiento Económico fue la primera de ellas, y desde ese momento comenzó a mostrarme cómo entender el mundo social y político, utilizando el poderoso arsenal analítico que se desprende de los escritos de Marx.

Lucas siempre estuvo atento a mí. Recuerdo el día en que conversé con él sobre mis estudios de postgrado, cuando me encontraba tomando los últimos cursos en Intec en 1985. Le comenté sobre la posibilidad de irme a estudiar a la Universidad de Barcelona en España. Le encantó la idea. Me comentó de algunos buenos profesores que allí impartían docencia y me deseó mucha suerte.

Después de que regresé con mi doctorado en 1989, le dio seguimiento a mi vida como profesor e investigador. En más de una ocasión me aconsejó, académica y profesionalmente. Siempre lo escuché, pues sus palabras estaban llenas de sabiduría y cariño. Y cuando decidí estudiar en la Universidad de Chicago, también me apoyó en esa nueva aventura académica.

Recientemente fue un celoso guardián de mi trabajo en la Central Termoeléctrica Punta Catalina. En medio de ataques feroces, salió en mi defensa, escribiendo el 17 de mayo pasado en Twitter: “Aristy Escuder economista brillante, mi mejor alumno en mi carrera académica de 16 años. He seguido sus pasos, y puedo afirmar que es un hombre serio. Ha hecho un gran trabajo en Punta Catalina y la entregará en orden al próximo gobierno, lo cual es de suma importancia.”

Le respondí con todo el cariño y admiración que un discípulo puede tener hacia quien ha sido su maestro: “Para mí es un honor recibir esas palabras, querido profesor Lucas Vicens. Me comprometen a ser cada día mejor profesional y persona. Un fuerte abrazo.”

Estuvimos en contacto de forma permanente. El último mensaje que nos intercambiamos fue el pasado 6 de octubre. Para mí ese intercambio epistolar, es una joya que guardaré por siempre, al igual que conservo una copia de su brillante tesis de licenciatura que me obsequió hace treinta años.

Dios se llevó a mi gran mentor. Espero que lo premie con su gloria, por haber sido un hombre noble, bondadoso y siempre atento hacia el prójimo. Para mí, fue un gran honor haber sido su estudiante, su discípulo, su amigo y su protegido.

Te digo hasta luego querido Lucas. Paz eterna. Dios contigo siempre.

El lobo estepario. 

Perspectivas del FMI sobre América Latina

[Escrito el 23 de octubre de 2020]

Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, presentó ayer en una conferencia de prensa la posición del FMI sobre el futuro de América Latina. En resumen, el Fondo pronostica una caída del PIB de América Latina, incluyendo el Caribe, de un 8.1% y sostiene que existe un riesgo importante de una baja adicional relacionada con la evolución de la pandemia del Covid-19.

Ante esta situación, el principal consejo del Fondo es que los países mantengan medidas que eviten la expansión del virus al mismo tiempo que se protege el empleo y los ingresos. Específicamente, recomienda el apoyo a las empresas y los hogares con la política fiscal, evitando retirar el apoyo fiscal demasiado pronto. Esto, dentro de un marco que muestre un compromiso explícito con la ejecución de un plan de consolidación fiscal en el mediano plazo, que posibilite la reducción de la deuda como porcentaje del PIB, con estabilizadores automáticos, preservando al mismo la inversión pública.

La restricción al movimiento internacional de personas afecta principalmente a los países receptores de turistas. Los países del Caribe dependientes del turismo, registrarán un retroceso de casi un 10% en su actividad económica. La República Dominicana sólo descenderá un 6% porque tiene una economía más diversificada.

El FMI estima que la recuperación en la región será lenta, colocándose en el entorno del 3.6% en 2021. Para la economía dominicana estima que el PIB se expandirá el año próximo en un 4%. Ese desempeño dependerá de qué tan rápido puedan retornar los flujos turísticos, los cuales son la principal fuente de divisas del país.

La recuperación de los Estados Unidos y de China, lo cual implica un aumento del intercambio de bienes a nivel global, es clave para la expansión de América Latina. Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana y la principal fuente de remesas, las cuales se han estado recuperando sostenidamente desde mayo de este año, hasta alcanzar un aumento acumulado a septiembre de un 10.5%.

Por último, el FMI indica que la regulación tendrá minimizar los riesgos y asegurar la estabilidad financiera. Específicamente señala que la reestructuración de la deuda privada es fundamental para ayudar a que “las empresas viables recobren la salud financiera.” Afortunadamente, dice el Fondo, a pesar del deterioro del balance de las empresas, los bancos siguen mostrando buena solvencia, liquidez y rentabilidad. Y recomienda que, pasada la pandemia, aprovechen para aumentar sus reservas de capital. Un sabio consejo que debemos seguir aquí en República Dominicana. 

Valdez y los impuestos

 [Escrito el 22 de septiembre de 2020]

El Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha gestionado exitosamente la política monetaria por más de veinte años. Al comparar la tasa de inflación registrada durante su gobernación con la de otros incumbentes desde mediados de los ochenta hasta el presente, se observa una distancia de uno a cinco. Valdez, 5% de inflación; los demás 25%. Eso lo convierte en la confianza de la moneda nacional.

Recientemente, Héctor Valdez demostró que su capacidad desborda las fronteras del Banco Central. Ante la necesidad del presidente Luis Abinader de eliminar los impuestos que habían sido colocados en el Presupuesto General del Estado, Valdez le brindó una solución.

Como si se tratase de un mago, sacó de su sombrero 20 mil millones de pesos de impuestos adelantados, que aportará el Sistema Financiero dominicano durante 2021. Con esto Valdez demostró, una vez más, liderazgo, credibilidad y una enorme capacidad de convencimiento. En menos de una semana logró comprometer a los banqueros del país, liderados por Luis Molina Achécar, para que realizaran pagos trimestrales anticipados a la Dirección General de Impuestos Internos, en proporción a los activos financieros netos de cada entidad.

Estoy convencido de que el gobernador Valdez Albizu les explicó las bondades del cierre fiscal del presupuesto, para mantener así la credibilidad internacional en la política económica dominicana. Asimismo, les habrá explicado que la mejora de las finanzas públicas crearía un entorno favorable para una recuperación más rápida de las actividades productivas del sector privado, lo cual favorecería directamente al Sistema Financiero a través de un mayor volumen de transacciones y la mejora de la calidad de sus carteras de préstamos.

Héctor Valdez, es de la estirpe de Mario Draghi o Ben Bernanke, quienes están dispuestos a hacer lo que sea necesario por mantener la estabilidad y asegurar el entorno adecuado para el crecimiento económico sostenido de sus países. Valdez demostró, una vez más, su gran valía como Gobernador y como líder del equipo económico de cualquier Presidente.

Inespre y Agricultura contra los precios

 [Escrito el 21 de octubre de 2020]

En mi comentario de ayer le indiqué al presidente Luis Abinader que, si su estrategia para enfrentar las alzas de precios de los productos agropecuarios consistía en el uso intensivo del Inespre, pues que la pusiera en marcha lo antes posible.

Hoy, el Ministro de Agricultura y el Director del Inespre anunciaron el inicio de ventas directas de productos agropecuarios para eliminar la intermediación entre el productor y el consumidor, y así reducir los precios.

El director del Inespre, Iván Hernández Guzmán, informó que, en las Caobas, Santo Domingo Oeste, se enviaron decenas de camiones a vender los plátanos a 5 pesos, salami de dos libras a 75 pesos, cartón de huevos a 100 pesos, queso cheddar a 100 pesos la libra y ajo a 100 pesos la libra. Posteriormente, declaró el señor Hernández, se visitarán comunidades pobres en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional y Santiago, entre otras zonas del país.

Hay que reconocerle al Inespre su intención de cumplir con Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, pues el 12 de octubre de este año se firmó el dictamen jurídico del pliego de condiciones, que autorizaba la ejecución del “proceso de urgencia para la adquisición de productos alimenticios para abastecer los programas durante el período de Emergencia Nacional por la pandemia del Covid-19.” Lamentablemente, ese proceso de urgencia, con un presupuesto de 161 millones de pesos, inició formalmente el 19 de octubre y se prevé que culminará con la firma del contrato de adjudicación el 25 de noviembre de 2020. Así las cosas, queda por preguntar: si ese proceso de urgencia apenas comenzó, ¿cómo y a quién le está adquiriendo el Inespre los productos que vende actualmente a precios subsidiados en los barrios populares?

Por último, surge una duda sobre cuál será el impacto de esas ventas sobre el precio promedio de esos productos en las próximas semanas. ¿Logrará el Inespre reducir de manera permanente los precios o su intervención tendrá un efecto transitorio, que durará mientras haya mercancía en los camiones que envíe a los barrios populares? Esto me lo pregunto porque los precios a los cuáles está vendiendo el Inespre están por muy por debajo de los precios a los cuales comprará esa institución, según el proceso de urgencia en curso. Y eso, sencillamente, es insostenible.

Aumentos de precios regresivos

 [Escrito el 20 de octubre de 2020]

El presidente Luis Abinader prometió que de llegar a la presidencia reduciría un 30% a los precios de los alimentos en los primeros cien días de su administración. La realidad ha sido otra. De acuerdo con información proveniente de diversas fuentes, como mercados, colmados, supermercados, entre otras, se ha estado registrando un alza generalizada de precios de los productos que componen la canasta familiar.

El primer mandatario declaró que su gobierno está trabajando para identificar los productos que están subiendo de precios para estabilizarlos. Para que no pierda mucho tiempo le pasaré el dato de los bienes que están registrando incrementos de precios: plátano, huevo, carne de pollo, aceite, papa, habichuela, carne de res, carne de cerdo, yautía amarilla, yautía blanca, guineos verdes, batatas, leche en polvo, leche líquida, ajo, cebolla, entre otros productos, han registrado incrementos entre 10% y 30%.

Esos aumentos de precios tienen un impacto regresivo, pues recaen principalmente sobre los pobres del país. Debo recordarle al presidente Abinader que los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 31.2% del consumo final efectivo que realiza el 20% de población de menores ingresos, y solo el 12.9% del gasto del 20% de población más rica. Esto demuestra que el aumento de los precios que se viene registrando, ha empobrecido más a los pobres y ha aumentado la desigualdad de ingresos.

El presidente Abinader señaló, cuando era candidato, que llegaría a un acuerdo con los productores agropecuarios, intermediarios, supermercados y colmados, para reducir los precios. Al mismo tiempo, prometió que convertiría la producción agropecuaria en un negocio rentable. Esta última afirmación permite deducir que, dado el objetivo de reducir los precios de los alimentos, la única manera para mejorar simultáneamente la rentabilidad del productor agropecuario es si logra disminuir el margen de intermediación entre el productor y el consumidor final.

Me imagino que la reducción del margen de los intermediarios se logrará usando activamente a Inespre, entidad encargada de la estabilización de precios agropecuarios. Si esa es la estrategia del gobierno, pues que la ponga en marcha lo antes posible, pues la población está muy molesta por la inacción de las autoridades, quienes llevan 60 días en el poder, restando sólo 40 días para lograr reducir los precios en un 30%, tal como prometió el candidato Abinader.

El barrilito según Abinader

[Escrito el 19 de octubre de 2020] 

El presidente Luis Abinader afirmó hace un tiempo que el barrilito debe ser eliminado. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Los 22 millones de pesos mensuales que conforman el fondo de gestión provincial senatorial, mejor conocido como barrilito, pueden asignarse y usarse de manera más eficiente y transparente para apoyar a los segmentos más vulnerables de la población, lo cual mejorará sus condiciones de vida de forma más acentuada de que lo que se logra en la actualidad.

El presidente Abinader opina que el barrilito es un malgasto. Esta contundente afirmación cobra una mayor importancia en esta coyuntura, en la cual hay que utilizar de la mejor manera posible los recursos que se pagan en forma de impuestos. Actualmente, no se sabe cómo utilizan ese dinero los senadores. Ellos asignan esas sumas, que en algunos casos superan el millón de pesos mensuales, para diversas actividades que, pienso yo, deben ser muy importantes, pues la mayoría de esos legisladores defiende, a capa y espada, la existencia del barrilito.

Me imagino que los senadores utilizan ese dinero para ayudar a sus seguidores. No obstante, pienso que se puede aumentar el bienestar de la sociedad si esos recursos se distribuyen con el objetivo de alcanzar resultados específicos, definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y consistentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El director de Presupuesto, José Rijo, ha señalado en diversas ocasiones que la ejecución del gasto público debe fundamentarse en un presupuesto basado en resultados. Y estoy de acuerdo, por eso el traslado de los fondos del barrilito al proceso de asignación de los recursos que hace el Ministerio de Economía mejoraría la eficiencia y efectividad de ese gasto público.

El presidente Abinader piensa que sus senadores son distintos a los demás. Y es probable que tenga razón. Por eso estoy convencido de que todos los senadores del PRM, que tienen la mayoría, estarán de acuerdo con la eliminación del barrilito. La sociedad estará muy agradecida, pues esos recursos se pueden utilizar para ayudar a todos los dominicanos que tengan necesidades, en especial en medio de esta terrible pandemia, y no solo a los seguidores de los miembros de la Cámara Alta. De esa manera, los senadores se liberarían de esas obligaciones operativas y se concentrarían en aprobar leyes y servir de contrapeso al Poder Ejecutivo. En resumen, si se elimina el barrilito todo el mundo gana.

Recomendaciones fiscales del FMI

 [Escrito el 16 de octubre de 2020]

El Fondo Monetario Internacional ha informado a los gobiernos, de economías avanzadas y emergentes, que es demasiado temprano para desconectar la ayuda que brindan a los hogares y a las empresas. La eliminación de ese tipo de transferencias puede provocar quiebra de empresas, aumento del desempleo y reducción del ingreso laboral de la población. La consecuencia inmediata sería la desaceleración del ritmo de recuperación económica post-COVID.

La aplicación de medidas de austeridad, resumidas en la reducción del gasto público, tendría repercusiones negativas sobre el crecimiento de la economía. A los políticos hay que recordarles que la economía se encuentra actualmente en un entorno caracterizado por la reducción de la demanda agregada. La disminución del gasto público acentuaría, todavía más, la caída de las actividades productivas.

En el caso de la República Dominicana, una medida de austeridad lo será la eliminación del programa Fase. Como recordatorio les digo que ese programa es un subsidio al empleo que se otorga directamente a las empresas. Ese subsidio evita que, ante el descenso de las ventas de los negocios, estos se vean en la obligación de despedir personal para reducir los gastos y evitar la quiebra.

La eliminación del programa fase, tal como informó el presidente Abinader que sucedería en enero, será tan negativa, que es muy probable que haya que reestablecerlo nuevamente. Lamentablemente, su eliminación y posterior restablecimiento sería percibido como una muestra de la inconsistencia en el manejo de la política económica. Ante la posibilidad de que ocurra ese evento, lo más recomendable es que sigan el consejo del Fondo y mantengan funcionando ese tipo de programas a favor de los agentes económicos privados.

Por otra parte, el aumento de la inversión pública, a la brevedad posible, es fundamental para la recuperación económica. El FMI estima que el aumento de la inversión pública en carreteras, escuelas, hospitales, agua, comunicaciones, electricidad, entre otros, estimulará la inversión privada, la cual está actualmente deprimida por el alto grado de incertidumbre, y le dará un empujón significativo al crecimiento del PIB, a través del multiplicador fiscal. En un reciente comentario indiqué la importancia del sector construcción para la expansión de las actividades productivas, por tanto, la combinación de la inversión pública en infraestructura con la inversión privada ayudará a revertir rápidamente la caída de la demanda agregada provocada por la pandemia del COVID-19.

Punta Catalina como negocio

 [Escrito el 15 de octubre de 2020]

La Central Termoeléctrica Punta Catalina es uno de los negocios más grandes y rentables del país. Su capacidad de generar el 30% de toda la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) le permite obtener ingresos mensuales en el entorno de los 40 millones de dólares, de los cuales alrededor de 20 millones de dólares son beneficios (EBITDA, por sus siglas en inglés).

Punta Catalina debe ser operada como un negocio para poder producir esos ingresos y beneficios. Además de darle un mantenimiento adecuado, con el personal capacitado, se necesita adquirir oportunamente el carbón, los consumibles (como cal, diesel, aceite, entre otros), los servicios (como el transporte marítimo o terrestre) y los repuestos necesarios para operarla eficientemente.

Lamentablemente, la nueva administración de la CDEEE y de Punta Catalina han tomado medidas que han deteriorado la capacidad de adquirir de manera sostenida esos bienes y servicios. La decisión de liquidar la CDEEE y la usurpación de funciones realizada por el Ministro de Energía ha provocado el rompimiento del flujo de los procesos de compra y de pago.

Esa nueva administración ha sido incapaz de realizar algún proceso de compra nuevo. Y ha acumulado cuantiosas deudas con los suplidores, que no se justifican, dada la extraordinaria capacidad de generación de ingresos de Punta Catalina.

En la actualidad, los suplidores de cal se encuentran ahogados financieramente porque la CDEEE no les paga. Uno de ellos ha agotado totalmente su caja y no tiene más capital de trabajo para comprometer en cuentas por cobrar a la CDEEE. Y otro tiene una situación tan grave que no tiene recursos para pagar los impuestos la semana próxima. Y para colmo, las entidades financieras no quieren descontarle esas facturas por la incertidumbre que ha provocado la noticia de que la CDEEE será liquidada.

Ante la morosidad de la CDEEE y de Punta Catalina, la decisión de esos suplidores será la de detener el suministro de su producto. Si eso ocurre, no me cabe la menor duda de que la Central Termoeléctrica Punta Catalina tendrá que dejar de operar en muy pocos días.

Dada la importancia que tiene esa empresa para el sector eléctrico nacional y para las finanzas públicas, le recomiendo al presidente Abinader que llame hoy mismo al ministro de Energía, Antonio Almonte, y le ordene hacer los pagos correspondientes a esos y otros suplidores, antes de que el pueblo dominicano comience a sufrir por el aumento de los apagones. Ese es mi consejo de hoy.  

Una costosa discrecionalidad

 [Escrito el 14 de octubre de 2020]

La historia dominicana revela que la discrecionalidad en tiempos de crisis desemboca en malas decisiones de política económica. Las crisis registradas en el período 1982-1984 y en 1990 ponen de manifiesto que la ausencia de un compromiso firme provoca inconsistencia intertemporal en la toma de decisiones, lo cual agrava el impacto sobre el bienestar de la población.

Tal como nos recuerda en un reciente artículo, el brillante economista y muy querido amigo, Hugo Guiliani Cury, el presidente Salvador Jorge Blanco llegó al poder en 1982, justo después de que iniciara la crisis de la deuda en Latinoamérica. En esa coyuntura, Jorge Blanco tenía muy pocos grados de libertad, por lo cual cualquier error resultaría muy costoso. Lamentablemente, la política económica, en la cual tuvo un papel protagónico el licenciado Bernardo Vega como Gobernador del Banco Central, se manejó discrecionalmente, sin rumbo fijo ni compromiso firme, haciendo descarrilar el Acuerdo de Facilidad Ampliada que se firmó con el FMI en 1983. El resultado final de esa incoherencia y discrecionalidad fue el desastre económico, social y político de 1984.  

Afortunadamente, el mismo Jorge Blanco, con la llegada de Hugo Guiliani al Banco Central, se comprometió a ejecutar una política de estabilización, consistente con balances sostenibles de las finanzas públicas y de la cuenta corriente, así como con la disponibilidad de financiamiento externo. Ese compromiso se enmarcó en un acuerdo Stand-By con el FMI, el cual fue ejecutado de manera exitosa por el nuevo equipo económico.

En 1990, con un retroceso del PIB de un 5% y una tasa de inflación de un 80%, la economía reflejó el costo de la excesiva discrecionalidad en el manejo de la política económica. Después de las elecciones, el presidente Balaguer, apoyándose en el PNUD, realizó un conjunto de reformas estructurales, entre ellas la tributaria, que se enmarcó en un acuerdo con el FMI. Ese compromiso con la estabilidad permitió que la República Dominicana creara los fundamentos que permitieron un crecimiento sostenido del PIB de un 5% entre 1991 y 2019. 

En la actualidad, el país se enfrenta a una severa crisis. El equipo económico del gobierno del presidente Abinader se presenta a la sociedad con actuaciones incoherentes y poco coordinadas, como lo revela la adopción de una reforma tributaria en medio de una terrible recesión económica, la cual hubiese afectado principalmente a la clase media.

El presidente Abinader debe ejecutar una política económica que sea consistente con las restricciones que impone la pandemia del COVID-19, mostrando un firme compromiso de que se ejecutará exitosamente. Por eso le recomiendo que se acerque al FMI para que le ayude a diseñar una política económica coherente y creíble, que debe incluir la reforma fiscal, a ser aprobada el año próximo y aplicada en 2022. 

Perspectivas económicas según el Fondo

 [Escrito el 13 de octubre de 2020]

En el reporte Perspectivas de la Economía mundial del mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional, proyecta que la República Dominicana decrecerá (-6%) de manera más acentuada que el producto global (-4.4%), más que las economías avanzadas (-5.8%) y más que las economías de mercados emergentes y en desarrollo (-3.3%). El consuelo, si así se puede llamar, es que el comportamiento de la economía nacional será mejor que el de América Latina y el Caribe (-8.1%).

Ese organismo internacional también proyecta un significativo deterioro de las cuentas externas. Específicamente, pronostica que el déficit de la cuenta de la balanza de pagos subirá de un 1.4% del PIB en 2019 a 6% del PIB en 2020.

Tal como afirma en ese reporte Gita Gopinath, la brillante y poderosa economista principal y directora de investigaciones del Fondo, estos son tiempos difíciles, pero hay razones para tener esperanza. Ella plantea que la aplicación de política monetaria expansiva, como la ejecutada por el Banco Central de la República Dominicana, junto a la puesta en marcha de transferencias a los hogares y a las empresas han evitado, hasta ahora, una catástrofe financiera como la registrada en el período 2008-2009.

En el caso de la República Dominicana hay ministros que promueven el optimismo y la esperanza, pero haciendo afirmaciones que no son reales. Ese es el caso del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien señaló que el gobierno ha “recuperado la confianza, reputación y garantía en las inversiones privadas,” lo cual, según él, se traducirá en grandes proyectos de inversión extranjera. La pregunta que habría que hacerle al ministro Paliza es: ¿Cuándo se perdió esa confianza que fue necesario recuperarla? Los datos son los que hablan y desmienten. Entre 2013 y 2019, el país recibió inversión extranjera directa por 17,929 millones de dólares, la mayor suma de la historia dominicana.  

Afortunadamente, los inversionistas extranjeros siguen confiando en el país, lo cual ayudará a financiar el déficit de cuenta corriente de 4.5% del PIB, proyectado por el FMI para 2021. Esto es muy importante, pues ese déficit será mucho mayor que el promedio registrado en el período 2013-2019 (1.9% del PIB).

Por último, en lo que se recupera el turismo, que es el sector más abatido por la pandemia, le recomiendo al gobierno que, para evitar la quiebra de empresas y un vertiginoso aumento del desempleo, mantenga después de enero de 2021 el programa FASE, así como los programas Quédate en Casa y PA’TI. Esa es una medida que reduciría la probabilidad de que se deteriore la calidad de la cartera de la banca.

Cambio en el endeudamiento público

 [Escrito el 12 de octubre de 2020]

El principal lema del gobierno del presidente Luis Abinader es que “estamos cambiando.” Ese mensaje también llegó al Ministerio de Economía, pues, en una reciente entrevista, el ministro Miguel Ceara Hatton y el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Pavel Isa Contreras, dejaron ver una nueva política de endeudamiento público.

Un aspecto positivo del nuevo gobierno es que, de acuerdo con Ceara Hatton, mediante la revisión del gasto público se logrará un ahorro de hasta 70 mil millones de pesos al año. De lograrse ese objetivo, que se alcanzaría a través de la revisión del gasto en personal, bienes, telecomunicaciones, combustibles, entre otros, se reducirá la presión sobre el endeudamiento público, efecto que, me imagino, ya se incluyó en la disminución del déficit del sector público de 9.3% en este año 2020 a un 3% del PIB en 2021.

Sobre el endeudamiento público, el viceministro Isa Contreras indicó que el gobierno del presidente Abinader buscará “mecanismos distintos de financiamiento” a los del pasado. Es decir, que habrá un cambio en la política de endeudamiento.

La posición del viceministro se inclina hacia la sustitución de los bonos soberanos por el financiamiento proveniente de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, BID, FMI, entre otros. Hay que recordarle a Pavel Isa que, hacia agosto de este año, la deuda multilateral es de 5,787 millones de dólares, la cual contrasta considerablemente, con los 22,164 millones de dólares de bonos soberanos vigentes hacia finales de septiembre de 2020.

 ¿Es posible sustituir a partir de 2021 la deuda en forma de bonos soberanos por deuda multilateral? La respuesta es: no. Los organismos internacionales no tienen disponible para prestarle cada año entre 2,500 y 3,000 millones de dólares al gobierno dominicano. Mucho menos, como sugiere el viceministro, sin que esos préstamos “impliquen condiciones de pactos de estabilización económica.” En la mayoría de los casos, esos préstamos están condicionados a proyectos de inversión, reformas estructurales o a medidas de estabilización macroeconómica. 

Aquí aprovecho para darle un consejo al ministro de Economía. No vuelva a utilizar la palabra “renegociación” de la deuda pública, mucho menos en el contexto de que “cree que es algo posible.” Los mercados de capitales se ponen nerviosos con esa palabra, y más justo antes de que se publique la muy probable reducción de la calificación crediticia de la deuda soberana. 

Por último, otro consejo a las autoridades del gobierno de Abinader. En un programa de optimización, en el cual se trata de mejorar los resultados, se debe tomar en consideración que no todo cambio es posible. Y no todo cambio es mejor.

Construcción y la reactivación económica

 [Escrito el 9 de octubre de 2020]

El sector construcción es clave para la reactivación de la economía dominicana. Ese sector tiene el mayor peso en el producto interno bruto (PIB) con un 12%. Además, es la actividad económica que, al combinar su expansión relativa con su ponderación en el PIB, es la que más ha aportado al crecimiento económico en los últimos años.

Específicamente, entre 2014 y 2019 el sector construcción aportó, en promedio, el 18.6% de la expansión del PIB. Para que tengan una idea de esa magnitud, basta comparar con otros sectores productivos fundamentales. La actividad de construcción aportó en ese período 1.9 veces más que el comercio; 2.6 veces más que la manufactura local; y 2.7 veces más que hoteles, bares y restaurantes.

La política monetaria expansiva tiene una influencia positiva sobre la construcción residencial, comercial e industrial. La liberación de recursos líquidos de parte del Banco Central y la disminución de la tasa de interés activa ayudarán a que se ejecuten nuevos proyectos de viviendas. Asimismo, cuando se recupere el empleo y el ingreso laboral se puede proyectar que, junto al aumento de la liquidez, se incrementará la inversión en la construcción comercial e industrial.

La política fiscal es fundamental para la construcción de infraestructura. El gobierno del presidente Abinader debe aprovechar el acceso a los mercados de capitales internacionales para promover la expansión de la infraestructura, como autopistas, puertos, aeropuertos, acueductos, entre otros. Esa inversión tiene un elevado efecto multiplicador que favorece la creación de valor agregado y empleo, dada la estrecha relación de la construcción con otras actividades.   

En este período de emergencia nacional, el gobierno del presidente Abinader debe hacer expedito el proceso de aprobación e inicio de proyectos de infraestructura. En el marco de la ley 340-06, los proyectos de infraestructura se licitan, adjudican e inician en un período de, por lo menos, 9 meses. Y en el marco de la ley 47-20 de alianzas público-privadas, se espera que los proyectos de infraestructura se presenten, liciten, adjudiquen e inicien en un período comprendido entre 12 y 18 meses.

Para promover la reactivación económica basada en la construcción de infraestructura será necesario que el gobierno acorte esos plazos. En esta coyuntura de crisis de demanda agregada, provocada por la pandemia del COVID-19, habría que realizar un análisis exhaustivo de toda la legislación disponible que pueda ser utilizada para facilitar la ejecución de los proyectos de infraestructura que mayor impacto tengan sobre el crecimiento económico nacional. Eso es clave para que 2021 sea un año bueno.

Macarrulla y Punta Catalina

 [Escrito el 6 de octubre de 2020]

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, participó ayer en una entrevista en la cual cometió varias pifias cuando se refirió a la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Comentarios errados, cuyo único objetivo es reducir su precio de venta.

Ante la pregunta sobre el costo de construcción de la planta, respondió el señor Macarrulla que debido a la “poca transparencia que ha habido en el manejo de la construcción de esa planta” no tiene el dato.  Eso es falso, porque a la nueva administración de la CDEEE se le informó que el pago total al Consorcio constructor fue de 2,454 millones de dólares.  

También señaló que el proyecto tiene “un grave problema de manejo de su ceniza volátil…,” y eso le resta valor.  Le aclaro al señor Macarrulla que ese depósito de cenizas, o de subproducto, cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de EPC, que están acorde con las guías medioambientales de la IFC del Banco Mundial. En las plantas de electricidad a carbón localizadas en los Estados Unidos, Alemania, Japón, u otros países avanzados, el depósito de ceniza tiene las mismas características que el que existe en Punta Catalina. En consecuencia, su afirmación de que ese patio de cenizas le resta valor es totalmente incorrecta.

Resaltó que es una planta que “ha dado muestras de inestabilidad operativa.” Le recomiendo a Macarrulla que vea los indicadores de generación alcanzados por Punta Catalina desde el pasado mes de mayo, que es el primer mes en que ambas unidades estuvieron bajo la responsabilidad operativa de la CDEEE. Eso le permitirá darse cuenta de que, entre mayo y septiembre, Punta Catalina ha sido la principal fuente de electricidad del país, supliendo alrededor del 30% de toda la demanda del SENI.

Señaló que “la mitad del déficit [público] y de la deuda [pública]” se debe al subsidio eléctrico. Lamentablemente, el señor Macarrulla no reveló que ese déficit benefició a los generadores privados en el pasado y que Punta Catalina, al desplazarlos, producirá beneficios al Estado de 250 millones de dólares al año y ahorros a las distribuidoras de electricidad por un monto de 200 millones de dólares, lo cual reducirá a menos de la mitad el déficit anual del sector eléctrico.

Indicó que “nos vendieron una gran ilusión” porque, según él, no ha bajado la tarifa ni el déficit eléctrico. Olvida Macarrulla que Punta Catalina ha reducido el precio del mercado spot de 14 centavos de dólar a 7 centavos de dólar por kWh. Si el gobierno quisiera podría trasladar ese ahorro a los consumidores, mediante la disminución de la tarifa de electricidad.

Sobre la ilusión, debo aclararle al señor Macarrulla que nuestro trabajo fue poner en marcha el principal proyecto de infraestructura de la historia dominicana, capaz de suplir alrededor de la tercera parte de la demanda de electricidad a precios muy competitivos. Ilusión es vender un sueño, como el desarrollo inmobiliario de Sans Souci, el cual nunca se llevó a cabo. Eso sí fue vender una ilusión.

Por último, aprovecho para decirle que, si quiere debatir sobre Punta Catalina, ponga lugar, fecha y hora, y ahí estaré.

¿Un gobierno quebrado?

[Escrito el 6 de octubre de 2020] 

El presidente Luis Abinader afirmó el pasado sábado 3 de octubre que recibió un gobierno quebrado. Afortunadamente, eso no fue lo que le dijo recientemente su ministro de Hacienda, Jochy Vicente, a los inversionistas interesados en adquirir los bonos soberanos de la República Dominicana.

En la presentación que se utilizó en el roadshow de venta de los bonos soberanos se afirmó que la República Dominicana es la mejor economía de la región. El ministro de Hacienda mencionó que entre 2015 y 2019 la economía dominicana creció a una tasa promedio anual de 6.1%, con un déficit de cuenta corriente de apenas 1.2% del PIB y con una envidiable estabilidad de precios y del tipo de cambio. Asimismo, Jochy Vicente resaltó que la deuda pública y el déficit de las finanzas públicas en ese período de 2015-2019 fue de los más bajos entre los países con calificación crediticia comparable a la dominicana.

El ministro de Hacienda también señaló que la economía dominicana es resiliente, lo cual se ha manifestado en diversas ocasiones mediante una rápida recuperación. En términos estructurales les comentó lo bien diversificada que está la economía dominicana, fundamentada en los sectores turismo, construcción y manufactura.

A los compradores de los bonos también se les indicó que la política monetaria ha sido exitosa, la cual se ha traducido en un sistema bancario con liquidez adecuada, rentable y solvente. Y sobre la política fiscal les informó que, entre 2015 y 2019, se aplicó una estrategia para reducir el déficit y mejorar la sostenibilidad de la deuda pública.

El presidente Abinader debe saber lo que es una entidad, sea pública o privada, quebrada. Por si acaso lo olvidó se lo recordaré hoy. Una entidad está quebrada cuando es insolvente y no tiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros; en otras palabras, cuando el valor presente de sus ingresos por recibir es inferior al monto de sus deudas actuales.

Dada esa definición, le recomiendo al Presidente que no vuelva a decir que recibió un gobierno quebrado, porque eso significaría que los bonistas podrían señalar que el gobierno dominicano suministró información inexacta (misreporting) durante el roadshow y, por lo tanto, reclamar que les devuelvan los 3,800 millones de dólares que depositaron recientemente en las cuentas del gobierno.

Mi consejo al presidente Abinader: Llegó el momento de gobernar bien y dejar la política de lado.

Reforma tributaria sorpresa

 [Escrito el 6 de octubre de 2020]

El gobierno del presidente Luis Abinader ha descontinuado las visitas sorpresa, pero eso no significa que haya perdido la capacidad de dar una que otra sorpresa a los dominicanos. A finales de la semana pasada lo demostró, enviando al Congreso Nacional una reforma tributaria sorpresa, enclavada en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

Lamentablemente, esa reforma tributaria es un golpe directo a la clase media, sobre cuyos hombros recaerán los nuevos tributos y contribuciones. Esto es grave, si se toma en consideración que el PIB está decreciendo un 8% y que hace unos días el presidente Abinader anunció que a partir de enero desmontaría el programa FASE, lo cual eleva la probabilidad de que miembros de la clase media sean despedidos y pierdan sus ingresos laborales.

De manera ilegal e inconstitucional, la reforma tributaria sorpresa intenta gravar el salario de Navidad de los dominicanos. Es una pena que ninguno de los miembros de este gobierno participara en las discusiones que culminaron en el Código de Trabajo en 1992. Si hubiesen participado, recordarían que la exención del salario de Navidad es una conquista de los trabajadores dominicanos, alcanzada durante los meses en que se discutía simultáneamente el Código Tributario.

El impuesto de un 3% sobre las operaciones o consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito, débito o transferencias, y el impuesto del 18% sobre los servicios digitales recaerán sobre la clase media, pues los ricos tienen la forma de eludirlo y su peso no es significativo en su consumo total.  

El impuesto de un 1% sobre los activos financieros netos de las entidades de intermediación financiera merece una atención especial. El efecto de esa medida será un aumento de la tasa de interés de los préstamos y una reducción de la tasa de interés de los depósitos. Nuevamente, la clase media será la más perjudicada, pues los ricos ahorran y toman préstamos en el extranjero.

Por último, quiero resaltar el hecho de que esa reforma tributaria no se necesita, pues existen otras fuentes de recursos menos traumáticas para la población. Cabe recordar, que los hoy ministros revelaron durante la campaña electoral que se ahorrarían 189 mil millones de pesos al año al eliminar la corrupción. En consecuencia, 42 días de ahorro por ese concepto serán suficientes para compensar los 21,676.4 millones de pesos que se obtendrían con la reforma tributaria sorpresa. Ante esa realidad, le recomiendo al presidente Abinader que la retire del Congreso Nacional.

El fin de FASE y su impacto sobre el bienestar

[Escrito el 2 de octubre de 2020]

El presidente Luis Abinader ha revelado que su gobierno no tiene recursos para mantener el programa FASE más allá de diciembre de este año. Esto se debe al interés de las autoridades de reducir el déficit público de 9.3% del PIB en este año a 3% el año que viene. Recuerden que recientemente comenté que la meta del 3% solo se lograría si se incluyen ingresos provenientes por la venta de activos del Estado, y hoy añado que ese monto de ingresos debería ascender a más de mil quinientos millones de dólares.

El programa FASE tiene como objetivo apoyar a los trabajadores para que puedan mantener sus empleos e ingresos en medio de la pandemia del COVID-19. La eliminación del programa FASE en enero próximo reducirá el ingreso promedio de los hogares dominicanos, pues es altamente probable que muchas personas pierdan su empleo en ese momento.

El presidente Abinader también señaló que el gobierno seguirá apoyando a los hogares más pobres, ampliando los programas Prosoli para compensar a quienes queden fuera de FASE, y se encuentren en los grupos más vulnerables de la sociedad.

En los Estados Unidos, la suspensión de ese tipo de ayudas para los trabajadores, en lo que el Congreso aprueba su extensión, provocó el descenso de los ingresos personales, el consumo y el ahorro. De acuerdo con un informe de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de ese país, los ingresos personales disminuyeron 2.7%, el consumo retrocedió 1% y el ahorro cayó 3.6 puntos porcentuales en agosto pasado.

En el caso de la República Dominicana se puede prever que la eliminación del programa FASE también repercutirá negativamente sobre el ingreso laboral de la población. El efecto inmediato será la reducción del ritmo de recuperación de la economía dominicana y de manera seguida se registrará un deterioro de las condiciones de vida de la gente. El impacto final dependerá del ritmo de recuperación del sector privado, el cual es, después de todo, el que explica el 85% del crecimiento económico de la nación.

¿Qué es “a precio de vaca muerta”?

[Escrito el 1 de octubre de 2020]  

Muchas personas, entre ellos alumnos, me han pedido que les aclare el concepto de “a precio de vaca muerta,” a propósito de mi comentario de ayer con relación a que algunos funcionarios del gobierno actual quieren vender Punta Catalina a ese precio.

Es obvio que las personas que me preguntan saben que se trata de un precio que no se corresponde con el que resulta de un proceso de oferta y demanda, sino el que se desprende de un evento catastrófico que provoca un deterioro significativo del valor de un determinado bien. ¿Cuánto pagaría usted por una libra de carne de una vaca que fue hallada muerta en el camino? Definitivamente un precio menor que el que prevalece en el mercado.

El valor de una empresa se explica por su capacidad de generar flujo de efectivo. El principal componente de esa variable es el nivel de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés). A mayor nivel de beneficios mayor es el valor del negocio y si maneja adecuadamente su gasto de capital y el capital de trabajo, que se define como la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes, el valor de la empresa puede subir todavía más. 

El otro componente importante que explica el valor de un negocio es la tasa de descuento. Esta se utiliza para traer al presente el flujo de efectivo que la empresa producirá en un período determinado, por ejemplo, cuarenta años. A mayor nivel de riesgo del negocio, mayor tasa de descuento y, por lo tanto, menor valor de la empresa.

¿Cómo se llega a un precio de vaca muerta? En primer lugar, critique su empresa, creándole un entorno desfavorable para que se perciba que es un negocio riesgoso porque tiene fallas operativas, que le impiden generar ingresos por la venta de sus bienes o servicios. En segundo lugar, despida al personal clave de operación y mantenimiento, quienes ayudaban a mantener baja la probabilidad de que ocurran fallas. En tercer lugar, no adquiera los repuestos e insumos oportunamente que se transforman en bienes o servicios finales, lo cual reduce sus ingresos. En cuarto lugar, adopte medidas que incrementen los costos de los insumos, lo cual reducirá los beneficios, asumiendo ciertas restricciones en su capacidad de traslado de los costos al precio de venta.

Si usted hace todo eso que le acabo de decir, el resultado final será un precio extraordinariamente bajo de su empresa o un precio de vaca muerta. La pregunta que cabe hacerse es, ¿a quién se le ocurriría provocar un daño tan terrible, que sólo beneficiaría al comprador?

Punta Catalina, a precio de vaca muerta

 [Escrito el 30 de septiembre de 2020]

El ministro de la Presidencia, licenciado Lisandro Macarrulla, anunció al país que el gobierno del presidente Abinader tendrá que vender algunos activos para enfrentar el déficit del sector público que se registrará en 2021. Esto confirma que el déficit del 3% del PIB proyectado para el año que viene no es real, sino que será reducido transitoriamente a ese nivel mediante la venta de propiedades estatales.  

 El licenciado Macarrulla señaló, que el gobierno pudiera vender acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Según sus propias palabras, “Está contemplado abrir la participación del sector privado en Punta Catalina.” E inmediatamente comentó sobre el posible interés de los inversionistas privados en esa central, señalándole al entrevistador que “Punta Catalina no te creas que es tan fácil.” Y a partir de ahí comenzó a insinuar que ese activo tiene problemas, por lo cual “hay que definir muchas cosas todavía.”

De esas declaraciones de Macarrulla, junto a la deprimente rueda de prensa de Serafín Canario, Administrador General de Punta Catalina, el pasado lunes, se desprende que el objetivo del gobierno o, por lo menos, de algunos funcionarios es vender a precio de vaca muerta las acciones de esa gigantesca empresa.

El pueblo dominicano puede ahora entender que, el objetivo de Canario al decir que la Unidad 1 de la central tenía que salir del sistema por “fallas graves,” no era más que crear la sensación de que ese activo tiene problemas técnicos y que, por lo tanto, no tiene capacidad de generar electricidad de manera confiable. Esto fue desmentido rápidamente, pues desde agosto pasado Canario sabía que esa salida estaba programada para el mes de octubre, para darle mantenimiento y hacer algunas reparaciones.

Hay que evitar que se cometan acciones que reduzcan la capacidad operativa de la central. En términos administrativos y operativos se sabe que se ha despedido personal que era clave para gestionarla adecuadamente, por lo cual es necesario hacer una rápida intervención que evite que se destruya valor en los próximos meses.

El presidente Abinader tiene la responsabilidad de evitar que se venda Punta Catalina a precio de vaca muerta. Si se quiere vender una parte de las acciones de esa central, que se venda al precio justo. Dada la extraordinaria capacidad de generar electricidad de manera eficiente de esa empresa, que se manifiesta en el suministro del 30% de la generación del SENI y un nivel de beneficios anuales por 250 millones de dólares, se puede afirmar que su valor es de 2,600 millones de dólares. Ni un centavo menos.

Efectividad de la política monetaria

 [Escrito el 29 de septiembre de 2020]

El Banco Central de la República Dominicana puso hoy a circular un informe con los datos preliminares del comportamiento de la actividad económica al mes de agosto de 2020. En resumen, se puede señalar que la política monetaria expansiva, que se ejecuta desde mediados de 2020, y las transferencias públicas a los segmentos más vulnerables de la sociedad, han tenido un impacto positivo sobre la economía dominicana. 

La reducción de la tasa de política monetaria en 150 puntos básicos, colocándola en un 3%, y la aplicación de un conjunto de medidas que elevaron la disponibilidad de liquidez en 190 mil millones de pesos, han repercutido positivamente sobre la actividad productiva, al beneficiar a más de 33 mil hogares y empresas. La disminución de la tasa de interés activa promedio ponderado de 13.28% a 9.81%, registrada entre marzo y septiembre de este año, ha facilitado el acceso al financiamiento a los agentes económicos, permitiéndole a muchos sortear la crisis económica provocada por la pandemia.

De acuerdo con los estimados del Banco Central, la variación interanual del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) en el mes de agosto fue de -7.2%, el cual es 1.6 puntos porcentuales mejor que el -8.8% registrado en julio. Debe señalarse que el sector hoteles, bares y restaurantes sigue siendo la principal causa de la caída del PIB, pues en agosto sigue mostrado un brutal descenso de 61.2%.  El sector construcción, que en el trimestre abril-junio retrocedió en un 34%, arrojó en agosto una variación interanual de -7.6%, lo cual es una señal de la recuperación de esa actividad.

Un dato por resaltar es que el sector comercio, el cual es clave en la generación de empleo y la interrelación entre diversas actividades, se mantiene con un retroceso en agosto (-8%) similar al registrado en abril-junio (-7.9%). Esto puede estar reflejando la incertidumbre de los agentes económicos con relación a las expectativas de empleos e ingresos en los próximos meses.

Otro aspecto por destacar del informe del Banco Central es el comportamiento de la tasa de inflación, la cual, medida de agosto a agosto, se ha mantenido dentro del rango meta de 4%±1%, situándose en un 4.8%. Al mismo tiempo, se observa que la trayectoria del tipo de cambio comienza a estabilizarse y se puede prever, con el fortalecimiento de las reservas internacionales netas (al 13.3% del PIB), que se mantendrá estable durante los próximos meses. Obviamente, la recuperación de las actividades turísticas, unida al fuerte aumento de los ingresos por remesas, sería la clave para que la economía arroje números positivos y el tipo de cambio se coloque de nuevo en una trayectoria sostenible en el largo plazo.