Banco Central mantendrá su tasa de interés

[Escrito el 20 de marzo de 2026] 

El conflicto en Medio Oriente presiona al alza los precios internacionales de los combustibles y, con ello, eleva la inflación global. Ese entorno obliga a los bancos centrales a actuar con extrema cautela y tiendan a inclinarse hacia posturas monetarias más restrictivas.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció el miércoles 18 de marzo que la tasa de interés de referencia se mantendrá en el rango del 3.5% al 3.75%. La decisión adquiere una gran relevancia porque el mercado laboral estadounidense se encuentra en un proceso de enfriamiento, que se manifiesta en el deterioro del ritmo de creación de empleo y en el incremento del desempleo. Aun así, la Fed prefiere esperar antes de flexibilizar. 

Cuando los nuevos pronósticos de inflación incorporen el impacto de los mayores precios de los combustibles, que podría ser considerable si el conflicto afecta infraestructura energética, es probable que la Reserva Federal adopte una postura más dura. Así las cosas, el mercado podría proyectar un aumento de tasas antes de fin de año para contener la inflación, incluso a costa de un menor crecimiento económico.

En la reunión de política monetaria de finales de este mes, el Banco Central de la República Dominicana mantendrá la tasa de interés en el 5.25%, pero esto no será suficiente para el mercado. Lo recomendable es que en el comunicado de política afirme que las autoridades le darán seguimiento estricto a la inflación importada, en particular si el gobierno decide ajustar los precios internos de los combustibles, y que se han preparado para subir la tasa de interés en caso de que fuese necesario para preservar la estabilidad macroeconómica. 

Camino expedito hacia la perdición

[Escrito el 19 de marzo de 2026] 

La guerra en Medio Oriente entró el miércoles en una fase mucho más peligrosa. Israel e Irán ampliaron el conflicto mediante el ataque de infraestructuras críticas cuya vulnerabilidad amenaza con desencadenar un shock petrolero de proporciones históricas. 

Israel atacó South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta. Irán respondió con ataques directos contra el centro gasífero Ras Laffan de Catar. 

El presidente Trump negó que Estados Unidos supiera con anticipación sobre el ataque a South Pars e indicó que Israel no seguirá su ataque contra instalaciones de gas y crudo iraní. Asimismo, advirtió a Irán que, si vuelve a bombardear a Catar, su ejército volará masivamente todo el yacimiento de gas de Irán.

El riesgo de esta nueva fase es evidente: una reducción sustancial de la capacidad de oferta obligaría a un ajuste forzoso de la demanda durante dos o tres años, el tiempo mínimo necesario para reconstruir instalaciones dañadas en un conflicto de alta intensidad.

Antes de la guerra, el crudo se cotizaba en torno a los 67 dólares por barril, un nivel relativamente estable. Una pérdida del 10% de la capacidad global de producción, combinada con una elasticidad-precio de la demanda cercana a 0.10, implicaría un aumento del precio del petróleo del orden del 100%. En términos prácticos, el barril podría duplicar su valor hasta los 134 dólares, pero si la destrucción de capacidad fuese mayor o la reacción de la demanda más rígida, el impacto sería aún más abrupto, con consecuencias demoledoras para la estabilidad macroeconómica mundial.

Apocalipsis petrolero

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 16 de marzo de 2026.]

Peor que un incremento del precio del petróleo es un escenario de escasez provocado por la destrucción de capacidad productiva. El encarecimiento del crudo eleva los costos de bienes y servicios, alimenta la inflación y, en consecuencia, erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Cuando, además, se deteriora la infraestructura de combustibles, el impacto se amplifica y resulta mucho más severo: la producción se paraliza, las cadenas de suministro se interrumpen y la economía se adentra en una fase recesiva.

Hasta ahora, la guerra en Medio Oriente solo ha generado un desequilibrio transitorio entre la oferta y la demanda de combustibles. El cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la que circula cerca del 20% de la demanda mundial de crudo, ha empujado el precio del petróleo hacia el entorno de los 100 dólares por barril. 

En respuesta al aumento de los precios, se han planteado varias medidas para aumentar la oferta. Entre ellas, destaca la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los países del G‑7. También se ha debatido la conveniencia de flexibilizar las sanciones impuestas a Rusia desde 2022. La primera iniciativa —equivalente a unos cuatro días de demanda global o a veinte del volumen que atraviesa a diario el estrecho de Ormuz— podría contribuir a estabilizar los precios si se anticipa una resolución rápida del conflicto. La segunda ofrece un alivio limitado: Rusia ha seguido vendiendo su crudo a China y a la India con importantes descuentos, mediante una flota de buques que opera fuera del radar regulatorio.

Aun cuando las hostilidades concluyeran pronto, la guerra en Medio Oriente podría dejar secuelas de mediano plazo en el mercado de combustibles. Tras el ataque estadounidense a la isla de Kharg —por donde Irán canaliza cerca del 90% de sus exportaciones de crudo— las autoridades iraníes han advertido que responderán contra instalaciones vinculadas a intereses petroleros de Estados Unidos en la región. La proximidad de Irán a varios productores clave del Golfo —Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros— implica que cualquier escalada bélica regional incrementa el riesgo sobre infraestructuras energéticas cruciales para la oferta mundial.

En un escenario de desabastecimiento provocado por la destrucción de capacidad productiva, los países no solo pagarían más por cada barril de crudo, también competirían por asegurarlo, acumularían inventarios y reconfigurarían alianzas. El shock de oferta deja de ser exclusivamente económico para adquirir dimensiones políticas, logísticas y militares. Esa combinación —escasez física acompañada de tensiones geoestratégicas— convierte el desabastecimiento en un riesgo mucho más inquietante que un simple aumento de precios.

La presión de la demanda y unos precios que podrían superar los 150 dólares por barril llevarían a muchas empresas a declarar fuerza mayor, cancelar contratos y asumir penalidades antes que cumplir compromisos de suministro pactados a precios más bajos. En ese contexto, los exportadores netos de combustibles —como Estados Unidos— aprovecharían la escasez y los precios elevados para obtener beneficios extraordinarios.

Los países más expuestos a una escasez de combustibles serían los asiáticos: China, India, Japón y Corea del Sur dependen en gran medida del petróleo procedente del Golfo Pérsico. Europa también importa crudo de esa región, aunque en menor proporción. Esa vulnerabilidad llevó a Donald Trump a solicitar a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido el envío de buques de guerra para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz. Londres ya rechazó desplegar un portaaviones, mientras que los demás países no han ofrecido una respuesta pública a la petición.

Tal como se anticipó en el artículo “Fuerza Mayor”, publicado en esta columna la semana pasada, el encarecimiento de los combustibles elevó en la República Dominicana el subsidio por encima de los mil millones de pesos. El Ministerio de Industria y Comercio informó el viernes que el subsidio ascendió a 1,190 millones de pesos, pese a que las gasolinas y el gasoil aumentaron 5 pesos por galón. Se trata de un nivel que presiona las finanzas públicas, ya que el presupuesto del Gobierno no contempla recursos suficientes para sostener un subsidio de esa magnitud durante más de dos meses.

La historia dominicana presenta episodios en los que ha sido posible amortiguar el impacto del alza del precio del petróleo. En los años setenta, el fuerte incremento del precio del azúcar en los mercados internacionales evitó que el shock petrolero de 1973 derivara en una recesión. Más tarde, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país contó con el acuerdo de Petrocaribe, que permitió financiar entre 2005 y 2014 —a una tasa de un 1% y a 25 años— importaciones de combustibles provenientes de Venezuela por más de cuatro mil millones de dólares. En la situación actual, el aumento del precio del oro no basta para compensar el encarecimiento del crudo, ni existen condiciones regionales para establecer un mecanismo de financiamiento similar al que ofreció Petrocaribe. 

Por otra parte, la economía dominicana ha registrado también episodios de escasez de combustibles. El aumento del precio del petróleo en el segundo semestre de 1990, combinado con controles de precios aplicados por el Gobierno, provocó un desabastecimiento en el mercado local. Ese episodio contribuyó a una caída del 5% del producto interno bruto (PIB) y a una inflación del 80% en ese año. La evidencia confirma que el impacto estanflacionario de un shock petrolero es mucho más grave cuando los precios elevados coinciden con una menor disponibilidad de productos.

A la mayoría de países le conviene que la guerra concluya cuanto antes, en especial a los que están directamente involucrados. Todos los conflictos terminan en algún momento; la decisión racional y óptima es llegar a un acuerdo antes de que se destruya la capacidad productiva que abastece el 20% del crudo mundial. Si esa infraestructura crítica queda fuera de servicio, el problema dejará de ser un alza de precios transitoria para convertirse en una dislocación del sistema energético global: un shock que paralizaría la producción, alteraría rutas comerciales, deterioraría las finanzas públicas y desestabilizaría economías enteras. Evitar que el conflicto cruce ese umbral es la única forma de impedir que una tensión regional desemboque en un auténtico apocalipsis petrolero.

Un estrecho muy costoso

[Escrito el 13 de marzo de 2026] 

La imposibilidad de cruzar el estrecho de Ormuz se ha convertido en el detonante principal del aumento explosivo en los precios del petróleo y sus derivados. La decisión de Irán de colocar minas marítimas y atacar los tanqueros que intentan atravesar ese angosto corredor ha paralizado cerca del 20% del flujo mundial de crudo, empujando su precio hacia los 100 dólares por barril.

Las nuevas autoridades iraníes han dejado claro que el conflicto no terminará pronto. Lo han demostrado con bombardeos recientes a embarcaciones, una señal inequívoca de que la afirmación de Trump sobre la brevedad de la guerra carece de sustento. Todo indica que el enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos e Irán será más prolongado de lo previsto, y el mercado ya comienza a internalizar ese escenario.

Ante esta situación, la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas equivale apenas a cuatro días de la demanda global. O, visto desde otra perspectiva, a veinte días del flujo de 20 millones de barriles que normalmente transitan a diario por el estrecho de Ormuz. Esto revela que el impacto de esa medida sobre los precios será limitado y efímero. Además, es probable que existan restricciones logísticas en la capacidad de despacho diario de esas reservas, lo que reduce aún más su capacidad para compensar la caída actual en la oferta disponible.

Frente al enorme costo económico que ha generado el control iraní del estrecho —y que podría dispararse aún más si el barril supera los 150 dólares— la alternativa más sensata sería la construcción de un oleoducto que permita transportar el crudo desde un punto geográfico fuera del de esa zona estratégica. 

Fuerza mayor

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 9 de marzo de 2026.] 

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, ha reconfigurado de manera abrupta el panorama económico internacional. La magnitud de sus consecuencias dependerá de la duración del conflicto. En términos económicos, se trata de un choque de oferta negativo, uno de los más relevantes desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reduce la capacidad productiva mundial, encarece la energía y eleva la inflación. Para economías abiertas y dependientes de combustibles e insumos importados, como la República Dominicana, el impacto podría ser muy negativo.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor del 30% del gas natural licuado, se ha convertido de nuevo en un punto crítico de vulnerabilidad. Tras los ataques y contraataques de las naciones involucradas en la guerra, el tráfico marítimo se redujo drásticamente: decenas de buques petroleros y gaseros han sido desviados o permanecen anclados fuera del estrecho ante el aumento del riesgo militar y el encarecimiento de las primas del seguro marítimo. La situación se agravó con los bombardeos iraníes contra instalaciones de combustibles en Arabia Saudita y Catar, lo que obligó al ministro de Energía catarí a declarar fuerza mayor y a suspender las operaciones productivas.  

La reacción de los mercados internacionales fue inmediata. En pocos días, el precio del crudo WTI subió de 67 a 91 dólares por barril, su nivel más alto desde 2023, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro. El gas natural en Europa también registró incrementos significativos, superiores al 67%, lo cual evidencia la sensibilidad del mercado ante cualquier amenaza al suministro de Catar, uno de los mayores exportadores del mundo.

El encarecimiento del petróleo y de los combustibles blancos ha reavivado las presiones inflacionarias por el lado de la oferta justo cuando algunas economías avanzadas se preparaban para iniciar ciclos de recortes de tasas de interés. Los elevados precios de los combustibles se traducirán en costos más elevados de la electricidad, de los transportes —marítimos, aéreos y terrestres— y de otros insumos clave para la producción de alimentos, como los fertilizantes. Este conjunto de factores aumenta el riesgo de estanflación: período de estancamiento económico acompañado de inflación elevada.

Por otra parte, entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, los índices bursátiles internacionales retrocedieron por la posibilidad de que la guerra en el Golfo Pérsico provoque una contracción del flujo de efectivo. A pesar de que Estados Unidos es un exportador neto de combustibles, el Dow Jones cayó un 3%, el S&P 500 un 2% y el Nasdaq perdió un 1.2%. A Europa le fue peor: el DAX alemán retrocedió un 6.7%, el FTSE 100 británico un 6.1% y el IBEX 35 español un 7%. 

Ante el temor al repunte inflacionario y la volatilidad financiera, el mercado prevé que la Reserva Federal (Fed) adopte una postura cautelosa y un entorno monetario más restrictivo de lo previsto. Hace unos días se proyectaba que la Fed recortaría la tasa de interés de referencia en dos ocasiones —de 25 puntos básicos cada una— entre junio y diciembre; sin embargo, tras el estallido del conflicto, lo más probable es que se apruebe un único recorte de 25 puntos básicos a partir de septiembre. 

En el caso del Banco Central Europeo (BCE), se esperaba para este año una reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia. No obstante, los contratos de swaps anticipan ahora un incremento de 25 puntos básicos. Al mismo tiempo, ante la volatilidad energética, los tenedores de bonos soberanos y corporativos decidieron recortar las posiciones de los títulos que mantienen en sus portafolios, lo que redujo su precio y aumentó la correspondiente tasa de rendimiento durante la que se ha calificado como la peor semana para el índice global agregado de bonos desde octubre de 2024. 

La República Dominicana, importadora neta de combustibles, también sufrirá los efectos de la guerra en el Medio Oriente. Se puede afirmar que, por cada dólar adicional en el precio del barril de crudo, la factura petrolera anual del país se incrementa en unos 50 millones de dólares. La variación sería mayor si los precios de los combustibles blancos y del Gas Natural aumentasen a un ritmo más acelerado que el del petróleo en los mercados internacionales. Con el barril del WTI por encima de los 91 dólares, el impacto sobre la balanza de pagos y la demanda de divisas es inmediato. 

El pasado viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que el subsidio a los combustibles subió a los 545 millones de pesos, cifra que supera en 357 millones el monto asignado en la semana anterior. Si los precios internacionales del petróleo y sus derivados se mantienen elevados y el peso pierde valor frente al dólar, el subsidio podría volver a niveles similares a los de mediados de 2022, cuando superó los mil millones de pesos semanales. En el presupuesto actual, elaborado con un precio del petróleo inferior a 48 dólares por barril, no hay recursos suficientes para enfrentar ese monto de subsidios. 

El aumento de precios de los derivados del petróleo y del gas natural utilizados en la generación eléctrica deteriorará también las finanzas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). La situación creará un mayor estrés sobre el saldo de las finanzas del Gobierno, que deberá incrementar las transferencias a las EDE o ampliar las horas de interrupción del servicio eléctrico.

Por último, la crisis en el Medio Oriente impulsará la inflación importada, lo que implica un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa dinámica dificultará la tarea del Banco Central de la República Dominicana en su objetivo de mantener la variación de precios dentro del rango meta. Al mismo tiempo, la institución tendrá que aceptar, por fuerza mayor, un ritmo de crecimiento económico en 2026 inferior al previsto antes de este nuevo choque externo. Todo ello puede mitigarse si la guerra dura poco tiempo. De lo contrario, incluso los ingresos de divisas por remesas y turismo se verían afectados.

El impacto negativo del conflicto de Medio Oriente

[Escrito el 2 de marzo de 2026]

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, constituye un choque de oferta negativo que reduce la capacidad productiva mundial y eleva la tasa de inflación. 

El Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial y el 30% del gas natural, se ha convertido de nuevo en un punto de vulnerabilidad. Los mercados reaccionaron con un aumento cercano al 8% en el precio del petróleo y un 24% en el precio del gas natural en Europa.

El encarecimiento del petróleo presiona la inflación global y condiciona la política monetaria. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, podrían posponer los recortes de tasas previstos, priorizando la estabilidad de precios. Esa postura limita la capacidad del Banco Central de la República Dominicana para reducir su tasa de referencia y podría generar presiones al alza sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar.

En general, para la República Dominicana el impacto del conflicto en el Medio Oriente será negativo. El aumento de los combustibles deteriora las cuentas externas y las finanzas públicas. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, la factura petrolera anual aumenta en 50 millones de dólares. Además, los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos semanales.

El aumento del precio del oro, que ya supera los 5,400 dólares la onza troy, es un factor positivo para el país. Esa reacción del precio del oro beneficia los ingresos fiscales asociados a la minería. El Gobierno debe aprovechar al máximo la estructura impositiva acordada con la Barrick Gold, que incluye un impuesto mínimo que sustituye el impuesto sobre la renta y la participación en las utilidades netas. No hacerlo sería renunciar a una cantidad millonaria de recursos que son propiedad del pueblo dominicano.  

El reto laboral

[Frente al Statu Quo. Publlicado en Diario Libre el 2 de marzo de 2026.]

El presidente Luis Abinader reiteró en su discurso del 27 de febrero la meta de duplicar el producto interno bruto (PIB) real entre 2024 y 2036. Si se considera que en 2025 la economía creció tan solo 2.1%, llegar a ese objetivo exigiría mantener una tasa de crecimiento promedio anual del 6.3% en lo que queda del período. Ese porcentaje supera el crecimiento potencial del 5% y está muy por encima del 3.8% proyectado por la Universidad de Harvard hasta 2034. 

Alcanzar el ambicioso compromiso de la actual administración requiere llevar a cabo una nueva serie de reformas estructurales compatibles con la acumulación de capital -físico y humano-, la creación de empleo y el aumento de la productividad de factores totales. 

Entre las reformas prioritarias destaca la del mercado laboral, cuyos resultados recientes son preocupantes. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, en el año 2025 se crearon 117,948 nuevos puestos de trabajo. Cuando esa cifra se desglosa por categoría ocupacional, se observa que el 64% del incremento del empleo proviene del sector público, mientras que un 20% adicional lo absorbe el servicio doméstico. En contraste, solo se generaron 1,156 empleados privados, lo cual representa apenas un 1% de la variación de ese año. Ese exiguo resultado se explica si se tiene en cuenta que, con un crecimiento económico de apenas un 2.1%, la variación del empleo debió ser de alrededor de 50 mil puestos de trabajo. Sin el incremento del empleo público, la tasa de desocupación hubiese sido mayor. El panorama difiere de lo ocurrido entre 2014 y 2019, cuando el 85% del crecimiento laboral procedía de las empresas e iniciativas privadas.

En ese contexto, es indispensable ejecutar una reforma laboral que flexibilice la capacidad de creación de empleo y que, al mismo tiempo, eleve el ritmo de crecimiento económico. En la República Dominicana, los costos de contratación y cese laboral son muy elevados. La indemnización por desahucio, que incluye un monto por concepto de preaviso, cesantía y otros gastos como vacaciones, puede equivaler a varios meses de salario, lo que desincentiva la contratación formal, especialmente de jóvenes sin experiencia. 

Algunas medidas concretas para modernizar el régimen de terminación laboral podrían incluir un fondo individual de capitalización que sustituya la cesantía establecida en el Código de Trabajo de 1992 por un ahorro acumulado portátil. Esto reduciría la incertidumbre asociada a nuevas contrataciones y eliminaría el incentivo del empleador a mantener a trabajadores en la sombra de la informalidad para evitar pasivos laborales que muchas veces llegan a superar el patrimonio de la empresa.

Si se mira a Europa, Austria reformó en 2002 el modelo de prestaciones por desempleo y la legislación de protección del empleo, sistema parecido al dominicano en cuanto a la vinculación entre la antigüedad laboral y el monto recibido por concepto de la cesantía. La reforma reemplazó el modelo convencional de indemnizaciones por otro de cuentas de ahorro individuales para cada trabajador. El nuevo esquema lo costean los empleadores mediante un pago mensual no gravado del 1.53% del salario bruto, que se invierte en instrumentos financieros gestionados por entidades especializadas, como las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ante un desahucio, el trabajador tiene la opción de recibir el pago de la indemnización extraído de su cuenta de ahorro o traspasar su saldo acumulado al nuevo empleo, donde seguirá recibiendo aportes a su cuenta individual. En el momento de la jubilación, podrá reclamar un pago en efectivo de los fondos remanentes o adquirir una anualidad. La portabilidad de esos fondos facilita la movilidad del trabajador hacia ocupaciones más productivas, lo que mejora de forma simultánea su remuneración y su aporte al valor agregado nacional. 

Para facilitar la transición y minimizar la resistencia de los sindicatos, convendría implementar la reforma gradualmente, de modo que su aplicación fuese obligatoria solo para las contrataciones nuevas, mientras que al resto de trabajadores se les dejara la opción de acogerse a la cuenta individual, con el reconocimiento de los años trabajados a ser ponderados por un porcentaje que refleje la probabilidad de desahucio. Quienes prefirieran mantenerse en el sistema vigente podrían hacerlo hasta su extinción.

La reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana debe incorporar contratos laborales a tiempo parcial y por horas con una cobertura de seguridad social proporcional. La cotización combinada empleador-empleado en el país ronda el 20% del salario, lo cual encarece considerablemente el costo laboral unitario. A fin de disminuir ese costo, cabría establecer una reducción temporal de las contribuciones patronales en las contrataciones de jóvenes menores de 25 años, mujeres con hijos o personas con discapacidad. Asimismo, la formalidad laboral se facilitaría mediante el establecimiento de un régimen contributivo simplificado destinado a microempresas y trabajadores independientes, con cotizaciones reducidas y con acceso a los sistemas de salud y pensión. 

La formación técnica y profesional debe ser compatible con los estándares de productividad que exige el mercado formal para cubrir el costo laboral unitario. Esto cobra una mayor importancia con la entrada de la inteligencia artificial (IA) en diversos procesos productivos. Si ese avance tecnológico se aprovecha de manera adecuada, se traduciría en un incremento de la eficiencia y de la remuneración del trabajo.  

Además de las reformas microeconómicas del mercado laboral, resulta indispensable también acelerar el ritmo de crecimiento de la economía con el objeto de crear una mayor cantidad de empleo privado. En el ámbito fiscal, se ha de reducir el gasto superfluo y elevar la cantidad y calidad de la inversión pública, al mismo tiempo que se establece un sistema tributario equitativo que no distorsione las decisiones de ahorro, inversión, trabajo, innovación y producción. En materia monetaria, se requiere aplicar una estrategia de metas de inflación consistente, óptima y, por tanto, no zigzagueante. Únicamente así se reduciría la incertidumbre y se facilitaría el acceso al crédito destinado a expandir de forma sostenida la capacidad productiva y el empleo.