Corrupción y equidad

La República Dominicana es una sociedad muy desigual. Los estudios revelan que los ingresos se encuentran concentrados en pocas personas. La política fiscal no ha logrado crear las oportunidades para que los segmentos más pobres puedan recibir una porción justa del crecimiento económico.

La corrupción reduce la capacidad redistributiva de la política fiscal. El sobreprecio de las obras construidas o de los bienes adquiridos por el Estado reduce los recursos disponibles para la adquisición de servicios sociales, de educación y salud, indispensables para mejorar los niveles de ingreso de la población.

La sociedad debe enfrentar la corrupción. Un elemento que permite esa lucha es el tercer párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal que establece que “en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas,… cualquier persona puede constituirse como querellante.”

Lamentablemente, el Congreso Nacional desea eliminar ese párrafo. Esa decisión provocaría que los ciudadanos sólo puedan denunciar a los funcionarios corruptos. Ya no podrían querellarse.

Esto sería una gran restricción en la lucha contra la corrupción porque si usted hace una denuncia el funcionario corrupto lo podría demandar por difamación. Les aseguro que ante esa posible demanda, de la cual yo he sido víctima, pocas personas estarían dispuestas a realizar alguna denuncia de corrupción.

Y mientras siga la corrupción, la política fiscal no podrá mejorar la equidad en nuestra sociedad.