El contribuyente rebelde

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de junio de 2026]

Ward M. Hussey, redactor del Código Tributario (CT) de la República Dominicana entre 1991 y 1992, estableció en el Título IV que la base imponible del impuesto selectivo al consumo (ISC) de bebidas alcohólicas, cervezas y productos del tabaco sería el precio de venta al por menor.  Esa decisión fue aprobada por el presidente Joaquín Balaguer a partir de las recomendaciones elaboradas por los expertos de la Universidad de Harvard y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes diseñaron la mejor reforma tributaria implementada hasta ahora en el país. Se seleccionó el precio de venta al por menor con el fin de impedir que los contribuyentes redujesen la base imponible mediante la manipulación del precio de fábrica.

El autor de esta columna fue testigo de excepción. En una reunión celebrada en la entonces Secretaría de Estado de Finanzas, se encargó de informar a una comisión de productores de esos bienes gravados que la base imponible sería el precio de venta al por menor. 

Tras la aprobación y promulgación de la ley 11-92 —el Código Tributario—, se coordinó con el Banco Central la realización de una encuesta en colmados, supermercados, bares y otros establecimientos comerciales con el propósito de determinar el precio al por menor, al cual se le descontaría el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y el ISC. El levantamiento estadístico debía efectuarse cada trimestre para evitar que la inflación erosionase la capacidad recaudatoria del impuesto. De acuerdo con los resultados de la encuesta, se redactó un oficio, firmado por la secretaria de Finanzas, doctora Licelott Marte de Barrios, en el que instruía al director de la Dirección General de Rentas Internas, doctor José Quezada, la implementación del ISC tomando como base imponible el precio al por menor. 

Durante los treinta y cuatro años de vigencia del CT, todas las modificaciones adoptadas han mantenido el precio de venta al por menor como base imponible del impuesto selectivo ad valorem que grava el consumo de bebidas alcohólicas y cervezas. En el párrafo II del artículo 375 del CT se establece que, en adición al impuesto selectivo específico, dichas bebidas pagarán un impuesto del 10% sobre su precio al por menor. 

Asimismo, en el reglamento No. 1-18 del Código Tributario, que sustituyó al reglamento No. 79-03, se establece el precio al por menor como el precio al que adquiere el consumidor final los productos gravados. En el artículo 6 del citado reglamento se indica que, según lo dispuesto en el CT, la base imponible sobre la cual se debe aplicar la tasa del 10% es el precio al por menor. Más adelante, en el artículo 8, se establece que los fabricantes o productores deberán declarar a la Administración Pública el precio de venta al por menor, que será el sugerido de venta al público (PVP), sin incluir el ITBIS ni el ISC. El párrafo IV dispone que esos precios deben actualizarse trimestralmente. 

La Administración Pública podrá, con base en los resultados de la encuesta del Banco Central, verificar y objetar los precios de venta al por menor declarados por los fabricantes si considera que no se corresponden con las condiciones reales del mercado.  

A pesar de la claridad con la que se define la base imponible del ISC en el Código Tributario, un fabricante de cervezas lleva desde finales de 2019 interpretando, a su manera y en beneficio propio, las normas jurídicas aplicables al pago del ISC ad valorem. El mencionado contribuyente considera que los envases de las cervezas no forman parte de la base imponible gravada por el ISC, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sostiene que la base de precio al por menor incluye todos los componentes del producto. 

La discrepancia originó que la DGII reclamase al contribuyente una suma de varios miles de millones de pesos por impuestos impagados. Tras pasar por el Tribunal Superior Administrativo, ambas partes firmaron en diciembre de 2022 el Acuerdo Transaccional DG-GGC No. 14-2022, mediante el cual la DGII recibió un pago millonario para extinguir las deudas tributarias relacionadas con la aplicación del ISC entre 2019 y 2022. Asimismo, la DGII aceptó en otro acuerdo que se aplicase una base imponible fija inferior al precio de venta al por menor. Este último convenio, que es renovable, al otorgar un tratamiento ventajoso a ese contribuyente frente al resto de productores de bebidas alcohólicas, es inconstitucional y viola el Código Tributario. 

Con el objetivo de precisar la base imponible del ISC y eliminar el margen de interpretación entre la Administración Tributaria y el contribuyente rebelde —que genera deudas tributarias estimadas en más de mil millones de pesos anuales—, la reciente ley 30-26 modificó, a través de su artículo 41, el literal b) del artículo 367 del Código Tributario. 

La ley ratifica que la base imponible del ISC ad valorem es el precio de venta al por menor del producto, pero precisa que corresponde “al precio final al consumidor, incluyendo de manera integral y sin excepción todos los componentes, costos y elementos incorporados al producto para su comercialización.” De forma expresa, la ley dispone que el precio incluye “el valor atribuible al líquido alcohólico, envases, empaques, etiquetas, tapas, cierres, envolturas, presentaciones comerciales, servicios conexos, así como cualquier otro insumo o elemento accesorio que forme parte del producto final ofrecido al consumidor.” Como nota adicional, la nueva normativa establece de forma contundente que “Queda prohibida cualquier deducción, exclusión, segmentación o fraccionamiento del precio de venta al por menor para fines de la determinación de la base imponible del componente ad valorem.” 

La ley 30-26 facilitará el trabajo de la DGII, institución que podrá aplicar, sin trabas jurídicas, el precio de venta al por menor como base imponible del ISC sobre las bebidas alcohólicas y cervezas. Ello le permitirá someter a la obediencia al contribuyente rebelde y restablecer la igualdad de trato entre todos los productores, principio esencial de la equidad tributaria. Así se reafirma que, en un Estado de derecho, ningún acuerdo particular puede prevalecer sobre la ley.  Dura lex, sed lex. 

La Fed en modo halcón

[Escrito el 19 de junio de 2026]

El 8 de junio comenté sobre el apriete monetario que se avecinaba a nivel internacional, esta semana la Reserva Federal lo materializó. En su primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh, el Comité Federal de Mercado Abierto eliminó el sesgo hacia recortes de tasas que mantenía en sus comunicados y la dejó de forma unánime en el rango actual del 3.5% al 3.75%. Nueve de los dieciocho funcionarios que sometieron proyecciones anticipan un alza antes de que termine 2026, frente a ninguno en marzo.

El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, sensible a las expectativas de política monetaria, subió hasta 4.16% durante la conferencia de prensa de Warsh celebrada el pasado miércoles 17 de junio. Los futuros pasaron a considerar como un evento casi cierto un alza de 25 puntos básicos en la tasa de referencia para diciembre de este año. 

Warsh no presentó su propio "punto" en el resumen de proyecciones y promovió un comunicado más corto, sin guía prospectiva. Parece que ahora se tendrá una Fed que comunique menos, pero que transmita una señal más clara al eliminar contradicciones internas que generan ruido interpretativo en el mercado. 

Hasta ahora, el apriete que vaticiné se ha manifestado en aumentos de las tasas de referencia del Banco Central Europeo y del Banco de Japón, así como en el mensaje más restrictivo de la Fed. Ante esa realidad, el Banco Central de la República Dominicana debe procurar que su narrativa sea coherente con la disposición de llevar a cabo un apriete monetario que garantice el anclaje de las expectativas de inflación y la estabilidad macroeconómica. 

El BCE arrancó a moler

[Escrito el 12 de junio de 2026] 

El Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa de referencia a un 2.25%, y se convirtió en el primer banco central de los países más avanzados en responder al choque energético provocado por el conflicto en Medio Oriente.  La presidenta Christine Lagarde lo definió como un “choque de gran magnitud” y afirmó que era evidente que la institución debía actuar. El organismo emisor reconoce que la inflación ha dejado de ser un fenómeno circunscrito a la energía y comienza a derramarse a toda la economía.

La inflación promedio del año será de un 3% y, en un escenario adverso —con petróleo por encima de 165 dólares en el tercer trimestre—, podría alcanzar un 4% en 2026 y un 5.3% en 2027. El Banco Central Europeo advierte que las empresas “esperan aumentar sus precios de venta,” mientras se prevé que el crecimiento salarial solo se moderaría hacia finales de 2026. Ello generaría inflación de segunda ronda y mayor persistencia de la inflación. 

La medida monetaria se tomó a pesar de que se redujo la proyección del crecimiento económico a un 0.8 % este año. Los mercados descuentan al menos otro incremento de la tasa de interés de política monetaria antes de que termine el año. Específicamente, se estima con una probabilidad de un 55% que en septiembre se elevará en 25 puntos básicos para situarla en un 2.5%. El objetivo de ese apriete es evitar que la inflación se consolide.

Las medidas fiscales de Abinader

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de junio de 2026]

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un conjunto de medidas fiscales orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y propiciar, a la vez, un entorno favorable para la expansión de las actividades productivas. 

El vertiginoso aumento de los precios internacionales de los combustibles, provocado por la guerra en Medio Oriente, ha deteriorado los términos de intercambio de los países importadores netos de esos bienes. En consecuencia, los gobiernos han adoptado medidas diversas para enfrentar el choque de oferta negativo. Algunos, como Panamá, Honduras y Perú han traspasado la mayor parte de los incrementos de precios internacionales al mercado interno, mediante ajustes de precios entre un 45% y un 60%. 

En el caso dominicano, los precios se elevaron en un 15%, decisión que supone un sacrificio fiscal que asciende a 20 mil millones de pesos en lo que va de año. De mantenerse el precio del petróleo entre 90 y 100 dólares por barril, se proyecta que el subsidio a los combustibles supere los 45 mil millones de pesos durante 2026. Paralelamente, el gobierno ha subsidiado productos específicos, como los fertilizantes, para evitar aumentos excesivos en los costos de producción. Esa iniciativa, junto con una tarifa congelada de electricidad y la apreciación del peso dominicano, ha permitido que la inflación interanual a mayo haya sido de apenas un 5.35%. 

Con el fin de evitar que el déficit público sobrepase el 4% del producto interno bruto (PIB) y asegurar la sostenibilidad fiscal, resulta necesario reducir los gastos e incrementar los ingresos. En ese sentido, el ministro Díaz anunció recortes en publicidad, viáticos, pasajes, eventos y vehículos, entre otros conceptos considerados no prioritarios. Es recomendable, no obstante, que las autoridades publiquen dichos ajustes y comuniquen a la nación cómo prevén alcanzar la meta anunciada de reorientar 40 mil millones de pesos de gastos durante este año.

En cuanto a los ingresos fiscales, conviene aclarar que las medidas propuestas por Hacienda no constituyen una reforma tributaria. Para que realmente lleguen a serlo, las disposiciones deben suponer una reestructuración del sistema impositivo capaces de convertirlo en más neutral —esto es, menos distorsionador de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos—, más justo —garante de la equidad vertical y horizontal— y dotado de eficiencia recaudatoria. El gobierno reconoce que en la coyuntura actual no es posible llevar a cabo una reforma tributaria que implique modificaciones de las tasas y exenciones de las figuras impositivas de amplia base, como el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS). 

Las disposiciones tributarias presentadas tienen una capacidad recaudatoria limitada, pues se proyecta ingresar poco más de 40 mil millones de pesos. Las autoridades tienen especial interés de que sean los contribuyentes más ricos quienes colaboren más con ese aporte fiscal. La decisión se justifica debido a que el 20% de la población con mayores ingresos se beneficia de una suma equivalente a casi el 50% del subsidio total a los combustibles.  

La propuesta de Hacienda plantea un incremento de tres puntos porcentuales —hasta situarla en un 30%— de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas con ingresos superiores a los mil millones de pesos anuales. Asimismo, se crea un tramo de impuesto sobre la renta de personas físicas con una tasa de un 27% para los salarios superiores a los 400 mil pesos mensuales. Ambas iniciativas dejan al 99% de los contribuyentes sin cambios en su impuesto sobre la renta, resultado que eleva la progresividad del sistema tributario. No obstante, hay que señalar que dichas tasas son muy elevadas y, por tanto, distorsionan las decisiones de los agentes económicos; en particular, se llega a una alícuota efectiva sobre los beneficios empresariales de un 37%, si se incluye el impuesto sobre los dividendos.

Hay que destacar que las personas físicas de menores ingresos se beneficiarán de las medidas de Hacienda porque el tramo que define la renta mínima exenta se indexará en un 15%, lo que equivale a un aumento del ingreso disponible. Por su parte, las empresas se beneficiarán de la depreciación acelerada que favorecerá la inversión y promoverá el crecimiento económico. 

El ministro Díaz propone que se incremente de 0.15% a un 0.20% el impuesto sobre los cheques y transferencias bancarias. Ese tipo de tributo se utiliza cuando existe una crisis fiscal y se han agotado las opciones para aumentar las recaudaciones. Es un impuesto de amplia base y de fácil administración, ya que los bancos retienen y envían los recursos periódicamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sin embargo, al recaer en las diferentes etapas de la producción y la adquisición de bienes, servicios y activos pagados a través de cheques y transferencias, constituye un impuesto en cascada y, por tanto, distorsionador. 

Las autoridades deben considerar que, cuanto más elevada sea la tasa del impuesto, mayor será el incentivo para eludirlo o evadirlo, lo que podría reducir la capacidad recaudatoria. Algunos recurren a transacciones en efectivo o, con el apoyo de los bancos, crean cuentas para realizar operaciones cambiarias sin pagar el impuesto. Para evitar que se encarezcan las operaciones de compra y venta de títulos financieros, se abren cuentas de inversión cuyos movimientos internos están exentos del gravamen. Todo ello revela que los grandes contribuyentes disponen de más instrumentos para eludir el impuesto, circunstancia que acentúa su regresividad.

Debido a su carácter no neutral y regresivo, junto con la erosión recaudatoria a lo largo del tiempo, se recomienda que el impuesto a los cheques y transferencias bancarias se utilice solo en situaciones fiscales extremas y por un plazo corto. En un sistema tributario óptimo, dicho gravamen no existiría o tendría una tasa mínima de manera que opere como una fuente de información que contribuya a reducir la evasión de otros impuestos.

En definitiva, las medidas fiscales de Abinader no constituyen propiamente una reforma del sistema impositivo, porque incluyen elementos distorsionadores y tienen escaso poder recaudatorio. Sin embargo, presentan componentes positivos, entre los que destaca una mayor equidad tributaria. 

El apriete que viene

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de junio de 2026]

Tres de los principales bancos centrales del mundo se encaminan hacia una postura monetaria más restrictiva, lo que descarta la posibilidad de recortes de tasas de interés durante 2026.

Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), se enfrenta a una tarea muy compleja. Los datos económicos recientes han reducido a casi cero la probabilidad de que el Comité Federal de Mercado Abierto apruebe una reducción de la tasa de interés. El reporte sobre el empleo publicado el pasado viernes mostró la creación de 172 mil puestos de trabajo en mayo, un resultado notablemente superior a los 80 mil que se habían proyectado. La tasa de desocupación se mantuvo en 4.3%, nivel cercano al pleno empleo. Mientras, la inflación a abril, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), se colocó en un 3.8%, 1.8 puntos porcentuales por encima de la meta del 2%. La inflación subyacente —que excluye los precios de los alimentos y de la energía— se situó en un 2.8%, mientras que la de los servicios no energéticos alcanzó un 3.3%. Ello revela que la variación de precios mantiene una brecha significativa y creciente respecto a la meta. 

A partir de esos datos, el mercado financiero proyecta que la Reserva Federal eleve, en lugar de reducir, la tasa de interés antes de que finalice el año. El viernes pasado se estimó, con una probabilidad superior al 70%, un incremento de la tasa de interés de 25 puntos básicos en diciembre, lo que la situaría en un rango comprendido entre el 3.75% y el 4%. Más todavía, para 2027 se prevé que no habrá recorte de tasas y que, en el escenario más favorable, estas se mantendrán inalteradas. 

La reacción de los mercados bursátiles fue inmediata. El mismo día, el Nasdaq, inflado más allá de lo razonable por la burbuja de la inteligencia artificial (IA), cayó un 4.2% ante la expectativa de un aumento de la tasa de interés. Asimismo, retrocedieron el Dow y el S&P 500, en 1.4% y 2.6%, respectivamente. El rendimiento de las notas del Tesoro a diez años, relacionado con la expectativa de inflación de largo plazo, repuntó hasta 4.52% y el de las notas del Tesoro a dos años, asociado a la tasa de política monetaria de la Fed, se situó en 4.15%. 

En la eurozona, el incremento a un 3.2% de la inflación interanual a mayo, muy por encima de su meta del 2%, ha llevado al mercado a proyectar como un evento casi cierto que, en la reunión de esta semana, el Banco Central Europeo (BCE) aumente en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Asimismo, se prevé, con una probabilidad de un 55%, que se apruebe un segundo ajuste de una magnitud similar en septiembre, con lo cual el año cerraría con una tasa de referencia de un 2.5%. 

Las autoridades monetarias europeas, lideradas por Christine Lagarde, adoptarán una postura más restrictiva con el objetivo de mantener el anclaje de las expectativas de inflación, aun cuando la economía corra el riesgo de entrar en una fase recesiva. A Europa le preocupa sobremanera que el índice de precios subyacente haya registrado una variación interanual de un 2.5% en mayo y que la inflación de los servicios, muy asociada al proceso de inflación de segunda ronda, se encuentre en un 3.5%. En ese contexto, el camino óptimo es el apriete monetario. 

Al otro lado del Canal de la Mancha, el Banco de Inglaterra también prepara el terreno para elevar su tasa de interés y contener la inflación, que se situó en un 2.8% en abril. Megan Greene, miembro externo del Comité de Política Monetaria de la institución, afirmó en un reciente discurso que el actual choque petrolero coloca a las autoridades frente a una difícil disyuntiva, ya que presiona al alza la inflación y, al mismo tiempo, debilita la actividad económica. 

Greene expone que esas circunstancias sitúan en una posición desafiante a los bancos centrales, los cuales, por lo general, optan por no reaccionar frente a esas perturbaciones originadas por el lado de la oferta. No obstante, advierte que la coyuntura actual, marcada por una sucesión de choques de oferta —Covid y guerras en Ucrania y en Medio Oriente— puede generar efectos de inflación de segunda ronda. Ese proceso de ajustes de salarios y de precios suele desembocar en la pérdida del anclaje de las expectativas y en una inflación persistente cuyo control obligaría a pagar un elevado costo en términos de actividad económica y empleo. Por ello, Greene recomienda la adopción oportuna de una política más restrictiva, que implicaría subir la tasa de referencia, actualmente en un 3.75%.  

En ese borrascoso mar monetario tiene que navegar el Banco Central de la República Dominicana. La institución está llamada a diseñar y ejecutar una política coherente que envíe señales claras y consistentes a todos los agentes económicos. Ante las restricciones que impone el apriete monetario internacional que se avecina, resulta imprescindible abandonar el esquema de zigzagueo iniciado en marzo de 2020 y restablecer el marco de metas de inflación, basado en el uso de instrumentos monetarios convencionales. 

En particular, conviene que se abandonen los programas de inyección de liquidez a tasas de interés subsidiadas, los cuales han contribuido a incrementar de forma excesiva la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés, además de generar un ambiente de incertidumbre que ha restringido el crecimiento económico. Al mismo tiempo, las autoridades deben enviar una señal inequívoca de la voluntad de establecer una postura monetaria restrictiva que asegure el anclaje de las expectativas de inflación. 

Por último, resulta fundamental que las comunicaciones institucionales y las medidas de política monetaria vayan de la mano. En el caso de que los datos de inflación de los próximos meses confirmen la persistencia de la inflación, sería prudente iniciar un ciclo gradual de aumento de la tasa de interés de referencia y la puesta en marcha de medidas monetarias compatibles con dicha postura. Una decisión de esa naturaleza fortalecería la credibilidad del Banco Central y reafirmaría su compromiso ineludible con la estabilidad macroeconómica.

¿Se desinfla la burbuja del Bitcoin?

[Escrito el 5 de junio de 2026]

La burbuja del bitcoin se desinfla. Después de superar los 126 mil dólares en octubre de 2025, su precio se ha colocado esta semana alrededor de los 61,400 dólares, lo que equivale a una caída de un 51%. 

Hace varios años, comenté que el bitcoin no es una moneda, pues no cumple de manera eficiente con las funciones básicas de dinero que son las de unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago. Señalé que el bitcoin es un instrumento financiero altamente especulativo, que se utiliza en gran medida para realizar pagos de actividades ilegales o no transparentes. Dichas transacciones generan una demanda de bitcoin que, dada su oferta limitada, tiende a colocar su precio de mercado a un nivel superior a su valor fundamental, que es cercano a cero. 

Más todavía, la evolución de su precio ha tenido un comportamiento característico de una burbuja financiera, estimulada por una compra continua de los especuladores quienes prevén que el precio seguirá subiendo y generar una buena ganancia de capital.  

En enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó los primeros fondos cotizados en bolsa de bitcoin (ETF por sus siglas en inglés). Ese tipo de fondos de inversión, además de ser utilizados por grandes inversionistas institucionales, como BlackRock, que posee el 60% del mercado, y Fidelity, con un 13%, facilita la entrada de pequeños inversionistas al mundo del Bitcoin. No obstante, expertos internacionales estiman que en los próximos dos años podría liquidarse hasta un tercio de los 130 fondos que existen, lo cual, reduciría el precio y elevaría la volatilidad del precio de los criptoactivos. Esto aceleraría la desaparición de la burbuja del Bitcoin. 

Un excesivo optimismo bursátil

[Escrito el 4 de junio de 2026]

La sesión bursátil de este jueves volvió a evidenciar la brecha creciente entre los riesgos geopolíticos aún latentes y la trayectoria de los principales índices estadounidenses. En ese contexto de disonancia, mientras los inversionistas recalibran sus supuestos sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial, fueron los sectores tradicionales —salud y finanzas— los que terminaron sosteniendo el avance del Dow Jones Industrial Average.

Las acciones de UnitedHealth lideraron las ganancias, impulsando un repunte en el sector salud. A esto se sumó el buen desempeño de los grandes bancos incluidos en el índice, como Goldman Sachs, JPMorgan y American Express. El resultado fue un incremento de 875 puntos, equivalente a un 1.7%.

El S&P 500 logró subir 0.4%, aunque su componente tecnológico retrocedió, presionado por las empresas de semiconductores.

El contraste vino del Nasdaq, que registró un retroceso de 0.1% tras la caída de un 12.6% de la empresa de semiconductores Broadcom. 

En paralelo, los precios del petróleo rompieron una racha de tres sesiones al alza y retrocedieron alrededor de un 3% después de que Israel y Líbano acordaran renovar su frágil alto al fuego. El gesto elimina uno de los principales obstáculos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, proceso que, según insinuó el presidente Trump en redes sociales, estaría en una fase avanzada. No obstante, tal como he comentado en otras ocasiones, debido a desequilibrios del mercado por limitaciones de oferta, es muy probable que los precios de los combustibles vuelvan a subir en las próximas semanas, aun cuando concluya el conflicto bélico. 

La tentación de mirar solo lo que conviene

[Escrito el 3 de junio de 2026]

La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal (Fed) ha reabierto un viejo debate: ¿qué inflación debe mirar un banco central para definir la estabilidad de precios? El nuevo presidente ha sugerido que la Fed debe prestar más atención a indicadores alternativos, como la media recortada (“trimmed mean”), que excluye los movimientos de precios más extremos. 

En ese contexto, cabe destacar que, mientras el índice de Precios del Gasto en Consumo Personal subyacente (PCE, por sus siglas en inglés) interanual en abril se colocó en un 3.3%, la media recortada, que elimina los movimientos de precios extremos, muestra apenas un 2.3%; un nivel mucho más cerca de la meta del 2%. 

Warsh se inclina por la media recortada, ya que permitiría —por ahora— mantener la tasa de interés en un menor nivel. Según Warsh: “Lo que más me interesa es la inflación subyacente, no los cambios de precios por un evento puntual.” No obstante, la pregunta clave es si esos “eventos puntuales” —aranceles, inversiones en IA, disrupciones geopolíticas y mayores precios de los combustibles— son impactos transitorios o si reconfiguran la estructura de costos y precios de la economía.

En 2021, la media recortada ofreció una lectura tranquilizadora mientras la inflación real se aceleraba. El diseño del índice terminó subestimando la presión inflacionaria. Hoy podría suceder lo mismo.

El riesgo es claro. Si la Fed adopta un indicador que de manera sistemática minimiza la inflación, corre el peligro de repetir el error de quedarse atrás de la curva. Y en un entorno donde la credibilidad ya está bajo presión política, un banco central que “mira a través” de los datos incómodos puede aplicar una política inconsistente con la estabilidad de precios.

La prueba de fuego de la Fed

 [Escrito el 2 de junio de 2026]

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, atraviesa una de las pruebas de estrés más delicadas de su historia reciente. No se trata solo de mayor inflación, ni de una posible recesión por el choque de oferta negativo, ni de turbulencias financieras generadas por la explosión de una burbuja bursátil. El verdadero desafío es político: la presión creciente del Poder Ejecutivo para influir en las decisiones de política monetaria y, peor aún, para remover a quienes se resisten a obedecer. Cuando la política entra a un banco central, la economía queda expuesta a un riesgo sistémico y catastrófico.

Jerome Powell lo advirtió al recibir el premio Jonh F. Kennedy Profile in Courage: “Si alguna administración encuentra la forma de remover a funcionarios de la Fed por diferencias de política, entonces las futuras administraciones también lo harán.” La independencia monetaria es la condición mínima para que las tasas de interés se ajusten para lograr y mantener estabilidad de precios, no como reacción a los ciclos electorales.

La situación actual, agravada por el intento de destituir a la gobernadora en funciones Lisa Cook, debido a causas ajenas a la política monetaria, ha llevado a Powell a permanecer en la Junta de Gobernadores a fin de apoyar la institucionalidad de la Fed.

La historia económica es contundente. Cuando los gobiernos capturan a los bancos centrales, la inflación se dispara, la credibilidad se evapora y el costo social es inmenso. Defender la independencia de la Fed no es un asunto estadounidense. Es una lección que los países que valoran la estabilidad macroeconómica deberían observar con atención.

¿Cuál debe ser el nivel de la tasa de política monetaria?

[Escrito el 1 de junio de 2026]

En su reunión de política de mayo, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en un 5.25% anual, nivel que considera refleja una postura monetaria neutral.  

El Banco Central se equivoca. En un estudio elaborado por sus técnicos se estimó que la tasa de interés real neutral, la compatible con la estabilidad macroeconómica, se ubica alrededor de un 1.5%. Dado que la inflación prevista en los próximos doce meses asciende a un 4.6%, puede calcularse que la tasa de interés de política monetaria debería ser, al menos, igual a un 6.1%. Ello significa que la postura monetaria vigente no puede considerarse neutral y, por tanto, resulta incompatible con la estabilidad de precios. 

Por otra parte, si se compara la tasa de referencia con la tasa de interés pasiva promedio ponderado, que ha aumentado en lo que va de año 118 puntos básicos hasta llegar a un 7.26% en mayo, se podría afirmar que la tasa de política debería situarse entre un 6.25% y un 6.5%. Ese nivel es el requerido para ser consistente con la diferencia histórica entre ambas tasas, que fluctúa entre 80 y 100 puntos básicos. 

La evidencia anterior insta a recomendar a las autoridades que estén preparadas para incrementar la tasa de interés de política en, como mínimo, 100 puntos básicos durante los próximos doce meses; es decir, colocarla en un 6.25%. La claridad de un ajuste al alza de dicha tasa reduciría la intensidad de la inflación de segunda vuelta y aseguraría el anclaje de las expectativas de inflación.   

Errores monetarios

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 1 de junio de 2026]

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), institución que goza de gran credibilidad, difundió la semana pasada un documento del que se desprenden algunos errores de política monetaria que pondrían en riesgo la estabilidad macroeconómica. 

En la Página Abierta que lleva por título “República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía,” publicado el 24 de mayo en el portal web del BCRD, se indica que, en un escenario de choque de oferta transitorio, la institución ha mantenido inalterada su tasa de política monetaria (TPM), la cual se encuentra en una “postura neutral.” A continuación, se añade que, en consistencia con dicha postura, se decidió posponer hasta enero de 2027 el reintegro —previsto para junio de este año— de 46 mil millones de pesos correspondientes a la facilidad de liquidez rápida (FLR). La medida, según el BCRD, intenta evitar “presiones alcistas significativas sobre las tasas de interés, con potenciales efectos adversos en la actividad económica, sin incidir de manera relevante sobre las presiones inflacionarias de origen externo.” 

El primer error consiste en afirmar que la postura monetaria es neutral. En un estudio elaborado por técnicos del BCRD se estimó que la tasa de interés real neutral, la compatible con la estabilidad macroeconómica, se ubica alrededor de un 1.5%. Dado que la inflación prevista en los próximos doce meses asciende a un 4.6%, puede calcularse que la tasa de interés de política monetaria debería ser, al menos, igual a un 6.1%. Sin embargo, la TPM actual es de un 5.25%, nivel ratificado en la reunión de política de finales de mayo. Ello significa que la postura monetaria vigente no puede considerarse neutral y, por tanto, resulta incompatible con la estabilidad de precios. 

El cálculo anterior contradice el mensaje del Banco Central y lleva a recomendar a las autoridades que estén preparadas para incrementar la tasa de interés de política en, como mínimo, 100 puntos básicos durante los próximos doce meses; es decir, colocarla en un 6.25%. La claridad de un ajuste al alza de la TPM reduciría la intensidad de la inflación de segunda vuelta y aseguraría el anclaje de las expectativas de inflación.   

Si se compara la TPM con la tasa de interés pasiva promedio ponderado, que ha aumentado en lo que va de año 118 puntos básicos hasta llegar a un 7.26% en mayo, se podría afirmar que la tasa de referencia debería situarse entre un 6.25% y un 6.5%. Ese nivel es el requerido para ser consistente con la diferencia histórica entre ambas tasas, que fluctúa entre 80 y 100 puntos básicos. 

Por otro lado, el Banco Central ha de considerar en su proceso de toma de decisiones la tasa de política de la Reserva Federal. En la actualidad, la diferencia entre la tasa dominicana y la estadounidense es de 1.75 puntos porcentuales —el nivel más bajo desde el inicio del esquema de metas de inflación en enero de 2012—, mientras que la diferencia promedio entre enero de 2019 y febrero de 2020 (período previo al inicio del esquema de zigzagueo monetario) osciló en casi tres puntos porcentuales. Esa evidencia sugiere que la TPM tendría que llegar a un 6.5%, 125 puntos básicos por encima de la vigente.  

Otro error del organismo emisor ha sido la decisión de aplazar hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos correspondientes a facilidades de liquidez, con el argumento de preservar condiciones "adecuadas" en el sistema financiero. 

La medida resulta cuestionable por varios motivos. En primer lugar, contradice todo lo que se ha indicado sobre la postura monetaria que se requiere para preservar la estabilidad macroeconómica, sobre todo en un entorno internacional y local que empuja al alza la tasa de interés para evitar propagar la inflación provocada por el choque de oferta negativo hacia bienes intermedios, salarios y precios finales de bienes distintos a los energéticos. 

El mercado dominicano ha estado exigiendo un aumento de las tasas de interés y el BCRD corre el riesgo de perder credibilidad si intenta distorsionar ese proceso de ajuste. En ese contexto, cabe destacar que, además de la evolución ascendente de la tasa de interés pasiva, el Ministerio de Hacienda colocó, entre marzo y mayo de 2026, 160 mil millones de pesos de deuda pública, proceso durante el cual el rendimiento de los títulos emitidos subió 107 puntos básicos, al pasar de 10.44% a 11.51%. 

En segundo término, el mencionado aplazamiento beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron los préstamos entre 2024 y 2025, algunos de los cuales pudieron haber realizado operaciones de arbitraje. Ello supone una transferencia de riqueza a agentes económicos que no aportan a la creación de valor agregado. Además, la decisión equivale a modificar los términos y condiciones originales de pago del contrato de préstamo, sin saber si la capacidad financiera del deudor se ha deteriorado o no. En consecuencia, no se dispone de información suficiente para identificar si se trata de un crédito reestructurado —lo que implicaría un aumento de las provisiones—o de una refinanciación. 

Por último, aun si se asume la necesidad de mantener o incrementar el nivel de liquidez en la economía, existen otros instrumentos convencionales más eficientes y transparentes para lograrlo. En particular, dado que el Banco Central sabía que en junio tenía que extraer del mercado los 46 mil millones de pesos por vencimiento de la FLR, debió ejecutar una emisión programada y gradual de liquidez mediante mecanismos convencionales. Entre ellos figuran las operaciones de repos (equivalentes a un préstamo con un acuerdo de recompra del título puesto en garantía), la compra de divisas —que habría elevado las reservas internacionales— o las subastas de compras anticipadas de títulos emitidos por el organismo rector de la política monetaria. Dichas medidas de creación de dinero base son más transparentes, eficientes y menos costosas para el BCRD que posponer el vencimiento de la FLR. Definitivamente, urge que el Banco Central corrija sus errores. Su credibilidad, la estabilidad macroeconómica y las expectativas de inflación están en juego.

El breve respiro de los combustibles

[Comentario Noti 28 de mayo de 2026]

En diez días, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) se ha reducido en 20 dólares, al pasar de 108.66 dólares a 88.52 dólares por barril. Para una economía importadora neta de combustibles, como la dominicana, esa rebaja de precios constituye un respiro para las finanzas públicas y las cuentas externas. 

Lamentablemente, la reciente advertencia del director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, confirma que el mercado petrolero transita una fase de vulnerabilidad estructural cuyo desenlace será un incremento de precios durante el verano. La combinación de inventarios menguantes, interrupciones prolongadas en el estrecho de Ormuz y daños significativos a la infraestructura energética en Medio Oriente ha reducido la capacidad del sistema para absorber nuevos sobresaltos. Como señaló Wirth, los inventarios que amortiguan están siendo constantemente drenados, lo que significa que el mercado opera en la actualidad sin colchones de seguridad.

La guerra en Irán ha retirado entre 12 y 13 millones de barriles diarios del suministro global, un choque que no se revertirá rápidamente aun si se alcanza un acuerdo político. Expertos internacionales anticipan que el retorno a niveles previos al conflicto tomará años, no meses. Esta perspectiva desmonta la narrativa optimista que ha presionado los precios a la baja en días recientes y obliga a reconocer que la volatilidad seguirá siendo la norma.

La caída previa en los precios respondió a inventarios elevados, a liberaciones de la reserva estratégica estadounidense y a flujos de crudo sancionado provenientes de Irán, Rusia y Venezuela. Pero debido a que esos amortiguadores se han agotado, la consecuencia es un mercado más expuesto, donde cualquier perturbación adicional se traducirá en tensiones inmediatas sobre el precio.

Frente a esa realidad, el desafío para la República Dominicana es enorme. 

Factores que atentan contra la estabilidad macroeconómica

[Comentario Noti 27 de mayo de 2026]

En una reciente conversación con un experto en economía internacional, llegamos a la conclusión de que, en términos generales, el Banco Central subestima la magnitud estructural y multisectorial del choque global.  En su análisis sobre el impacto de la guerra de Medio Oriente sobre la economía dominicana, debe tomar en cuenta no solo el sector petrolero, sino el del gas natural, el sector de alimentos y el de semiconductores.  

Es importante resaltar que los efectos de estos dos últimos canales aún están por reflejarse en la data por la naturaleza rezagada del impacto del choque en sector alimentos y bienes provenientes del mecanismo de precios y oferta ligados a fertilizantes y semiconductores como bienes intermedios en la manufactura de bienes finales.  

El sector de semiconductores se verá impactado por vía de la irrupción en oferta de helio desde Catar.  A diferencia del petróleo, el helio posee sustitutos extremadamente limitados en aplicaciones industriales críticas. 

Asimismo, el Golfo concentra una parte muy significativa de las exportaciones globales de urea, amoníaco y derivados petroquímicos. Una interrupción prolongada de esos flujos podría traducirse en inflación agrícola global persistente, afectando costos de alimentos y fertilizantes mucho después de que los precios del petróleo comiencen a moderarse. Ello implica un riesgo estanflacionario a tomar en cuenta. 

Por otro lado, el Banco Central debe tomar en consideración que la crisis del Golfo podría afectar los ingresos de divisas por concepto remesas, inversión extranjera y turismo. Respecto al comportamiento de las remesas, hay que incluir en el análisis el efecto transitorio que tuvo sobre ese flujo los reembolsos impositivos del gobierno federal, fruto del One Big Beautiful Bill.  

Finalmente, un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo obligarán al Banco Central a subir las tasas de interés si es que desea mantener la estabilidad macroeconómica. 

Los instrumentos monetarios convencionales son mejores

[Comentario Noti 26 de mayo de 2026]

En el comentario de ayer demostré que, a diferencia de lo que afirman las autoridades, la postura monetaria del Banco Central no es neutral, ya que la tasa de interés de referencia se encuentra por debajo de la tasa de interés neutral nominal que es la compatible con la estabilidad macroeconómica. Esto es, la tasa de política es 5.25% y la neutral nominal es 6.1%. 

Otro error de las autoridades fue la decisión de aplazar hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida, con el argumento de preservar condiciones "adecuadas" en el sistema financiero. 

La decisión resulta desacertada por varios motivos. En primer lugar, contradice todo lo que se ha indicado para preservar la estabilidad macroeconómica, ya que en entorno internacional lleva a que la tasa de interés suba. 

En segundo término, beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron los préstamos entre 2024 y 2025, algunos de los cuales pudieron haber realizado operaciones de arbitraje. Esto implica una transferencia de riqueza a agentes económicos que no aportan a la creación de valor agregado. 

Finalmente, si hubiese sido necesario un aumento de la liquidez, lo cual no es recomendable dado que la postura monetaria actual es expansiva, existen otros instrumentos convencionales más eficientes y transparentes para hacerlo, como las operaciones de repos, compra de divisas o subastas para las recompras anticipadas de títulos emitidos por el organismo emisor. 

Por el bien de la estabilidad macroeconómica, ojalá el Banco Central corrija sus errores a la brevedad posible. 

Corrigiendo al Banco Central

[Comentario Noti 25 de mayo de 2026]

El Banco Central de la República Dominicana, institución que goza de una gran credibilidad, publicó un documento en el cual revela que ha estado cometiendo errores de política monetaria que atentan contra la estabilidad macroeconómica. 

En la Página Abierta que lleva por título “República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía,” publicado el 24 de mayo en el sitio web del Banco Central, se indica que la institución ha mantenido sin cambios su tasa de política monetaria, la cual se encuentra en una postura neutral. E inmediatamente añade, que, en consistencia con esa postura neutral, se decidió posponer hasta enero de 2027 el retorno previsto para junio de este año de los pagos de 46 mil millones de pesos de la facilidad de liquidez rápida. El objetivo de esa medida, argumenta el Banco Central, es evitar “presiones alcistas significativas sobre las tasas de interés, con potenciales efectos adversos en la actividad económica, sin incidir de manera relevante sobre las presiones inflacionarias de origen externo.” 

El primer error que comete el organismo emisor es decir que la postura monetaria es neutral. En un estudio elaborado por técnicos del Banco Central se estimó que la tasa de interés real neutral, que es la tasa de interés real que mantiene la estabilidad macroeconómica, se encuentra alrededor de un 1.5%. 

Dado que la tasa de inflación esperada en los próximos doce meses es igual a un 4.6%, se puede calcular que la tasa de interés de política monetaria debería ser, por lo menos, igual a un 6.1%. Sin embargo, la tasa de política actual se encuentra en 5.25%, lo que significa que la postura monetaria actual es expansiva y, por lo tanto, incompatible con la estabilidad macroeconómica. 

El dato anterior contradice la posición del Banco Central de que la postura es neutral y lleva a recomendar a las autoridades que deben estar preparadas a incrementar la tasa de interés de política por lo menos en 100 puntos básicos en los próximos doce meses, hasta colocarla en un 6.25%. Solo así se evitará la ocurrencia de la inflación de segunda vuelta.   

El segundo error es el aplazamiento del reintegro de los 46 mil millones de pesos. Mañana lo comentaré. 

El reto del nuevo gobernador

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 25 de mayo de 2026]

Kevin Warsh juró el viernes el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed), el banco central más influyente del mundo. El nuevo jefe de la política monetaria estadounidense asume la responsabilidad en una coyuntura inflacionaria muy compleja, marcada por la combinación de altos precios de los combustibles y elevados aranceles. 

La tarea de Warsh no será fácil. En la reunión de política monetaria de abril, encabezada por el expresidente Jerome Powell —quien podrá mantenerse en la Junta de Gobernadores de la Fed hasta 2028— quedaron de manifiesto las divergencias dentro del Comité Federal de Mercado Abierto, aunque es previsible que aumente el número de miembros favorables al alza de la tasa de interés. El viernes pasado, el gobernador Christopher Waller, quien había defendido recortes de la tasa de interés de referencia, afirmó que el banco central debería alejarse de una posible relajación monetaria manifestada en el comunicado de abril. Sin embargo, precisó que un incremento de la tasa de interés solo debería considerarse si se produjera un desanclaje de las expectativas de inflación. 

A fin de contener la inflación, que se colocó en un 3.8% en abril —su nivel más alto en tres años—, el mercado a futuros anticipa un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés antes del cierre de 2026, lo que la situaría dentro del rango del 3.75% al 4%. Dicho resultado contrastaría con los dos recortes de tasas que se proyectaban para este año antes de la guerra de Irán. 

Asimismo, la decisión del organismo emisor chocaría con la posición del presidente Trump, quien ha manifestado su preferencia por una reducción del costo del endeudamiento para estimular la demanda agregada y acelerar el ritmo de crecimiento económico. Durante la ceremonia del juramento, el mandatario aseguró que Warsh cuenta con todo el apoyo de la administración y manifestó su deseo de que actúe con independencia. No obstante, declaró: “Queremos detener la inflación, pero no queremos detener la grandeza.” 

La tasa de rendimiento de las notas del Tesoro muestra una trayectoria ascendente. El rendimiento de la nota a dos años —especialmente sensible a las expectativas sobre las decisiones de la Fed— se colocó la semana pasada en un 4.13%. A su vez, la tasa de la nota del Tesoro a 10 años, que incorpora una prima que refleja las expectativas de inflación a largo plazo, alcanzó un 4.56%.  Ambos retornos se encuentran, respectivamente, 74 y 61 puntos básicos por encima del nivel registrado antes del inicio de la guerra. 

Por otra parte, la expectativa de una inflación más elevada en los próximos meses, junto al previsible endurecimiento de la política monetaria, ha provocado un aumento de los costos de los préstamos para la adquisición de viviendas. En Estados Unidos, la tasa hipotecaria a 30 años subió hasta un 6.36%, cifra superior al observado antes del recorte de tasas de la Fed en septiembre de 2025.

En Europa, el mercado financiero a futuros prevé que el Banco Central Europeo (BCE) eleve en junio su tasa de referencia de 2% a 2.25% y que vuelva a incrementarla en septiembre otros 25 puntos básicos. En Alemania, los préstamos a diez años ya rondan el 3.6%, lo que supone un encarecimiento de las nuevas hipotecas. El Reino Unido registró una variación abrupta, con tasas fijas a dos años que pasaron del 3.97% al 5.1% en apenas unas semanas.  

Conviene subrayar que las proyecciones sobre tasas de interés no incluyen las consecuencias del desabastecimiento de combustibles que podría darse a partir de junio. Si el precio del petróleo supera los 150 dólares por barril, es muy probable que la tasa de inflación suba más rápido y sus expectativas acentúen su desviación de la meta. Ese escenario obligaría a los bancos centrales de los países de economías avanzadas a adoptar una postura mucho más restrictiva.

El endurecimiento de la política monetaria bajo el mandato de Kevin Warsh afectaría a la República Dominicana. La inflación interanual dominicana se colocó en un 5.11% en abril de 2026, nivel que desborda el límite superior del rango meta fijado por el Banco Central. El resultado refleja localmente el mismo choque energético y geopolítico que complica el trabajo de Warsh. La diferencia es que la Fed enfrenta ese choque con una orientación clara —mantener o subir las tasas— mientras que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) llega a esta coyuntura tras emitir señales contradictorias, consideradas ruidos monetarios, que erosionan su credibilidad.

A finales de abril, el BCRD mantuvo su tasa de política monetaria en un 5.25% y dejó abierta la posibilidad de una postura restrictiva si las circunstancias lo requerían. Pocas semanas después, aplazó hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida, con el argumento de preservar condiciones "adecuadas" en el sistema financiero. El resultado es un banco central que advierte sobre inflación con una mano y, al mismo tiempo, sostiene la liquidez con la otra para evitar el aumento de las tasas de interés. Esa contradicción tiene un costo que los mercados no tardan en cobrar: si los agentes económicos perciben que el BCRD no actuará con firmeza por el temor a afectar el crecimiento económico, las expectativas de inflación podrían desanclarse.

El panorama se agravaría si el precio del petróleo superase los 150 dólares por barril, umbral que analistas internacionales no descartan. Para una economía importadora neta de energía como la dominicana, esos precios llevarían a una inflación por encima del 7%, en un entorno donde la Fed subiría su tasa de política. En la República Dominicana, elevar la tasa de referencia y endurecer de manera consistente las condiciones de liquidez para preservar el anclaje de las expectativas de inflación tendría costos sobre la actividad económica. Sin embargo, no hacerlo, con la inflación fuera del rango meta y presiones externas que apuntan hacia mayores tasas de interés, supondría un ruido distorsionador cuando el mercado necesita señales claras. El BCRD enfrenta una disyuntiva similar a la de Warsh, aunque con menos margen de maniobra.

Suben las tasas hipotecarias en países industrializados

[Escrito el 22 de mayo de 2026]

La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente ha comenzado a filtrarse con fuerza en los mercados hipotecarios de las economías avanzadas. Aunque los bancos centrales han optado por mantener sin cambios sus tasas de referencia, los costos de los préstamos para vivienda han aumentado con una rapidez que recuerda episodios de tensión financiera. La explicación se encuentra en el repunte de los rendimientos soberanos y en la expectativa de que la inflación obligará a endurecer la política monetaria más adelante.

En Estados Unidos, la tasa hipotecaria a 30 años subió a 6.36 por ciento, superando niveles previos a los recortes aplicados por la Reserva Federal. En Europa, el ajuste también es visible. En Alemania, los préstamos a diez años rondan el 3.6 por ciento, encareciendo de forma significativa el financiamiento de nuevas hipotecas. El Reino Unido registra el salto más abrupto, con tasas fijas a dos años que pasaron de 3.97 a 5.1 por ciento en apenas semanas.

La incertidumbre geopolítica añade un riesgo adicional. La posibilidad de una interrupción prolongada del tráfico por el estrecho de Ormuz presiona los precios del petróleo y alimenta temores de estanflación.  Si el conflicto se prolonga, el encarecimiento del crédito reducirá la actividad inmobiliaria y ejercerá presión a la baja sobre los precios de los bienes raíces. El desenlace dependerá, en última instancia, de la duración de la crisis de Medio Oriente.

Ruidos monetarios

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 18 de mayo de 2026.]

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) emitió, en poco tiempo, dos señales de política monetaria que apuntan en direcciones opuestas. A finales de abril, anunció que mantendría inalterada su tasa de interés de referencia, se declaró vigilante ante las presiones inflacionarias y dejó abierta la posibilidad de implementar una política restrictiva si las circunstancias así lo requerían. Dos semanas más tarde, aplazó hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos de recursos correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida con vencimiento a junio de 2026, a fin de preservar condiciones de liquidez “adecuadas” en el sistema financiero y evitar presiones alcistas sobre las tasas de interés.

Esas dos decisiones, tomadas en un breve intervalo de tiempo, son incompatibles. La primera revela la disposición a endurecer la política monetaria ante una mayor inflación. La segunda opera en sentido contrario, ya que reduce la probabilidad de un aumento de las tasas de interés. El resultado es un mensaje ambiguo y errático.

Una señal monetaria es una acción o comunicación del banco central que transmite información creíble y consistente sobre su función de reacción. La conocida regla de Taylor es un ejemplo de una señal precisa y coherente, ya que establece cómo se debe ajustar el tipo de interés de política cuando la tasa de inflación se desvía de la meta o la actividad económica se aleja de su nivel potencial. El valor de la señal radica en que reduce la incertidumbre sobre las tasas de interés y favorece el anclaje de las expectativas.

Michael Woodford, profesor de la Universidad de Columbia, sostiene en su obra “Interés y Precios” que la política monetaria funciona principalmente a través de las expectativas. El concepto de orientación futura (“forward guidance”) desarrollado por Woodford describe la práctica mediante la cual las autoridades monetarias comunican de manera explícita sus intenciones sobre los instrumentos de política, en particular la trayectoria esperada de las tasas de interés. Esto implica que la efectividad de la política monetaria depende tanto de las decisiones de tasas actuales como de la capacidad del organismo emisor de comprometer de manera creíble su comportamiento futuro. Un mensaje coherente ancla las expectativas, aumenta la efectividad de la política sin mover la tasa de interés y minimiza el costo real de los ajustes desinflacionarios. Es decir, como remarca Woodford, “la clave de una buena política monetaria es la gestión de las expectativas.”

En contraste, cuando la narrativa o las decisiones del banco central cambian sin haberse producido variaciones en los fundamentos económicos, sino por pura inconsistencia, zigzagueo, ambigüedad o reversión no justificada, la señal se convierte en ruido monetario. Los agentes no pueden distinguir si el viraje en la postura monetaria responde a nueva información sobre la economía o a una preferencia de corto plazo desligada de la regla que la institución está obligada a seguir. Las consecuencias del zigzagueo son una mayor volatilidad de las variables económicas, la pérdida del anclaje de las expectativas y una prima de riesgo adicional sobre la tasa de interés a largo plazo. En una economía pequeña y abierta como la dominicana, un banco central que comunica restricción monetaria, pero actúa al mismo tiempo en sentido acomodaticio, genera dudas sobre su capacidad de sostener la estabilidad cambiaria y, por tanto, de mantener la inflación bajo control. 

El carácter errático de la comunicación del BCRD resulta preocupante. A finales de marzo, la entidad publicó su comunicado de política, donde anunció “la decisión de mantener su tasa de interés de política en 5.25% anual;” al mismo tiempo, indicó que seguirá el monitoreo de las condiciones internacionales para adoptar medidas que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación. Esa postura fue ratificada el 12 de abril, cuando anticipó que la inflación rebasaría el límite superior de la meta, dando a entender que, para garantizar el anclaje de las expectativas, estaría en condiciones de aumentar la tasa de interés. 

No obstante, pocos días después, el organismo emisor publicó un documento donde destacó la existencia de “condiciones de liquidez holgadas,” derivadas de la provisión de 81 mil millones de pesos dentro del marco de la Facilidad de Liquidez Rápida de junio de 2025 y del recorte de 50 puntos básicos en la tasa de referencia, medidas que presionan a la baja las tasas de interés. En síntesis, reconoció que había liquidez holgada, un aumento de precios y que tenía la disposición de subir la tasa para asegurar la estabilidad macroeconómica. 

A finales de la semana pasada, el BCRD informó al país que la inflación sobrepasó el límite superior de la meta y se colocó en un 5.11%. Ante ese resultado, la función de reacción de la autoridad monetaria apunta a la necesidad de un ajuste restrictivo, mediante el aumento de su tasa de interés y la colocación de títulos valores que extraigan liquidez del mercado. Sin embargo, el 12 de mayo las autoridades decidieron aplazar hasta enero del año 2027 el retorno de miles de millones de pesos asociados a las facilidades de liquidez cuyo vencimiento estaba previsto para junio del presente año.

La decisión resulta desacertada por varios motivos. En primer lugar, contradice todo lo que se ha indicado para preservar la estabilidad macroeconómica. En segundo término, beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron los préstamos entre 2024 y 2025, algunos de los cuales pudieron haber realizado operaciones de arbitraje. Finalmente, si hubiese sido necesario un aumento de la liquidez, existen otros instrumentos convencionales más eficientes y transparentes para hacerlo, como las operaciones de repos, compra de divisas o subastas para las recompras anticipadas de títulos emitidos por el organismo emisor. 

El BCRD goza de una sólida credibilidad y constituye uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica nacional. Por ello, resulta imprescindible proteger la institución mediante la estrategia de metas de inflación y el uso de instrumentos monetarios convencionales, como ocurrió en gran medida entre 2012 y 2019. De este modo, la narrativa y las acciones de las autoridades podrán transformar el ruido monetario actual en señales consistentes y óptimas para los agentes económicos.

Warsh atrapado entre dos fuerzas

[Escrito el 15 de mayo de 2026] 

La inflación en Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate económico y político. El índice de precios al consumidor alcanzó 3.8% en abril, su nivel más alto en tres años, impulsado por el encarecimiento del petróleo tras la guerra en Irán. Los precios de la gasolina han subido más de un 50%, llegando a 4.50 dólares por galón, mientras el diésel alcanzó los 5.64 dólares y roza máximos históricos. El impacto se ha extendido a alimentos, transporte y bienes duraderos.

En ese contexto, el Senado confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal con una votación de 54 a 45, el margen más estrecho desde 1977 cuando la confirmación senatorial se convirtió en un requisito. Su llegada ocurre en un momento en que la institución enfrenta divisiones internas: en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto se registraron tres disensos, el mayor número desde 1992. No obstante, todos están en contra del recorte de la tasa de interés. 

Warsh asume, por tanto, un mandato condicionado por dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, una inflación alimentada por un conflicto geopolítico que mantiene el petróleo por encima de los cien dólares por barril. Por otro lado, el presidente Trump exige reducciones de tasas y ha atacado públicamente a la Reserva Federal e investigado a Jerome Powell.

La paradoja es evidente. Trump quiere abaratar el costo del crédito en medio de una inflación que él mismo ha exacerbado con la guerra en Medio Oriente. Warsh, que prometió preservar la independencia monetaria, deberá demostrar si puede resistir esa presión. Ojalá tenga éxito, porque cuando la política invade la política monetaria, se corre el riesgo de erosionar la credibilidad institucional que sostiene al dólar. 

Los precios del petróleo podrían subir más

[Escrito el 14 de mayo de 2026]

El precio del crudo WTI subió de nuevo y se colocó hoy alrededor de los 102 dólares por barril. Lo peor es que, los expertos afirman, con datos muy preocupantes, que ese nivel se encuentra por debajo del que podría alcanzar hacia mediados de junio. 

Según The Economist, el cierre del estrecho de Ormuz ya ha retirado del mercado 2,000 millones de barriles, equivalentes al 5% del suministro anual mundial, y cada día se añade un déficit de 14 millones de barriles. El nivel de precios actual no es mayor debido a dos factores: el salto de las exportaciones netas de Estados Unidos en 9 millones de barriles diarios y la caída de las importaciones chinas en 4.5 millones de barriles diarios. 

Ambos elementos, sin embargo, son transitorios. Las reservas globales, que comenzaron la guerra en niveles cercanos a máximos de una década, podrían estar “más vacías que nunca” para junio. Los inventarios flotantes ya se agotaron y los países pobres han recurrido a racionamientos que destruyen demanda y deterioran su ritmo de actividad económica. Cuando los inventarios privados empiecen a drenarse, los precios de los combustibles —diésel, gasolina, jet fuel— serán los primeros en subir de manera acelerada. El riesgo es mayor si Washington, presionado por precios internos crecientes, decidiera limitar sus exportaciones de combustibles, una medida que elevaría aún más los precios globales.

Para la República Dominicana, ese escenario plantea un desafío macroeconómico. Un petróleo más caro presionará el gasto público vía subsidios eléctrico y de combustibles, lo que podría colocar el déficit fiscal más allá de lo sostenible. Por ese motivo, es recomendable la prudencia fiscal. 

¿En qué están las reformas anunciadas en 2021?

[Escrito el 11 de mayo de 2026]

En agosto de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el interés de ejecutar 12 reformas para modernizar la República Dominicana. Entre ellas se encuentran, la fiscal, la del sector hidrocarburos, mercado laboral, sector eléctrico, sector agua, policía nacional, calidad educativa, salud y seguridad social y la reforma del transporte. 

Una evaluación del avance de dichas reformas permite indicar que muchas se encuentran muy retrasadas y otras ni siquiera han comenzado. Frente a esa realidad, las autoridades deben mejorar su capacidad de diseño y ejecución de reformas económicas, sociales e institucionales. 

Lo primero que deben tomar en cuenta es que en la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. 

El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

A partir de esos fundamentos teóricos, le recomiendo que se lean el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026 por los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard). 

En ese interesante estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas. La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Recomendaciones para reformar con éxito

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 11 de mayo de 2026]

En la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. Según esa posición, las economías tienden al equilibrio eficiente y los obstáculos institucionales pueden superarse mediante la negociación. El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

En el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026, los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard) utilizan una base de datos de 3,590 intentos de cambios regulatorios —exitosos y fallidos— en 189 países entre 2005 y 2022 para analizar los factores determinantes del éxito.  El estudio abarca seis dominios: apertura de empresas, regulación laboral, pago de impuestos, protección de inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. 

El primer hallazgo de la investigación es revelador. Durante el período analizado, el mundo se volvió más amigable al mercado en tres ámbitos: el registro de una empresa se simplificó de manera sustancial; el pago de impuestos se volvió más sencillo, con reducciones significativas en las horas requeridas para cumplir las obligaciones tributarias; y la protección legal de los inversionistas minoritarios mejoró. En contraste, casi no se produjeron cambios en la resolución de insolvencias ni en el cumplimiento de contratos. Respecto a la regulación laboral, los países más ricos endurecieron sus marcos normativos.

Los autores describen que los dominios donde más se avanzó son aquellos en los que predominan las reformas tecnológicas y administrativas —como la implementación de registros electrónicos de empresas o la digitalización de declaraciones de impuestos—, mientras que las áreas estancadas dependen de reformas legales que exigen la aprobación del Congreso. Esa distinción entre lo que puede modificarse mediante decreto o innovación tecnológica y aquello que requiere pasar por el poder legislativo constituye una de las aportaciones más robustas del estudio.

Un segundo elemento destacable consiste en la constatación de que los países que comenzaron el período con regulaciones más restrictivas y deficientes —por lo general, los menos desarrollados— mostraron mayores avances. 

Para interpretar esos resultados, los autores construyen un modelo teórico en el cual el reformador —que puede ser el legislativo, el ejecutivo o el poder judicial— propone un cambio regulatorio y diseña mecanismos de compensación para los grupos perjudicados. La propuesta puede ser bloqueada si se considera que las compensaciones son insuficientes.

El modelo identifica tres parámetros fundamentales. El primero es el retorno social de la reforma antes de los ajustes compensatorios, el cual tiende a ser mayor cuando la regulación previa es más restrictiva. El segundo refleja el mecanismo de compensación: cuanto más distorsionador sea, más costoso resultará indemnizar a los perdedores y, por tanto, más baja será la probabilidad de que la reforma se apruebe. El tercer parámetro es el número de puntos de veto; es decir, las instancias institucionales del poder político y de grupos de intereses cuya aprobación es necesaria para adoptar una reforma.

Según el estudio, la tasa de éxito de las reformas alcanza el 84% en los países ricos, mientras que apenas llega al 51% en los países poco desarrollados. Al mismo tiempo, las economías avanzadas intentan más reformas y las aprueban con mayor frecuencia, pero el impacto promedio de cada una sobre los índices regulatorios es limitado. Ese patrón —más intentos, mayor éxito, menor impacto unitario— es lo que predice el modelo cuando predomina la capacidad de compensar a los perdedores y alcanzar acuerdos.

Las reformas tecnológicas —aquellas que utilizan herramientas digitales o administrativas sin requerir nuevas leyes— registran una tasa de éxito global del 87%, frente al 71% de las reformas legales y el 60% de las administrativas. En dominios como la apertura de empresas, en el que el 41% de las reformas son tecnológicas, el éxito es casi universal. En regulación laboral, donde el 99% de las reformas son de naturaleza legal, los obstáculos aumentan.

Quizá el hallazgo más provocador del estudio sea la relación entre intentos y resultados. Los países que más reforman no son los que más lo necesitan, sino los que poseen mayor capacidad institucional para hacerlo. La oferta de capacidad reformadora, y no la demanda generada por la urgencia de cambios, es lo que mejor explica el ritmo de las modificaciones regulatorias.

Las conclusiones del ensayo tienen implicaciones directas para el diseño de una estrategia óptima de ejecución de reformas en economías como la dominicana. El análisis costo-beneficio de toda reforma debe complementarse con una revisión rigurosa de su capacidad de ejecución. Esto significa que, además de priorizar las reformas por su impacto esperado en el bienestar —por ejemplo, teniendo en cuenta cuánto ganaría la economía si se flexibilizara el mercado laboral o cuál sería el beneficio de la modernización del magisterio— es preciso examinar también el marco institucional que puede condicionar su aprobación.

El estudio de Djankov, Glaeser y Shleifer demuestra que el diseño institucional de las reformas —la instancia del gobierno desde la cual se proponen, el tipo de mecanismo requerido (tecnológico, administrativo o legal), la cantidad de actores con poder de veto sobre ellas y la capacidad del sistema para compensar a los grupos afectados— determina gran parte de la posibilidad de éxito, así como la magnitud de sus beneficios potenciales. 

A la luz de esos hallazgos, puede recomendarse a los responsables de política económica que, además de identificar las reformas orientadas a elevar el nivel de bienestar presente y futuro, fortalezcan la capacidad institucional de compensar a los perdedores y reduzcan los puntos de fricción en el proceso de aprobación. 

En síntesis, del estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas.  La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social.

El riesgo sistémico de la inteligencia artificial

[Escrito el 8 de mayo de 2026]

Los modelos avanzados de inteligencia artificial están generando un riesgo sistémico que los reguladores apenas comienzan a dimensionar. Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional citado por el Financial Times señala que las nuevas capacidades de herramientas como Claude Mythos elevan el riesgo cibernético hasta convertirlo en una posible amenaza macrofinanciera. El problema ya no se limita a ataques aislados, sino a la posibilidad de fallas simultáneas que afecten a bancos, sistemas de pago y proveedores esenciales de servicios.

El FMI advierte que estos modelos reducen de manera drástica el tiempo y el costo necesarios para identificar vulnerabilidades en infraestructuras ampliamente utilizadas. Anthropic, desarrolladora de Mythos, informó que el sistema detectó miles de fallas de alta severidad en los principales sistemas operativos y navegadores. El riesgo, por tanto, es creciente y desigual. Algunas instituciones estadounidenses ya reciben asistencia técnica y parches de seguridad, mientras que muchas entidades fuera de ese círculo, en especial en los países menos desarrollados, carecen de acceso a estas defensas, lo que amplía la brecha global de protección.

El organismo internacional sostiene que un ataque coordinado provocaría efectos en cadena que incluirían pérdida de confianza, interrupciones de pagos, tensiones de liquidez y ventas forzadas de activos. En un sistema financiero altamente interconectado, la simultaneidad se convierte en el punto más vulnerable.

La conclusión del FMI es clara. Las defensas serán vulneradas en algún momento. La prioridad debe ser la resiliencia, la capacidad de contener la propagación y recuperar la operatividad con rapidez. En un entorno donde la inteligencia artificial acelera tanto la innovación como el riesgo, la estabilidad financiera dependerá de instituciones preparadas para absorber el impacto.

Se subestima el riesgo

[Escrito el 7 de mayo de 2026]

Los mercados de capitales internacionales subestiman el riesgo que se desprende de la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre el abastecimiento y los precios de los combustibles. Aun cuando no se ha alcanzado una paz definitiva que asegure el libre tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, los principales índices bursátiles continúan mostrando un comportamiento ascendente. 

En el caso de Estados Unidos, el Dow Jones ha subido en lo que va de año un 2.5%. El S&P 500, que abarca una mayor cantidad de sectores y empresas, ha subido casi un 7% en ese mismo período. Y el Nasdaq, que representa las empresas tecnológicas, ha registrado un extraordinario incremento de un 11.1%. 

Más aún, dichos índices bursátiles han alcanzado máximos históricos desde el 28 de febrero, fecha en que inició la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Nasdaq registró un máximo de 26,036 puntos el 7 de mayo. En la misma fecha, el S&P alcanzó un máximo de 7,385 puntos. Mientras tanto, el Dow Jones alcanzó su récord el pasado 10 de febrero al situarse en 50,513 puntos, nivel que supera en un 1.8% el observado hoy. 

Esos datos sugieren que el mercado prevé una resolución rápida y definitiva del conflicto bélico. Además, proyecta que la inversión en inteligencia artificial mejorará la productividad de las empresas, lo que se traducirá en un mayor flujo de efectivo. Un elemento adicional a considerar es que solo cinco empresas, todas tecnológicas, explican la mitad de la subida del S&P 500 desde abril. Así las cosas, se podría inferir que el efecto de la crisis de Medio Oriente ha sido enmascarado por la euforia generada por la burbuja de la inteligencia artificial.  

Con los pies en la tierra

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 4 de mayo de 2026]

Existe una alta probabilidad de que, a partir de junio, la situación del mercado internacional de combustibles empeore. El cierre del flujo de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz ha obligado a varios países de Asia y de Europa a recurrir a sus reservas, que podrían alcanzar niveles críticos en un plazo de entre cuatro y ocho semanas. Ese escenario se traduciría en un déficit en el mercado de petróleo cercano a los 12 millones de barriles diarios.  

En un contexto de esa naturaleza, los precios de dichos productos aumentarán con rapidez para que la demanda se ajuste a la oferta disponible. En el artículo “Apocalipsis petrolero,” publicado el 16 de marzo en esta columna, se advirtió que la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los miembros del G-7 contribuiría a estabilizar de manera transitoria los precios, pero el desabastecimiento prolongado podría elevar el precio del crudo por encima de los 150 dólares el barril. Esa posibilidad llevó al director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, a declarar el 6 de abril que el conflicto bélico en Medio Oriente ha desencadenado la mayor crisis de combustibles de la historia.

A pesar de la situación internacional descrita, algunos funcionarios del gobierno dominicano sostienen que el plan ejecutado por las autoridades ha tenido un buen resultado económico, ya que “no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precios,” afirmación que no se corresponde con los datos del Banco Central. Además, destacan que, acumulado a marzo, se alcanzó una tasa de crecimiento del indicador mensual de actividad económica (IMAE) de un 4.1% —superior al 2.8% registrado en el primer trimestre de 2025— y la tasa de inflación se situó en 4.63%. A su vez, puntualizan que los ingresos por remesas, turismo y exportaciones de bienes han mostrado un comportamiento muy positivo, lo que ha contribuido al aumento de las reservas internacionales y a la apreciación del tipo de cambio en más de un 5% en lo que va de año, hasta colocarse alrededor de los 60 pesos por dólar.

En el Consejo de ministros celebrado la semana pasada se reconoció que el impacto negativo de la guerra sobre la inflación, el crecimiento económico y las finanzas públicas será inevitable. En la línea con lo planteado en el artículo “El impacto negativo del conflicto del Medio Oriente,” publicado el 2 de marzo en esta columna, el ministro de Hacienda declaró que se producirá un deterioro de las cuentas externas y del saldo de las finanzas públicas. En dicho ensayo se advirtió que “los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos.” Tras el citado Consejo, el Ministerio de Industria y Comercio publicó que el subsidio de la presente semana superará los 1,400 millones de pesos, aun cuando se aprobaron ligeros incrementos de los precios de algunos combustibles.

El reconocimiento de esa realidad obligó a las autoridades a anunciar un conjunto de medidas orientadas a reducir el gasto público por una suma total de 40 mil millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la racionalización del combustible, la publicidad y las contrataciones. Asimismo, se propuso, entre otras iniciativas, la reducción de un 50% del presupuesto de los partidos políticos y el recorte de los gastos operativos. Para facilitar el seguimiento de esas medidas, que deben complementarse con la disminución de otros gastos no prioritarios, es conveniente que se publique el monto que corresponde a cada una y que, mensualmente, se verifique el grado de cumplimiento de las metas. 

El éxito del ajuste de gastos públicos es clave para que los agentes económicos acepten los incrementos de precios de los combustibles y de la tarifa eléctrica. El ajuste de dichos precios enviaría la señal adecuada para moderar el consumo de esos bienes y servicios. El ahorro fiscal permitiría, además, dirigir recursos hacia la protección de los hogares más vulnerables mediante subsidios y transferencias focalizados. 

Por otro lado, se requiere impulsar acciones que eleven los ingresos tributarios. Una de ellas es renegociar con la empresa Barrick Gold el marco tributario vigente, con el fin de restablecer el diseño original del Impuesto Mínimo Anual (IMA). El objetivo es llevar la tasa efectiva de un 13.39% a la que debería prevalecer según el acuerdo del año 2013 que, con un precio del oro de cinco mil dólares por onza troy, sería igual a un 38.55%. Esos ingresos adicionales, que alcanzarían varios centenares de millones de dólares, resultan cruciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. 

Las recomendaciones aquí planteadas contrastan con la postura de algunos funcionarios. Estos proponen recurrir al endeudamiento externo para financiar el aumento del déficit público derivado de la decisión de subsidiar la mayor parte del incremento de los precios internacionales de los combustibles. Aseguran que el gobierno dispone de margen de endeudamiento, pero olvidan que los tenedores de deuda pública no estarán dispuestos a financiar el despilfarro de recursos que implica el mantenimiento de un precio subsidiado de los combustibles en el mercado local. Hace unos días, Fitch Ratings mantuvo en BB- el crédito soberano, pero revisó la perspectiva de positiva a estable debido a la desaceleración económica y al deterioro de las finanzas públicas. La ruptura de la confianza de los inversionistas podría provocar una parada súbita (“sudden stop”) de los flujos de capitales provenientes del extranjero, con el consiguiente riesgo de crisis de deuda soberana y de una fuerte depreciación del peso frente al dólar, tal como advirtió el profesor Guillermo Calvo en los años noventa. 

Por último, conviene que las autoridades promuevan, con los pies en la tierra, el ahorro de los combustibles más allá del ajuste que provocará el aumento de los precios en el mercado local. Muchos países fomentan el teletrabajo, la enseñanza virtual, el uso compartido del vehículo y el transporte público. Todas esas medidas contribuirían a mejorar el saldo de las cuentas externas, fortalecer las finanzas públicas y a sostener el nivel de crecimiento económico.

Control de fusiones

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 27 de abril de 2026]

La reciente decisión de la Comisión Europea (CE) de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque comunitario. Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de las operaciones corporativas y reconoce que la creación de empresas de mayor tamaño puede reforzar la competitividad frente a los gigantes estadounidenses y chinos.

La CE admite que la economía actual se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala productiva es requisito fundamental para competir con éxito en los mercados internacionales. Ese cambio exige revisar el enfoque de análisis y control de fusiones.

Cuando los países desarrollados diseñaron sus marcos de política de competencia, partían de unos mercados internos grandes, capaces de generar la escala necesaria para sostener varios competidores eficientes. Estados Unidos promulgó la Ley Sherman en 1890 con una población de más de sesenta millones de consumidores. La Unión Europea construyó su régimen de competencia sobre un mercado único de cientos de millones de personas. En ese contexto, el control de fusiones tiene una lógica impecable: si el mercado es lo bastante amplio, se puede exigir que coexistan múltiples empresas sin sacrificar las economías de escala.

Las economías pequeñas en desarrollo, en cambio, operan bajo condiciones estructurales distintas. En mercados internos, que a veces no superan los veinte millones de consumidores, el tamaño mínimo eficiente de una empresa puede representar una fracción significativa del mercado total. Trasplantar el control de fusiones desde economías de tamaño continental hacia economías pequeñas es un grave error.

La literatura sobre competencia en países avanzados ofrece lecciones valiosas, pero también revela sus propias tensiones internas. En 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos publicaron nuevas guías de control de fusiones que representan un retroceso respecto a las vigentes desde 2010, basadas en los principios de la Escuela de Chicago, cuyo objetivo era maximizar el bienestar del consumidor. El nuevo enfoque prioriza preservar estructuras de mercado desconcentradas, aun cuando sean ineficientes. La lógica de esa normativa retoma el enfoque estructuralista del antimonopolio, cuyo punto álgido se alcanzó con la sentencia del caso Brown Shoe en 1962, e implica que una fusión puede bloquearse si una empresa supera el 30% del mercado, aunque no incida directamente sobre los precios o la producción. Las críticas a las nuevas normativas son numerosas y provienen de diversos centros académicos.

En países donde la capacidad técnica de las instituciones regulatorias es limitada, los errores Tipo I —bloquear fusiones eficientes por exceso de cautela— pueden resultar muy dañinos. Más aún, el bienestar de la sociedad podría aumentar cuando los beneficios de la fusión derivados del mayor grado de eficiencia productiva superan los efectos anticompetitivos; es decir, cuando la reducción de los costos (marginales y fijos) evita un aumento de los precios finales o una reducción del nivel de producción. 

Una economía pequeña no puede permitirse el lujo de tener un sistema de control de fusiones que deje en manos burocráticas el proceso de innovación y mejora de la eficiencia. La fusión de dos empresas no origina per se un abuso de posición dominante, mucho menos si se trata de una producción de bienes que debe enfrentarse a una oferta proveniente del extranjero. En ese contexto, la fusión posibilitaría que las empresas nacionales aprovechen las economías de escala y reduzcan sus costos, con lo cual mejorarían simultáneamente la capacidad exportadora y el nivel de bienestar del consumidor. Una empresa que aumente sus precios en exceso perderá participación de mercado. La competencia del exterior, siempre que los aranceles sean bajos y las barreras no arancelarias estén controladas, es más eficiente que la intervención regulatoria, ya que opera sin el riesgo de error burocrático inherente al análisis ex ante de las fusiones.

Si las empresas fusionadas suplen bienes no transables o servicios —financieros, de electricidad y telecomunicaciones— que no están disciplinados por la competencia internacional, la regulación de las tarifas, la disponibilidad y la calidad del servicio recaen en el ámbito de una supervisión sectorial especializada. 

Sustituir el control previo de fusiones por una combinación de apertura comercial, reducción de barreras de entrada y supervisión posterior del abuso de posición dominante constituye una asignación más eficiente de la capacidad institucional disponible. De esa manera, la autoridad de competencia concentra sus recursos en conductas observables y verificables, en lugar de hacerlo en proyecciones de estructuras de mercado. Si se comprueba, mediante el uso de técnicas econométricas —como el método de diferencias en diferencias—, que la nueva empresa ha abusado de su posición dominante y ha elevado los precios por encima de lo que puede justificarse por el encarecimiento de las de materias primas y de la mano de obra, corresponde imponerle sanciones proporcionales al perjuicio causado al bienestar social. 

En la República Dominicana, el debate sobre el control de fusiones no es reciente. Durante un seminario organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en 1999, el autor de esta columna sostuvo que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, ya que frena procesos de eficiencia, limita la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala e impacta negativamente el bienestar. 

Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa, y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08. La decisión, combinada con una política de reducción arancelaria ejecutada desde 1990, generó ganancias de eficiencia superiores a las que habría permitido un régimen de control de fusiones estricto aplicado a un mercado pequeño. No obstante, la legislación vigente requiere ajustes en el régimen de sanciones, de modo que estas se correspondan con el daño provocado por el abuso de posición dominante. 

El giro europeo que hoy en día se registra en materia de competencia, orientado a facilitar la creación de “campeones nacionales,” valida la posición dominicana, la cual establece que un control excesivo de las fusiones podría reducir la eficiencia productiva, debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.  

El reto electoral de Trump

[Escrito el 22 de abril de 2026]

Las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre en Estados Unidos se desarrollarán en un contexto económico particularmente adverso. A la tensión estructural entre apertura y protección se suma ahora el repunte de los precios de los combustibles, que presiona la inflación y debilita el anclaje de las expectativas. 

En dicho escenario, la estrategia económica del presidente Donald Trump enfrenta un escrutinio más severo. Su giro mercantilista, sustentado en tarifas y controles al comercio, ha elevado costos y generado una gran incertidumbre jurídica, como destaca Glenn Hubbard, profesor de Economía de la Universidad de Columbia, al señalar que el mercantilismo “requiere extensiva intervención gubernamental”, con los riesgos de distorsión que ello implica.

Hubber se apoya en el libro La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, escrito hace 250 años, para recordar que la prosperidad depende de la competencia y la apertura, no del proteccionismo. El autor subraya que una economía competitiva, con intervención gubernamental limitada, “elevaría los niveles de vida”, una intuición que contrasta con la política arancelaria de Trump. En un entorno de precios energéticos al alza, la política económica necesita credibilidad, reglas claras y un marco que incentive la inversión, la innovación y la movilidad laboral.

Corregir el rumbo de la política económica implica abandonar la lógica proteccionista y avanzar hacia una agenda que incluya fortalecer la educación, modernizar la regulación, promover la inmigración calificada y acelerar la inversión en energía y tecnología. Sin un giro hacia el crecimiento económico, la ansiedad social amplificada por la inflación condicionará el debate electoral y le pasará en noviembre al partido Republicano una factura muy costosa.

La Unión Europea flexibiliza su control de fusiones

[Escrito el 21 de abril de 2026]

La decisión de la Comisión Europea de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque y reabre una discusión que, en República Dominicana, tuvo un punto álgido durante la redacción de la Ley 42‑08. Según reveló el Financial Times, Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de operaciones corporativas, reconociendo que la creación de empresas con mayor tamaño puede fortalecer la competitividad frente a gigantes estadounidenses y chinos.

El viraje europeo contrasta con la ortodoxia que dominó desde los años 2000, cuando el análisis se centraba casi exclusivamente en los efectos sobre precios y consumidores. Hoy, la Comisión admite que la economía se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala es condición para competir globalmente. Ese reconocimiento llega tras episodios como la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania, que expusieron vulnerabilidades estructurales del continente.

En la República Dominicana, el debate no es nuevo. Durante un seminario organizado por la FINJUS en 1999, argumenté que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, al frenar procesos de eficiencia, limitar la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala y, por último, afectar negativamente el bienestar. Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08.

El giro europeo valida la posición dominicana, que establece que un control excesivo de las fusiones puede debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.