¿En qué están las reformas anunciadas en 2021?

[Escrito el 11 de mayo de 2026]

En agosto de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el interés de ejecutar 12 reformas para modernizar la República Dominicana. Entre ellas se encuentran, la fiscal, la del sector hidrocarburos, mercado laboral, sector eléctrico, sector agua, policía nacional, calidad educativa, salud y seguridad social y la reforma del transporte. 

Una evaluación del avance de dichas reformas permite indicar que muchas se encuentran muy retrasadas y otras ni siquiera han comenzado. Frente a esa realidad, las autoridades deben mejorar su capacidad de diseño y ejecución de reformas económicas, sociales e institucionales. 

Lo primero que deben tomar en cuenta es que en la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. 

El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

A partir de esos fundamentos teóricos, le recomiendo que se lean el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026 por los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard). 

En ese interesante estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas. La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Recomendaciones para reformar con éxito

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 11 de mayo de 2026]

En la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. Según esa posición, las economías tienden al equilibrio eficiente y los obstáculos institucionales pueden superarse mediante la negociación. El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

En el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026, los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard) utilizan una base de datos de 3,590 intentos de cambios regulatorios —exitosos y fallidos— en 189 países entre 2005 y 2022 para analizar los factores determinantes del éxito.  El estudio abarca seis dominios: apertura de empresas, regulación laboral, pago de impuestos, protección de inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. 

El primer hallazgo de la investigación es revelador. Durante el período analizado, el mundo se volvió más amigable al mercado en tres ámbitos: el registro de una empresa se simplificó de manera sustancial; el pago de impuestos se volvió más sencillo, con reducciones significativas en las horas requeridas para cumplir las obligaciones tributarias; y la protección legal de los inversionistas minoritarios mejoró. En contraste, casi no se produjeron cambios en la resolución de insolvencias ni en el cumplimiento de contratos. Respecto a la regulación laboral, los países más ricos endurecieron sus marcos normativos.

Los autores describen que los dominios donde más se avanzó son aquellos en los que predominan las reformas tecnológicas y administrativas —como la implementación de registros electrónicos de empresas o la digitalización de declaraciones de impuestos—, mientras que las áreas estancadas dependen de reformas legales que exigen la aprobación del Congreso. Esa distinción entre lo que puede modificarse mediante decreto o innovación tecnológica y aquello que requiere pasar por el poder legislativo constituye una de las aportaciones más robustas del estudio.

Un segundo elemento destacable consiste en la constatación de que los países que comenzaron el período con regulaciones más restrictivas y deficientes —por lo general, los menos desarrollados— mostraron mayores avances. 

Para interpretar esos resultados, los autores construyen un modelo teórico en el cual el reformador —que puede ser el legislativo, el ejecutivo o el poder judicial— propone un cambio regulatorio y diseña mecanismos de compensación para los grupos perjudicados. La propuesta puede ser bloqueada si se considera que las compensaciones son insuficientes.

El modelo identifica tres parámetros fundamentales. El primero es el retorno social de la reforma antes de los ajustes compensatorios, el cual tiende a ser mayor cuando la regulación previa es más restrictiva. El segundo refleja el mecanismo de compensación: cuanto más distorsionador sea, más costoso resultará indemnizar a los perdedores y, por tanto, más baja será la probabilidad de que la reforma se apruebe. El tercer parámetro es el número de puntos de veto; es decir, las instancias institucionales del poder político y de grupos de intereses cuya aprobación es necesaria para adoptar una reforma.

Según el estudio, la tasa de éxito de las reformas alcanza el 84% en los países ricos, mientras que apenas llega al 51% en los países poco desarrollados. Al mismo tiempo, las economías avanzadas intentan más reformas y las aprueban con mayor frecuencia, pero el impacto promedio de cada una sobre los índices regulatorios es limitado. Ese patrón —más intentos, mayor éxito, menor impacto unitario— es lo que predice el modelo cuando predomina la capacidad de compensar a los perdedores y alcanzar acuerdos.

Las reformas tecnológicas —aquellas que utilizan herramientas digitales o administrativas sin requerir nuevas leyes— registran una tasa de éxito global del 87%, frente al 71% de las reformas legales y el 60% de las administrativas. En dominios como la apertura de empresas, en el que el 41% de las reformas son tecnológicas, el éxito es casi universal. En regulación laboral, donde el 99% de las reformas son de naturaleza legal, los obstáculos aumentan.

Quizá el hallazgo más provocador del estudio sea la relación entre intentos y resultados. Los países que más reforman no son los que más lo necesitan, sino los que poseen mayor capacidad institucional para hacerlo. La oferta de capacidad reformadora, y no la demanda generada por la urgencia de cambios, es lo que mejor explica el ritmo de las modificaciones regulatorias.

Las conclusiones del ensayo tienen implicaciones directas para el diseño de una estrategia óptima de ejecución de reformas en economías como la dominicana. El análisis costo-beneficio de toda reforma debe complementarse con una revisión rigurosa de su capacidad de ejecución. Esto significa que, además de priorizar las reformas por su impacto esperado en el bienestar —por ejemplo, teniendo en cuenta cuánto ganaría la economía si se flexibilizara el mercado laboral o cuál sería el beneficio de la modernización del magisterio— es preciso examinar también el marco institucional que puede condicionar su aprobación.

El estudio de Djankov, Glaeser y Shleifer demuestra que el diseño institucional de las reformas —la instancia del gobierno desde la cual se proponen, el tipo de mecanismo requerido (tecnológico, administrativo o legal), la cantidad de actores con poder de veto sobre ellas y la capacidad del sistema para compensar a los grupos afectados— determina gran parte de la posibilidad de éxito, así como la magnitud de sus beneficios potenciales. 

A la luz de esos hallazgos, puede recomendarse a los responsables de política económica que, además de identificar las reformas orientadas a elevar el nivel de bienestar presente y futuro, fortalezcan la capacidad institucional de compensar a los perdedores y reduzcan los puntos de fricción en el proceso de aprobación. 

En síntesis, del estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas.  La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social.

El riesgo sistémico de la inteligencia artificial

[Escrito el 8 de mayo de 2026]

Los modelos avanzados de inteligencia artificial están generando un riesgo sistémico que los reguladores apenas comienzan a dimensionar. Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional citado por el Financial Times señala que las nuevas capacidades de herramientas como Claude Mythos elevan el riesgo cibernético hasta convertirlo en una posible amenaza macrofinanciera. El problema ya no se limita a ataques aislados, sino a la posibilidad de fallas simultáneas que afecten a bancos, sistemas de pago y proveedores esenciales de servicios.

El FMI advierte que estos modelos reducen de manera drástica el tiempo y el costo necesarios para identificar vulnerabilidades en infraestructuras ampliamente utilizadas. Anthropic, desarrolladora de Mythos, informó que el sistema detectó miles de fallas de alta severidad en los principales sistemas operativos y navegadores. El riesgo, por tanto, es creciente y desigual. Algunas instituciones estadounidenses ya reciben asistencia técnica y parches de seguridad, mientras que muchas entidades fuera de ese círculo, en especial en los países menos desarrollados, carecen de acceso a estas defensas, lo que amplía la brecha global de protección.

El organismo internacional sostiene que un ataque coordinado provocaría efectos en cadena que incluirían pérdida de confianza, interrupciones de pagos, tensiones de liquidez y ventas forzadas de activos. En un sistema financiero altamente interconectado, la simultaneidad se convierte en el punto más vulnerable.

La conclusión del FMI es clara. Las defensas serán vulneradas en algún momento. La prioridad debe ser la resiliencia, la capacidad de contener la propagación y recuperar la operatividad con rapidez. En un entorno donde la inteligencia artificial acelera tanto la innovación como el riesgo, la estabilidad financiera dependerá de instituciones preparadas para absorber el impacto.

Se subestima el riesgo

[Escrito el 7 de mayo de 2026]

Los mercados de capitales internacionales subestiman el riesgo que se desprende de la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre el abastecimiento y los precios de los combustibles. Aun cuando no se ha alcanzado una paz definitiva que asegure el libre tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, los principales índices bursátiles continúan mostrando un comportamiento ascendente. 

En el caso de Estados Unidos, el Dow Jones ha subido en lo que va de año un 2.5%. El S&P 500, que abarca una mayor cantidad de sectores y empresas, ha subido casi un 7% en ese mismo período. Y el Nasdaq, que representa las empresas tecnológicas, ha registrado un extraordinario incremento de un 11.1%. 

Más aún, dichos índices bursátiles han alcanzado máximos históricos desde el 28 de febrero, fecha en que inició la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Nasdaq registró un máximo de 26,036 puntos el 7 de mayo. En la misma fecha, el S&P alcanzó un máximo de 7,385 puntos. Mientras tanto, el Dow Jones alcanzó su récord el pasado 10 de febrero al situarse en 50,513 puntos, nivel que supera en un 1.8% el observado hoy. 

Esos datos sugieren que el mercado prevé una resolución rápida y definitiva del conflicto bélico. Además, proyecta que la inversión en inteligencia artificial mejorará la productividad de las empresas, lo que se traducirá en un mayor flujo de efectivo. Un elemento adicional a considerar es que solo cinco empresas, todas tecnológicas, explican la mitad de la subida del S&P 500 desde abril. Así las cosas, se podría inferir que el efecto de la crisis de Medio Oriente ha sido enmascarado por la euforia generada por la burbuja de la inteligencia artificial.  

Con los pies en la tierra

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 4 de mayo de 2026]

Existe una alta probabilidad de que, a partir de junio, la situación del mercado internacional de combustibles empeore. El cierre del flujo de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz ha obligado a varios países de Asia y de Europa a recurrir a sus reservas, que podrían alcanzar niveles críticos en un plazo de entre cuatro y ocho semanas. Ese escenario se traduciría en un déficit en el mercado de petróleo cercano a los 12 millones de barriles diarios.  

En un contexto de esa naturaleza, los precios de dichos productos aumentarán con rapidez para que la demanda se ajuste a la oferta disponible. En el artículo “Apocalipsis petrolero,” publicado el 16 de marzo en esta columna, se advirtió que la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los miembros del G-7 contribuiría a estabilizar de manera transitoria los precios, pero el desabastecimiento prolongado podría elevar el precio del crudo por encima de los 150 dólares el barril. Esa posibilidad llevó al director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, a declarar el 6 de abril que el conflicto bélico en Medio Oriente ha desencadenado la mayor crisis de combustibles de la historia.

A pesar de la situación internacional descrita, algunos funcionarios del gobierno dominicano sostienen que el plan ejecutado por las autoridades ha tenido un buen resultado económico, ya que “no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precios,” afirmación que no se corresponde con los datos del Banco Central. Además, destacan que, acumulado a marzo, se alcanzó una tasa de crecimiento del indicador mensual de actividad económica (IMAE) de un 4.1% —superior al 2.8% registrado en el primer trimestre de 2025— y la tasa de inflación se situó en 4.63%. A su vez, puntualizan que los ingresos por remesas, turismo y exportaciones de bienes han mostrado un comportamiento muy positivo, lo que ha contribuido al aumento de las reservas internacionales y a la apreciación del tipo de cambio en más de un 5% en lo que va de año, hasta colocarse alrededor de los 60 pesos por dólar.

En el Consejo de ministros celebrado la semana pasada se reconoció que el impacto negativo de la guerra sobre la inflación, el crecimiento económico y las finanzas públicas será inevitable. En la línea con lo planteado en el artículo “El impacto negativo del conflicto del Medio Oriente,” publicado el 2 de marzo en esta columna, el ministro de Hacienda declaró que se producirá un deterioro de las cuentas externas y del saldo de las finanzas públicas. En dicho ensayo se advirtió que “los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos.” Tras el citado Consejo, el Ministerio de Industria y Comercio publicó que el subsidio de la presente semana superará los 1,400 millones de pesos, aun cuando se aprobaron ligeros incrementos de los precios de algunos combustibles.

El reconocimiento de esa realidad obligó a las autoridades a anunciar un conjunto de medidas orientadas a reducir el gasto público por una suma total de 40 mil millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la racionalización del combustible, la publicidad y las contrataciones. Asimismo, se propuso, entre otras iniciativas, la reducción de un 50% del presupuesto de los partidos políticos y el recorte de los gastos operativos. Para facilitar el seguimiento de esas medidas, que deben complementarse con la disminución de otros gastos no prioritarios, es conveniente que se publique el monto que corresponde a cada una y que, mensualmente, se verifique el grado de cumplimiento de las metas. 

El éxito del ajuste de gastos públicos es clave para que los agentes económicos acepten los incrementos de precios de los combustibles y de la tarifa eléctrica. El ajuste de dichos precios enviaría la señal adecuada para moderar el consumo de esos bienes y servicios. El ahorro fiscal permitiría, además, dirigir recursos hacia la protección de los hogares más vulnerables mediante subsidios y transferencias focalizados. 

Por otro lado, se requiere impulsar acciones que eleven los ingresos tributarios. Una de ellas es renegociar con la empresa Barrick Gold el marco tributario vigente, con el fin de restablecer el diseño original del Impuesto Mínimo Anual (IMA). El objetivo es llevar la tasa efectiva de un 13.39% a la que debería prevalecer según el acuerdo del año 2013 que, con un precio del oro de cinco mil dólares por onza troy, sería igual a un 38.55%. Esos ingresos adicionales, que alcanzarían varios centenares de millones de dólares, resultan cruciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. 

Las recomendaciones aquí planteadas contrastan con la postura de algunos funcionarios. Estos proponen recurrir al endeudamiento externo para financiar el aumento del déficit público derivado de la decisión de subsidiar la mayor parte del incremento de los precios internacionales de los combustibles. Aseguran que el gobierno dispone de margen de endeudamiento, pero olvidan que los tenedores de deuda pública no estarán dispuestos a financiar el despilfarro de recursos que implica el mantenimiento de un precio subsidiado de los combustibles en el mercado local. Hace unos días, Fitch Ratings mantuvo en BB- el crédito soberano, pero revisó la perspectiva de positiva a estable debido a la desaceleración económica y al deterioro de las finanzas públicas. La ruptura de la confianza de los inversionistas podría provocar una parada súbita (“sudden stop”) de los flujos de capitales provenientes del extranjero, con el consiguiente riesgo de crisis de deuda soberana y de una fuerte depreciación del peso frente al dólar, tal como advirtió el profesor Guillermo Calvo en los años noventa. 

Por último, conviene que las autoridades promuevan, con los pies en la tierra, el ahorro de los combustibles más allá del ajuste que provocará el aumento de los precios en el mercado local. Muchos países fomentan el teletrabajo, la enseñanza virtual, el uso compartido del vehículo y el transporte público. Todas esas medidas contribuirían a mejorar el saldo de las cuentas externas, fortalecer las finanzas públicas y a sostener el nivel de crecimiento económico.

Control de fusiones

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 27 de abril de 2026]

La reciente decisión de la Comisión Europea (CE) de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque comunitario. Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de las operaciones corporativas y reconoce que la creación de empresas de mayor tamaño puede reforzar la competitividad frente a los gigantes estadounidenses y chinos.

La CE admite que la economía actual se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala productiva es requisito fundamental para competir con éxito en los mercados internacionales. Ese cambio exige revisar el enfoque de análisis y control de fusiones.

Cuando los países desarrollados diseñaron sus marcos de política de competencia, partían de unos mercados internos grandes, capaces de generar la escala necesaria para sostener varios competidores eficientes. Estados Unidos promulgó la Ley Sherman en 1890 con una población de más de sesenta millones de consumidores. La Unión Europea construyó su régimen de competencia sobre un mercado único de cientos de millones de personas. En ese contexto, el control de fusiones tiene una lógica impecable: si el mercado es lo bastante amplio, se puede exigir que coexistan múltiples empresas sin sacrificar las economías de escala.

Las economías pequeñas en desarrollo, en cambio, operan bajo condiciones estructurales distintas. En mercados internos, que a veces no superan los veinte millones de consumidores, el tamaño mínimo eficiente de una empresa puede representar una fracción significativa del mercado total. Trasplantar el control de fusiones desde economías de tamaño continental hacia economías pequeñas es un grave error.

La literatura sobre competencia en países avanzados ofrece lecciones valiosas, pero también revela sus propias tensiones internas. En 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos publicaron nuevas guías de control de fusiones que representan un retroceso respecto a las vigentes desde 2010, basadas en los principios de la Escuela de Chicago, cuyo objetivo era maximizar el bienestar del consumidor. El nuevo enfoque prioriza preservar estructuras de mercado desconcentradas, aun cuando sean ineficientes. La lógica de esa normativa retoma el enfoque estructuralista del antimonopolio, cuyo punto álgido se alcanzó con la sentencia del caso Brown Shoe en 1962, e implica que una fusión puede bloquearse si una empresa supera el 30% del mercado, aunque no incida directamente sobre los precios o la producción. Las críticas a las nuevas normativas son numerosas y provienen de diversos centros académicos.

En países donde la capacidad técnica de las instituciones regulatorias es limitada, los errores Tipo I —bloquear fusiones eficientes por exceso de cautela— pueden resultar muy dañinos. Más aún, el bienestar de la sociedad podría aumentar cuando los beneficios de la fusión derivados del mayor grado de eficiencia productiva superan los efectos anticompetitivos; es decir, cuando la reducción de los costos (marginales y fijos) evita un aumento de los precios finales o una reducción del nivel de producción. 

Una economía pequeña no puede permitirse el lujo de tener un sistema de control de fusiones que deje en manos burocráticas el proceso de innovación y mejora de la eficiencia. La fusión de dos empresas no origina per se un abuso de posición dominante, mucho menos si se trata de una producción de bienes que debe enfrentarse a una oferta proveniente del extranjero. En ese contexto, la fusión posibilitaría que las empresas nacionales aprovechen las economías de escala y reduzcan sus costos, con lo cual mejorarían simultáneamente la capacidad exportadora y el nivel de bienestar del consumidor. Una empresa que aumente sus precios en exceso perderá participación de mercado. La competencia del exterior, siempre que los aranceles sean bajos y las barreras no arancelarias estén controladas, es más eficiente que la intervención regulatoria, ya que opera sin el riesgo de error burocrático inherente al análisis ex ante de las fusiones.

Si las empresas fusionadas suplen bienes no transables o servicios —financieros, de electricidad y telecomunicaciones— que no están disciplinados por la competencia internacional, la regulación de las tarifas, la disponibilidad y la calidad del servicio recaen en el ámbito de una supervisión sectorial especializada. 

Sustituir el control previo de fusiones por una combinación de apertura comercial, reducción de barreras de entrada y supervisión posterior del abuso de posición dominante constituye una asignación más eficiente de la capacidad institucional disponible. De esa manera, la autoridad de competencia concentra sus recursos en conductas observables y verificables, en lugar de hacerlo en proyecciones de estructuras de mercado. Si se comprueba, mediante el uso de técnicas econométricas —como el método de diferencias en diferencias—, que la nueva empresa ha abusado de su posición dominante y ha elevado los precios por encima de lo que puede justificarse por el encarecimiento de las de materias primas y de la mano de obra, corresponde imponerle sanciones proporcionales al perjuicio causado al bienestar social. 

En la República Dominicana, el debate sobre el control de fusiones no es reciente. Durante un seminario organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en 1999, el autor de esta columna sostuvo que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, ya que frena procesos de eficiencia, limita la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala e impacta negativamente el bienestar. 

Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa, y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08. La decisión, combinada con una política de reducción arancelaria ejecutada desde 1990, generó ganancias de eficiencia superiores a las que habría permitido un régimen de control de fusiones estricto aplicado a un mercado pequeño. No obstante, la legislación vigente requiere ajustes en el régimen de sanciones, de modo que estas se correspondan con el daño provocado por el abuso de posición dominante. 

El giro europeo que hoy en día se registra en materia de competencia, orientado a facilitar la creación de “campeones nacionales,” valida la posición dominicana, la cual establece que un control excesivo de las fusiones podría reducir la eficiencia productiva, debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.  

El reto electoral de Trump

[Escrito el 22 de abril de 2026]

Las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre en Estados Unidos se desarrollarán en un contexto económico particularmente adverso. A la tensión estructural entre apertura y protección se suma ahora el repunte de los precios de los combustibles, que presiona la inflación y debilita el anclaje de las expectativas. 

En dicho escenario, la estrategia económica del presidente Donald Trump enfrenta un escrutinio más severo. Su giro mercantilista, sustentado en tarifas y controles al comercio, ha elevado costos y generado una gran incertidumbre jurídica, como destaca Glenn Hubbard, profesor de Economía de la Universidad de Columbia, al señalar que el mercantilismo “requiere extensiva intervención gubernamental”, con los riesgos de distorsión que ello implica.

Hubber se apoya en el libro La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, escrito hace 250 años, para recordar que la prosperidad depende de la competencia y la apertura, no del proteccionismo. El autor subraya que una economía competitiva, con intervención gubernamental limitada, “elevaría los niveles de vida”, una intuición que contrasta con la política arancelaria de Trump. En un entorno de precios energéticos al alza, la política económica necesita credibilidad, reglas claras y un marco que incentive la inversión, la innovación y la movilidad laboral.

Corregir el rumbo de la política económica implica abandonar la lógica proteccionista y avanzar hacia una agenda que incluya fortalecer la educación, modernizar la regulación, promover la inmigración calificada y acelerar la inversión en energía y tecnología. Sin un giro hacia el crecimiento económico, la ansiedad social amplificada por la inflación condicionará el debate electoral y le pasará en noviembre al partido Republicano una factura muy costosa.

La Unión Europea flexibiliza su control de fusiones

[Escrito el 21 de abril de 2026]

La decisión de la Comisión Europea de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque y reabre una discusión que, en República Dominicana, tuvo un punto álgido durante la redacción de la Ley 42‑08. Según reveló el Financial Times, Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de operaciones corporativas, reconociendo que la creación de empresas con mayor tamaño puede fortalecer la competitividad frente a gigantes estadounidenses y chinos.

El viraje europeo contrasta con la ortodoxia que dominó desde los años 2000, cuando el análisis se centraba casi exclusivamente en los efectos sobre precios y consumidores. Hoy, la Comisión admite que la economía se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala es condición para competir globalmente. Ese reconocimiento llega tras episodios como la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania, que expusieron vulnerabilidades estructurales del continente.

En la República Dominicana, el debate no es nuevo. Durante un seminario organizado por la FINJUS en 1999, argumenté que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, al frenar procesos de eficiencia, limitar la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala y, por último, afectar negativamente el bienestar. Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08.

El giro europeo valida la posición dominicana, que establece que un control excesivo de las fusiones puede debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.  

La reapertura del estrecho de Ormuz

[Escrito el 20 de abril de 2026]

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán confirmó la importancia del estrecho de Ormuz. Por esa vía transita cerca del 20% del crudo mundial y una proporción aún mayor del gas natural licuado. Su cierre impulsó el precio del petróleo por encima de los 110 dólares por barril y colocó a la economía global en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente a los países asiáticos cuya dependencia energética del Golfo Pérsico es estructural. 

El viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que Ormuz estaba “completamente abierto” al tránsito comercial mientras se mantenga el cese al fuego en el Líbano. La reacción del mercado fue inmediata: en cuestión de minutos, el precio del WTI cayó 12.6% y se ubicó alrededor de los 82.76 dólares por barril.

La evolución futura del precio dependerá de varios factores. El más determinante será si las negociaciones entre los países involucrados logran consolidar una paz duradera en Medio Oriente que incluya a Israel y Líbano. También será decisivo observar el grado de destrucción sufrido por las infraestructuras energéticas de la región. Si la capacidad productiva fue afectada, los precios de los combustibles permanecerán por encima de los niveles previos al conflicto, aun con el estrecho abierto al tráfico comercial.

En síntesis, la reapertura de Ormuz reduce la tensión inmediata, pero no elimina la fragilidad de fondo: mientras la estabilidad regional dependa de acuerdos precarios, los mercados energéticos seguirán expuestos a sobresaltos capaces de alterar el pulso de la economía mundial.

Inconsistencia monetaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 20 de abril de 2026]

El anclaje de las expectativas de inflación depende del compromiso del banco central con su meta. Ben Bernanke, premio Nobel de Economía, demostró que la conducta presente y pasada de la política monetaria incide de manera directa en las expectativas y, por tanto, la consistencia de sus mensajes y de sus acciones es clave para preservar la estabilidad macroeconómica.

Los cambios abruptos de la política monetaria —una estrategia de zigzagueo, por ejemplo— debilitan la credibilidad de las autoridades respecto a la meta de inflación y pueden provocar un desanclaje de sus expectativas. Esa situación cobra una mayor importancia en un entorno internacional marcado por choques de oferta negativos, como la pandemia del covid-19, la impredecible política arancelaria de Trump o el encarecimiento de los combustibles, condicionantes que presionan al alza los costos y los precios. 

En agosto de 2011, el Banco Central de Brasil decidió subir la tasa de interés de referencia y, poco después, recortarla. Ese viraje abrupto en la política monetaria sin una justificación creíble bastó para que las expectativas de inflación, tanto de corto como de largo plazo, comenzaran a subir de inmediato. Como documenta un reciente estudio realizado por Marco Bonomo y otros economistas, el zigzagueo monetario aumentó la dispersión, la volatilidad y la sensibilidad de los pronósticos macroeconómicos a factores transitorios, indicios claros de pérdida de credibilidad. La lección es contundente: cuando la autoridad monetaria envía señales contradictorias con su meta de inflación, los agentes revisan su percepción del compromiso institucional y desaparece la estabilidad de precios. Recuperar la credibilidad, como muestra el caso brasileño mencionado, puede llevar varios años y, en determinados casos, requerir ajustes profundos en el régimen económico, tal como demostró el premio Nobel de Economía, Thomas Sargent.

Por otra parte, la literatura económica confirma que la narrativa del banco central es un instrumento de política monetaria tan relevante como la propia tasa de interés. Cambios bruscos en el tono —pasar de un mensaje restrictivo a uno acomodaticio sin nueva información que lo respalde— pueden alterar las expectativas de inflación aun cuando la tasa de interés permanezca fija. Estudios de los profesores Alan Blinder, Michael Woodford y, más recientemente, de Jarociński y Karadi muestran que los agentes económicos interpretan esas señales como indicios de un posible cambio en la función de reacción o en la firmeza del compromiso institucional con la meta. El resultado es un aumento de la incertidumbre, una mayor sensibilidad a las noticias de corto plazo y un debilitamiento del ancla nominal. En síntesis, una comunicación incoherente del banco central puede desanclar las expectativas sin necesidad de modificar la tasa de referencia.

A finales de marzo, el Banco Central de la República Dominicana publicó su comunicado de política, donde se anunció “la decisión de mantener su tasa de interés de política (TPM) en 5.25% anual.” De acuerdo con el documento, la medida tomó “en consideración el escalamiento del conflicto bélico en Medio Oriente, en el cual se ha producido un incremento de la incertidumbre global y ha generado aumentos significativos en el precio del petróleo y otras materias primas.”  Ante esa situación, que presionará hacia arriba los precios, la autoridad monetaria “se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación.” Esto significa que, en caso de requerirse, el Banco Central está dispuesto a ejecutar una política monetaria restrictiva, en línea con lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada. 

En otro informe, publicado el 12 de abril, el organismo emisor anticipa que en los próximos meses la tasa de inflación rebasará el límite superior de la meta, establecido en un 5%. Advierte que, “de continuar las presiones adversas asociadas a este nuevo y severo choque de oferta, la inflación interanual pudiese en los próximos meses salir transitoriamente del rango meta.” En ese contexto, las autoridades señalan que están en condiciones de adoptar “las medidas que sean necesarias para garantizar que las expectativas inflacionarias permanezcan debidamente ancladas y se mantenga la estabilidad de precios en el horizonte de política monetaria,” lo que deja abierta una eventual intervención en el mercado con subidas de tasas de interés. 

De forma sorprendente, tres días después, el Banco Central publicó un documento en el que subrayó la existencia de “condiciones de liquidez holgadas” que presionan a la baja las tasas de interés y, con ello, se beneficia al sistema financiero y a los hogares dominicanos. En particular, destacó que, desde junio de 2025, se han adoptado medidas de provisión de liquidez por 81 mil millones de pesos, junto con un recorte acumulado de 50 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria. Esas acciones redujeron la tasa de interés interbancaria en 370 puntos básicos y la situaron en 7.84% en marzo de 2026. Según el Banco Central, esas condiciones de liquidez, “en un contexto de incrementada convulsión global” proporcionarán un entorno de certidumbre a la estabilidad macroeconómica.

Los giros bruscos en la narrativa del ente emisor generan confusión entre los agentes económicos, quienes carecen de señales claras sobre la orientación de la política monetaria. En determinados casos, el Banco Central actúa como un halcón; en otros, como una paloma. 

La inconsistencia temporal en la gestión de los instrumentos monetarios, a menudo asociada a objetivos políticos, conlleva costos reales y persistentes. Cuando los bancos centrales actúan con excesiva discreción y emiten señales contradictorias respecto a su compromiso con la estabilidad de precios, los agentes anticipan una mayor tolerancia a la inflación futura. El resultado es un sesgo inflacionario que eleva las expectativas, encarece el crédito y obliga a aplicar, posteriormente, políticas más contractivas para restablecer la credibilidad perdida. Como mostraron Kydland y Prescott, ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía, la falta de compromiso conduce a un equilibrio ineficiente donde la inflación se mantiene alta sin beneficios sostenibles en actividad económica. En síntesis, la inconsistencia monetaria no solo erosiona la credibilidad, también impone un costo macroeconómico que termina pagando toda la sociedad.

Choque aéreo global

[Escrito el 17 de abril de 2026]

El incremento global de los precios del avtur, provocado por la disrupción en el estrecho de Ormuz y la escalada del conflicto en Oriente Medio, genera efectos visibles adversos en la industria aérea. Según The Wall Street Journal, las aerolíneas estadounidenses han aumentado tarifas, recortado rutas y elevado los costos por equipaje ante un combustible que supera los 4.14 dólares por galón. En particular, algunas aerolíneas han duplicado el costo de los billetes de algunas rutas respecto al año anterior. 

Para la República Dominicana, un país cuya economía depende de la llegada masiva de visitantes, este choque externo no es menor. En 2025, el país recibió 8.860 millones de pasajeros no residentes por vía aérea, un crecimiento de 3.8 % respecto a 2024, según el Banco Central.  

El 44.5 % de viajeros no residentes proviene de Estados Unidos, una nación donde las aerolíneas ya aplican aumentos de tarifas y recortes de capacidad. Ello implica que cualquier encarecimiento sostenido del transporte aéreo afectará directamente el costo de viajar a la República Dominicana, lo cual reduce la competitividad de un sector clave para la economía nacional. 

Específicamente, la actividad hoteles, bares y restaurantes, que incluye el turismo, representa alrededor del 8.3 % del PIB y es una de las principales fuentes de divisas del país. Un choque prolongado en los precios del transporte aéreo podría reducir el crecimiento del sector, presionar la ocupación hotelera y afectar la cadena de valor que incluye agricultura, transporte y servicios. Todo esto podría repercutir negativamente sobre el ritmo de expansión económica de 2026. 

El asedio contra la Fed sigue

[Escrito el 16 de abril de 2026]

La independencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos está siendo sometida a una presión sin precedentes. El presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar con destituir a Jerome Powell si este no abandona la presidencia de la Fed al vencimiento de su mandato el 15 de mayo, y se niega a frenar la investigación penal que el Departamento de Justicia mantiene abierta contra el funcionario por las obras de renovación de la sede del banco central.

El argumento oficial es investigar posible incompetencia o corrupción en un proyecto de 2,500 millones de dólares. Pero nadie en los mercados financieros se llama a engaño: lo que está en juego es el control de la política monetaria. Trump quiere tasas de interés más bajas, y Powell se ha negado a ceder ante esa presión, porque coloca por encima de todo la meta de inflación.

La gravedad del momento ha sido resumida con precisión por Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro y expresidenta de la Reserva Federal, al preguntarse: "¿Con qué frecuencia el presidente de un país desarrollado exige que las tasas de interés se fijen para reducir el costo de la deuda? Eso es lo que uno escucha en una república bananera."

La frase es muy preocupante porque viene de alguien que conoce la institución desde adentro y a quien los mercados le dan mucho seguimiento. Cuando la credibilidad de un banco central se erosiona, se desanclan las expectativas y la inflación sube con fuerza. Ello resulta grave en esta coyuntura caracterizada por un choque de oferta negativo y presiones de costos ascendentes. 

La Casa Blanca debe entrar en razón y proteger la independencia de la Reserva Federal. 

Recomendaciones del FMI

[Escrito el 15 de abril de 2026]

En su presentación del informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril, Pierre-Olivier Gourinchas, director del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional, realizó recomendaciones de política económica que son muy importantes para la República Dominicana. 

Ante el choque de oferta negativo y su presión al alza de costos, el FMI advierte que el ajuste de la demanda será inevitable. Los bancos centrales deben mantener una postura vigilante, reafirmando su compromiso con la estabilidad de precios. Sin embargo, si las expectativas inflacionarias se desanclan —como sugiere el comportamiento ascendente de la inflación en Estados Unidos y en la zona euro—, será necesario endurecer la política monetaria con una subida de las tasas de interés de referencia, aun a costa de un menor crecimiento económico. 

En el ámbito fiscal, el FMI insiste en evitar subsidios generalizados y medidas que distorsionen los precios de los combustibles y la tarifa del servicio eléctrico. Con el fin de que la demanda se reduzca y se adapte al nuevo nivel de oferta, es imprescindible que los precios transmitan la señal adecuada a los consumidores para que estos se muevan hacia un equilibrio sostenible. Las ayudas con fondos públicos, sean subsidios o transferencias, han de ser focalizadas y temporales, de modo que beneficien únicamente a los hogares más vulnerables. 

Recomendaciones monetarias y fiscales similares las realicé cuando inició el conflicto bélico, ahora son ratificadas por el FMI. Ojalá sean atendidas por las autoridades dominicanas. 

Pronósticos del FMI frente a la crisis

[Escrito el 14 de abril de 2026]

El Fondo Monetario Internacional publicó hoy, 14 de abril, su informe de Perspectivas de la Economía Mundial. Pierre-Olivier Gourinchas, director del Departamento de Investigaciones del FMI, informó que el crecimiento económico global se desacelerará al situarse en un 3.1% en 2026, 0.2 puntos porcentuales por debajo de lo estimado en el informe publicado en enero pasado. Si no hubiese ocurrido la guerra, el FMI hubiese ajustado hacia arriba la tasa de crecimiento del PIB.

En caso de que los precios de los combustibles sean más altos y su variación persistente, el crecimiento global sería de solo 2.5%. 

En el escenario de destrucción de infraestructura energética, el crecimiento sería de apenas 2% y la inflación superaría el 6% en 2027.

En el escenario base, los Estados Unidos crecerían 2.3% en 2026, 0.1 puntos porcentuales menos que lo inicialmente estimado.

Mientras, la zona euro se expandirá en un 1.1% en 2026, 0.2 puntos porcentuales menos que lo proyectado en enero. 

Las economías de mercados emergentes y en desarrollo crecerán un 3.9% en 2026; es decir, 0.3 de puntos porcentuales menos que lo previsto. Las proyecciones de China, India y Sudáfrica se revisaron a la baja. En contraste, las de Rusia, Brasil y México, exportadores netos de combustibles, hacia al alza. América Latina y el Caribe registrará en conjunto un crecimiento de 2.3%.

Las buenas políticas del FMI

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 13 de abril de 2026.]

La semana pasada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronunció un discurso en el que presentó una radiografía de los retos que enfrenta la economía mundial. Desde una perspectiva macroeconómica, la guerra en Oriente Medio constituye un choque de oferta negativo, global y asimétrico, con una contracción del 13% del flujo mundial de petróleo y del 20% del suministro de gas natural licuado. 

Ese tipo de perturbación, de mayor magnitud que la registrada durante la crisis petrolera de los años setenta, vuelve a evidenciar la vulnerabilidad estructural del sistema productivo internacional ante interrupciones geopolíticas en nodos energéticos críticos. Los países menos afectados serán los exportadores netos de combustibles alejados de la zona del conflicto, como Venezuela, Brasil y México. En contraste, los importadores netos de combustibles —que constituyen el 80% del total, incluida República Dominicana— sufrirán con mayor intensidad el deterioro de los términos de intercambio, lo cual es equivalente a una reducción de su nivel de riqueza. A ello se suma el grupo de países involucrados en el conflicto o situados en su entorno geográfico, cuya producción no cuenta con otra vía de exportación distinta al estrecho de Ormuz. 

Georgieva subrayó que el desabastecimiento y el aumento del precio de los contratos de crudo —de 72 a un máximo de 120 dólares— han desencadenado un efecto dominó: paralizaciones en refinerías, escasez de diésel y combustible de aviación, disrupciones logísticas y un incremento de millones de personas en situación de inseguridad alimentaria por el encarecimiento de los fertilizantes. Además, las alteraciones de las cadenas productivas han llevado el precio del petróleo para entrega inmediata por encima de los 147 dólares por barril, situación que ha presionado al alza los costos de producción y ha provocado racionamientos de combustibles en algunos países asiáticos.

La economía global opera hoy con cuellos de botella simultáneos en energía, transporte e insumos industriales esenciales, los cuales reducirán el ritmo de la actividad económica. El impacto sobre el crecimiento dependerá de la intensidad y duración del conflicto bélico. En el próximo reporte de “Perspectivas de la economía mundial,” que se publicará esta semana, el FMI presentará tres escenarios. Uno consiste en la normalización relativamente rápida del conflicto; el segundo es un escenario intermedio; el tercero asume que los precios del petróleo y del gas se mantienen elevados durante un período prolongado, lo que genera efectos de segunda vuelta que refuerzan la persistencia de la inflación. 

Incluso en un panorama de alto al fuego duradero, el FMI anticipa una revisión a la baja del crecimiento mundial.  Los daños a infraestructuras estratégicas —como la de Ras Laffan en Catar, que suple el 93% del gas natural licuado del Golfo Pérsico, y otras instalaciones de Arabia Saudita que han mermado en 600 mil barriles diarios su capacidad productiva—, además de la incertidumbre del tránsito por el estrecho de Ormuz, todavía bajo control iraní, constituyen factores que recortarán el ritmo de expansión económica.

La directora gerente del FMI expuso también cómo debe gestionarse un choque de oferta sin agravar sus efectos sobre la inflación, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. A marzo, la tasa de inflación de la eurozona aumentó 0.6 puntos porcentuales y se situó en un 2.5%. Por su parte, Estados Unidos registró en el mismo mes una variación de precios interanual de un 3.3%, un incremento de 0.9 puntos porcentuales respecto a febrero. 

Ante ese choque de oferta negativo y su presión al alza de costos, Georgieva advierte que el ajuste de la demanda será inevitable, aunque la profundidad del impacto la determinará la respuesta de los bancos centrales. Son ellos los que deben mantener una postura vigilante, reafirmando su compromiso con la estabilidad de precios. Sin embargo, si las expectativas inflacionarias se desanclan —como sugiere el comportamiento ascendente en Estados Unidos y en la zona euro—, será necesario endurecer la política monetaria con una subida de las tasas de interés de referencia, aun a costa de un menor crecimiento económico. En la actualidad, existe una alta probabilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) aumente su tasa de interés antes de junio, mientras que el mercado proyecta que la Reserva Federal, en el mejor de los casos, mantenga inalterada su tasa de política. En ese contexto, la directora gerente del FMI recordó en su exposición que la credibilidad del banco central y un sistema financiero resiliente, bien regulado y supervisado, se erigen como pilares básicos de la estabilidad macroeconómica.

En el ámbito fiscal, el FMI insiste en evitar subsidios generalizados y medidas que distorsionen los precios de los combustibles y la tarifa del servicio eléctrico. Con el fin de que la demanda se reduzca y se adapte al nuevo nivel de oferta, es imprescindible que los precios transmitan la señal adecuada a los consumidores para que estos se muevan hacia un equilibrio sostenible. Las ayudas con fondos públicos, sean subsidios o transferencias, han de ser focalizadas y temporales, de modo que beneficien únicamente a los hogares más vulnerables. 

Por otro lado, con niveles de deuda pública muy por encima de los observados en años anteriores y pagos de intereses como porcentaje de las recaudaciones en ascenso, la mayoría de los países dispone de un margen de maniobra fiscal limitado. Un apoyo a la demanda mediante un déficit público más alto resultaría contraproducente, pues podría erosionar la confianza de los tenedores de bonos soberanos, quienes verían con preocupación que el gobierno utilice los recursos obtenidos mediante la emisión de deuda para subsidiar de forma generalizada a los compradores de combustibles. Por ello, se recomienda adoptar medidas que recompongan las finanzas públicas, una vez superado el choque actual. 

En definitiva, Georgieva dejó claro en su exposición que la resiliencia macroeconómica no se improvisa. Necesita instituciones monetarias sólidas, disciplina fiscal y políticas coherentes capaces de navegar en un entorno global muy incierto. El mensaje es inequívoco: la resiliencia económica exige buenos fundamentos y marcos institucionales robustos. La estabilidad global dependerá de la calidad de las medidas que se adopten en el presente, ya que “las buenas políticas marcan la diferencia.”

Tentación monetaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 6 de abril de 2026.] 

El Banco Central decidió mantener su tasa de política monetaria en 5.25% anual, una medida coherente con el entorno actual y alineada con lo recomendado en esta columna la semana pasada. En su comunicado, la institución anunció que seguirá monitoreando las condiciones internacionales para actuar “oportunamente” en defensa de la meta de inflación.

El texto sugiere que la autoridad monetaria se inclina hacia una postura más restrictiva que expansiva. Sin embargo, no puede descartarse la tentación de que recurra a instrumentos no convencionales —como inyecciones de liquidez a tasas subsidiadas— si la actividad económica se desacelera.

En los dos primeros meses de 2026, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) creció en promedio un 3.7%, muy por encima del 2.1% registrado el año anterior. Desde el Gobierno se proyecta la continuidad de ese ritmo, con un aumento del producto interno bruto (PIB) alrededor del 3.75% durante todo el año. Ahora bien, un análisis riguroso del impacto del encarecimiento de los combustibles sobre las cuentas externas, las finanzas públicas y el ingreso disponible sugiere que tal proyección podría resultar optimista.

La guerra en Medio Oriente, el cierre del estrecho de Ormuz y el daño a infraestructuras críticas de producción y suministro de combustibles han creado un entorno global de enorme incertidumbre. En el mejor de los casos, se prevé un crecimiento internacional débil con un repunte del desempleo. El encarecimiento del gas natural y del petróleo —el WTI superó el jueves pasado los 113 dólares por barril—, junto con el racionamiento de combustibles en Asia y las interrupciones en la cadena de suministros de insumos esenciales (helio, aluminio, urea, fosfatos), presionará al alza los precios de bienes y servicios, y podría desanclar las expectativas de inflación. Ese sería el preludio de una estanflación, un escenario que obligaría a los bancos centrales, como la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), a endurecer su postura monetaria.

En Estados Unidos, el mercado da por descontado que la Fed no reducirá durante el 2026 su tasa de referencia, que se mantuvo en la reunión de marzo en el rango del 3.5% al 3.75%. Por el contrario, gana terreno la posibilidad de un aumento con el fin de reforzar el anclaje de las expectativas de inflación. La Nota del Tesoro a dos años —sensible a la política monetaria de corto plazo— subió 61 puntos básicos en marzo y cerró en un 3.81%, mientras que la de diez años —que refleja expectativas de inflación de mediano y largo plazo— aumentó 49 puntos básicos hasta llegar al 4.32%.

En la eurozona, debido al choque energético que provocó en marzo una subida de la inflación hasta un 2.5% —0.6 puntos porcentuales por encima del mes anterior— y una revisión al alza de dicha tasa a un 2.6% para el año completo, se prevé un endurecimiento de la política monetaria. En particular, el mercado asigna una probabilidad de un 81% a que la tasa de referencia suba en la reunión de abril en 25 puntos básicos hasta un 2.25%.

En la República Dominicana, las tasas de interés en moneda nacional no registraron en marzo variaciones significativas. La tasa de interés pasiva subió durante ese mes 14 puntos básicos respecto al mes anterior y alcanzó un promedio de un 6.28%. Mientras, la tasa activa promedio ponderado se mantuvo en niveles equivalentes a los de febrero, aunque con una tendencia ascendente a partir de la segunda semana de marzo. 

Un dato revelador sobre las tasas de interés proviene de las colocaciones de deuda pública realizadas por el Ministerio de Hacienda. Según la Dirección General de Crédito Público, entre el 5 y el 25 de marzo se efectuaron cuatro subastas de deuda pública por un monto total de 100 mil millones de pesos, lo que elevó la liquidez excedente del Banco de Reservas, pero contrajo la del resto del sistema bancario. Debe destacarse que la tasa de rendimiento de dichas subastas pasó del 10.44% al 11.65% en apenas tres semanas, una subida de 121 puntos básicos. La aceptación de tasas más altas por parte del Ministerio de Hacienda podría reflejar la expectativa de presiones alcistas sobre las tasas de interés —pasiva y activa— las próximas semanas, en línea con lo que se proyecta a nivel internacional. 

El aumento del gasto corriente del gobierno, derivado del mayor déficit del sector eléctrico y del incremento del subsidio a los combustibles, perjudicará la inversión pública. El deterioro fiscal, que implica un menor aporte a la expansión económica, se combinará con el repunte de las tasas de interés y un escenario internacional recesivo para empujar hacia abajo el ritmo de variación del PIB. Ante esa situación económica, el Banco Central podría verse tentado de poner en marcha una nueva facilidad de liquidez rápida a tasas de interés subsidiadas con el objetivo de estimular la demanda agregada del sector privado y elevar el crecimiento económico. 

A pesar de que el tipo de cambio se ha apreciado un 3.3% frente al dólar en lo que va de año, lo cual crea cierto margen de maniobra en la gestión de liquidez, la decisión que enfrentaría el organismo emisor sería trascendental: una ampliación brusca de las facilidades crediticias, que se colocarían principalmente a través de bancos que en la actualidad tienen poco excedente de liquidez, se traduciría en una depreciación acelerada del peso. La mayor tasa de cambio encarecería los combustibles en moneda local y debilitaría aún más las finanzas públicas. 

Ceder a esa tentación erosionaría la credibilidad del Banco Central y desencadenaría un círculo vicioso de alto costo. En la coyuntura presente, dominada por un choque de oferta negativo, cualquier estímulo monetario no convencional tendría un impacto mínimo sobre el crecimiento, mientras que su efecto principal sería debilitar el anclaje de las expectativas y elevar la tasa de inflación. Ese deterioro no se limitaría a los indicadores macroeconómicos. Repercutiría directamente en el bolsillo de los contribuyentes: un encarecimiento sostenido de la canasta de consumo familiar y una pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones, con efectos severos para los hogares más vulnerables.

Cuidado con lo monetario

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 30 de marzo de 2026.]

 La evidencia empírica muestra que un choque de oferta negativo, como un encarecimiento abrupto del petróleo, puede derivar en una recesión o en una estanflación. La probabilidad de uno u otro desenlace depende, en gran medida, de la respuesta de la política monetaria. Por ello, en la coyuntura actual, los bancos centrales deben actuar con extrema cautela: un paso en falso podría amplificar el daño en lugar de contenerlo.

El aumento sostenido de los precios de los combustibles provocado por la guerra en Irán sitúa a los bancos centrales ante un escenario complejo: al mismo tiempo que se empuja la inflación al alza se deprime el producto interno bruto (PIB). Una flexibilización de la política monetaria serviría para amortiguar el impacto sobre el empleo y la producción, pero intensificaría las presiones inflacionarias. Por el contrario, un endurecimiento monetario ayudaría a contener los precios, aunque a costa de frenar la recuperación económica. Esa disyuntiva revela que la política óptima depende tanto de las condiciones iniciales de la economía como del estado de las expectativas de inflación.

Ben Bernanke, premio Nobel de Economía y expresidente de la Reserva Federal (Fed), sostiene que, si las expectativas de inflación están bien ancladas y el choque de oferta es transitorio, el banco central puede “mirar a través” de ese episodio y no mover las tasas de interés, ya que el repunte de los precios se corregirá por sí solo. Por otro lado, la experiencia de 1973 ofrece un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando la política monetaria se gestiona mal, ya que una recesión derivó en una estanflación. La subordinación a objetivos políticos de corto plazo llevó a la Fed a aplicar una política monetaria demasiado laxa en un período en el que las expectativas de inflación perdían su anclaje, lo que desencadenó un proceso inflacionario persistente y costoso para los consumidores. La lección es clara: cuando las expectativas empiezan a subir, la política monetaria debe volverse más restrictiva para preservar el anclaje y evitar que la inflación se consolide. 

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), abordó ese dilema el pasado 25 de marzo en la conferencia “The ECB and its Watchers,” en la que expuso la respuesta de la institución ante el conflicto bélico en Oriente Medio. Lagarde remarcó que, en un entorno de elevada incertidumbre, el BCE evaluará la naturaleza, magnitud y persistencia del choque antes de tomar decisiones. Ese enfoque permite calibrar respuestas óptimas que van desde “mirar a través” de perturbaciones pequeñas y transitorias hasta actuar de manera contundente y restrictiva cuando la desviación respecto al objetivo del 2% sea amplia y duradera. 

La máxima autoridad del BCE dejó claro que dicho organismo está dispuesto a incrementar, de forma ágil y sin demoras, la tasa de interés de referencia para evitar un aumento sostenido de la inflación. Subrayó que las empresas tienen mayor probabilidad de subir los precios en el momento en que la demanda es fuerte, mientras que los trabajadores suelen exigir aumentos salariales cuando la tasa de desocupación es baja, lo que eleva el riesgo de presiones inflacionarias de segunda vuelta. En tales circunstancias, resulta necesario incrementar la tasa de interés para moderar la demanda agregada y restar impulso a las variaciones de precios, antes de que estas deriven en una pérdida del anclaje de las expectativas de inflación. 

Por su parte, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reconoció el 18 de marzo que la inflación en Estados Unidos sigue elevada y que, aun cuando la creación de empleo mostraba señales de debilitamiento, el Comité decidió mantener inalterada y en territorio neutral la tasa de interés de referencia. Advirtió que la guerra en Medio Oriente añade incertidumbre y que la Fed vigilará de cerca tanto los riesgos inflacionarios como los de desaceleración económica. Entre los indicadores clave destacan las expectativas de inflación, que han aumentado como reacción al encarecimiento de los combustibles. A diferencia de las proyecciones previas a la guerra, el mercado anticipa ahora que, en el mejor de los casos, la tasa de política monetaria permanecerá hasta octubre de 2027 dentro del rango que va del 3.5% al 3.75%.

En la República Dominicana, el Banco Central tiene que mantener también sin cambios su tasa de interés de referencia. Al mismo tiempo, debe comunicar con claridad que está dispuesto a adoptar una postura más restrictiva si fuera necesario para asegurar que las expectativas de inflación permanezcan firmemente ancladas. 

Asimismo, conviene evitar el zigzagueo de la política monetaria que ha predominado desde mayo de 2023. Esa estrategia, inconsistente y alejada del esquema de metas de inflación, ha generado una mayor volatilidad en el tipo de cambio, en las tasas de interés y en los agregados monetarios. La inyección masiva de liquidez, mediante facilidades rápidas a tasas de interés subsidiadas, no ha logrado estimular de manera sostenida el crecimiento económico. Ello sugiere que muchos receptores de esos fondos los han utilizado para obtener beneficios con operaciones de arbitraje. 

En la coyuntura actual, marcada por un choque de oferta negativo cuyo carácter -transitorio o persistente- aún se desconoce, recurrir de nuevo a liquidez no convencional podría aumentar la incertidumbre, elevar la inflación y debilitar el anclaje de las expectativas, abriendo espacio para presiones de segunda vuelta. En ese contexto, la política monetaria debe evitar cualquier señal que pueda interpretarse como acomodaticia ante la inflación o como un giro que genere dudas sobre la consistencia del marco de metas.

Lo razonable es actuar con extremo cuidado en el frente monetario y fortalecer la credibilidad del Banco Central a través de la implementación estricta del esquema de metas de inflación. La estabilidad de precios no se preserva con intervenciones improvisadas que contradicen el objetivo fundamental del régimen monetario, sino con decisiones predecibles y transparentes. Solo así la institución podrá desempeñar su papel esencial: servir de ancla de estabilidad en tiempos turbulentos, un referente de confianza para hogares y empresas, y no un factor adicional de riesgo que incremente la probabilidad de un deterioro macroeconómico. En momentos de incertidumbre global, la credibilidad del Banco Central es, más que nunca, un activo que debe protegerse con firmeza.

De nuevo la inflación importada

[Escrito el 27 de marzo de 2026] 

La inflación importada vuelve al centro del debate económico. El reciente repunte del precio del crudo —impulsado por tensiones geopolíticas y restricciones de oferta— eleva los costos de transporte, electricidad y producción industrial. A esto se suma el encarecimiento de fertilizantes, un mercado concentrado en pocos productores y altamente sensible a los precios del gas natural. Analistas de mercado advierten que esta combinación genera un "doble choque" para los países dependientes de insumos importados.

El efecto se puede amplificar a través de los precios de los alimentos. El incremento del costo de los fertilizantes podría elevar el precio de insumos como el maíz, trigo y sorgo y presionar tanto la canasta básica como los costos agropecuarios, transmitiendo aumentos con rapidez hacia los precios finales. Para economías abiertas y con alta dependencia de importaciones, el fenómeno es particularmente difícil de gestionar: su origen es externo, pero su impacto recae directamente sobre los hogares.

Para economías como la dominicana, la respuesta exige combinar prudencia fiscal, reducción de gastos superfluos y ejecutar políticas focalizadas que protejan a los hogares más vulnerables. La inflación importada no es un problema provocado por la política nacional, pero puede contenerse con instituciones ágiles y decisiones a tiempo.

Medidas contra el choque petrolero

[Escrito el 23 de marzo de 2026]

El presidente Luis Abinader abordó de forma correcta la forma en que se debe enfrentar el choque petrolero que afecta al mundo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. 

Los países importadores netos de combustibles, como la República Dominicana, son los más vulnerables frente al aumento de precios y la menor disponibilidad de combustibles en los mercados internacionales, lo que eleva el riesgo de caer en una estanflación, que es un fenómeno caracterizado por la coexistencia de estancamiento económico e inflación. 

Para evitar ese terrible escenario económico hay que adoptar medidas, que como bien afirmó el presidente Abinader, implican sacrificios en el presente, pero evitan mayores costos en el futuro. 

Las consecuencias del racionamiento ya han comenzado a sentirse en los países asiáticos de ingreso medio que se abastecen en gran medida del crudo proveniente del Golfo Pérsico. Teletrabajo, educación virtual y cierre temporal de actividades productivas son algunas de las medidas adoptadas por algunos países para enfrentar la crisis. 

El ajuste de los precios de los combustibles en el mercado interno y la focalización de los subsidios a los segmentos de población más vulnerable es indispensable para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener la estabilidad macroeconómica. Los diez mil millones de pesos anunciados por el presidente Abinader como disponibles para enfrentar esta crisis deben entregarse a los hogares pobres. Ello implica la eliminación del subsidio generalizado actual, que beneficia principalmente a los más ricos. 

Mercados adelantados

[Escrito el 26 de marzo de 2026]

Hay momentos en los mercados que revelan comportamientos adelantados. El episodio ocurrido el lunes 23 de marzo minutos antes del mensaje de Donald Trump sobre supuestas “conversaciones productivas” con Irán es uno de ellos. Según datos del Financial Times, unos 6.200 contratos de Brent y WTI —equivalentes a 580 millones de dólares— se negociaron en apenas un minuto, justo quince minutos antes de que el presidente publicara su anuncio. La coincidencia temporal plantea una pregunta incómoda: ¿quién mueve posiciones de ese tamaño cuando no hay datos, eventos ni catalizadores visibles?

La reacción posterior al mensaje de Trump fue la esperada: el precio del crudo cayó con fuerza, al pasar de 98 a 86 dólares y los índices bursátiles repuntaron. Pero la narrativa duró poco. Horas después, el presidente del Parlamento iraní negó categóricamente cualquier negociación con Washington y acusó a Estados Unidos de difundir “fake news” para manipular los mercados. La corrección a las declaraciones iraníes fue inmediata: las bolsas retrocedieron y el petróleo recuperó parte del terreno perdido.

Al día siguiente, el 24 de marzo, el crudo volvió a oscilar y cerró en 88.39 dólares por barril. Y este repunte tiene un efecto claro: quienes vendieron a corto durante la caída anterior y cerraron rápido sus posiciones obtuvieron beneficios considerables; quienes se quedaron abiertos enfrentan posibles pérdidas en la medida en que suba el precio del crudo. 

Lo inquietante no es solo la oscilación de precios, sino la sensación de que algunos operadores parecen jugar con ventaja. Varios gestores llevan meses observando movimientos significativos ejecutados justo antes de anuncios oficiales. No es una acusación, pero sí un síntoma. Y cuando el mercado empieza a detectar patrones, la confianza —ese activo invisible que sostiene todo el sistema— se erosiona.

Quizá el verdadero riesgo no sea la volatilidad del petróleo, sino la opacidad que le acompaña. 

El fantasma de la estanflación

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 23 de marzo de 2026.] 

La guerra en Medio Oriente entró el miércoles pasado en una fase mucho más peligrosa. Israel e Irán agravaron el conflicto atacando infraestructuras energéticas cuya vulnerabilidad amenaza con desencadenar un choque petrolero de proporciones históricas. Israel bombardeó South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta. A su vez, Irán respondió con ataques directos contra el complejo gasífero Ras Laffan, en Catar. 

El presidente Trump negó que Estados Unidos tuviera conocimiento previo del ataque israelí y afirmó que este país cesará su ofensiva contra instalaciones iraníes de gas y crudo. Al mismo tiempo, advirtió a Irán que, si vuelve a bombardear las infraestructuras de Catar, el ejército estadounidense volará sus yacimientos de gas. Incluso amenazó con destruir las plantas eléctricas de Irán si no abría el estrecho de Ormuz. 

El riesgo de esta nueva fase es evidente: una reducción sustancial de la capacidad de oferta obligaría a un ajuste forzoso de la demanda durante dos o tres años, el tiempo mínimo necesario para reconstruir instalaciones dañadas en un conflicto de alta intensidad.

Antes de la guerra, el crudo se cotizaba en torno a los 67 dólares por barril, un nivel relativamente estable. Una pérdida del 10% de la capacidad global de producción, combinada con una elasticidad precio de la demanda cercana a -0.10, implicaría un aumento del precio del petróleo del 100%. En términos prácticos, el barril podría duplicar su valor hasta los 134 dólares. Si la destrucción de capacidad fuese mayor o la reacción de la demanda más rígida, el impacto resultaría más abrupto, con consecuencias demoledoras para la estabilidad macroeconómica. En un escenario de reducción de un 20% de la oferta disponible de crudo, su precio se situaría en el entorno de los 200 dólares. 

En Estados Unidos, las disrupciones del flujo de petróleo durante la década de 1970 provocaron en dos ocasiones el fenómeno conocido como estanflación, caracterizado por la coexistencia de estancamiento económico e inflación. El embargo petrolero impuesto por la OPEP en 1973, como reacción al apoyo de la Casa Blanca a Israel durante la guerra de Yom Kipur, triplicó el precio internacional del crudo. Como consecuencia, la tasa de desocupación alcanzó un 9% y la inflación un 12% en 1974. La revolución iraní de 1979 provocó una fuerte caída en la producción petrolera de esa nación, lo que incrementó el precio del crudo a más del doble. El resultado en Estados Unidos fue una caída de la actividad económica acompañada de una inflación de un 14% a mediados de 1980. 

En junio de 2008, el precio del crudo subió hasta un nivel equivalente a 209 dólares de 2026, muy por encima del precio de 1974 (71 dólares de 2026) y de mayo de 1980 (158 dólares de 2026); sin embargo, no se registró una estanflación, sino solo una recesión. La mayor credibilidad de la Reserva Federal, la aplicación de una política monetaria consistente con el anclaje de las expectativas, salarios reales más flexibles y una menor dependencia del petróleo en términos del producto interno bruto (PIB), explican por qué no se repitió en Estados Unidos un aumento de precios como el observado en los años setenta, década marcada por una intensa politización de la Fed. En la actualidad, Estados Unidos es un exportador neto de combustibles y cuenta con un banco central de probada fortaleza institucional, factores que reducen la probabilidad de una estanflación. 

Los países importadores netos de combustibles, como la República Dominicana, son los más vulnerables frente al aumento de precios y la menor disponibilidad de combustibles en los mercados internacionales, lo que eleva el riesgo de caer en una estanflación. Las consecuencias del racionamiento ya han comenzado a sentirse en los países asiáticos de ingreso medio que se abastecen en gran medida del crudo proveniente del Golfo Pérsico. 

La República Dominicana se encuentra entre los países con mayor exposición a un choque petrolero. Las importaciones de hidrocarburos representan alrededor de un 3.8% del PIB, un porcentaje que podría subir significativamente, como lo hizo entre 2011 y 2013, cuando alcanzó en promedio un 7.6% del PIB, en un contexto en el que el precio del crudo WTI superó los 95 dólares. Para ese entonces, el financiamiento derivado del acuerdo de Petrocaribe y las exportaciones de oro amortiguaron el impacto sobre la estabilidad macroeconómica. En 2022, el precio del WTI volvió a colocarse alrededor de los 95 dólares por barril y las importaciones de hidrocarburos alcanzaron un 5.4% del PIB. Ese año el subsidio semanal promedió 745 millones de pesos y registró un máximo de 1,800 millones de pesos entre el 11 y el 17 de junio. 

Si en 2026 el precio promedio del WTI se coloca entre los 100 y los 150 dólares y se asume una elasticidad precio de -0.1 combinada con un aumento proporcional de los precios en el mercado interno, las importaciones se colocarían entre un 5.2% y un 7.2% del PIB. Ese resultado implica que el incremento de los precios de los combustibles tendría un impacto negativo sobre las cuentas externas y fiscales, lo que obligaría a elevar la deuda pública y a utilizar parte de las reservas internacionales para amortiguar el nuevo choque de oferta.   

Dada la restricción internacional que impone la postura de la Reserva Federal, el Banco Central de la República Dominicana no podría aplicar una política monetaria expansiva para amortiguar el efecto recesivo del encarecimiento de los combustibles. Por el contrario, para asegurar el anclaje de las expectativas de inflación y minimizar variaciones de precios de segunda vuelta es recomendable que en la reunión de política monetaria de finales de este mes se mantenga la tasa de interés en el 5.25%. Asimismo, el comunicado de política debería enfatizar que las autoridades darán un seguimiento estricto a la inflación importada, en particular si el gobierno decide ajustar los precios internos de los combustibles. De este modo, se enviaría una señal al mercado de que el Banco Central está preparado para subir la tasa de interés de referencia en caso de que fuese necesario para preservar la estabilidad macroeconómica y exorcizar el fantasma de la estanflación.

Banco Central mantendrá su tasa de interés

[Escrito el 20 de marzo de 2026] 

El conflicto en Medio Oriente presiona al alza los precios internacionales de los combustibles y, con ello, eleva la inflación global. Ese entorno obliga a los bancos centrales a actuar con extrema cautela y tiendan a inclinarse hacia posturas monetarias más restrictivas.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció el miércoles 18 de marzo que la tasa de interés de referencia se mantendrá en el rango del 3.5% al 3.75%. La decisión adquiere una gran relevancia porque el mercado laboral estadounidense se encuentra en un proceso de enfriamiento, que se manifiesta en el deterioro del ritmo de creación de empleo y en el incremento del desempleo. Aun así, la Fed prefiere esperar antes de flexibilizar. 

Cuando los nuevos pronósticos de inflación incorporen el impacto de los mayores precios de los combustibles, que podría ser considerable si el conflicto afecta infraestructura energética, es probable que la Reserva Federal adopte una postura más dura. Así las cosas, el mercado podría proyectar un aumento de tasas antes de fin de año para contener la inflación, incluso a costa de un menor crecimiento económico.

En la reunión de política monetaria de finales de este mes, el Banco Central de la República Dominicana mantendrá la tasa de interés en el 5.25%, pero esto no será suficiente para el mercado. Lo recomendable es que en el comunicado de política afirme que las autoridades le darán seguimiento estricto a la inflación importada, en particular si el gobierno decide ajustar los precios internos de los combustibles, y que se han preparado para subir la tasa de interés en caso de que fuese necesario para preservar la estabilidad macroeconómica. 

Camino expedito hacia la perdición

[Escrito el 19 de marzo de 2026] 

La guerra en Medio Oriente entró el miércoles en una fase mucho más peligrosa. Israel e Irán ampliaron el conflicto mediante el ataque de infraestructuras críticas cuya vulnerabilidad amenaza con desencadenar un shock petrolero de proporciones históricas. 

Israel atacó South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta. Irán respondió con ataques directos contra el centro gasífero Ras Laffan de Catar. 

El presidente Trump negó que Estados Unidos supiera con anticipación sobre el ataque a South Pars e indicó que Israel no seguirá su ataque contra instalaciones de gas y crudo iraní. Asimismo, advirtió a Irán que, si vuelve a bombardear a Catar, su ejército volará masivamente todo el yacimiento de gas de Irán.

El riesgo de esta nueva fase es evidente: una reducción sustancial de la capacidad de oferta obligaría a un ajuste forzoso de la demanda durante dos o tres años, el tiempo mínimo necesario para reconstruir instalaciones dañadas en un conflicto de alta intensidad.

Antes de la guerra, el crudo se cotizaba en torno a los 67 dólares por barril, un nivel relativamente estable. Una pérdida del 10% de la capacidad global de producción, combinada con una elasticidad-precio de la demanda cercana a 0.10, implicaría un aumento del precio del petróleo del orden del 100%. En términos prácticos, el barril podría duplicar su valor hasta los 134 dólares, pero si la destrucción de capacidad fuese mayor o la reacción de la demanda más rígida, el impacto sería aún más abrupto, con consecuencias demoledoras para la estabilidad macroeconómica mundial.

Apocalipsis petrolero

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 16 de marzo de 2026.]

Peor que un incremento del precio del petróleo es un escenario de escasez provocado por la destrucción de capacidad productiva. El encarecimiento del crudo eleva los costos de bienes y servicios, alimenta la inflación y, en consecuencia, erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Cuando, además, se deteriora la infraestructura de combustibles, el impacto se amplifica y resulta mucho más severo: la producción se paraliza, las cadenas de suministro se interrumpen y la economía se adentra en una fase recesiva.

Hasta ahora, la guerra en Medio Oriente solo ha generado un desequilibrio transitorio entre la oferta y la demanda de combustibles. El cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la que circula cerca del 20% de la demanda mundial de crudo, ha empujado el precio del petróleo hacia el entorno de los 100 dólares por barril. 

En respuesta al aumento de los precios, se han planteado varias medidas para aumentar la oferta. Entre ellas, destaca la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los países del G‑7. También se ha debatido la conveniencia de flexibilizar las sanciones impuestas a Rusia desde 2022. La primera iniciativa —equivalente a unos cuatro días de demanda global o a veinte del volumen que atraviesa a diario el estrecho de Ormuz— podría contribuir a estabilizar los precios si se anticipa una resolución rápida del conflicto. La segunda ofrece un alivio limitado: Rusia ha seguido vendiendo su crudo a China y a la India con importantes descuentos, mediante una flota de buques que opera fuera del radar regulatorio.

Aun cuando las hostilidades concluyeran pronto, la guerra en Medio Oriente podría dejar secuelas de mediano plazo en el mercado de combustibles. Tras el ataque estadounidense a la isla de Kharg —por donde Irán canaliza cerca del 90% de sus exportaciones de crudo— las autoridades iraníes han advertido que responderán contra instalaciones vinculadas a intereses petroleros de Estados Unidos en la región. La proximidad de Irán a varios productores clave del Golfo —Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros— implica que cualquier escalada bélica regional incrementa el riesgo sobre infraestructuras energéticas cruciales para la oferta mundial.

En un escenario de desabastecimiento provocado por la destrucción de capacidad productiva, los países no solo pagarían más por cada barril de crudo, también competirían por asegurarlo, acumularían inventarios y reconfigurarían alianzas. El shock de oferta deja de ser exclusivamente económico para adquirir dimensiones políticas, logísticas y militares. Esa combinación —escasez física acompañada de tensiones geoestratégicas— convierte el desabastecimiento en un riesgo mucho más inquietante que un simple aumento de precios.

La presión de la demanda y unos precios que podrían superar los 150 dólares por barril llevarían a muchas empresas a declarar fuerza mayor, cancelar contratos y asumir penalidades antes que cumplir compromisos de suministro pactados a precios más bajos. En ese contexto, los exportadores netos de combustibles —como Estados Unidos— aprovecharían la escasez y los precios elevados para obtener beneficios extraordinarios.

Los países más expuestos a una escasez de combustibles serían los asiáticos: China, India, Japón y Corea del Sur dependen en gran medida del petróleo procedente del Golfo Pérsico. Europa también importa crudo de esa región, aunque en menor proporción. Esa vulnerabilidad llevó a Donald Trump a solicitar a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido el envío de buques de guerra para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz. Londres ya rechazó desplegar un portaaviones, mientras que los demás países no han ofrecido una respuesta pública a la petición.

Tal como se anticipó en el artículo “Fuerza Mayor”, publicado en esta columna la semana pasada, el encarecimiento de los combustibles elevó en la República Dominicana el subsidio por encima de los mil millones de pesos. El Ministerio de Industria y Comercio informó el viernes que el subsidio ascendió a 1,190 millones de pesos, pese a que las gasolinas y el gasoil aumentaron 5 pesos por galón. Se trata de un nivel que presiona las finanzas públicas, ya que el presupuesto del Gobierno no contempla recursos suficientes para sostener un subsidio de esa magnitud durante más de dos meses.

La historia dominicana presenta episodios en los que ha sido posible amortiguar el impacto del alza del precio del petróleo. En los años setenta, el fuerte incremento del precio del azúcar en los mercados internacionales evitó que el shock petrolero de 1973 derivara en una recesión. Más tarde, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país contó con el acuerdo de Petrocaribe, que permitió financiar entre 2005 y 2014 —a una tasa de un 1% y a 25 años— importaciones de combustibles provenientes de Venezuela por más de cuatro mil millones de dólares. En la situación actual, el aumento del precio del oro no basta para compensar el encarecimiento del crudo, ni existen condiciones regionales para establecer un mecanismo de financiamiento similar al que ofreció Petrocaribe. 

Por otra parte, la economía dominicana ha registrado también episodios de escasez de combustibles. El aumento del precio del petróleo en el segundo semestre de 1990, combinado con controles de precios aplicados por el Gobierno, provocó un desabastecimiento en el mercado local. Ese episodio contribuyó a una caída del 5% del producto interno bruto (PIB) y a una inflación del 80% en ese año. La evidencia confirma que el impacto estanflacionario de un shock petrolero es mucho más grave cuando los precios elevados coinciden con una menor disponibilidad de productos.

A la mayoría de países le conviene que la guerra concluya cuanto antes, en especial a los que están directamente involucrados. Todos los conflictos terminan en algún momento; la decisión racional y óptima es llegar a un acuerdo antes de que se destruya la capacidad productiva que abastece el 20% del crudo mundial. Si esa infraestructura crítica queda fuera de servicio, el problema dejará de ser un alza de precios transitoria para convertirse en una dislocación del sistema energético global: un shock que paralizaría la producción, alteraría rutas comerciales, deterioraría las finanzas públicas y desestabilizaría economías enteras. Evitar que el conflicto cruce ese umbral es la única forma de impedir que una tensión regional desemboque en un auténtico apocalipsis petrolero.

Un estrecho muy costoso

[Escrito el 13 de marzo de 2026] 

La imposibilidad de cruzar el estrecho de Ormuz se ha convertido en el detonante principal del aumento explosivo en los precios del petróleo y sus derivados. La decisión de Irán de colocar minas marítimas y atacar los tanqueros que intentan atravesar ese angosto corredor ha paralizado cerca del 20% del flujo mundial de crudo, empujando su precio hacia los 100 dólares por barril.

Las nuevas autoridades iraníes han dejado claro que el conflicto no terminará pronto. Lo han demostrado con bombardeos recientes a embarcaciones, una señal inequívoca de que la afirmación de Trump sobre la brevedad de la guerra carece de sustento. Todo indica que el enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos e Irán será más prolongado de lo previsto, y el mercado ya comienza a internalizar ese escenario.

Ante esta situación, la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas equivale apenas a cuatro días de la demanda global. O, visto desde otra perspectiva, a veinte días del flujo de 20 millones de barriles que normalmente transitan a diario por el estrecho de Ormuz. Esto revela que el impacto de esa medida sobre los precios será limitado y efímero. Además, es probable que existan restricciones logísticas en la capacidad de despacho diario de esas reservas, lo que reduce aún más su capacidad para compensar la caída actual en la oferta disponible.

Frente al enorme costo económico que ha generado el control iraní del estrecho —y que podría dispararse aún más si el barril supera los 150 dólares— la alternativa más sensata sería la construcción de un oleoducto que permita transportar el crudo desde un punto geográfico fuera del de esa zona estratégica. 

Fuerza mayor

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 9 de marzo de 2026.] 

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, ha reconfigurado de manera abrupta el panorama económico internacional. La magnitud de sus consecuencias dependerá de la duración del conflicto. En términos económicos, se trata de un choque de oferta negativo, uno de los más relevantes desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reduce la capacidad productiva mundial, encarece la energía y eleva la inflación. Para economías abiertas y dependientes de combustibles e insumos importados, como la República Dominicana, el impacto podría ser muy negativo.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor del 30% del gas natural licuado, se ha convertido de nuevo en un punto crítico de vulnerabilidad. Tras los ataques y contraataques de las naciones involucradas en la guerra, el tráfico marítimo se redujo drásticamente: decenas de buques petroleros y gaseros han sido desviados o permanecen anclados fuera del estrecho ante el aumento del riesgo militar y el encarecimiento de las primas del seguro marítimo. La situación se agravó con los bombardeos iraníes contra instalaciones de combustibles en Arabia Saudita y Catar, lo que obligó al ministro de Energía catarí a declarar fuerza mayor y a suspender las operaciones productivas.  

La reacción de los mercados internacionales fue inmediata. En pocos días, el precio del crudo WTI subió de 67 a 91 dólares por barril, su nivel más alto desde 2023, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro. El gas natural en Europa también registró incrementos significativos, superiores al 67%, lo cual evidencia la sensibilidad del mercado ante cualquier amenaza al suministro de Catar, uno de los mayores exportadores del mundo.

El encarecimiento del petróleo y de los combustibles blancos ha reavivado las presiones inflacionarias por el lado de la oferta justo cuando algunas economías avanzadas se preparaban para iniciar ciclos de recortes de tasas de interés. Los elevados precios de los combustibles se traducirán en costos más elevados de la electricidad, de los transportes —marítimos, aéreos y terrestres— y de otros insumos clave para la producción de alimentos, como los fertilizantes. Este conjunto de factores aumenta el riesgo de estanflación: período de estancamiento económico acompañado de inflación elevada.

Por otra parte, entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, los índices bursátiles internacionales retrocedieron por la posibilidad de que la guerra en el Golfo Pérsico provoque una contracción del flujo de efectivo. A pesar de que Estados Unidos es un exportador neto de combustibles, el Dow Jones cayó un 3%, el S&P 500 un 2% y el Nasdaq perdió un 1.2%. A Europa le fue peor: el DAX alemán retrocedió un 6.7%, el FTSE 100 británico un 6.1% y el IBEX 35 español un 7%. 

Ante el temor al repunte inflacionario y la volatilidad financiera, el mercado prevé que la Reserva Federal (Fed) adopte una postura cautelosa y un entorno monetario más restrictivo de lo previsto. Hace unos días se proyectaba que la Fed recortaría la tasa de interés de referencia en dos ocasiones —de 25 puntos básicos cada una— entre junio y diciembre; sin embargo, tras el estallido del conflicto, lo más probable es que se apruebe un único recorte de 25 puntos básicos a partir de septiembre. 

En el caso del Banco Central Europeo (BCE), se esperaba para este año una reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia. No obstante, los contratos de swaps anticipan ahora un incremento de 25 puntos básicos. Al mismo tiempo, ante la volatilidad energética, los tenedores de bonos soberanos y corporativos decidieron recortar las posiciones de los títulos que mantienen en sus portafolios, lo que redujo su precio y aumentó la correspondiente tasa de rendimiento durante la que se ha calificado como la peor semana para el índice global agregado de bonos desde octubre de 2024. 

La República Dominicana, importadora neta de combustibles, también sufrirá los efectos de la guerra en el Medio Oriente. Se puede afirmar que, por cada dólar adicional en el precio del barril de crudo, la factura petrolera anual del país se incrementa en unos 50 millones de dólares. La variación sería mayor si los precios de los combustibles blancos y del Gas Natural aumentasen a un ritmo más acelerado que el del petróleo en los mercados internacionales. Con el barril del WTI por encima de los 91 dólares, el impacto sobre la balanza de pagos y la demanda de divisas es inmediato. 

El pasado viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que el subsidio a los combustibles subió a los 545 millones de pesos, cifra que supera en 357 millones el monto asignado en la semana anterior. Si los precios internacionales del petróleo y sus derivados se mantienen elevados y el peso pierde valor frente al dólar, el subsidio podría volver a niveles similares a los de mediados de 2022, cuando superó los mil millones de pesos semanales. En el presupuesto actual, elaborado con un precio del petróleo inferior a 48 dólares por barril, no hay recursos suficientes para enfrentar ese monto de subsidios. 

El aumento de precios de los derivados del petróleo y del gas natural utilizados en la generación eléctrica deteriorará también las finanzas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). La situación creará un mayor estrés sobre el saldo de las finanzas del Gobierno, que deberá incrementar las transferencias a las EDE o ampliar las horas de interrupción del servicio eléctrico.

Por último, la crisis en el Medio Oriente impulsará la inflación importada, lo que implica un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa dinámica dificultará la tarea del Banco Central de la República Dominicana en su objetivo de mantener la variación de precios dentro del rango meta. Al mismo tiempo, la institución tendrá que aceptar, por fuerza mayor, un ritmo de crecimiento económico en 2026 inferior al previsto antes de este nuevo choque externo. Todo ello puede mitigarse si la guerra dura poco tiempo. De lo contrario, incluso los ingresos de divisas por remesas y turismo se verían afectados.