¿En qué están las reformas anunciadas en 2021?

[Escrito el 11 de mayo de 2026]

En agosto de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el interés de ejecutar 12 reformas para modernizar la República Dominicana. Entre ellas se encuentran, la fiscal, la del sector hidrocarburos, mercado laboral, sector eléctrico, sector agua, policía nacional, calidad educativa, salud y seguridad social y la reforma del transporte. 

Una evaluación del avance de dichas reformas permite indicar que muchas se encuentran muy retrasadas y otras ni siquiera han comenzado. Frente a esa realidad, las autoridades deben mejorar su capacidad de diseño y ejecución de reformas económicas, sociales e institucionales. 

Lo primero que deben tomar en cuenta es que en la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. 

El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

A partir de esos fundamentos teóricos, le recomiendo que se lean el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026 por los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard). 

En ese interesante estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas. La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Recomendaciones para reformar con éxito

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 11 de mayo de 2026]

En la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. Según esa posición, las economías tienden al equilibrio eficiente y los obstáculos institucionales pueden superarse mediante la negociación. El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

En el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026, los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard) utilizan una base de datos de 3,590 intentos de cambios regulatorios —exitosos y fallidos— en 189 países entre 2005 y 2022 para analizar los factores determinantes del éxito.  El estudio abarca seis dominios: apertura de empresas, regulación laboral, pago de impuestos, protección de inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. 

El primer hallazgo de la investigación es revelador. Durante el período analizado, el mundo se volvió más amigable al mercado en tres ámbitos: el registro de una empresa se simplificó de manera sustancial; el pago de impuestos se volvió más sencillo, con reducciones significativas en las horas requeridas para cumplir las obligaciones tributarias; y la protección legal de los inversionistas minoritarios mejoró. En contraste, casi no se produjeron cambios en la resolución de insolvencias ni en el cumplimiento de contratos. Respecto a la regulación laboral, los países más ricos endurecieron sus marcos normativos.

Los autores describen que los dominios donde más se avanzó son aquellos en los que predominan las reformas tecnológicas y administrativas —como la implementación de registros electrónicos de empresas o la digitalización de declaraciones de impuestos—, mientras que las áreas estancadas dependen de reformas legales que exigen la aprobación del Congreso. Esa distinción entre lo que puede modificarse mediante decreto o innovación tecnológica y aquello que requiere pasar por el poder legislativo constituye una de las aportaciones más robustas del estudio.

Un segundo elemento destacable consiste en la constatación de que los países que comenzaron el período con regulaciones más restrictivas y deficientes —por lo general, los menos desarrollados— mostraron mayores avances. 

Para interpretar esos resultados, los autores construyen un modelo teórico en el cual el reformador —que puede ser el legislativo, el ejecutivo o el poder judicial— propone un cambio regulatorio y diseña mecanismos de compensación para los grupos perjudicados. La propuesta puede ser bloqueada si se considera que las compensaciones son insuficientes.

El modelo identifica tres parámetros fundamentales. El primero es el retorno social de la reforma antes de los ajustes compensatorios, el cual tiende a ser mayor cuando la regulación previa es más restrictiva. El segundo refleja el mecanismo de compensación: cuanto más distorsionador sea, más costoso resultará indemnizar a los perdedores y, por tanto, más baja será la probabilidad de que la reforma se apruebe. El tercer parámetro es el número de puntos de veto; es decir, las instancias institucionales del poder político y de grupos de intereses cuya aprobación es necesaria para adoptar una reforma.

Según el estudio, la tasa de éxito de las reformas alcanza el 84% en los países ricos, mientras que apenas llega al 51% en los países poco desarrollados. Al mismo tiempo, las economías avanzadas intentan más reformas y las aprueban con mayor frecuencia, pero el impacto promedio de cada una sobre los índices regulatorios es limitado. Ese patrón —más intentos, mayor éxito, menor impacto unitario— es lo que predice el modelo cuando predomina la capacidad de compensar a los perdedores y alcanzar acuerdos.

Las reformas tecnológicas —aquellas que utilizan herramientas digitales o administrativas sin requerir nuevas leyes— registran una tasa de éxito global del 87%, frente al 71% de las reformas legales y el 60% de las administrativas. En dominios como la apertura de empresas, en el que el 41% de las reformas son tecnológicas, el éxito es casi universal. En regulación laboral, donde el 99% de las reformas son de naturaleza legal, los obstáculos aumentan.

Quizá el hallazgo más provocador del estudio sea la relación entre intentos y resultados. Los países que más reforman no son los que más lo necesitan, sino los que poseen mayor capacidad institucional para hacerlo. La oferta de capacidad reformadora, y no la demanda generada por la urgencia de cambios, es lo que mejor explica el ritmo de las modificaciones regulatorias.

Las conclusiones del ensayo tienen implicaciones directas para el diseño de una estrategia óptima de ejecución de reformas en economías como la dominicana. El análisis costo-beneficio de toda reforma debe complementarse con una revisión rigurosa de su capacidad de ejecución. Esto significa que, además de priorizar las reformas por su impacto esperado en el bienestar —por ejemplo, teniendo en cuenta cuánto ganaría la economía si se flexibilizara el mercado laboral o cuál sería el beneficio de la modernización del magisterio— es preciso examinar también el marco institucional que puede condicionar su aprobación.

El estudio de Djankov, Glaeser y Shleifer demuestra que el diseño institucional de las reformas —la instancia del gobierno desde la cual se proponen, el tipo de mecanismo requerido (tecnológico, administrativo o legal), la cantidad de actores con poder de veto sobre ellas y la capacidad del sistema para compensar a los grupos afectados— determina gran parte de la posibilidad de éxito, así como la magnitud de sus beneficios potenciales. 

A la luz de esos hallazgos, puede recomendarse a los responsables de política económica que, además de identificar las reformas orientadas a elevar el nivel de bienestar presente y futuro, fortalezcan la capacidad institucional de compensar a los perdedores y reduzcan los puntos de fricción en el proceso de aprobación. 

En síntesis, del estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas.  La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social.

El riesgo sistémico de la inteligencia artificial

[Escrito el 8 de mayo de 2026]

Los modelos avanzados de inteligencia artificial están generando un riesgo sistémico que los reguladores apenas comienzan a dimensionar. Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional citado por el Financial Times señala que las nuevas capacidades de herramientas como Claude Mythos elevan el riesgo cibernético hasta convertirlo en una posible amenaza macrofinanciera. El problema ya no se limita a ataques aislados, sino a la posibilidad de fallas simultáneas que afecten a bancos, sistemas de pago y proveedores esenciales de servicios.

El FMI advierte que estos modelos reducen de manera drástica el tiempo y el costo necesarios para identificar vulnerabilidades en infraestructuras ampliamente utilizadas. Anthropic, desarrolladora de Mythos, informó que el sistema detectó miles de fallas de alta severidad en los principales sistemas operativos y navegadores. El riesgo, por tanto, es creciente y desigual. Algunas instituciones estadounidenses ya reciben asistencia técnica y parches de seguridad, mientras que muchas entidades fuera de ese círculo, en especial en los países menos desarrollados, carecen de acceso a estas defensas, lo que amplía la brecha global de protección.

El organismo internacional sostiene que un ataque coordinado provocaría efectos en cadena que incluirían pérdida de confianza, interrupciones de pagos, tensiones de liquidez y ventas forzadas de activos. En un sistema financiero altamente interconectado, la simultaneidad se convierte en el punto más vulnerable.

La conclusión del FMI es clara. Las defensas serán vulneradas en algún momento. La prioridad debe ser la resiliencia, la capacidad de contener la propagación y recuperar la operatividad con rapidez. En un entorno donde la inteligencia artificial acelera tanto la innovación como el riesgo, la estabilidad financiera dependerá de instituciones preparadas para absorber el impacto.

Se subestima el riesgo

[Escrito el 7 de mayo de 2026]

Los mercados de capitales internacionales subestiman el riesgo que se desprende de la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre el abastecimiento y los precios de los combustibles. Aun cuando no se ha alcanzado una paz definitiva que asegure el libre tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, los principales índices bursátiles continúan mostrando un comportamiento ascendente. 

En el caso de Estados Unidos, el Dow Jones ha subido en lo que va de año un 2.5%. El S&P 500, que abarca una mayor cantidad de sectores y empresas, ha subido casi un 7% en ese mismo período. Y el Nasdaq, que representa las empresas tecnológicas, ha registrado un extraordinario incremento de un 11.1%. 

Más aún, dichos índices bursátiles han alcanzado máximos históricos desde el 28 de febrero, fecha en que inició la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Nasdaq registró un máximo de 26,036 puntos el 7 de mayo. En la misma fecha, el S&P alcanzó un máximo de 7,385 puntos. Mientras tanto, el Dow Jones alcanzó su récord el pasado 10 de febrero al situarse en 50,513 puntos, nivel que supera en un 1.8% el observado hoy. 

Esos datos sugieren que el mercado prevé una resolución rápida y definitiva del conflicto bélico. Además, proyecta que la inversión en inteligencia artificial mejorará la productividad de las empresas, lo que se traducirá en un mayor flujo de efectivo. Un elemento adicional a considerar es que solo cinco empresas, todas tecnológicas, explican la mitad de la subida del S&P 500 desde abril. Así las cosas, se podría inferir que el efecto de la crisis de Medio Oriente ha sido enmascarado por la euforia generada por la burbuja de la inteligencia artificial.  

Con los pies en la tierra

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 4 de mayo de 2026]

Existe una alta probabilidad de que, a partir de junio, la situación del mercado internacional de combustibles empeore. El cierre del flujo de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz ha obligado a varios países de Asia y de Europa a recurrir a sus reservas, que podrían alcanzar niveles críticos en un plazo de entre cuatro y ocho semanas. Ese escenario se traduciría en un déficit en el mercado de petróleo cercano a los 12 millones de barriles diarios.  

En un contexto de esa naturaleza, los precios de dichos productos aumentarán con rapidez para que la demanda se ajuste a la oferta disponible. En el artículo “Apocalipsis petrolero,” publicado el 16 de marzo en esta columna, se advirtió que la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los miembros del G-7 contribuiría a estabilizar de manera transitoria los precios, pero el desabastecimiento prolongado podría elevar el precio del crudo por encima de los 150 dólares el barril. Esa posibilidad llevó al director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, a declarar el 6 de abril que el conflicto bélico en Medio Oriente ha desencadenado la mayor crisis de combustibles de la historia.

A pesar de la situación internacional descrita, algunos funcionarios del gobierno dominicano sostienen que el plan ejecutado por las autoridades ha tenido un buen resultado económico, ya que “no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precios,” afirmación que no se corresponde con los datos del Banco Central. Además, destacan que, acumulado a marzo, se alcanzó una tasa de crecimiento del indicador mensual de actividad económica (IMAE) de un 4.1% —superior al 2.8% registrado en el primer trimestre de 2025— y la tasa de inflación se situó en 4.63%. A su vez, puntualizan que los ingresos por remesas, turismo y exportaciones de bienes han mostrado un comportamiento muy positivo, lo que ha contribuido al aumento de las reservas internacionales y a la apreciación del tipo de cambio en más de un 5% en lo que va de año, hasta colocarse alrededor de los 60 pesos por dólar.

En el Consejo de ministros celebrado la semana pasada se reconoció que el impacto negativo de la guerra sobre la inflación, el crecimiento económico y las finanzas públicas será inevitable. En la línea con lo planteado en el artículo “El impacto negativo del conflicto del Medio Oriente,” publicado el 2 de marzo en esta columna, el ministro de Hacienda declaró que se producirá un deterioro de las cuentas externas y del saldo de las finanzas públicas. En dicho ensayo se advirtió que “los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos.” Tras el citado Consejo, el Ministerio de Industria y Comercio publicó que el subsidio de la presente semana superará los 1,400 millones de pesos, aun cuando se aprobaron ligeros incrementos de los precios de algunos combustibles.

El reconocimiento de esa realidad obligó a las autoridades a anunciar un conjunto de medidas orientadas a reducir el gasto público por una suma total de 40 mil millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la racionalización del combustible, la publicidad y las contrataciones. Asimismo, se propuso, entre otras iniciativas, la reducción de un 50% del presupuesto de los partidos políticos y el recorte de los gastos operativos. Para facilitar el seguimiento de esas medidas, que deben complementarse con la disminución de otros gastos no prioritarios, es conveniente que se publique el monto que corresponde a cada una y que, mensualmente, se verifique el grado de cumplimiento de las metas. 

El éxito del ajuste de gastos públicos es clave para que los agentes económicos acepten los incrementos de precios de los combustibles y de la tarifa eléctrica. El ajuste de dichos precios enviaría la señal adecuada para moderar el consumo de esos bienes y servicios. El ahorro fiscal permitiría, además, dirigir recursos hacia la protección de los hogares más vulnerables mediante subsidios y transferencias focalizados. 

Por otro lado, se requiere impulsar acciones que eleven los ingresos tributarios. Una de ellas es renegociar con la empresa Barrick Gold el marco tributario vigente, con el fin de restablecer el diseño original del Impuesto Mínimo Anual (IMA). El objetivo es llevar la tasa efectiva de un 13.39% a la que debería prevalecer según el acuerdo del año 2013 que, con un precio del oro de cinco mil dólares por onza troy, sería igual a un 38.55%. Esos ingresos adicionales, que alcanzarían varios centenares de millones de dólares, resultan cruciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. 

Las recomendaciones aquí planteadas contrastan con la postura de algunos funcionarios. Estos proponen recurrir al endeudamiento externo para financiar el aumento del déficit público derivado de la decisión de subsidiar la mayor parte del incremento de los precios internacionales de los combustibles. Aseguran que el gobierno dispone de margen de endeudamiento, pero olvidan que los tenedores de deuda pública no estarán dispuestos a financiar el despilfarro de recursos que implica el mantenimiento de un precio subsidiado de los combustibles en el mercado local. Hace unos días, Fitch Ratings mantuvo en BB- el crédito soberano, pero revisó la perspectiva de positiva a estable debido a la desaceleración económica y al deterioro de las finanzas públicas. La ruptura de la confianza de los inversionistas podría provocar una parada súbita (“sudden stop”) de los flujos de capitales provenientes del extranjero, con el consiguiente riesgo de crisis de deuda soberana y de una fuerte depreciación del peso frente al dólar, tal como advirtió el profesor Guillermo Calvo en los años noventa. 

Por último, conviene que las autoridades promuevan, con los pies en la tierra, el ahorro de los combustibles más allá del ajuste que provocará el aumento de los precios en el mercado local. Muchos países fomentan el teletrabajo, la enseñanza virtual, el uso compartido del vehículo y el transporte público. Todas esas medidas contribuirían a mejorar el saldo de las cuentas externas, fortalecer las finanzas públicas y a sostener el nivel de crecimiento económico.

Control de fusiones

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 27 de abril de 2026]

La reciente decisión de la Comisión Europea (CE) de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque comunitario. Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de las operaciones corporativas y reconoce que la creación de empresas de mayor tamaño puede reforzar la competitividad frente a los gigantes estadounidenses y chinos.

La CE admite que la economía actual se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala productiva es requisito fundamental para competir con éxito en los mercados internacionales. Ese cambio exige revisar el enfoque de análisis y control de fusiones.

Cuando los países desarrollados diseñaron sus marcos de política de competencia, partían de unos mercados internos grandes, capaces de generar la escala necesaria para sostener varios competidores eficientes. Estados Unidos promulgó la Ley Sherman en 1890 con una población de más de sesenta millones de consumidores. La Unión Europea construyó su régimen de competencia sobre un mercado único de cientos de millones de personas. En ese contexto, el control de fusiones tiene una lógica impecable: si el mercado es lo bastante amplio, se puede exigir que coexistan múltiples empresas sin sacrificar las economías de escala.

Las economías pequeñas en desarrollo, en cambio, operan bajo condiciones estructurales distintas. En mercados internos, que a veces no superan los veinte millones de consumidores, el tamaño mínimo eficiente de una empresa puede representar una fracción significativa del mercado total. Trasplantar el control de fusiones desde economías de tamaño continental hacia economías pequeñas es un grave error.

La literatura sobre competencia en países avanzados ofrece lecciones valiosas, pero también revela sus propias tensiones internas. En 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos publicaron nuevas guías de control de fusiones que representan un retroceso respecto a las vigentes desde 2010, basadas en los principios de la Escuela de Chicago, cuyo objetivo era maximizar el bienestar del consumidor. El nuevo enfoque prioriza preservar estructuras de mercado desconcentradas, aun cuando sean ineficientes. La lógica de esa normativa retoma el enfoque estructuralista del antimonopolio, cuyo punto álgido se alcanzó con la sentencia del caso Brown Shoe en 1962, e implica que una fusión puede bloquearse si una empresa supera el 30% del mercado, aunque no incida directamente sobre los precios o la producción. Las críticas a las nuevas normativas son numerosas y provienen de diversos centros académicos.

En países donde la capacidad técnica de las instituciones regulatorias es limitada, los errores Tipo I —bloquear fusiones eficientes por exceso de cautela— pueden resultar muy dañinos. Más aún, el bienestar de la sociedad podría aumentar cuando los beneficios de la fusión derivados del mayor grado de eficiencia productiva superan los efectos anticompetitivos; es decir, cuando la reducción de los costos (marginales y fijos) evita un aumento de los precios finales o una reducción del nivel de producción. 

Una economía pequeña no puede permitirse el lujo de tener un sistema de control de fusiones que deje en manos burocráticas el proceso de innovación y mejora de la eficiencia. La fusión de dos empresas no origina per se un abuso de posición dominante, mucho menos si se trata de una producción de bienes que debe enfrentarse a una oferta proveniente del extranjero. En ese contexto, la fusión posibilitaría que las empresas nacionales aprovechen las economías de escala y reduzcan sus costos, con lo cual mejorarían simultáneamente la capacidad exportadora y el nivel de bienestar del consumidor. Una empresa que aumente sus precios en exceso perderá participación de mercado. La competencia del exterior, siempre que los aranceles sean bajos y las barreras no arancelarias estén controladas, es más eficiente que la intervención regulatoria, ya que opera sin el riesgo de error burocrático inherente al análisis ex ante de las fusiones.

Si las empresas fusionadas suplen bienes no transables o servicios —financieros, de electricidad y telecomunicaciones— que no están disciplinados por la competencia internacional, la regulación de las tarifas, la disponibilidad y la calidad del servicio recaen en el ámbito de una supervisión sectorial especializada. 

Sustituir el control previo de fusiones por una combinación de apertura comercial, reducción de barreras de entrada y supervisión posterior del abuso de posición dominante constituye una asignación más eficiente de la capacidad institucional disponible. De esa manera, la autoridad de competencia concentra sus recursos en conductas observables y verificables, en lugar de hacerlo en proyecciones de estructuras de mercado. Si se comprueba, mediante el uso de técnicas econométricas —como el método de diferencias en diferencias—, que la nueva empresa ha abusado de su posición dominante y ha elevado los precios por encima de lo que puede justificarse por el encarecimiento de las de materias primas y de la mano de obra, corresponde imponerle sanciones proporcionales al perjuicio causado al bienestar social. 

En la República Dominicana, el debate sobre el control de fusiones no es reciente. Durante un seminario organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en 1999, el autor de esta columna sostuvo que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, ya que frena procesos de eficiencia, limita la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala e impacta negativamente el bienestar. 

Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa, y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08. La decisión, combinada con una política de reducción arancelaria ejecutada desde 1990, generó ganancias de eficiencia superiores a las que habría permitido un régimen de control de fusiones estricto aplicado a un mercado pequeño. No obstante, la legislación vigente requiere ajustes en el régimen de sanciones, de modo que estas se correspondan con el daño provocado por el abuso de posición dominante. 

El giro europeo que hoy en día se registra en materia de competencia, orientado a facilitar la creación de “campeones nacionales,” valida la posición dominicana, la cual establece que un control excesivo de las fusiones podría reducir la eficiencia productiva, debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.  

El reto electoral de Trump

[Escrito el 22 de abril de 2026]

Las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre en Estados Unidos se desarrollarán en un contexto económico particularmente adverso. A la tensión estructural entre apertura y protección se suma ahora el repunte de los precios de los combustibles, que presiona la inflación y debilita el anclaje de las expectativas. 

En dicho escenario, la estrategia económica del presidente Donald Trump enfrenta un escrutinio más severo. Su giro mercantilista, sustentado en tarifas y controles al comercio, ha elevado costos y generado una gran incertidumbre jurídica, como destaca Glenn Hubbard, profesor de Economía de la Universidad de Columbia, al señalar que el mercantilismo “requiere extensiva intervención gubernamental”, con los riesgos de distorsión que ello implica.

Hubber se apoya en el libro La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, escrito hace 250 años, para recordar que la prosperidad depende de la competencia y la apertura, no del proteccionismo. El autor subraya que una economía competitiva, con intervención gubernamental limitada, “elevaría los niveles de vida”, una intuición que contrasta con la política arancelaria de Trump. En un entorno de precios energéticos al alza, la política económica necesita credibilidad, reglas claras y un marco que incentive la inversión, la innovación y la movilidad laboral.

Corregir el rumbo de la política económica implica abandonar la lógica proteccionista y avanzar hacia una agenda que incluya fortalecer la educación, modernizar la regulación, promover la inmigración calificada y acelerar la inversión en energía y tecnología. Sin un giro hacia el crecimiento económico, la ansiedad social amplificada por la inflación condicionará el debate electoral y le pasará en noviembre al partido Republicano una factura muy costosa.

La Unión Europea flexibiliza su control de fusiones

[Escrito el 21 de abril de 2026]

La decisión de la Comisión Europea de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque y reabre una discusión que, en República Dominicana, tuvo un punto álgido durante la redacción de la Ley 42‑08. Según reveló el Financial Times, Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de operaciones corporativas, reconociendo que la creación de empresas con mayor tamaño puede fortalecer la competitividad frente a gigantes estadounidenses y chinos.

El viraje europeo contrasta con la ortodoxia que dominó desde los años 2000, cuando el análisis se centraba casi exclusivamente en los efectos sobre precios y consumidores. Hoy, la Comisión admite que la economía se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala es condición para competir globalmente. Ese reconocimiento llega tras episodios como la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania, que expusieron vulnerabilidades estructurales del continente.

En la República Dominicana, el debate no es nuevo. Durante un seminario organizado por la FINJUS en 1999, argumenté que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, al frenar procesos de eficiencia, limitar la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala y, por último, afectar negativamente el bienestar. Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08.

El giro europeo valida la posición dominicana, que establece que un control excesivo de las fusiones puede debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.  

La reapertura del estrecho de Ormuz

[Escrito el 20 de abril de 2026]

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán confirmó la importancia del estrecho de Ormuz. Por esa vía transita cerca del 20% del crudo mundial y una proporción aún mayor del gas natural licuado. Su cierre impulsó el precio del petróleo por encima de los 110 dólares por barril y colocó a la economía global en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente a los países asiáticos cuya dependencia energética del Golfo Pérsico es estructural. 

El viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que Ormuz estaba “completamente abierto” al tránsito comercial mientras se mantenga el cese al fuego en el Líbano. La reacción del mercado fue inmediata: en cuestión de minutos, el precio del WTI cayó 12.6% y se ubicó alrededor de los 82.76 dólares por barril.

La evolución futura del precio dependerá de varios factores. El más determinante será si las negociaciones entre los países involucrados logran consolidar una paz duradera en Medio Oriente que incluya a Israel y Líbano. También será decisivo observar el grado de destrucción sufrido por las infraestructuras energéticas de la región. Si la capacidad productiva fue afectada, los precios de los combustibles permanecerán por encima de los niveles previos al conflicto, aun con el estrecho abierto al tráfico comercial.

En síntesis, la reapertura de Ormuz reduce la tensión inmediata, pero no elimina la fragilidad de fondo: mientras la estabilidad regional dependa de acuerdos precarios, los mercados energéticos seguirán expuestos a sobresaltos capaces de alterar el pulso de la economía mundial.

Inconsistencia monetaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 20 de abril de 2026]

El anclaje de las expectativas de inflación depende del compromiso del banco central con su meta. Ben Bernanke, premio Nobel de Economía, demostró que la conducta presente y pasada de la política monetaria incide de manera directa en las expectativas y, por tanto, la consistencia de sus mensajes y de sus acciones es clave para preservar la estabilidad macroeconómica.

Los cambios abruptos de la política monetaria —una estrategia de zigzagueo, por ejemplo— debilitan la credibilidad de las autoridades respecto a la meta de inflación y pueden provocar un desanclaje de sus expectativas. Esa situación cobra una mayor importancia en un entorno internacional marcado por choques de oferta negativos, como la pandemia del covid-19, la impredecible política arancelaria de Trump o el encarecimiento de los combustibles, condicionantes que presionan al alza los costos y los precios. 

En agosto de 2011, el Banco Central de Brasil decidió subir la tasa de interés de referencia y, poco después, recortarla. Ese viraje abrupto en la política monetaria sin una justificación creíble bastó para que las expectativas de inflación, tanto de corto como de largo plazo, comenzaran a subir de inmediato. Como documenta un reciente estudio realizado por Marco Bonomo y otros economistas, el zigzagueo monetario aumentó la dispersión, la volatilidad y la sensibilidad de los pronósticos macroeconómicos a factores transitorios, indicios claros de pérdida de credibilidad. La lección es contundente: cuando la autoridad monetaria envía señales contradictorias con su meta de inflación, los agentes revisan su percepción del compromiso institucional y desaparece la estabilidad de precios. Recuperar la credibilidad, como muestra el caso brasileño mencionado, puede llevar varios años y, en determinados casos, requerir ajustes profundos en el régimen económico, tal como demostró el premio Nobel de Economía, Thomas Sargent.

Por otra parte, la literatura económica confirma que la narrativa del banco central es un instrumento de política monetaria tan relevante como la propia tasa de interés. Cambios bruscos en el tono —pasar de un mensaje restrictivo a uno acomodaticio sin nueva información que lo respalde— pueden alterar las expectativas de inflación aun cuando la tasa de interés permanezca fija. Estudios de los profesores Alan Blinder, Michael Woodford y, más recientemente, de Jarociński y Karadi muestran que los agentes económicos interpretan esas señales como indicios de un posible cambio en la función de reacción o en la firmeza del compromiso institucional con la meta. El resultado es un aumento de la incertidumbre, una mayor sensibilidad a las noticias de corto plazo y un debilitamiento del ancla nominal. En síntesis, una comunicación incoherente del banco central puede desanclar las expectativas sin necesidad de modificar la tasa de referencia.

A finales de marzo, el Banco Central de la República Dominicana publicó su comunicado de política, donde se anunció “la decisión de mantener su tasa de interés de política (TPM) en 5.25% anual.” De acuerdo con el documento, la medida tomó “en consideración el escalamiento del conflicto bélico en Medio Oriente, en el cual se ha producido un incremento de la incertidumbre global y ha generado aumentos significativos en el precio del petróleo y otras materias primas.”  Ante esa situación, que presionará hacia arriba los precios, la autoridad monetaria “se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación.” Esto significa que, en caso de requerirse, el Banco Central está dispuesto a ejecutar una política monetaria restrictiva, en línea con lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada. 

En otro informe, publicado el 12 de abril, el organismo emisor anticipa que en los próximos meses la tasa de inflación rebasará el límite superior de la meta, establecido en un 5%. Advierte que, “de continuar las presiones adversas asociadas a este nuevo y severo choque de oferta, la inflación interanual pudiese en los próximos meses salir transitoriamente del rango meta.” En ese contexto, las autoridades señalan que están en condiciones de adoptar “las medidas que sean necesarias para garantizar que las expectativas inflacionarias permanezcan debidamente ancladas y se mantenga la estabilidad de precios en el horizonte de política monetaria,” lo que deja abierta una eventual intervención en el mercado con subidas de tasas de interés. 

De forma sorprendente, tres días después, el Banco Central publicó un documento en el que subrayó la existencia de “condiciones de liquidez holgadas” que presionan a la baja las tasas de interés y, con ello, se beneficia al sistema financiero y a los hogares dominicanos. En particular, destacó que, desde junio de 2025, se han adoptado medidas de provisión de liquidez por 81 mil millones de pesos, junto con un recorte acumulado de 50 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria. Esas acciones redujeron la tasa de interés interbancaria en 370 puntos básicos y la situaron en 7.84% en marzo de 2026. Según el Banco Central, esas condiciones de liquidez, “en un contexto de incrementada convulsión global” proporcionarán un entorno de certidumbre a la estabilidad macroeconómica.

Los giros bruscos en la narrativa del ente emisor generan confusión entre los agentes económicos, quienes carecen de señales claras sobre la orientación de la política monetaria. En determinados casos, el Banco Central actúa como un halcón; en otros, como una paloma. 

La inconsistencia temporal en la gestión de los instrumentos monetarios, a menudo asociada a objetivos políticos, conlleva costos reales y persistentes. Cuando los bancos centrales actúan con excesiva discreción y emiten señales contradictorias respecto a su compromiso con la estabilidad de precios, los agentes anticipan una mayor tolerancia a la inflación futura. El resultado es un sesgo inflacionario que eleva las expectativas, encarece el crédito y obliga a aplicar, posteriormente, políticas más contractivas para restablecer la credibilidad perdida. Como mostraron Kydland y Prescott, ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía, la falta de compromiso conduce a un equilibrio ineficiente donde la inflación se mantiene alta sin beneficios sostenibles en actividad económica. En síntesis, la inconsistencia monetaria no solo erosiona la credibilidad, también impone un costo macroeconómico que termina pagando toda la sociedad.