Tú despilfarras y yo pago

Frente al Statu Quo

19/9/2011

            El gobierno del Presidente Fernández es el más despilfarrador de 142 países evaluados por el Foro Económico Mundial. Y lo dice también la Embajada Americana: “Leonel Fernández reparte Estado como botín y malgasta los recursos.” Por eso molesta cada vez que los funcionarios gubernamentales promueven o adoptan medidas que obligan al pueblo a pagar más impuestos.

            El Fondo Monetario Internacional afirma que el gobierno de Fernández se quemó en materia del control financiero del Estado. Por un lado, el desbordamiento del gasto público provocó que no se cumpliera con la meta para el déficit del sector público consolidado. Por otro lado, la ineficiente gestión comercial impidió -a pesar de un reciente aumento de un 20% de la tarifa de electricidad- que se alcanzara la meta del déficit  (y subsidio) del sector eléctrico.

            Ante ese despilfarro de recursos, el FMI le recomienda al gobierno “algunos afinamientos adicionales en las políticas…” Entre líneas se lee en el texto del Fondo: se recomienda un nuevo aumento de la tarifa de electricidad y un incremento de los ingresos tributarios.

            El gobierno se comprometió a establecer en septiembre la tarifa técnica de electricidad. Eso implicará un aumento del costo de la energía eléctrica que oscilará entre un 15% y un 20%. Ese compromiso está escrito en la Carta de Intención firmada por los principales funcionarios del equipo económico del gobierno.   

            El Presidente Fernández también ha dado instrucciones para que se adopten medidas que eleven las recaudaciones tributarias. La manipulación semanal de los precios domésticos de los combustibles, con un marcado sesgo ascendente, es el resultado de esa ordenanza.

            Asimismo, la Norma General No. 13-2011 de la Dirección General de Impuestos Internos es otro ejemplo. Esa Norma designa a las entidades de intermediación financiera como agentes de retención cuando efectúen pagos por concepto de intereses de cualquier naturaleza a las personas jurídicas en general. Esa decisión de la DGII es ilegal porque viola el artículo 309 del Código Tributario, que establece explícitamente que las entidades financieras no puedan ser agentes de retención de los intereses percibidos por las personas jurídicas. Además, la Norma No. 13-2011 viola el secreto bancario que establece el artículo 56 literal b de la Ley Monetaria y Financiera.  

            No es justo que el pueblo dominicano tenga que pagar, con mayores impuestos y deuda, el despilfarro de uno de los gobiernos más corruptos de la historia nacional.