lunes, 24 de agosto de 2026

Una lección a Bessent

 [Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 24 de agosto de 2026]

El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos —el más grande e influyente del mundo, valorado en unos 31.5 billones de dólares— registró una semana atípica. El rendimiento del bono a 30 años alcanzó el lunes 17 de agosto su nivel más alto desde 2007, por encima de un 5.3%, mientras que el de 10 años, referencia del costo de las hipotecas y de buena parte del crédito corporativo y soberano internacional, cerró la semana en un 4.74%. 

Ante esa presión alcista, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sorprendió a los inversionistas el 19 de agosto al anunciar que el gobierno aumentaría sus recompras de bonos de largo plazo, de dos mil a un mínimo de cuatro mil millones de dólares por operación. El mercado reaccionó de inmediato y provocó el descenso de 10 puntos básicos del rendimiento a 30 años. No obstante, el alivio fue transitorio, ya que los dos días siguientes los rendimientos recuperaron buena parte de lo perdido.

No existe consenso sobre la causa del alza de las tasas de los títulos a 10 y 30 años, pero los analistas coinciden en que va más allá de la inflación futura, cuya expectativa de largo plazo sigue cerca de la meta del 2% de la Reserva Federal (Fed). 

El principal factor se relaciona con el aumento estructural de la necesidad de capital. Por un lado, el déficit fiscal de Estados Unidos, que se sitúa en torno al 6% del producto interno bruto (PIB), eleva la oferta de deuda del Tesoro. Por otro, el auge de la inteligencia artificial (IA) ha provocado que negocios que antes eran de bajo consumo de liquidez, como Amazon y Alphabet, se hayan convertido en emisores de deuda corporativa a un ritmo que desplaza los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono de Alphabet con vencimiento en 2075 saltó del 6% a comienzos de julio al 6.78% a mediados de agosto, un ajuste muy atractivo para los inversionistas.

Otro factor es geopolítico. Japón, principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, atraviesa una coyuntura que le ha obligado a vender dólares para apoyar el yen. A su vez, la guerra comercial entre Estados Unidos y China frena el interés de Pekín de adquirir la deuda emitida por Washington. Además, la guerra en Medio Oriente, con el cierre del estrecho de Ormuz, limita la capacidad de los países afectados de generar el flujo de efectivo necesario para adquirir en la misma magnitud que antes deuda pública estadounidense. 

La recompra de títulos no es una herramienta nueva. A diferencia de la Fed, el Tesoro no puede crear dinero para comprar deuda, por lo que cada dólar de recompra se financia mediante la emisión de letras del Tesoro de corto plazo. La estrategia consiste en vender títulos de menos de 2 años y adquirir bonos de largo plazo con el fin de aplanar la curva de rendimiento. Varios operadores del mercado consideraron insuficiente la medida, dado que no modifica la trayectoria de una deuda que asciende a 40 billones de dólares y sigue subiendo como porcentaje del PIB.

El efecto colateral más visible fue la caída del dólar en un 1% el 20 de agosto. Los agentes del mercado percibieron la compra de bonos como una señal de que Washington prioriza abaratar la deuda, incluso a costa del valor de su moneda. Por ello, adoptaron la llamada “apuesta de devaluación” (trade debasement): compra de activos que se benefician de un dólar más débil, como el oro, que subió a 4,612 dólares la onza, y el bitcoin, cuyo precio varió un 23% y superó los 77,400 dólares. 

Paul Krugman (CUNY), premio Nobel de Economía, sostuvo que "es muy difícil construir un escenario de crisis de deuda al estilo griego para una nación que se endeuda en su propia moneda." Atribuyó el alza de la tasa de rendimiento de los bonos de largo plazo a dos factores concretos — auge de emisiones de deuda corporativa de las “hyperscalers” de IA y mayor déficit público— antes que a temores de incapacidad de cumplir con el pago de las deudas. Finalmente, recomendó a los futuros responsables de la política económica—quienes sustituyan a Trump— no caer en pánico, puesto que la situación actual no constituye una crisis de deuda. 

John Cochrane (Hoover Institution) adoptó una posición más cautelosa. Identificó cinco explicaciones posibles del incremento de la tasa de interés: expectativas de inflación; posibilidad de que la Fed suba tasas; regreso a niveles "históricamente normales" de tasas de interés nominales entre un 4% y el 6% tras la anomalía de tasas reales negativas de la década de 2010; mayores oportunidades de inversión vinculadas a la IA; y presión de los "vigilantes de los bonos" ante una política fiscal insostenible. Se mostró escéptico respecto a la eficacia de las recompras de Bessent y advirtió sobre el riesgo de una futura crisis fiscal si el gobierno sigue "renovando" deuda de corto plazo, justo en un momento en que la disponibilidad de financiamiento barato podría acabarse.

Las consecuencias de tasas persistentemente altas ya se perciben en la economía real. Con el bono a 10 años como referencia, las hipotecas se acercan al 7%, lo que encarece la compra de viviendas. Las empresas enfrentan un costo de endeudamiento más alto, circunstancia que puede frenar la inversión y la creación de empleo. Para el propio gobierno, cada punto adicional de rendimiento se traduce en decenas de miles de millones de dólares extra en intereses cada año. Frente a ese escenario, el camino óptimo es una reforma fiscal que reduzca el déficit público.

En economías como la República Dominicana, el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos tiene un efecto directo. El 79% de la deuda externa dominicana —unos 37,920 millones de un total de 47,990 millones al cierre de junio de 2026— está constituida por bonos soberanos en dólares, cuyo costo se fija como un diferencial sobre el rendimiento de los títulos del Tesoro. Si dicha tasa sube, cada nueva emisión o refinanciamiento dominicano partirá de un nivel más alto y, por consiguiente, encarecerá el servicio de la deuda pública. 

jueves, 20 de agosto de 2026

Peso fuerte, exportaciones débiles

[Comentario Noti 21 de agosto de 2026]

El peso dominicano acumula frente al dólar una apreciación nominal superior al 7% en lo que va de 2026 y una apreciación real todavía mayor al tomar en consideración el diferencial de inflación entre ambos países. La apreciación del peso es percibida por muchas personas como algo positivo, pero podría tener consecuencias muy negativas sobre las exportaciones del país. 

Un estudio publicado en agosto de este año por los profesores Paul Bergin, de la Universidad de California, y Woo Choi y Ju Pyun, ambos de la Universidad de Corea, ofrece una lectura preocupante. Específicamente, se desprende que la apreciación del peso podría provocar no solo una pérdida de competitividad transitoria, sino un daño estructural. 

La investigación analiza datos de 45 países entre 1985 y 2007 y encuentra que la subvaluación cambiaria sostenida —cuando viene acompañada de acumulación de reservas— eleva la productividad manufacturera de un país al estimular la entrada de nuevas empresas y aumentar la proporción de insumos intermedios producidos localmente.

La lógica funciona también al revés. Si el peso se aprecia de forma sostenida, se registra una pérdida de competitividad, lo que reduce las exportaciones y aumenta la dependencia de insumos importados en la manufactura.

El riesgo se agrava por el arancel adicional del 12.5% que Estados Unidos aplica a las exportaciones dominicanas desde julio de 2026, superior al 10% de Guatemala y El Salvador, y muy por encima del arancel cero que México mantiene en el 85% de sus envíos a Estados Unidos. 

La combinación de la apreciación del peso y el arancel del 12.5% puede provocar la salida de empresas de zonas francas y la caída de las exportaciones dominicanas. Un resultado que se debe evitar. 

Bessent abanica en el mercado de bonos

[Comentario 20 de agosto de 2026] 

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo sufrieron una nueva ola de ventas este jueves, después de que la intervención del secretario del Tesoro, Scott Bessent, no lograra calmar a los inversionistas. 

El rendimiento del bono a 30 años subió 6 puntos básicos, hasta el 5.25%, revirtiendo buena parte de la caída registrada un día antes, cuando el Tesoro anunció que "al menos duplicaría" sus recompras de títulos con vencimientos de entre 10 y 30 años, de dos mil a "al menos" cuatro mil millones de dólares. El rendimiento del bono a 10 años también repuntó, hasta el 4.71%, tras haber tocado la semana pasada su nivel más alto desde julio de 2007.

El mercado recibió el anuncio con desconfianza. Muchos gestores de fondos lo calificaron de simple "parche" incapaz de resolver el problema de fondo. La desconfianza se produjo justo cuando la deuda pública estadounidense alcanzó un récord de 40 billones de dólares, tras crecer 3 billones en solo un año, su ritmo más veloz fuera de la pandemia. La deuda en manos del público ya supera los 32 billones, equivalente al tamaño de toda la economía de Estados Unidos, y la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que llegue al 120% del PIB en 2036. 

A mi entender, para detener el alza del costo del endeudamiento público, Bessent deberá elaborar lo antes posible una reforma fiscal que recorte gastos y aumente los ingresos. Esa reforma deberá generar un saldo fiscal que brinde sostenibilidad a las finanzas públicas estadounidenses. 

lunes, 17 de agosto de 2026

La inflación estadounidense sigue alta

[Escrito el 14 de agosto de 2026]

El índice de precios al consumidor (IPC) de julio en Estados Unidos subió 0.2% respecto al mes anterior, en línea con lo esperado por los analistas, un resultado que alivia —aunque no elimina— la presión sobre la Reserva Federal para subir su tasa de interés de referencia en la reunión de septiembre. En términos interanuales, la inflación general se situó en un 3.4%, 0.1 puntos porcentuales por debajo de junio. 

La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y de la energía, también avanzó 0.2% mensual y se ubicó en un 2.5% por encima del nivel registrado un año atrás. Ese resultado no ofrece evidencia contundente para forzar un ajuste de la tasa de interés de referencia al alza, aunque tampoco lo descarta.

A la fecha, el mercado proyecta con una probabilidad de un 67% de que la tasa de política se mantendrá sin cambios en septiembre. La decisión final dependerá del dato de la variación de precios en agosto. Si vuelve a subir y se aleja de la meta del 2%, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto no tendrían otra opción que llevar a cabo un apriete monetario.

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, advirtió que si los choques de precios —vinculados a aranceles y a la demanda del auge de la inteligencia artificial— se combinan y ganan impulso propio, un ajuste de la tasa de interés podría requerir más que el tradicional cuarto de punto. Por su parte, el presidente Kevin Warsh ha evitado anticipar qué evento detonaría el próximo movimiento del banco central, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre lo que podría decidirse en la reunión de septiembre próximo. 

Se encarece la deuda pública estadounidense

[Escrito el 13 de agosto de 2026]

El Tesoro de Estados Unidos vendió hoy jueves bonos a 30 años en una subasta de 25,000 millones de dólares, con un rendimiento de hasta 5.22%, el nivel más alto desde el 5.52% registrado en agosto de 2001. La cifra supera el 5.06% de la subasta previa de julio y el 4.91% de enero de 2025.

El encarecimiento responde a dos factores combinados. Primero, a una deuda pública que ya ronda los 40 billones de dólares, con una relación deuda-PIB que ya superó el 100% en el primer trimestre de 2026 y podría llegar a 120% para 2036, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Segundo, a una inflación que, pese a bajar a un 3.4% en julio, sigue por encima de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal, la cual está presionada por los aranceles, el gasto en infraestructura de inteligencia artificial y el alza del petróleo por el conflicto con Irán.

La consecuencia del aumento de la tasa de interés de la deuda pública estadounidense es preocupante. En ese contexto, cabe destacar que, para el Tesoro, financiar al gobierno resulta ahora más costoso, en momentos en que ya gasta más en pagar intereses que en defensa nacional. Analistas prevén que Washington recurrirá más a la deuda de corto plazo (letras del Tesoro) con menor tasa de interés, pero que hace al país más vulnerable a futuras subidas de tasas. Aun con esa incertidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la demanda por esos títulos de deuda se mantuvo firme en los mercados de capitales.

El costo oculto de un peso más fuerte

[Escrito el 10 de agosto de 2026] 

Cuando la tasa de cambio del peso respecto al dólar se reduce, se celebra como un triunfo de la política del Banco Central. Sin embargo, un ejercicio reciente de aritmética fiscal, elaborado por el doctor Andrés Dauhajre, hijo, revela que la apreciación del peso dominicano tiene efectos complejos.

El análisis de Dauhajre simula una baja en la tasa de cambio de 65.50 a 58.50 pesos por dólar (una apreciación de 10.7%) y mide su impacto en las cuentas del Estado. Por un lado, el Gobierno ahorraría cerca de 57,766 millones de pesos en el servicio de la deuda externa, transferencias a las empresas eléctricas y subsidios a combustibles. Pero ese ahorro tiene una contrapartida que se menciona poco: los ingresos públicos también caen, al reducirse en pesos los desembolsos de préstamos externos, los impuestos sobre el oro, las tarifas turísticas y los aranceles cobrados en aduanas. Esa pérdida de ingresos, sumada al deterioro en el resultado del Banco Central por la revaluación de sus reservas internacionales, asciende a 134,275 millones de pesos. En consecuencia, el saldo neto es un deterioro fiscal de 76,509 millones de pesos.

El impacto distributivo es igual de revelador. Se benefician los importadores, los turistas dominicanos que viajan al exterior, quienes tienen deudas en dólares y los inmigrantes que envían remesas, entre otros, para alcanzar un total estimado de 336,937 millones de pesos. Pero pierden las familias que reciben remesas, las zonas francas, los exportadores nacionales, el sector hotelero y el propio Gobierno Central, con pérdidas conjuntas de 472,990 millones de pesos.

En síntesis, el impacto neto de la apreciación del peso sobre los agentes económicos depende de cuál efecto domina —el ahorro en gastos o la caída de ingresos— y de cómo se redistribuyen las ganancias y pérdidas entre distintos sectores de la economía. 

El socio confiable

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de agosto de 2026.]

Pocos socios de Estados Unidos en la región pueden exhibir un historial de lealtad tan prolongado y consistente como el dominicano. Sin embargo, de forma paradójica, el mismo país que Washington describe como un miembro clave de la coalición hemisférica contra los cárteles de la droga ha sido penalizado con un arancel del 12.5% y se ha convertido en la primera nación a cuyos ciudadanos se les exige una fianza de más de cien mil dólares si desean obtener la visa de residencia.

Para entender lo desproporcionado de esas medidas, conviene remontarse al origen de la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, que se extiende por más de cien años. En el transcurso de las primeras dos décadas del siglo XX, se crearon las condiciones jurídicas que fortalecieron el régimen de propiedad de la tierra, lo cual favoreció la entrada y protección de la industria azucarera estadounidense ubicada en la zona este del país. 

Durante los años ochenta, mientras Centroamérica se desangraba en conflictos internos —guerra civil en El Salvador, insurgencia en Guatemala, revolución sandinista y contrarrevolución en Nicaragua—, la República Dominicana se mantuvo como un remanso de estabilidad institucional en una región convulsionada. Esa solidez resultó determinante para que empresas estadounidenses instalaran zonas francas textiles y de manufactura ligera al amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, promulgada en 1983, aprovechando el acceso preferencial y libre de aranceles al mercado norteamericano en momentos en que otros países de la cuenca resultaban inviables debido al riesgo político y militar.

La extraordinaria alianza entre ambos países se confirmó en 2003, cuando la República Dominicana envió un contingente militar a Irak como parte de la coalición convocada por el gobierno de George W. Bush. La participación dominicana fue modesta en términos numéricos, pero tuvo un peso simbólico considerable, ya que pocos países latinoamericanos respondieron favorablemente al llamado de Washington en un momento de fuerte división internacional sobre la legitimidad de esa invasión.

El respaldo dominicano se ha manifestado, además, de forma sistemática en los foros multilaterales. En la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, el país ha votado en momentos clave en sintonía con las posiciones impulsadas por Estados Unidos, ya sea en resoluciones de derechos humanos, condenas a gobiernos autoritarios de la región o iniciativas de seguridad hemisférica. Más recientemente, representantes de ambos gobiernos se han reunido para fortalecer la lucha contra organizaciones narcoterroristas que utilizan el Caribe como corredor de tráfico ilícito, y Washington ha reconocido públicamente a la República Dominicana como un miembro importante de la ofensiva contra el narcotráfico. 

A finales del 2025, el gobierno dominicano permitió que aeronaves militares estadounidenses operaran desde la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas como parte del despliegue militar necesario en la operación que culminó en enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo.

Todo el historial de lealtad y colaboración —económica, militar, diplomática y en seguridad—hace difícil justificar las medidas comerciales que Estados Unidos ha adoptado contra el país durante la segunda administración de Donald Trump. En julio, se impuso un arancel del 12.5% a las exportaciones dominicanas, a excepción de los productos textiles, con el argumento de que el país no había establecido ni aplicado con eficacia una prohibición contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. El gobierno dominicano reaccionó horas antes de la entrada en vigor de la medida a través del Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas bajo dichas condiciones y establece un mecanismo destinado a investigar y bloquear ese tipo de bienes. 

En agosto, un informe de la Casa Blanca volvió a situar al país en el centro de la controversia comercial, esta vez con una acusación de mayor calado: el documento señaló a unos 40 países —entre ellos la República Dominicana, Costa Rica y varias naciones de Asia Central, África y Oriente Medio— como plataformas utilizadas para reenviar productos chinos hacia el mercado estadounidense con el propósito de evadir aranceles. La respuesta dominicana no se hizo esperar. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes declaró que no existen operaciones ilegales de montaje de productos para exportación y que el Estado dominicano no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de las mercancías. 

A esas dos medidas se sumó una tercera de naturaleza distinta, pero igual de contundente. El Departamento de Estado anunció que la República Dominicana sería la primera nación del mundo seleccionada para un programa piloto que exige una fianza económica al solicitante de visa de residencia cuando un cónsul lo considere una potencial "carga pública." El monto se ha estimado entre 100 mil y 250 mil dólares. La decisión resulta muy perjudicial para un país cuya principal fuente de divisas son las remesas familiares. 

Más allá de la reciprocidad política, existe un argumento económico que hace aún más difícil sostener las sanciones.  El comercio bilateral, enmarcado en el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, genera un superávit por encima de los cinco mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, lo que equivale a afirmar que la economía dominicana es la que debería proteger su mercado y no al revés. Este dato desmonta el argumento que habitualmente se invoca para legitimar aranceles —la necesidad de corregir desequilibrios comerciales perjudiciales para Estados Unidos— pues, en el caso dominicano, el desequilibrio favorece a Washington.

Por todo ello, resulta difícil de entender que un país que ha sido un socio confiable, y que ha respaldado a Estados Unidos en numerosas ocasiones, reciba un trato tan injusto. La Casa Blanca tiene la oportunidad —y, a la luz del historial dominicano, también razones suficientes— de revisar esas decisiones sin que ello suponga ceder en sus objetivos legítimos. Hacerlo sería un gesto coherente con la relación de confianza y colaboración que ambos países han ido construyendo durante más de cien años. 

lunes, 10 de agosto de 2026

La montaña rusa petrolera

[ Comentario Noti 7 de agosto de 2026]

La situación internacional del mercado de combustibles atraviesa una fase de extrema volatilidad marcada por conflictos geopolíticos simultáneos y disrupciones en la infraestructura energética global. En Medio Oriente, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán afecta de forma significativa la oferta. Por un lado, se habla de acuerdo de paz y, por otro, siguen los bombardeos y disrupción del suministro del crudo y gas natural. 

El precio del petróleo WTI ha estado moviéndose como una montaña rusa. El 23 de julio, el precio superó los 92 dólares por barril, el 28 de julio bajó a 79 dólares, tres días superó los 84 dólares y el 6 de agosto se situó en el entorno de los 78 dólares. Dada esa volatilidad, es difícil pronosticar los costos de la energía.

La guerra entre Rusia y Ucrania acentúa esa dificultad. Ucrania ha logrado atacar con drones tres grandes refinerías rusas ubicadas a 1,600 km de distancia, mediante lo cual ha afectado la capacidad productiva rusa. Esos golpes han obligado a Putin a prohibir temporalmente las exportaciones de diésel, decisión que presiona los mercados de combustibles destilados en Europa y América Latina. 

En conjunto, estos eventos configuran un mercado donde la incertidumbre geopolítica domina y donde los precios seguirán reaccionando a cualquier alteración en rutas críticas o infraestructura energética.

Buen trabajo, Álex

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 10 de agosto de 2026.]

El 16 de agosto de 2026, Alejandro Fernández W. concluirá sus seis años al frente de la Superintendencia de Bancos (SB). Dada la importancia de dicha institución para la estabilidad macroeconómica, el desarrollo nacional y el bienestar de las personas, conviene realizar un balance riguroso de los resultados de su gestión. 

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, el sistema financiero dominicano experimentó una mejora significativa en términos de tamaño, rentabilidad y solvencia. Los activos totales pasaron de representar un 43.6% a un 52.6% del producto interno bruto (PIB), un incremento de nueve puntos porcentuales, lo que refleja mayor capacidad de transformar el ahorro en inversión. El retorno sobre patrimonio (ROE) subió del 15.9% al 18.65%, una señal de que las entidades están operando con mayor eficiencia y generan más valor sobre el capital invertido. El índice de solvencia subió de un 16.55% a un 17.7%, muy por encima del 10% mínimo exigido por la normativa prudencial. Un indicador con resultados menos favorables es la morosidad, que aumentó del 1.7% al 1.87% durante ese período. Cooperar con el resto de las autoridades monetarias para revertir ese comportamiento es una tarea para la próxima gestión. 

La SB modernizó, entre 2020 y 2026, su marco de supervisión mediante la actualización de metodologías y la incorporación de herramientas destinadas a automatizar los procesos de captura y procesamiento de información financiera, como el Portal Monetario y Financiero (PAMF). Todo esto amplió la calidad de la supervisión y consolidó una práctica más consistente, basada en riesgos y orientada a detectar vulnerabilidades a tiempo. A esos avances se suman las 593 inspecciones realizadas, con especial hincapié en riesgos, las cuales fortalecen la estabilidad del sistema financiero dominicano. 

Entre agosto de 2020 y julio de 2026, la entidad puso en vigencia 185 normas (12 instructivos, 99 circulares y 74 cartas circulares) para alinear el sistema financiero dominicano con estándares internacionales. En el frente prudencial, la actualización del Manual de Requerimientos de Información, el criterio de valor razonable y las pruebas de estrés consolidaron un enfoque de supervisión basado en riesgos. Gracias a eso, el marco normativo se presenta más robusto y coherente con los desafíos de un sistema financiero en transformación.

En paralelo, la SB reforzó su capital humano a través de la incorporación de perfiles especializados y la ejecución de programas de formación con el apoyo de organismos internacionales. Dicha inversión fortaleció la capacidad analítica de la SB y mejoró la coordinación entre sus distintas áreas, lo que permitió implementar de una forma consistente y sostenible el modelo de Supervisión Basada en Riesgos.

El proceso de modernización de la SB se ha traducido en una estrategia más eficaz de disolución de entidades financieras en dificultades. El caso más visible de esa fortaleza es el manejo de Bancamérica en 2022. La SB transfirió sus activos y pasivos a una entidad solvente en 60 días, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El proceso de liquidación permitió devolver todos los recursos a los depositantes no vinculados, sin costo para el Estado ni para el sistema bancario.

En materia de transparencia, la SB construyó uno de los expedientes más sólidos de la administración pública dominicana. Debido a la mejora de los indicadores de transparencia y acceso a la información, obtuvo en 2026 una puntuación de 99.7 en el índice de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Asimismo, el cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado alcanzó una nota promedio de 96.3 durante el último lustro. 

La inclusión financiera —con la Cuenta Básica de Ahorros, la Cuenta Básica para Pagos de Nómina y la Cuenta Básica para mipymes— y la protección al usuario son, sin lugar a duda, dos de los avances más importantes a favor del ciudadano. Un logro destacable fue la erradicación en 2024 de los desiertos bancarios, lo que significa que en todos los municipios del país existe cobertura financiera. Por otro lado, la aplicación móvil ProUsuario amplió el acceso a los mecanismos de reclamación. A través de dicha aplicación se puso en marcha un blog especializado en finanzas personales, ya que la gestión actual considera que “una ciudadanía mejor informada toma decisiones financieras más seguras.” La facilidad para presentar reclamaciones permitió que la SB ordenase devolver a los usuarios 785.9 millones de pesos en ese período, casi diez veces lo acumulado en la década anterior. 

El fortalecimiento institucional interno también forma parte del legado. La ejecución presupuestaria pasó de un 66% en 2020 a un promedio del 89% anual. Al mismo tiempo, la institución obtuvo certificaciones ISO en calidad, antisoborno, seguridad de la información y continuidad de negocio. Los indicadores revelan que la organización dejó de operar por inercia y empezó a medirse a sí misma para mejorar de forma continua.  

El balance de estos seis años es, en suma, favorable: más solvencia, más transparencia, más inclusión financiera y una función de protección al usuario transformada de raíz. Por todo ello, la nueva administración de la SB no puede limitarse a gestionar el legado recibido. Es imprescindible que modernice todavía más la agenda regulatoria para acercarla cada día a las mejores prácticas internacionales. La solidez que hoy exhibe el sistema financiero dominicano no es un estado permanente, es el resultado de una vigilancia constante que la nueva administración tendrá que mantener. 

La gestión de una institución pública se parece, en el fondo, a una carrera de relevos: por muy veloz que sea el corredor de turno, si no sabe entregar el testigo, el relevo se pierde. Álex deja la Superintendencia de Bancos en un momento extraordinario.  Pudo haberse quedado, entronizarse hasta el último tramo alegando que aún tiene mucho que aportar —y, en efecto, así es—, pero optó por confiar en que otros también pueden recorrerlo con éxito. No es necesario ser un faraón para dejar un gran legado. Ese gesto, tan poco común en la administración pública dominicana, es quizá el mejor indicador de que el relevo de agosto tiene el reto de no perder el paso. 

jueves, 6 de agosto de 2026

Se reduce la inflación en julio

[Escrito el 6 de agosto de 2026] 

En la República Dominicana, la inflación mensual de julio se moderó a un 0.19%, según datos publicados por el Banco Central. Ese resultado implica una desaceleración respecto al promedio mensual del primer semestre del año, que se colocó en un 0.33%. El dato constituye un alivio en las presiones de precios, pero su convergencia hacia el rango meta de 4% ± 1% depende de la trayectoria de los precios de los combustibles. 

En términos interanuales, la inflación descendió del 5.67%, registrado en junio, al 5.47%, una reducción de 0.20 puntos porcentuales. De acuerdo con los datos del Banco Central, la disminución de la variación de precios se debe al comportamiento del grupo Transporte, cuya variación mensual fue de -0.14%. Dicho resultado se explica por las rebajas en los precios de combustibles —gasolina regular y premium, gasoil y GLP— y a la disminución de los precios de los automóviles debido a la apreciación del peso. 

En contraste, varios grupos mostraron incrementos. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una variación de 0.23%, impulsada por alzas en los precios del pollo fresco, papas, arroz, ñame y agua purificada. Restaurantes y Hoteles aumentó un 0.54%, debido al encarecimiento de comidas preparadas fuera del hogar, mientras que Bienes y Servicios Diversos subió un 0.42%. 

La inflación subyacente, la que excluye los precios de los combustibles y los alimentos, alcanzó una variación de un 0.3% respecto al mes de junio. En términos interanuales, la inflación subyacente, que se asocia a la política monetaria, se mantuvo en un 4.96%, que es el límite superior de la meta de inflación. 

El Big Mac y el peso dominicano

[Escrito el 5 de agosto de 2026]

El lunes pasado el doctor Andrés Dauhajre hijo publicó en el periódico El Caribe un interesante artículo sobre el tipo de cambio. En su ensayo, analiza el Índice Big Mac elaborado por la revista The Economist y lo utiliza para cuestionar el nivel actual del tipo de cambio en República Dominicana. 

El Presupuesto General del Estado 2026 había proyectado una tasa promedio de 65.50 pesos por dólar, pero esa estimación no incorporó eventos como el conflicto del Golfo Pérsico ni la necesidad política de subsidiar precios y apreciar el peso para contener el costo político de la inflación petrolera. Como resultado, en los primeros siete meses de 2026 el promedio ha sido de 60.30 pesos por dólar, y en julio se acentuó la apreciación hasta un promedio de 58.58 pesos — es decir, el peso está mucho más fuerte de lo presupuestado, con una apreciación de 7.5% frente a diciembre de 2025.

El doctor Dauhajre utiliza el precio del Big Mac para demostrar que el peso se encuentra sobrevaluado. En 2023-2024 el Big Mac dominicano (sin impuestos) costaba en promedio 4.68 dólares; en julio de 2026 subió a 5.21dólares, señal de que el peso se apreció cerca de 10% en ese período. Haciendo el ejercicio inverso, calcula que para que el Big Mac costara hoy los mismos 4.68 dólares de 2023-2024, la tasa de cambio tendría que ser de 65.17 pesos por dólar. Por eso concluye, que el peso dominicano está sobrevaluado y que hay un baratillo de dólares. 

La caída del yen y el apoyo gringo

[Escrito el 3 de agosto de 2026]

El yen cayó a su nivel más bajo frente al dólar en 40 años, y se colocó en 164 antes de que Washington y Tokio intervinieran conjuntamente el viernes para recomprarlo, algo que no se veía desde 1998. Hoy en la mañana la moneda se recuperó hasta 156, pero sigue la incertidumbre.

La depreciación del yen obedece a varias causas simultáneas. La más estructural es el amplio diferencial de tasas de interés entre Japón y el resto del mundo, que abarata financiarse en yenes e incentiva su venta. A esto se suma la fuga de capitales asiáticos —yen, won coreano, rupia india— hacia Estados Unidos, atraídos por los retornos del boom de inteligencia artificial. La guerra entre Irán y otros actores ha encarecido el petróleo, golpeando con fuerza a Japón como gran importador de energía. Finalmente, persisten dudas de los inversores sobre la política fiscal japonesa, el nivel de deuda y una inflación que repunta.

Estados Unidos apoya el fortalecimiento del yen por intereses propios, no solo por solidaridad con Japón. Primero, el yen es la principal moneda de financiamiento del "carry trade" global: los inversores piden prestado en yenes baratos para invertir en activos de mayor rendimiento. Una caída desordenada podría desatar una estampida de ese carry trade y contagiar a los mercados financieros mundiales. Segundo, si Japón —el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense— vendiera bonos del Tesoro para defender su moneda, presionaría al alza los rendimientos y las tasas de interés estadounidenses, que ya están muy presionadas por preocupaciones fiscales y la incertidumbre sobre la Reserva Federal. Por último, un yen débil encarece para las empresas japonesas el financiamiento de los 550 mil millones de dólares de inversión en Estados Unidos, pactados en 2025, lo cual es una prioridad de Donald Trump. 

lunes, 3 de agosto de 2026

Un gobernador acorralado

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 3 de agosto de 2026.]

Durante la reunión de política monetaria de la semana pasada, la máxima autoridad del banco central enfrentó una presión inusual dentro de su propio comité. Algunos miembros discreparon de sus planteamientos y votaron a favor de un aumento de 25 puntos básicos de la tasa de referencia, un ajuste que entienden necesario para frenar una inflación que continúa muy por encima de la meta anual.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), anunció el pasado miércoles que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) había optado por mantener la tasa de política monetaria en el rango del 3.5% al 3.75%. La decisión no sorprendió a nadie, puesto que el mercado ya anticipaba que se mantendría sin cambios en la reunión de julio, aun cuando algunos miembros —considerados halcones monetarios— abogaban por una postura más restrictiva. 

La sorpresa se produjo por las declaraciones de Warsh en la rueda de prensa vespertina tras la reunión del FOMC. En esa comparecencia no se ofreció una explicación convincente sobre los motivos de mantener sin cambios la tasa de política. Apenas se insinuó que el aumento de la tasa de interés de referencia podría ser innecesario debido a la reciente subida de los rendimientos de los bonos, pues, al encarecer el endeudamiento, se reducirían la demanda agregada y el ritmo de variación de los precios. 

Ese razonamiento presenta una falla. Si el repunte de los rendimientos obedeciera a una genuina restricción monetaria, supondría una buena noticia para enfrentar la inflación. Sin embargo, el mismo comportamiento también puede reflejar que el mercado exige una prima mayor por inflación futura ante la idea de que la Fed carece de un compromiso férreo para contener la inflación, ya que esta permanece desde marzo de 2021 por encima de la meta del 2%. En consecuencia, mientras la Fed no envíe, mediante su tasa de política, un mensaje contundente de que está dispuesta a luchar con firmeza y en un plazo breve por la estabilidad de precios, resultará muy difícil alcanzar ese objetivo.

El argumento anterior cobra mayor relevancia al tomar en cuenta que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, se situó en un 3.7% interanual a junio, un nivel muy por encima de la meta. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en el 3.3%.

Los citados registros de inflación son más preocupantes si se considera el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, según el cual la economía estadounidense —impulsada por el auge de la inversión en IA y por el alza de la riqueza financiera que sostiene el consumo privado— crecerá un 2.3% en 2026, con una tasa de desocupación cercana al 4.2%, un nivel casi de pleno empleo. Ante ese panorama de crecimiento robusto, mercado laboral ajustado e inflación muy por encima de la meta, todo apunta a que el mensaje de Warsh debió ser más restrictivo. Por ello resulta comprensible que tres de los doce miembros del FOMC hayan votado a favor de un aumento de 25 puntos básicos de la tasa de interés.

Los presidentes Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) y Lorie Logan (Dallas) sostienen que la persistencia de la inflación justifica el aumento de las tasas de interés antes de que sea demasiado tarde y costoso. En particular, Kashkari se muestra dispuesto a apoyar no solo uno, sino varios ajustes de la tasa de interés con el fin de evitar que la inflación se afiance con más intensidad. Incluso señala que “la política monetaria tiene un rol importante para abordar una serie de sucesivos choques de oferta que podrían conducir a una inflación arraigada.” Asimismo, Hammack afirma que los incrementos de precios continuarán a menos que la Fed inicie su apriete monetario. Logan, a su vez, tras reconocer que cada mes de inflación por encima del objetivo erosiona el bienestar de las familias estadounidenses, advierte que “una acción modesta a corto plazo reduciría la probabilidad de que sea necesario tomar medidas contundentes más adelante.” 

A la fecha, el mercado prevé con una probabilidad de un 66% que el FOMC autorice en septiembre un aumento de 25 puntos básicos, lo cual sugiere que el número de partidarios a favor del ajuste lograría la mayoría necesaria para aprobarlo. El mercado asigna, además, una probabilidad de un 58% a que en enero de 2027 se realice otro incremento de magnitud similar. Si la cotización del crudo vuelve a superar los 100 dólares por barril y los precios de sus derivados exhiben una trayectoria similar, aumentará la probabilidad de que en septiembre se inicie el ciclo de incrementos de la tasa de política.

El error de Warsh, al desconectar su discurso de la acción que se requiere para frenar la variación de precios, provocó un incremento importante en las tasas de rendimiento de los títulos del Tesoro de largo plazo. Ese salto ocurrió después de la rueda de prensa, lo cual revela que no se trata de un endurecimiento genuino de las condiciones financieras, sino de una mayor compensación que exige el mercado ante la falta de resolución de la Fed para controlar la inflación. En otras palabras, el mercado prevé que la inflación se mantendrá alta y lejos de la meta por más tiempo de lo necesario. La tasa de interés de los títulos del Tesoro con vencimiento a 30 años subió a un 5.28% —el nivel más elevado en casi veinte años— y la tasa de rendimiento de las Notas a 10 años superó el 4.74%.

La evidencia empírica rigurosa y la teoría económica sólida terminan por acorralar y someter a la obediencia a los gobernadores de bancos centrales que se distancian excesivamente de la regla de política monetaria óptima. La corrección de rumbo —en este caso, hacia un territorio más restrictivo— es fundamental para fortalecer la credibilidad del organismo emisor y mantener el anclaje de las expectativas de inflación. De lo contrario, la sociedad paga el costo de la ineficiencia con la pérdida de su poder adquisitivo y el deterioro de su bienestar. 

Un Banco Central divorciado

[Escrito el 31 de julio de 2026]

El análisis de la decisión del Banco Central de mantener la tasa de política en 5.25% permite concluir que su principal instrumento de política no refleja las condiciones reales del mercado monetario. 

Dado que la tasa real neutral se estima en 1.5% y la inflación esperada a doce meses es 4.6%, la tasa neutral nominal se ubica en 6.1%. Esto significa que la tasa de política está 85 puntos básicos por debajo de la neutral; es decir, la postura de política monetaria, en términos de la señal de la tasa de referencia, es técnicamente expansiva, no neutral ni restrictiva.

Ese resultado contrasta con lo que ha ocurrido en el mercado. Entre diciembre de 2025 y julio de este año, la tasa interbancaria subió 72 puntos básicos hasta 7.78%. Asimismo, la tasa de interés pasiva subió 123 puntos básicos y se colocó en 7.31%. Ello significa que, mientras la autoridad monetaria mantiene una señal expansiva, el mercado opera en condiciones de liquidez más restrictivas.

Es posible que las brechas entre la tasa de política y las del mercado reflejen presiones de liquidez bancaria, expectativas de depreciación del tipo de cambio, o desconfianza del mercado en que la inflación converja a la meta, lo cual llevaría a los agentes a exigir primas más altas independientemente de la señal del Banco Central. Ante esa realidad, el Banco Central debe tomar medidas de liquidez, mediante la acumulación de reservas internacionales netas, que hagan compatible las tasas de mercado con señal de la tasa de referencia.   

La Fed apretará en septiembre

[Escrito el 28 de julio de 2026] 

El Comité Federal de Operaciones de Mercado de la Reserva Federal se reúne esta semana para decidir si sube o no la tasa de interés de política monetaria. Según lo previsto por el mercado, lo más probable es que, a pesar de los recientes movimientos de los precios de los combustibles, en esta reunión de julio la tasa de referencia se mantenga dentro del rango actual que va del 3.50% al 3.75%.

En septiembre, sin embargo, se prevé, con una probabilidad de un 56%, que la Reserva Federal encabezada por Kevin Wrarsh aumente su tasa de interés en 25 puntos básicos y establezca un nuevo rango del 3.75% al 4%. La persistencia de la inflación, que en junio se situó en un 3.5%, y un mercado laboral que exhibe una tasa de desocupación de un 4.2% —nivel cercano al pleno empleo—, justifican el alza de la tasa de interés de la Fed. 

Por otro lado, la semana pasada el Banco Central Europeo, tal como se había previsto, mantuvo en 2.25% su tasa de referencia. Hay que destacar que en la reunión de política el lenguaje adoptado por las autoridades europeas fue restrictivo, dada la mayor incertidumbre asociada con la escalada del precio del crudo. A la fecha, el mercado proyecta, con una probabilidad de un 89%, que en septiembre se apruebe un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés del Banco Central Europeo. 

Ese entorno monetario, establecido por los dos principales bancos centrales del mundo, definirá el grado de libertad del Banco Central de la República Dominicana en el último cuatrimestre de 2026. Tomen nota. 

Los combustibles reaccionan a los cañonazos

[Escrito el 27 de julio de 2026]

El precio del petróleo registró una significativa caída, después de que Estados Unidos e Irán suspendieran sus ataques mutuos tras dos semanas de escalada en torno al estrecho de Ormuz. Durante la mañana, el precio del crudo Brent retrocedió un 8%, hasta el entorno de los 89 dólares por barril, nivel mucho menor que los 100 dólares alcanzados la semana pasada. Por su parte, el precio del crudo WTI cayó más de un 6% y se situó en menos de 84 dólares. 

La reacción del mercado refleja el alivio inmediato ante la pausa militar. Estados Unidos ha suspendido sus ataques aéreos e Irán no ha atacado bases estadounidenses desde el viernes, mientras mediadores internacionales continúan las negociaciones. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, señaló que Trump está "dando espacio" a las conversaciones antes de decidir si reanuda los ataques.

Los expertos advierten que la reducción de precios podría ser más psicológica que estructural. La realidad es que el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial— sigue casi cerrado al tráfico comercial, y que las tensiones entre los hutíes yemeníes y Arabia Saudita añaden un riesgo adicional en el mar Rojo. Una tregua en los combates no significa la normalización del transporte marítimo, por ello, así como bajó el precio del crudo en la mañana, de hoy con la misma intensidad podría subir ante el primer cañonazo.

lunes, 27 de julio de 2026

Contra viento y marea

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 27 de julio de 2026.]

La economía dominicana ha demostrado una gran resiliencia. A pesar de los choques de oferta negativos, alcanzó durante el primer semestre de 2026 una tasa de crecimiento de la actividad productiva de un 4.5%. Según las estimaciones del Banco Central, la economía se expandió un 6.4% en junio, el mayor ritmo de variación interanual desde abril de 2024. De mantener ese impulso, es muy probable que el año cierre con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) superior al 4%, a menos que se acentúen las perturbaciones externas y se cometan errores de política económica. 

El desempeño alcanzado en lo que va de año contrasta con lo ocurrido en 2025. El descenso de la inversión pública a niveles cercanos a su mínimo histórico y la aplicación de una política monetaria zigzagueante —generadora de incertidumbre, excesiva volatilidad y de numerosas oportunidades de arbitraje financiero— explican, en buena medida, el aumento de apenas un 2.1% del PIB durante 2025.

Es obvio que el deprimido punto de partida de la actividad económica del año pasado crea un efecto base que favorece las estimaciones de la tasa de crecimiento del período actual. Por ejemplo, si el PIB hubiese alcanzado en 2025 una expansión de un 4.5%, la variación observada en el primer semestre de 2026 habría sido de un 2.5%. Aun así, es justo reconocer que, pese al conjunto de choques de oferta negativos —precio del petróleo entre 90 y 100 dólares debido a la guerra en Medio Oriente, política arancelaria de Trump y presiones alcistas sobre las tasas de interés internacionales—, el crecimiento económico del presente año ha sido mucho mejor que el del anterior.  

En 2026, la actividad del sector de la construcción, que durante cinco trimestres consecutivos registró caídas significativas, ha vuelto a ser el motor del crecimiento económico. En junio alcanzó una variación interanual de un 14.9%, resultado que explica casi el 30% del aumento del indicador mensual de actividad económica (IMAE). 

La evidencia confirma que las medidas microeconómicas estimulan el crecimiento del PIB. En ese contexto, el dinamismo del sector de la construcción, que acumula durante el primer semestre una variación promedio de un 6.7%, guarda estrecha relación con la mejora de la eficiencia en el otorgamiento de las licencias de construcción. Según las estadísticas del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, en el primer semestre del año se aprobaron 921 licencias, un 80% más que en el mismo período del año anterior. Asimismo, la inversión total correspondiente a los proyectos aprobados se incrementó en un 157%, lo que se tradujo en más de 330 mil millones de pesos. 

El gasto de capital, aunque continúa en niveles muy bajos, también contribuyó al proceso de recuperación del sector. En términos anualizados, durante el primer semestre de 2026 la inversión pública aumentó 0.3 puntos porcentuales del PIB con respecto al mismo período de 2025 y se situó en el 1.9% del PIB. La construcción de infraestructuras es un complemento fundamental de la inversión privada, puesto que tiene un efecto multiplicador cercano a dos; es decir, por cada peso de gasto de capital se generan alrededor de dos pesos de valor agregado. 

Además de la extraordinaria recuperación del sector de la construcción, los datos del IMAE muestran que otras actividades productivas también alcanzaron durante el primer semestre del año una tasa de crecimiento por encima de la potencial de un 5%. Entre ellas destacan las siguientes variaciones: minería, 11.3%; hoteles, bares y restaurantes, 5.8%; transporte y almacenamiento, 5.1%; y servicios financieros, 7.5%. 

Cuatro sectores presentan, sin embargo, un amplio margen de mejora. El comercio, principal empleador de la República Dominicana —el 20% de la población ocupada trabaja en esa actividad—, apenas se expandió un 2.2%. El valor agregado del sector agropecuario subió un 2.4%, cifra inferior a su promedio, con el agravante de que la variación relativa interanual de su índice de precios se encuentra en un 7%. Por su parte, la manufactura de zonas francas creció un 2.6%, mientras que la manufactura local lo hizo un 3.3%. 

Ante la compleja coyuntura económica internacional, resulta imprescindible que las autoridades monetarias y fiscales eviten incurrir en errores de política. El reto consiste en preservar la estabilidad macroeconómica mediante la adopción de políticas consistentes con el anclaje de las expectativas de inflación y compatibles con la restricción presupuestaria de las finanzas públicas. Ese marco constituye una condición necesaria para que el sector privado pueda seguir expandiendo su actividad productiva de manera sostenida. 

Las autoridades monetarias deben revisar su política cambiaria actual. La apreciación de un 7.6% del peso frente al dólar, promovida por el Banco Central en los primeros siete meses del año, ha provocado la pérdida de competitividad de las actividades productivas nacionales y ha incentivado las importaciones. El turismo, las zonas francas, los exportadores tradicionales y las familias que reciben remesas del exterior son los principales perjudicados, pues por cada dólar ingresado perciben una menor cantidad de pesos. En contraste, el gobierno se convierte en el gran beneficiado de la apreciación del peso, ya que se reduce el monto en pesos del servicio de la deuda externa y disminuye la suma requerida para subsidiar los combustibles y la tarifa de electricidad. Todo ello significa que la política cambiaria aplicada durante lo que va de año ha operado como un impuesto a los sectores generadores de divisas, con el consiguiente deterioro de su capacidad de generar empleos. 

Los efectos de la excesiva apreciación del peso se agravarán con el nuevo arancel de un 12.5% impuesto por Estados Unidos a la mayor parte de las exportaciones de bienes dominicanos. Ante tales condiciones adversas, es indispensable que las autoridades monetarias evalúen con objetividad y rigor las consecuencias negativas de mantener un tipo de cambio sobrevaluado que presenta características propias de una burbuja financiera. Mientras el dólar se cotiza en torno a los 58 pesos, los modelos econométricos arrojan que el tipo de cambio debió situarse en junio alrededor de los 66 pesos por dólar. En consecuencia, conviene recordar al Banco Central que es preferible desinflar una burbuja antes que estalle, en especial, cuando se navega contra viento y marea.

El petróleo arremete de nuevo

[Escrito el 23 de julio de 2026] 

La tensión en el Medio Oriente vuelve a indicar que, en el mercado energético global, las rutas marítimas son tan determinantes como los pozos de petróleo. La ruta del estrecho de Bab al‑Mandab, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, es amenazada por los ataques de los rebeldes hutíes, cuyo desenlace sería un golpe directo a la disponibilidad global de crudo. Frente a esa posibilidad, el presidente Trump amenazó con destruir infraestructura crítica iraní. 

Arabia Saudita envía alrededor de 5 millones de barriles diarios de combustibles crudos y refinados desde el puerto de Yanbu en el mar Rojo hacia Asia, y la mitad de ese flujo depende del estrecho ahora en riesgo. Los ataques a los supertanqueros Encelia y Layla elevaron el precio del Brent por encima de los 100 dólares y obligaron a los barcos a virar hacia el norte, buscando el canal de Suez como ruta alternativa. Ese desvío añade cuatro semanas al trayecto y un costo adicional de 1.6 millones de dólares en combustible por supertanquero.

La consecuencia inmediata es un mercado nervioso, con analistas advirtiendo que un cierre sostenido podría empujar la producción saudí por debajo de 6 millones de barriles diarios, la mitad de su capacidad. 

El mercado bursátil reaccionó a la baja. El índice Dow retrocedió 1%, el S&P 500 disminuyó 1.2% y el Nasdaq cayó 2.2%. Mientras, la tasa de rendimiento de las Notas del Tesoro a 10 años subió a un 4.7%, el mayor nivel en un año. 

Para países importadores netos de combustibles, como la República Dominicana, la escalada del precio del petróleo significa un deterioro de las cuentas externas y de las finanzas públicas, un resultado que dificulta el trabajo de las autoridades para mantener la estabilidad macroeconómica. 

El BCE apretará en septiembre

[Escrito el 21 de julio de 2026] 

El Banco Central Europeo, tras subir la tasa de interés de referencia en junio como respuesta al shock petrolero de la guerra de Irán, no apretará más durante el resto del verano. Los mercados proyectan con una probabilidad de un 92% que en la reunión del 22 de julio la tasa de interés de política se quede inalterada en un 2.25%. La inflación interanual cedió hasta el 2.8% en junio, ayudada por el acuerdo entre Washington y Teherán que redujo los precios de la energía. 

Para septiembre se espera otra decisión. En una encuesta de Bloomberg entre 74 economistas, realizada entre el 13 y el 16 de julio, cerca del 70% prevé una subida adicional antes de fin de año, probablemente en septiembre, que llevaría la tasa de referencia a un 2.50%. En particular, el mercado estima en un 79% la probabilidad de que ocurra un alza de 25 puntos básicos en dicha reunión. 

El problema con ese próximo apriete monetario es el elevado riesgo de estanflación: crecimiento débil, desempleo alto e inflación persistente a la vez. Ese resultado es el dilema que Christine Lagarde enfrentará en la próxima rueda de prensa: mantener un tono cauteloso por la posible recesión sin cerrar la puerta del apriete de septiembre si la inflación vuelva a subir. La decisión dependerá, otra vez, del comportamiento del precio del petróleo, ya que la reactivación de las hostilidades en el estrecho de Ormuz ha incrementado su precio alrededor de un 20% y ello subirá de nuevo los precios de bienes y servicios, lo que hará más difícil el trabajo del Banco Central Europeo. 

lunes, 20 de julio de 2026

El duelo óptimo

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 20 de julio de 2026]

Hasta principios del siglo XX, el duelo ¬—enfrentamiento entre dos personas con espada o pistola— se consideraba la única forma de restaurar el honor o la reputación. Por lo general, involucraba a militares, aristócratas, políticos o periodistas y se llevaba a cabo conforme a un código de honor, en presencia de padrinos y médicos. Las causas más comunes del duelo eran los insultos, las calumnias o la difamación. Asimismo, las acusaciones de cobardía, deshonestidad o infidelidad terminaban a menudo en un enfrentamiento, el cual podía ser a muerte o a “primera sangre.” 

Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y primer secretario del Tesoro, murió en un duelo con armas de fuego en 1804. El artífice del sistema financiero y organizador de las finanzas públicas se batió contra el entonces vicepresidente, Aaron Burr, en Weehawken, Nueva Jersey. El motivo del desafío fue el comentario despectivo de Hamilton sobre el carácter de Burr.  

Évariste Galois, el brillante matemático francés, murió en 1832, con apenas 20 años, tras batirse en un duelo en las afueras de París. Se desconoce la causa exacta del enfrentamiento. Algunos historiadores apuntan a un asunto amoroso; otros, a motivos políticos. La noche anterior al lance, convencido de que moriría, Galois escribió una carta a su amigo Auguste Chevalier en la que exponía los fundamentos matemáticos que hoy constituyen la teoría de Galois, base del álgebra abstracta moderna.  

La muerte de personas extraordinarias, como Hamilton y Galois, confirma que el duelo es una solución subóptima para resarcir el daño y restaurar el prestigio personal. Por ello, el fortalecimiento del Estado de derecho ha ido estableciendo sanciones civiles y penales contra la difamación, la injuria o la calumnia, con el fin de ofrecer una vía legal que repare el honor. 

El Estado, mediante las instituciones que lo conforman, tiene la obligación de proteger la libertad, definir y preservar los derechos de propiedad, arbitrar las disputas sobre las interpretaciones de las leyes y regulaciones, hacer cumplir los contratos y fomentar la competencia. De la misma manera, debe garantizar, como condición previa a cualquier sanción, que la verdad no resulte punible y que la crítica a figuras públicas en ejercicio de sus funciones goce de un umbral de protección mayor que la que se aplica a un ciudadano particular. 

En ese contexto, el mecanismo ideal para resolver los conflictos derivados de la difamación o la injuria es aquel que maximice el bienestar social, incluido el de la persona ofendida. Alcanzar ese objetivo implica además minimizar tres costos: el perjuicio en sí mismo; el costo de la sobredisuasión, que se traduce en prisión innecesaria y en una posible coacción a la libertad de expresión; y la carga administrativa del sistema responsable de establecer si existió o no la intención de hacer daño y si se deriva de ello una sanción. 

El primer paso consiste en determinar el valor de la reputación y del honor, que es propiedad inherente de toda persona —como “patrimonio del alma” lo definió el dramaturgo Calderón de la Barca—. Dicho valor, que tiene algunos componentes no observables relacionados con la autoestima y la dignidad, depende en gran parte de la capacidad de generar ingresos, así como de la posición social, profesional o pública previa a la difamación o injuria. El componente no observable debe ser cuantificado con un mínimo indemnizable, lo que garantizaría una compensación adecuada a las personas sin remuneraciones relevantes. Lesionar la buena imagen y la dignidad de un profesional, por ejemplo, de la medicina, cuya retribución depende de la confianza de sus pacientes, suele tener efectos gravísimos. Con las citadas variables económicas, puede estimarse el patrimonio reputacional de cada individuo —se tomaría el mayor monto entre el valor relacionado con los ingresos y el mínimo indemnizable—, de modo que se obtendría la suma impactada por las acciones del difamador.

El perjuicio ocasionado al buen nombre puede ser patrimonial —pérdida de contratos, despido o reducción de clientela— y moral, derivado de la humillación y del estrés emocional sufridos. Su magnitud es una función del valor expuesto, la gravedad de la imputación, el alcance de la difusión de la información difamatoria dolosa —a través de redes sociales, radio, televisión, prensa— y de su repercusión. El perjuicio se agrava cuando se divulgan imágenes íntimas no consentidas o modificadas mediante la inteligencia artificial que menoscaben la dignidad y el decoro de la víctima. 

Una vez cuantificado el daño, corresponde definir el tipo de sanción. La vía civil permite la reparación monetaria, mientras que la penal conduce a la cárcel. La civil resulta la más eficiente y proporcional, ya que posibilitaría una indemnización económica acorde con la magnitud del perjuicio causado. A mayor daño y gravedad de la intención —negligencia o dolo—, más elevada será la cuantía de la compensación. 

La vía civil evitaría el abuso de la capacidad coercitiva del Estado, que podría restringir la libertad de expresión mediante la generalización de las penas de cárcel. No obstante, la sanción penal se justificaría como mecanismo disuasorio frente al problema del infractor insolvente —expuesto por los profesores Gary Becker y Richard Posner (Chicago)—, cuando el difamador carece de recursos para compensar el daño producido. En ese caso, la sentencia podría imponer como alternativa una sanción por un monto en términos del valor presente que el condenado deberá satisfacer con recursos obtenidos durante el resto de su vida laboral, descontados a una tasa de interés de mercado. Cuando la responsabilidad recae en una plataforma o medio de comunicación, su seguro obligatorio garantizaría el pago de la indemnización. 

Un mecanismo que permite resolver pacíficamente un conflicto constituye el equivalente óptimo a los duelos del pasado, relegados hoy a la literatura y al cine. Posibilita la solución del problema con el mínimo costo para la sociedad, dado que evita la pérdida de vidas humanas y traslada la carga monetaria de litigar de mala fe a quien demanda sin fundamento. Ahora bien, para que las sanciones puedan determinarse e imponerse de manera imparcial y óptima, se requieren instituciones judiciales independientes, dotadas de procesos civiles ágiles y eficientes. 

La economía del Mundial de Futbol

[Escrito el 20 de julio de 2026] 

España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer 1-0 a Argentina en la gran final disputada el 19 de julio en Estados Unidos. El partido, cerrado y tenso durante los noventa minutos reglamentarios, se definió en la prórroga con un gol de Ferran Torres en el minuto 106, que desató la locura de la afición española y selló la segunda estrella de "La Roja" tras Sudáfrica 2010. 

El Mundial 2026 no solo dejó gloria deportiva: también se perfila como el más rentable de la historia, con un monto total cercano a los 40 mil millones de dólares. Según Bloomberg, la FIFA recaudaría cerca de nueve mil millones de dólares en ingresos por esta edición, más de un 40% por encima del récord de 6,314 millones logrado en Catar 2022. Ese resultado estuvo impulsado por la expansión a 48 selecciones y 16 sedes, lo que produjo un extraordinario incremento en derechos de televisión y patrocinios.

Bank of America estima que el torneo dejará unos 20,000 millones de dólares en la economía estadounidense, gracias al gasto en turismo, hotelería, gastronomía y comercio minorista en las ciudades sede. Para México, país coanfitrión, el beneficio superó los 2,500 millones de dólares. En general, las ciudades anfitrionas de partidos de futbol registraron tasas de crecimiento superiores a otras ciudades.

En definitiva, este ha sido un Mundial de futbol histórico en lo deportivo y en lo financiero, con beneficios extraordinarios para la FIFA y las economías locales.

jueves, 16 de julio de 2026

Baja la inflación en Estados Unidos

[Comentario Noti 14 de julio de 2026]

En Estados Unidos, la tasa de inflación interanual a junio, medida por el cambio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), bajó y se colocó en un 3.5%. Respecto al mes anterior, la variación del IPC fue de un -0.4%, comportamiento explicado por el retroceso de 5.7% registrado en el grupo de energía, dentro del cual destaca el descenso de 9.7% en el precio de la gasolina. 

Por otro lado, la tasa de inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos y de la energía, arrojó un 2.6% en términos interanuales. Respecto al mes anterior, el IPC subyacente no mostró ningún cambio. 

Los resultados anteriores sugieren que, a pesar de la fuerte baja en el precio de los combustibles observada en junio, la inflación sigue muy por encima de la meta del 2%. 

Todo ello sugiere que se mantendrá la predicción de los agentes económicos quienes piensan que antes de fin de año la Reserva Federal aumentará su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta colocarla entre el 3.75% y el 4%.  En ese contexto, cabe destacar que, Kevin Warsh, presidente de la Fed, ha reconocido que el Comité Federal de Mercado Abierto “no tiene tolerancia a una inflación persistentemente elevada” y que, por tanto, adoptará las medidas adecuadas que permitan su reducción.  

La reforma del banco central

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 13 de julio de 2026]

Thomas Sargent, premio Nobel de Economía, demostró que la credibilidad de los bancos centrales resulta clave para alcanzar y sostener la estabilidad de precios. De acuerdo con el profesor de la Universidad de Nueva York (NYU), la independencia del banco central debe ser real y permanente, basada en reglas y compromisos sostenibles, con el fin de que pueda operar como ancla nominal. A partir del estudio de las hiperinflaciones de Alemania, Austria, Hungría, y Polonia registradas en los años veinte del siglo pasado, Sargent confirmó que fue necesario implementar un conjunto de reformas institucionales que permitieron el cambio de régimen de política económica, lo que modificó y ancló las expectativas de inflación.  

Sargent y Neil Wallace (Penn State) desarrollaron la idea de que la disciplina fiscal constituye una condición indispensable para que el banco central controle la inflación. Si el valor presente de los superávits primarios futuros es inferior al monto de la deuda pública, los agentes racionales prevén que, tarde o temprano, dicha deuda se pagará mediante emisión monetaria, evento incompatible con el control de la inflación. Por ello, los bancos centrales deben comprometerse con firmeza a no financiar al gobierno, ya sea directa o subrepticiamente. Con el fin de asegurar la credibilidad de ese compromiso y de facilitar a la población el acceso a información fidedigna, se requiere que exista por parte de las autoridades una política de máxima transparencia de sus actuaciones.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), está dispuesto a implementar un proceso de reforma de la institución que dirige con el propósito de reforzar su credibilidad y capacidad de situar la inflación en la meta del 2%. Para llevar a cabo ese cambio estructural, el pasado 9 de julio anunció los nombres de los coordinadores de los cinco grupos de trabajo encargados de conducir la reforma del banco central estadounidense. 

El primer grupo se centrará en comunicaciones. Los responsables son: Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra; Peter Fisher, exfuncionario de la Fed de Nueva York y profesor de Economía en la Universidad de Washington; y Arminio Fraga, exgobernador del Banco Central de Brasil. Su misión consiste en promover una comunicación del banco central que, en un entorno caracterizado por la elevada volatilidad, sea independiente, transparente y creíble, de modo que contribuya al anclaje de las expectativas. En particular, King, experto en la incertidumbre radical, sostiene que la imposibilidad de predecir con exactitud convierte la orientación futura (“forward guidance”) basada en el gráfico de puntos (“dot plot”) en una promesa difícil de sostener, pues “la inflación no se mantendrá baja solo porque el banco central diga que así será.” La credibilidad se gana con acciones monetarias verificables y consistentes con la meta de inflación que se desprendan de una función de reacción conocida, no con medidas de política arbitrarias, inesperadas y zigzagueantes, acompañadas de una narrativa incoherente que intente manipular las expectativas mediante el anuncio de predicciones difíciles de justificar. 

Los profesores Raghuram Rajan (Universidad de Chicago), Jeremy Stein y Karen Dynan (Universidad de Harvard), estarán a cargo de examinar los costos, beneficios e implicaciones institucionales del balance general de la Fed. Rajan, exgobernador del Banco de la Reserva de la India, ha criticado con dureza la política de flexibilización monetaria aplicada en diversas ocasiones desde 2008, porque ha creado una excesiva vulnerabilidad y dependencia del sistema financiero de esa liquidez. Dicha política ha colocado en 3.1 billones de dólares el nivel de reservas bancarias depositadas en la Fed y ha elevado el grado exposición de la banca al riesgo de liquidez de los depósitos de los agentes económicos. El objetivo del grupo de trabajo es el diseño de un marco analítico riguroso que permita la reducción del voluminoso balance de la Fed, sin provocar estrés de liquidez que lleve al colapso del valor de mercado de los títulos del Tesoro y desencadene una severa crisis financiera.

La mejora de la calidad y disponibilidad de los datos sobre la economía utilizados por la Fed en la toma de decisiones recaerá sobre los profesores Raj Chetty (Harvard), Kevin Murphy (Chicago), y Doug McMillon (expresidente de Walmart). Chetty, creador de un sistema de seguimiento de datos de consumo, ingresos y empleo del sector privado, contribuirá a que se incorporen nuevas tecnologías que permitan comprender con rapidez lo que sucede en la economía mediante el uso de datos de alta frecuencia, como los generados por empresas como Walmart. Se espera que Murphy aporte metodologías rigurosas de análisis desagregados, idóneas para capturar la heterogeneidad del mercado laboral y de los precios. 

El análisis del impacto económico de la inteligencia artificial (IA) —sobre la innovación, la productividad y el empleo—, que se incorporará en el proceso de toma de decisiones de política monetaria, lo llevará a cabo el profesor Chad Jones (Stanford), vinculado en la actualidad a Anthropic. El grupo contará también con Asha Sharma, la CEO de Xbox/Microsoft Gaming, y con Marc Andreessen, promotor de la economía de mercado y experto en la influencia de la tecnología sobre la productividad. 

Con el fin de analizar el marco de política que la Fed utiliza para entender y responder a los factores que impulsan la variación de los precios, se seleccionó a los profesores Thomas Sargent (NYU), Greg Mankiw (Harvard) y a William White, ex funcionario del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Con este quinto y último grupo se completa un cuadro coherente: Sargent aporta el marco de credibilidad y régimen fiscal-monetario; Mankiw incorpora rigor macroeconómico y un amplio conocimiento sobre reglas y comunicación; y White aporta la experiencia de haber advertido, con mucho tiempo de anticipación a la crisis de 2008, que ignorar los ciclos financieros y de crédito —y solo concentrarse en el objetivo de inflación— constituye un error que puede desembocar en una severa crisis económica.  

En síntesis, la composición de cada grupo de trabajo sugiere que el objetivo de Warsh es la adopción de medidas destinadas a fortalecer la credibilidad institucional de la Fed, condición indispensable para anclar las expectativas de inflación de forma rápida y duradera. 

Reparto versus capitalización

[Escrtio el 10 de julio de 2026]

Olivier Blanchard, profesor emérito de Economía del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), comentó recientemente sobre la propuesta de varios candidatos a la presidencia de Francia de establecer un sistema de pensiones basado en la capitalización individual.

De acuerdo con Blanchard, habría sido prudente establecer en 1945 un sistema que combinara el de reparto —actualmente quebrado— con uno de capitalización, lo que hubiese hecho “más resiliente” el sistema de pensiones debido a la capacidad de generar un gran volumen de ahorro. El profesor afirma que introducir la capitalización individual ahora no resolverá el déficit del sistema de reparto, “a menos que se acompañe de una reducción de los compromisos adquiridos con los trabajadores y jubilados.” Ello implica que el sistema de reparto no podrá cumplir con lo prometido.

La opinión del profesor Blanchard es consistente con la posición que defendí en una reunión celebrada en 1997 en el Palacio Nacional con el presidente Leonel Fernández y Rafael Alburquerque, para ese entonces secretario de Estado de Trabajo. Este último, utilizó argumentos del profesor Carmelo Mesa Lago para defender el sistema de reparto como el más recomendable para la República Dominicana. En contraste, después de demostrarle que los sistemas de reparto no son financieramente sostenibles, propuse que se estableciera en el país un sistema de capitalización individual. 

En 2001, se aprobó la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social e incorporó un régimen de pensiones basado en la capitalización individual. Dicho sistema es financieramente sostenible y ha creado un volumen de ahorro que favorece el crecimiento económico del país. No obstante, después de veinticinco años se requieren reformas. En particular, aquellas que aumenten los aportes a las cuentas individuales, reduzcan la informalidad y pongan en marcha de forma eficiente el componente solidario del sistema. Una buena reforma se traduciría en una mayor pensión para todos los trabajadores dominicanos.

Un acuerdo de paz inestable

[Escrito el 9 de julio de 2026]

El presidente Donald Trump ha mostrado su interés por alcanzar un acuerdo de paz con Irán. El objetivo del primer mandatario es lograr que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Ormuz y que los precios del crudo y sus derivados se reduzcan a niveles compatibles con un buen desempeño en las elecciones de noviembre. 

El acuerdo preliminar de cese al fuego constituye un equilibrio inestable. Irán desea mantener su programa nuclear y, al mismo tiempo, quiere exigir el pago de un peaje a los barcos que transitan por el estrecho. Ambos puntos son elementos que Estados Unidos no acepta. Por ello, se han registrado ataques y contra ataques que dificultan el trabajo de los mediadores. 

La situación escaló el miércoles 8 de julio. Trump autorizó un ataque de mayor envergadura contra instalaciones militares iraníes y declaró que el acuerdo de cese al fuego había terminado. La reacción del mercado de combustibles fue inmediata. En pocas horas, el precio del crudo WTI subió de poco más de 70 dólares a casi 76 dólares por barril, para luego cerrar en el entorno de los 74 dólares. 

Hoy jueves, Estados Unidos bombardeó de nuevo a Irán con el fin de reducir su capacidad de atacar los cargueros que transitan por el estrecho de Ormuz. La guardia revolucionaria iraní respondió con el envió de misiles y drones en contra de bases militares estadounidenses localizadas en la región. Los precios de los combustibles registraron más volatilidad, en perjuicio de los países importadores netos de dichos productos como la República Dominicana. 

Banco Central mantiene su tasa de interés

[Comentario Noti 8 de julio de 2026]

El Banco Central decidió en su reunión de política monetaria de junio mantener en 5.25% su tasa de interés de referencia. Según las autoridades monetarias dominicanas, esa tasa de interés se encuentra en territorio neutral y, por ello, asegura que la inflación se mantenga bajo control sin presionar a la baja la actividad productiva. 

La tasa de inflación interanual, medida por la variación del índice de precios general, alcanzó en mayo un 5.35%. Ese nivel está por encima del límite superior de la meta de inflación definida por el rango que va del 3% al 5%. Mientras, la tasa de inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles, fue de un 4.86%. Se prevé que en los meses de junio y julio la inflación suba un poco más debido a la fuerza inercial que exhibe la trayectoria de los precios. 

Al tomar en cuenta que, de acuerdo con los propios cálculos del Banco Central, la tasa de interés real neutral es igual a un 1.5% y que la expectativa de inflación para los próximos doce meses es de un 4.5%, se puede afirmar que la tasa de interés de política monetaria debería colocarse en un 6%. Ello implica que es probable que, a menos que se registre un descenso de la variación de los precios en los próximos meses, las autoridades decidan subir la tasa de interés de referencia y tomar medidas que aprieten la disponibilidad de liquidez antes de fin de año. 

lunes, 6 de julio de 2026

Luces y sombras de la IA

[Frente al Statu Quo. Publicado en Dario Libre el 6 de julio de 2026.\

La liquidez excesiva facilita el nacimiento, desarrollo y persistencia de las burbujas financieras. A partir del primer trimestre de 2020, el balance de la Reserva Federal (Fed) experimentó un crecimiento exponencial impulsado por la compra masiva de títulos del Tesoro y de valores respaldados por hipotecas. Ello se tradujo en un vertiginoso aumento del dinero en circulación y de las reservas de los bancos depositadas en la Fed. En términos precisos, el monto de dichas reservas se colocó en marzo de 2020 en 1.657 billones (millones de millones) de dólares y se situó en casi 3 billones de dólares el 1 de julio de 2026. La abundancia de liquidez propicia que los agentes económicos realicen inversiones o especulen con instrumentos financieros, lo que empuja al alza su precio más allá de lo compatible con su valor fundamental. 

Los principales índices bursátiles registraron un extraordinario desempeño en el segundo trimestre del año, a pesar de las turbulencias creadas por la guerra en Medio Oriente. El Dow Jones se incrementó en un 12.9%, el S&P 500 subió un 14.9% y el Nasdaq escaló hasta un 21.4%. Cabe destacar que, aun cuando la liquidez ha propiciado desde el año 2020 un aumento de los precios del oro, las criptomonedas y los contratos a futuros de petróleo, son las empresas vinculadas con la inteligencia artificial (IA) las que explican el mayor avance de dichos índices. 

La IA posee las características de una tecnología de propósito general: alcance transversal y aplicaciones en muchas actividades productivas y de consumo. Asimismo, estimula la creación de nuevas tecnologías, productos, procesos y modelos de negocios que elevan la productividad y el bienestar. 

Los inversionistas se muestran optimistas respecto del impacto de la IA sobre la economía. La expectativa de ganancias futuras derivadas de su implementación ha generado una inversión masiva en la construcción de centros de procesamiento de datos. Ello se ha traducido en mayor demanda de chips, semiconductores, generadores de electricidad y servicios de construcción, entre otros elementos necesarios para la oferta de la infraestructura utilizada en el entrenamiento y ejecución de los modelos de IA. 

Dada la oferta, el incremento de la demanda de todo lo relacionado con los modelos de IA ha impulsado los beneficios —actuales y proyectados— de las empresas suplidoras de los citados bienes y servicios. El resultado ha sido un vertiginoso aumento del precio de las acciones. Nvidia, un fabricante de chips de procesamiento que hasta hace poco se especializaba en tarjetas de videojuegos y cuyo precio en marzo de 2020 era de apenas 6.59 dólares por acción, tiene en la actualidad un nivel de capitalización de 4.7 billones de dólares, con un precio de 194.83 dólares por acción. Otro caso digno de mención es Micron Technology, una empresa de semiconductores, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de chips de memoria y almacenamiento de datos. En marzo de 2020, el precio de su acción era de 42.06 dólares, mientras que en los últimos doce meses ha subido más de un 700% hasta alcanzar los 975.56 dólares.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, sostiene que la IA generará una subida significativa de la productividad, lo que será una fuerza desinflacionaria por el lado de la oferta, consistente con tasas de interés de equilibrio más bajas. El resultado configuraría un entorno favorable a la inversión y revaloración de las acciones. Sin embargo, algunos expertos consideran que, al menos en el corto plazo, el elevado gasto de capital requerido para la implementación de la IA presionará al alza la inflación. 

Por otro lado, la IA podría afectar al empleo de quienes suplen algunas tareas específicas. En una reciente entrevista en Goldman Sachs Exchange, Daron Acemoglu, profesor del MIT y premio Nobel de Economía, afirmó que es probable que en el corto plazo la IA impacte en las tareas cognitivas rutinarias, como la programación de software. Dicho efecto podría intensificarse en el largo plazo, especialmente si la IA se integra con la robótica, puesto que perjudicaría la demanda de tareas físicas.

La historia muestra que, tarde o temprano, todas las burbujas financieras se desinflan. La originada por la IA puede hacerlo por varios motivos. La pregunta clave es si las ventas y beneficios que justifican el precio actual de esas acciones se mantendrán. La respuesta depende del desempeño económico de las grandes empresas de infraestructura que operan los centros de datos masivos. Algunos analistas expresan dudas acerca de la capacidad de tales empresas, así como de las que desarrollan los modelos de IA generativa —OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude)— para producir el flujo de efectivo que recupere de manera rentable los miles de millones de dólares de gasto de capital que han estado ejecutando. 

Otro aspecto relevante es la influencia de la IA sobre las transacciones financieras. Sarah Breeden, vicegobernadora del Banco de Inglaterra, señaló en la conferencia del Banco Central Europeo, celebrada la semana pasada en Sintra (Portugal), que la IA está transformando las finanzas a gran velocidad. La funcionaria propuso mecanismos destinados a impedir que los agentes autónomos de “trading algorítmico” —los que se apoyan en modelos de aprendizaje por refuerzo— comprometan la estabilidad financiera al facilitar el comportamiento de manada. Un entorno en que los precios de las acciones comiencen a caer podría desencadenar una ola de ventas masivas, dado que los modelos piensan de forma parecida, pues están entrenados con datos similares y aprenden con la misma metodología, lo que provocaría el colapso de los precios de los valores financieros. Por esta razón, Breeden considera que los sistemas de IA utilizados para realizar operaciones de compra y venta de títulos financieros de forma autónoma deberían incorporar un “interruptor de apagado” como medida de seguridad que evite el caos en los mercados bursátiles.

En fin, la IA ofrece luces y sombras, oportunidades y riesgos. El desafío consiste en potenciar el capital humano hasta un nivel capaz de aprovechar los beneficios de la IA, al tiempo que se adoptan las medidas oportunas que minimicen los riesgos sistémicos, de modo que la euforia bursátil de hoy no se convierta mañana en una costosa factura social.

Las víctimas de las criptomonedas

[Escrito el 1 de julio de 2026]

Desde el tercer trimestre del año pasado, los inversionistas en criptomonedas han perdido centenares de millones de dólares. Hay dos casos de inversionistas institucionales, cuyas acciones están respaldadas por la acumulación de criptoactivos, dignos de mención. 

Pulsar Group, con sede en Abu Dabi, y Ark Invest, dirigido por Cathie Wood, invirtieron el año pasado 300 millones de dólares en acciones de la firma Solmate especializada en la compra y acumulación del cripto token Solana. El estrepitoso descenso del precio de Solana, típico comportamiento de una burbuja que se desinfla, ha provocado que el precio de la acción de Solmate perdiera un 98% de su valor, al pasar de 249 dólares a solo 5 dólares. Los propietarios de Pulsar Group y Ark Invest sufrirán grandes pérdidas por estar apostando a un activo cuyo valor fundamental es cercano a cero. 

Algo similar le pasa a la empresa Strategy -en el pasado MicroStrategy-, creada por Michael Saylor, y que se ha dedicado a realizar emisión de acciones preferidas y bonos con el objetivo de acaparar bitcoins. A inicios de junio, esa entidad decidió vender una pequeña parte de su portafolio de bitcoin para tener la liquidez necesaria para pagar cupones a los tenedores de las acciones preferidas. Al conocerse la noticia de que Strategy había decidido vender bitcoins, se produjo una caída de un 5% en el precio de dicho activo financiero. La posición patrimonial de esa empresa se ha agravado, al perder entre julio de 2025 y finales de junio de 2026 alrededor de un 80% de su precio de mercado, debido al desplome del bitcoin. 

La burbuja espacial

[Escrito el 30 de junio de 2026]

Elon Musk, el fundador de Tesla, lo hizo de nuevo. Ha creado una nueva burbuja financiera al hacer pública la empresa SpaceX, cuyo precio se fundamenta en la capacidad de imaginar y hacer soñar a los inversionistas. 

La oferta pública inicial ocurrió el 12 de junio con un precio inicial de 150 dólares, que permitió a la empresa recaudar 86 mil millones de dólares. Cuatro días después, el precio se colocó por encima de los 225 dólares, estimulado por las masivas compras de inversionistas que tenían miedo de perderse de las proyectadas ganancias de capital. A partir de ese pico, inició un comportamiento descendente hasta situarse en el entorno de los 151 dólares, una pérdida de casi un 33% respecto a su nivel máximo. 

La evolución del precio de la acción llevó la empresa a una capitalización superior a los 2.5 billones dólares de Amazon y de los 2.6 billones dólares de Microsoft, hasta bajar a los 2 billones de dólares la semana pasada. Para que se tenga una idea de la magnitud de la burbuja de SpaceX basta con decir que su precio llegó a ser 140 veces superior a sus ingresos, mientras que Microsoft tiene un precio respecto a sus beneficios de 21. 

Aswath Damodaran, profesor de finanzas de NYU y considerado en Wall Street como el “decano de la valoración” estimó en 1.3 billones de dólares el valor de la empresa antes de que cotizara en bolsa. Ese resultado revela que el precio actual está muy por encima de su valor basado en fundamentos operativos y financieros. Ojalá que los inversionistas de SpaceX, que ahora pretende emitir bonos por 25 mil millones de dólares, no se pierdan en el espacio cuando explote esa burbuja. 

Se encarece la manzana tecnológica

[Escrito el 29 de junio de 2026]

El jueves pasado, Apple aplicó aumentos significativos en los precios de sus principales productos. En particular, las computadoras Mac y los iPads registraron aumentos de entre un 15% y un 25%, luego de que los costos de los chips de memoria DRAM y de almacenamiento NAND se cuadruplicaran en los últimos doce meses. 

El MacBook Air subió 200 dólares, el MacBook Pro aumentó 300 dólares y el iPad Pro se elevó en 200 dólares, mientras que los precios del iPhone permanecieron, hasta nuevo aviso, sin cambios. En palabras de la empresa dirigida por Tim Cook: “hemos llegado a un punto donde necesitamos comenzar a subir los precios.”

El origen inmediato de esos ajustes se encuentra en la dinámica del mercado de semiconductores. La demanda generada por los grandes desarrolladores de inteligencia artificial ha presionado la oferta y creado un entorno de precios elevados que podría extenderse hasta el próximo año. Micron Technology, uno de los principales fabricantes del sector, reportó márgenes brutos superiores al 80%, reflejo de un mercado que opera bajo condiciones de oferta limitada. 

El episodio también ilustra un aspecto recurrente en los ciclos tecnológicos: la interacción entre decisiones de inversión pasadas y los precios presentes. Durante la fase de baja de precios de 2023, varios productores redujeron la capacidad de producción ante márgenes negativos, lo que hoy limita la respuesta de oferta y presiona los precios hacia arriba en perjuicio de los consumidores.  

¿La burbuja del bitcoin inicia su fase terminal?

[Escrito el 26 de junio de 2026]

El derrumbe reciente del bitcoin confirma, una vez más, que las burbujas financieras siempre estallan. Esta semana, la criptomoneda más famosa del mundo cayó por debajo de los 60,000 dólares, su nivel más bajo en 20 meses, arrastrada por la liquidación en los mercados tecnológicos y por un giro en el apetito de riesgo de los inversionistas. 

El miércoles pasado su precio llegó a 59,023 dólares, un desplome asociado al temor de que los bancos centrales vuelvan a subir las tasas de interés para contener la inflación. Ese nivel de precios está muy lejos de los 126 mil dólares que alcanzó en octubre de 2025. 

La corrección de precios no es un accidente coyuntural. Es la consecuencia lógica de un activo cuyo valor intrínseco es, como he señalado reiteradamente, cercano a cero. La historia económica es clara: los precios de los activos financieros pueden desafiar la gravedad durante un tiempo, pero no indefinidamente. Rudi Dornbusch, profesor de Economía de MIT, lo explicó con precisión quirúrgica: “las crisis tardan mucho más tiempo en llegar de lo que tú piensas y luego suceden más rápido de lo que podrías pensar.” 

El entusiasmo de los inversionistas minoristas que alimentó el rally de 2024 y 2025 se ha evaporado. Dichos inversionistas han migrado hacia apuestas especulativas vinculadas a la inteligencia artificial, dejando al bitcoin sin el combustible emocional que lo sostenía. 

La pregunta ya no es si la burbuja del bitcoin se está desinflando, sino cuánto falta para que toque fondo. Eugene Fama, profesor de finanzas de la Universidad de Chicago, advirtió que la probabilidad de que pierda todo su valor en la próxima década es del 100%. No es una profecía apocalíptica: es simple teoría financiera racional aplicada a un activo sin fundamentos.

Eficiencia en permisos reactiva la construcción

[Escrito el 25 de junio de 2026]

En enero de este año, el ingeniero Manuel Estrella declaró que la actividad de construcción privada podría reactivarse si se agilizaba el proceso de otorgamiento de los permisos. No se limitó a diagnosticar el problema, sino que presentó un conjunto de recomendaciones concretas para hacer más eficiente el sistema de autorizaciones.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones, encabezado por Ito Bisonó, asumió el reto y aceleró los procedimientos internos. La respuesta institucional ha sido contundente. En los primeros cinco meses de 2026 se emitieron 765 licencias, un aumento de un 85.6% respecto al mismo período del año anterior. Esos permisos abarcan proyectos residenciales, comerciales, turísticos e industriales, y representan 273 mil millones de pesos en inversión autorizada, un incremento de un 153% frente a enero-mayo de 2025.

El impacto en la actividad sectorial es evidente. Según el indicador mensual de actividad económica (IMAE) del Banco Central, el valor agregado de la construcción creció un 5.1% en los primeros cinco meses del año. Ese dinamismo contrasta con el 0.7% que alcanzó de crecimiento promedio entre 2022 y 2025, en particular es un resultado muy distinto al retroceso de 1.8% registrado en 2025. 

Como suele ocurrir en la economía dominicana —donde “si trabaja el albañil, trabaja todo el país”— el repunte de la construcción ha tenido un efecto multiplicador sobre el resto de la actividad productiva. Acumulado a mayo, el PIB crece un 4.2%, variación explicada en un 15.2% por la recuperación de la construcción. Se trata de un desempeño notable, especialmente en un contexto marcado por el choque de oferta negativo derivado de la guerra en Medio Oriente, que ha afectado los costos y la logística a nivel global.

La evidencia sugiere que, cuando los procesos se ordenan, la economía responde. El desafío es mantener ese impulso para que la expansión económica alcance el potencial en 2027. 

lunes, 22 de junio de 2026

El contribuyente rebelde

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de junio de 2026]

Ward M. Hussey, redactor del Código Tributario (CT) de la República Dominicana entre 1991 y 1992, estableció en el Título IV que la base imponible del impuesto selectivo al consumo (ISC) de bebidas alcohólicas, cervezas y productos del tabaco sería el precio de venta al por menor.  Esa decisión fue aprobada por el presidente Joaquín Balaguer a partir de las recomendaciones elaboradas por los expertos de la Universidad de Harvard y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes diseñaron la mejor reforma tributaria implementada hasta ahora en el país. Se seleccionó el precio de venta al por menor con el fin de impedir que los contribuyentes redujesen la base imponible mediante la manipulación del precio de fábrica.

El autor de esta columna fue testigo de excepción. En una reunión celebrada en la entonces Secretaría de Estado de Finanzas, se encargó de informar a una comisión de productores de esos bienes gravados que la base imponible sería el precio de venta al por menor. 

Tras la aprobación y promulgación de la ley 11-92 —el Código Tributario—, se coordinó con el Banco Central la realización de una encuesta en colmados, supermercados, bares y otros establecimientos comerciales con el propósito de determinar el precio al por menor, al cual se le descontaría el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y el ISC. El levantamiento estadístico debía efectuarse cada trimestre para evitar que la inflación erosionase la capacidad recaudatoria del impuesto. De acuerdo con los resultados de la encuesta, se redactó un oficio, firmado por la secretaria de Finanzas, doctora Licelott Marte de Barrios, en el que instruía al director de la Dirección General de Rentas Internas, doctor José Quezada, la implementación del ISC tomando como base imponible el precio al por menor. 

Durante los treinta y cuatro años de vigencia del CT, todas las modificaciones adoptadas han mantenido el precio de venta al por menor como base imponible del impuesto selectivo ad valorem que grava el consumo de bebidas alcohólicas y cervezas. En el párrafo II del artículo 375 del CT se establece que, en adición al impuesto selectivo específico, dichas bebidas pagarán un impuesto del 10% sobre su precio al por menor. 

Asimismo, en el reglamento No. 1-18 del Código Tributario, que sustituyó al reglamento No. 79-03, se establece el precio al por menor como el precio al que adquiere el consumidor final los productos gravados. En el artículo 6 del citado reglamento se indica que, según lo dispuesto en el CT, la base imponible sobre la cual se debe aplicar la tasa del 10% es el precio al por menor. Más adelante, en el artículo 8, se establece que los fabricantes o productores deberán declarar a la Administración Pública el precio de venta al por menor, que será el sugerido de venta al público (PVP), sin incluir el ITBIS ni el ISC. El párrafo IV dispone que esos precios deben actualizarse trimestralmente. 

La Administración Pública podrá, con base en los resultados de la encuesta del Banco Central, verificar y objetar los precios de venta al por menor declarados por los fabricantes si considera que no se corresponden con las condiciones reales del mercado.  

A pesar de la claridad con la que se define la base imponible del ISC en el Código Tributario, un fabricante de cervezas lleva desde finales de 2019 interpretando, a su manera y en beneficio propio, las normas jurídicas aplicables al pago del ISC ad valorem. El mencionado contribuyente considera que los envases de las cervezas no forman parte de la base imponible gravada por el ISC, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sostiene que la base de precio al por menor incluye todos los componentes del producto. 

La discrepancia originó que la DGII reclamase al contribuyente una suma de varios miles de millones de pesos por impuestos impagados. Tras pasar por el Tribunal Superior Administrativo, ambas partes firmaron en diciembre de 2022 el Acuerdo Transaccional DG-GGC No. 14-2022, mediante el cual la DGII recibió un pago millonario para extinguir las deudas tributarias relacionadas con la aplicación del ISC entre 2019 y 2022. Asimismo, la DGII aceptó en otro acuerdo que se aplicase una base imponible fija inferior al precio de venta al por menor. Este último convenio, que es renovable, al otorgar un tratamiento ventajoso a ese contribuyente frente al resto de productores de bebidas alcohólicas, es inconstitucional y viola el Código Tributario. 

Con el objetivo de precisar la base imponible del ISC y eliminar el margen de interpretación entre la Administración Tributaria y el contribuyente rebelde —que genera deudas tributarias estimadas en más de mil millones de pesos anuales—, la reciente ley 30-26 modificó, a través de su artículo 41, el literal b) del artículo 367 del Código Tributario. 

La ley ratifica que la base imponible del ISC ad valorem es el precio de venta al por menor del producto, pero precisa que corresponde “al precio final al consumidor, incluyendo de manera integral y sin excepción todos los componentes, costos y elementos incorporados al producto para su comercialización.” De forma expresa, la ley dispone que el precio incluye “el valor atribuible al líquido alcohólico, envases, empaques, etiquetas, tapas, cierres, envolturas, presentaciones comerciales, servicios conexos, así como cualquier otro insumo o elemento accesorio que forme parte del producto final ofrecido al consumidor.” Como nota adicional, la nueva normativa establece de forma contundente que “Queda prohibida cualquier deducción, exclusión, segmentación o fraccionamiento del precio de venta al por menor para fines de la determinación de la base imponible del componente ad valorem.” 

La ley 30-26 facilitará el trabajo de la DGII, institución que podrá aplicar, sin trabas jurídicas, el precio de venta al por menor como base imponible del ISC sobre las bebidas alcohólicas y cervezas. Ello le permitirá someter a la obediencia al contribuyente rebelde y restablecer la igualdad de trato entre todos los productores, principio esencial de la equidad tributaria. Así se reafirma que, en un Estado de derecho, ningún acuerdo particular puede prevalecer sobre la ley.  Dura lex, sed lex.