[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de agosto de 2026.]
Pocos socios de Estados Unidos en la región pueden exhibir un historial de lealtad tan prolongado y consistente como el dominicano. Sin embargo, de forma paradójica, el mismo país que Washington describe como un miembro clave de la coalición hemisférica contra los cárteles de la droga ha sido penalizado con un arancel del 12.5% y se ha convertido en la primera nación a cuyos ciudadanos se les exige una fianza de más de cien mil dólares si desean obtener la visa de residencia.
Para entender lo desproporcionado de esas medidas, conviene remontarse al origen de la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, que se extiende por más de cien años. En el transcurso de las primeras dos décadas del siglo XX, se crearon las condiciones jurídicas que fortalecieron el régimen de propiedad de la tierra, lo cual favoreció la entrada y protección de la industria azucarera estadounidense ubicada en la zona este del país.
Durante los años ochenta, mientras Centroamérica se desangraba en conflictos internos —guerra civil en El Salvador, insurgencia en Guatemala, revolución sandinista y contrarrevolución en Nicaragua—, la República Dominicana se mantuvo como un remanso de estabilidad institucional en una región convulsionada. Esa solidez resultó determinante para que empresas estadounidenses instalaran zonas francas textiles y de manufactura ligera al amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, promulgada en 1983, aprovechando el acceso preferencial y libre de aranceles al mercado norteamericano en momentos en que otros países de la cuenca resultaban inviables debido al riesgo político y militar.
La extraordinaria alianza entre ambos países se confirmó en 2003, cuando la República Dominicana envió un contingente militar a Irak como parte de la coalición convocada por el gobierno de George W. Bush. La participación dominicana fue modesta en términos numéricos, pero tuvo un peso simbólico considerable, ya que pocos países latinoamericanos respondieron favorablemente al llamado de Washington en un momento de fuerte división internacional sobre la legitimidad de esa invasión.
El respaldo dominicano se ha manifestado, además, de forma sistemática en los foros multilaterales. En la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, el país ha votado en momentos clave en sintonía con las posiciones impulsadas por Estados Unidos, ya sea en resoluciones de derechos humanos, condenas a gobiernos autoritarios de la región o iniciativas de seguridad hemisférica. Más recientemente, representantes de ambos gobiernos se han reunido para fortalecer la lucha contra organizaciones narcoterroristas que utilizan el Caribe como corredor de tráfico ilícito, y Washington ha reconocido públicamente a la República Dominicana como un miembro importante de la ofensiva contra el narcotráfico.
A finales del 2025, el gobierno dominicano permitió que aeronaves militares estadounidenses operaran desde la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas como parte del despliegue militar necesario en la operación que culminó en enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo.
Todo el historial de lealtad y colaboración —económica, militar, diplomática y en seguridad—hace difícil justificar las medidas comerciales que Estados Unidos ha adoptado contra el país durante la segunda administración de Donald Trump. En julio, se impuso un arancel del 12.5% a las exportaciones dominicanas, a excepción de los productos textiles, con el argumento de que el país no había establecido ni aplicado con eficacia una prohibición contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. El gobierno dominicano reaccionó horas antes de la entrada en vigor de la medida a través del Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas bajo dichas condiciones y establece un mecanismo destinado a investigar y bloquear ese tipo de bienes.
En agosto, un informe de la Casa Blanca volvió a situar al país en el centro de la controversia comercial, esta vez con una acusación de mayor calado: el documento señaló a unos 40 países —entre ellos la República Dominicana, Costa Rica y varias naciones de Asia Central, África y Oriente Medio— como plataformas utilizadas para reenviar productos chinos hacia el mercado estadounidense con el propósito de evadir aranceles. La respuesta dominicana no se hizo esperar. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes declaró que no existen operaciones ilegales de montaje de productos para exportación y que el Estado dominicano no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de las mercancías.
A esas dos medidas se sumó una tercera de naturaleza distinta, pero igual de contundente. El Departamento de Estado anunció que la República Dominicana sería la primera nación del mundo seleccionada para un programa piloto que exige una fianza económica al solicitante de visa de residencia cuando un cónsul lo considere una potencial "carga pública." El monto se ha estimado entre 100 mil y 250 mil dólares. La decisión resulta muy perjudicial para un país cuya principal fuente de divisas son las remesas familiares.
Más allá de la reciprocidad política, existe un argumento económico que hace aún más difícil sostener las sanciones. El comercio bilateral, enmarcado en el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, genera un superávit por encima de los cinco mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, lo que equivale a afirmar que la economía dominicana es la que debería proteger su mercado y no al revés. Este dato desmonta el argumento que habitualmente se invoca para legitimar aranceles —la necesidad de corregir desequilibrios comerciales perjudiciales para Estados Unidos— pues, en el caso dominicano, el desequilibrio favorece a Washington.
Por todo ello, resulta difícil de entender que un país que ha sido un socio confiable, y que ha respaldado a Estados Unidos en numerosas ocasiones, reciba un trato tan injusto. La Casa Blanca tiene la oportunidad —y, a la luz del historial dominicano, también razones suficientes— de revisar esas decisiones sin que ello suponga ceder en sus objetivos legítimos. Hacerlo sería un gesto coherente con la relación de confianza y colaboración que ambos países han ido construyendo durante más de cien años.
