[Escrito el 26 de abril de 2021]
La experiencia acumulada sobre la pandemia del
covid-19, que azota la humanidad desde diciembre de 2019, permite describir las
medidas racionales para enfrentarla.
La aplicación rápida de la vacuna contra ese
virus es fundamental para proteger a la población. La evidencia empírica
demuestra que la vacuna es efectiva, solo falta aplicarla. Para lograr ese objetivo
es necesario disponer de las dosis suficientes. Lamentablemente, el
nacionalismo de las vacunas ha sido una política subóptima aplicada por los
países avanzados, pues ha dejado sin dosis suficientes a la población de las
naciones en desarrollo. Tal como señalamos en otro comentario, en la República
Dominicana no hay vacunas suficientes para cumplir con la promesa presidencial
de vacunar el 80% de la población hacia finales de junio de 2021.
El mantenimiento del distanciamiento social
basado en el confinamiento voluntario o no de la sociedad es clave. Cuando la
comunidad no coopera, el establecimiento de un toque de queda más estricto es
la medida que debe establecerse por el bien de la sociedad. El bienestar social
que se desprende de la protección de la salud es superior a la pérdida
económica que provoca el confinamiento. En la República Dominicana, el gobierno
ha ido acortando irracionalmente las horas al día que corresponden al toque de
queda, al mismo tiempo que ha facilitado la apertura de las actividades de
intenso contacto físico, lo cual ha estado elevando la tasa de positividad de
la enfermedad.
La lucha eficiente contra la pandemia implica
que el gobierno asegure un determinado nivel de ingreso para los segmentos más
pobres y vulnerables de la sociedad. Esto significa transferir recursos a la
población a través de programas sociales como Quédate en Casa, Pa’Ti y Fase. Es
una pena que el gobierno de Abinader haya decidido eliminar esos programas
entre enero y abril de este año, dejando en la calle a centenares de miles de
personas sin empleo, quienes desesperadamente tienen que buscar la forma de
obtener los ingresos necesarios para poder comer.
Una aplicación generalizada de las pruebas de
detección del covid-19 es otra medida racional para enfrentar su propagación y
letalidad. Al detectar oportunamente la enfermedad se puede aislar a la persona
y evitar así que otras se contagien. Además, la experiencia demuestra que
mientras más rápido se inicie el tratamiento de la enfermedad menor es la probabilidad
de que la misma sea severa y, en consecuencia, disminuye la probabilidad de
fallecimiento del paciente. La decisión del gobierno de limitar la aplicación
de las pruebas PCR a una por año, a ser financiada por el sistema de seguridad
social contributivo, y concentrar su aplicación libre de costo únicamente en
los hospitales públicos, es una medida irracional, pues el Estado tiene menos
capacidad de aplicarla que el sector privado. ¿A quién se le ocurrió reducir la
oferta de las pruebas PCR cuando se enfrenta el inicio de la tercera ola?
Aquí le dejo al presidente Abinader esas
medidas racionales y eficientes para enfrentar la pandemia del covid-19. Si no
me cree, pues que consulte a expertos nacionales o extranjeros.
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