[Escrito el 14 de abril de 2021]
Los estudiantes dominicanos necesitan mejorar
sus conocimientos. De acuerdo con los resultados de la prueba estandarizada
internacional PISA, que se aplica a estudiantes de 15 años, la República
Dominicana se encuentra en el último lugar en matemáticas, ciencias y lectura
comprensiva de un total de 78 países evaluados. Ese resultado implica que debe
seguir mejorándose la calidad del magisterio en el sistema educativo nacional,
pues la estrategia de crecimiento económico depende en gran parte de la
modernización del capital humano.
En el año 2001, el Banco Interamericano de
Desarrollo realizó un estudio en el cual se analizaba a los docentes en América
Latina. En el caso dominicano se verificó que, en promedio, los bachilleres con
peores calificaciones eran los que se inscribían en la carrera de magisterio,
la cual no tenía ninguna barrera de entrada [véase Dauhajre & Aristy-Escuder (2002)]. Además, en esa investigación se
indicó que “la devastación causada por la aplicación de políticas salariales
perversas en contra del magisterio provocó que quienes se quedaban impartiendo
clases en las escuelas dominicanas fuesen los maestros menos capacitados.” Por
ese motivo se percibía que los maestros de nuestros padres fueron mejores que
nuestros maestros, y los nuestros mejores que los que en ese momento estaban
iniciando su formación para ser docentes. Una tendencia terrible.
En el citado estudio se recomendó que se llevase
a cabo una evaluación sobre la capacidad del cuerpo docente. Asimismo, se
recomendó la aplicación de un examen que certificase la calidad de los
aspirantes a ser maestros, para asegurar que los mejores bachilleres se
convirtiesen en los maestros de las próximas generaciones. Y para atraer a la
carrera docente personal más capacitado, se recomendó la aplicación de una
política salarial que crease perspectivas de mejor nivel de bienestar para esos
candidatos.
A pesar de que en 1997 se aprobó la Ley General de Educación, que estableció en su Artículo 197 que la inversión anual en
educación debe ser de 4% del PIB, no fue hasta 2013 que se comenzó a cumplir
ese artículo. Esos recursos permitieron que aumentara significativamente el
salario promedio del cuerpo docente de las escuelas públicas, que se invirtiera
masivamente en infraestructura escolar, que se ampliara el desayuno y merienda
escolar, y que se arrancara con la tanda extendida, entre otras medidas
encaminadas a modernizar el sistema educativo público.
En 2015 se aprobó la Normativa 09-15 que
estableció, tal como escribieron Jaime Saavedra y Juan Baron del Banco Mundial
en 2018, las competencias que debe tener el maestro y se hizo más exigente la
admisión a las instituciones de formación docente, mediante la aplicación de
una prueba estandarizada reconocida internacionalmente. Asimismo, a partir de
ese año el sistema contrata a los mejores candidatos docentes, en base al
dominio de los contenidos y competencias.
Actualmente se pretende echar para atrás la Normativa
09-15, eliminándose la prueba de ingreso para los bachilleres que quieren ser
maestros. El objetivo es que entren más estudiantes a la formación docente,
favoreciendo económicamente a las universidades que ofrecen esos programas
académicos. Pero quienes apoyan ese cambio, olvidan que se perjudicaría a toda
la República Dominicana. Vuelvo y repito, no todo cambio es mejor.
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