[Escrito el 22 de marzo de 2016]
El éxito de
la visita del presidente Barack Obama a Cuba dependerá de la ejecución de
reformas económicas e institucionales.
Entre las reformas
institucionales se encuentra el fortalecimiento del sistema judicial. Esto,
unido al régimen de propiedad privada que debe establecerse, permitiría a los
agentes económicos dirimir conflictos que se originarán después de que se
generalice la inversión privada. Una justicia eficiente y accesible es clave
para que los empresarios, pequeños, medianos y grandes, sepan que existe un
ente que sirve de árbitro ante los conflictos que emanen de la proliferación de
los negocios privados.
Además, es
imprescindible la creación de un verdadero estado de derecho fundamentado en la
libertad. El gobierno cubano tiene la obligación de dar más libertad a su
gente, para que se asocie y tome decisiones sobre el futuro político de su
nación. Algunos pensarán que China ha progresado sin que el Partido Comunista
Chino suelte el control del Estado. Eso es cierto, pero lo ideal es que las
sociedades progresen económicamente de manera simultánea al avance de la
democracia.
Algunos
autores, como el economista Robert Barro, argumentan que los países no pueden
convertirse en democracia demasiado pronto. Otros, como Casey Mulligan y Xavier
Sala-i-Martin señalan que no existe mucha diferencia entre la política
económica que puede ejecutarse en una democracia con relación a la que se puede
ejecutar en un Estado no democrático.
Sea cual
sea la relación, la verdad es que Cuba tiene 57 años sin democracia y pienso
que una precondición a exigirse para que reciba nuevas inversiones extranjeras
es que el gobierno otorgue más libertad a su pueblo.
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