sábado, 24 de febrero de 2024

El beneficio de reducir la criminalidad

[Escrito el 23 de febrero de 2024]

El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente un artículo donde se establece que Latinoamérica y el Caribe representan casi la mitad de las víctimas de homicidio intencional. La intensidad de ese problema es mayor si se toma en consideración que esa región representa el 8% de la población mundial.

Rafael Machado y Rodrigo Valdes, funcionarios del FMI, presentan en su estudio que Centroamérica y el Caribe han registrado incrementos en la tasa de homicidio de alrededor de 4% anual en las dos décadas más recientes, llevándose el título de ser la zona más violenta de Latinoamérica y el Caribe. La tasa de homicidios intencionados en Centroamérica supera los 26 por 100 mil habitantes y en el Caribe se acerca a 15 por 100 mil habitantes.

En el caso de la República Dominicana, el gobierno del presidente Abinader a través del ministro de la Presidencia Joel Santos informó recientemente que la tasa de homicidios intencionados se sitúa en 11.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ese dato permite señalar que la criminalidad se encuentra por debajo de lo observado en Latinoamérica y el Caribe que supera los 20 homicidios por 100 mil habitantes, pero falta camino por recorrer para alcanzar el promedio mundial que se sitúa en 5 homicidios por 100 mil habitantes.  

Machado y Valdes confirman que la criminalidad reduce la actividad económica y provoca elevados costos sociales. Específicamente, sostienen que la delincuencia afecta negativamente la inversión, la productividad, la producción y, en consecuencia, el salario y el empleo. De acuerdo con sus análisis econométricos un aumento de 30% en la tasa de homicidios reduce la tasa de crecimiento del producto interno bruto en 0.14 puntos porcentuales.  E indican que si se redujese la violencia en los países de la región hasta llevarla al promedio mundial se elevaría la tasa de crecimiento del PIB hasta en 0.8 puntos porcentuales. 

Esos resultados demuestran que invertir recursos públicos en la lucha contra el crimen es beneficioso para la sociedad. La clave es diseñar y ejecutar una estrategia que sea efectiva, tal como recomiendan Machado y Valdes.

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