Una costosa discrecionalidad

 [Escrito el 14 de octubre de 2020]

La historia dominicana revela que la discrecionalidad en tiempos de crisis desemboca en malas decisiones de política económica. Las crisis registradas en el período 1982-1984 y en 1990 ponen de manifiesto que la ausencia de un compromiso firme provoca inconsistencia intertemporal en la toma de decisiones, lo cual agrava el impacto sobre el bienestar de la población.

Tal como nos recuerda en un reciente artículo, el brillante economista y muy querido amigo, Hugo Guiliani Cury, el presidente Salvador Jorge Blanco llegó al poder en 1982, justo después de que iniciara la crisis de la deuda en Latinoamérica. En esa coyuntura, Jorge Blanco tenía muy pocos grados de libertad, por lo cual cualquier error resultaría muy costoso. Lamentablemente, la política económica, en la cual tuvo un papel protagónico el licenciado Bernardo Vega como Gobernador del Banco Central, se manejó discrecionalmente, sin rumbo fijo ni compromiso firme, haciendo descarrilar el Acuerdo de Facilidad Ampliada que se firmó con el FMI en 1983. El resultado final de esa incoherencia y discrecionalidad fue el desastre económico, social y político de 1984.  

Afortunadamente, el mismo Jorge Blanco, con la llegada de Hugo Guiliani al Banco Central, se comprometió a ejecutar una política de estabilización, consistente con balances sostenibles de las finanzas públicas y de la cuenta corriente, así como con la disponibilidad de financiamiento externo. Ese compromiso se enmarcó en un acuerdo Stand-By con el FMI, el cual fue ejecutado de manera exitosa por el nuevo equipo económico.

En 1990, con un retroceso del PIB de un 5% y una tasa de inflación de un 80%, la economía reflejó el costo de la excesiva discrecionalidad en el manejo de la política económica. Después de las elecciones, el presidente Balaguer, apoyándose en el PNUD, realizó un conjunto de reformas estructurales, entre ellas la tributaria, que se enmarcó en un acuerdo con el FMI. Ese compromiso con la estabilidad permitió que la República Dominicana creara los fundamentos que permitieron un crecimiento sostenido del PIB de un 5% entre 1991 y 2019. 

En la actualidad, el país se enfrenta a una severa crisis. El equipo económico del gobierno del presidente Abinader se presenta a la sociedad con actuaciones incoherentes y poco coordinadas, como lo revela la adopción de una reforma tributaria en medio de una terrible recesión económica, la cual hubiese afectado principalmente a la clase media.

El presidente Abinader debe ejecutar una política económica que sea consistente con las restricciones que impone la pandemia del COVID-19, mostrando un firme compromiso de que se ejecutará exitosamente. Por eso le recomiendo que se acerque al FMI para que le ayude a diseñar una política económica coherente y creíble, que debe incluir la reforma fiscal, a ser aprobada el año próximo y aplicada en 2022.