El reto laboral

[Frente al Statu Quo. Publlicado en Diario Libre el 2 de marzo de 2026.]

El presidente Luis Abinader reiteró en su discurso del 27 de febrero la meta de duplicar el producto interno bruto (PIB) real entre 2024 y 2036. Si se considera que en 2025 la economía creció tan solo 2.1%, llegar a ese objetivo exigiría mantener una tasa de crecimiento promedio anual del 6.3% en lo que queda del período. Ese porcentaje supera el crecimiento potencial del 5% y está muy por encima del 3.8% proyectado por la Universidad de Harvard hasta 2034. 

Alcanzar el ambicioso compromiso de la actual administración requiere llevar a cabo una nueva serie de reformas estructurales compatibles con la acumulación de capital -físico y humano-, la creación de empleo y el aumento de la productividad de factores totales. 

Entre las reformas prioritarias destaca la del mercado laboral, cuyos resultados recientes son preocupantes. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, en el año 2025 se crearon 117,948 nuevos puestos de trabajo. Cuando esa cifra se desglosa por categoría ocupacional, se observa que el 64% del incremento del empleo proviene del sector público, mientras que un 20% adicional lo absorbe el servicio doméstico. En contraste, solo se generaron 1,156 empleados privados, lo cual representa apenas un 1% de la variación de ese año. Ese exiguo resultado se explica si se tiene en cuenta que, con un crecimiento económico de apenas un 2.1%, la variación del empleo debió ser de alrededor de 50 mil puestos de trabajo. Sin el incremento del empleo público, la tasa de desocupación hubiese sido mayor. El panorama difiere de lo ocurrido entre 2014 y 2019, cuando el 85% del crecimiento laboral procedía de las empresas e iniciativas privadas.

En ese contexto, es indispensable ejecutar una reforma laboral que flexibilice la capacidad de creación de empleo y que, al mismo tiempo, eleve el ritmo de crecimiento económico. En la República Dominicana, los costos de contratación y cese laboral son muy elevados. La indemnización por desahucio, que incluye un monto por concepto de preaviso, cesantía y otros gastos como vacaciones, puede equivaler a varios meses de salario, lo que desincentiva la contratación formal, especialmente de jóvenes sin experiencia. 

Algunas medidas concretas para modernizar el régimen de terminación laboral podrían incluir un fondo individual de capitalización que sustituya la cesantía establecida en el Código de Trabajo de 1992 por un ahorro acumulado portátil. Esto reduciría la incertidumbre asociada a nuevas contrataciones y eliminaría el incentivo del empleador a mantener a trabajadores en la sombra de la informalidad para evitar pasivos laborales que muchas veces llegan a superar el patrimonio de la empresa.

Si se mira a Europa, Austria reformó en 2002 el modelo de prestaciones por desempleo y la legislación de protección del empleo, sistema parecido al dominicano en cuanto a la vinculación entre la antigüedad laboral y el monto recibido por concepto de la cesantía. La reforma reemplazó el modelo convencional de indemnizaciones por otro de cuentas de ahorro individuales para cada trabajador. El nuevo esquema lo costean los empleadores mediante un pago mensual no gravado del 1.53% del salario bruto, que se invierte en instrumentos financieros gestionados por entidades especializadas, como las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ante un desahucio, el trabajador tiene la opción de recibir el pago de la indemnización extraído de su cuenta de ahorro o traspasar su saldo acumulado al nuevo empleo, donde seguirá recibiendo aportes a su cuenta individual. En el momento de la jubilación, podrá reclamar un pago en efectivo de los fondos remanentes o adquirir una anualidad. La portabilidad de esos fondos facilita la movilidad del trabajador hacia ocupaciones más productivas, lo que mejora de forma simultánea su remuneración y su aporte al valor agregado nacional. 

Para facilitar la transición y minimizar la resistencia de los sindicatos, convendría implementar la reforma gradualmente, de modo que su aplicación fuese obligatoria solo para las contrataciones nuevas, mientras que al resto de trabajadores se les dejara la opción de acogerse a la cuenta individual, con el reconocimiento de los años trabajados a ser ponderados por un porcentaje que refleje la probabilidad de desahucio. Quienes prefirieran mantenerse en el sistema vigente podrían hacerlo hasta su extinción.

La reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana debe incorporar contratos laborales a tiempo parcial y por horas con una cobertura de seguridad social proporcional. La cotización combinada empleador-empleado en el país ronda el 20% del salario, lo cual encarece considerablemente el costo laboral unitario. A fin de disminuir ese costo, cabría establecer una reducción temporal de las contribuciones patronales en las contrataciones de jóvenes menores de 25 años, mujeres con hijos o personas con discapacidad. Asimismo, la formalidad laboral se facilitaría mediante el establecimiento de un régimen contributivo simplificado destinado a microempresas y trabajadores independientes, con cotizaciones reducidas y con acceso a los sistemas de salud y pensión. 

La formación técnica y profesional debe ser compatible con los estándares de productividad que exige el mercado formal para cubrir el costo laboral unitario. Esto cobra una mayor importancia con la entrada de la inteligencia artificial (IA) en diversos procesos productivos. Si ese avance tecnológico se aprovecha de manera adecuada, se traduciría en un incremento de la eficiencia y de la remuneración del trabajo.  

Además de las reformas microeconómicas del mercado laboral, resulta indispensable también acelerar el ritmo de crecimiento de la economía con el objeto de crear una mayor cantidad de empleo privado. En el ámbito fiscal, se ha de reducir el gasto superfluo y elevar la cantidad y calidad de la inversión pública, al mismo tiempo que se establece un sistema tributario equitativo que no distorsione las decisiones de ahorro, inversión, trabajo, innovación y producción. En materia monetaria, se requiere aplicar una estrategia de metas de inflación consistente, óptima y, por tanto, no zigzagueante. Únicamente así se reduciría la incertidumbre y se facilitaría el acceso al crédito destinado a expandir de forma sostenida la capacidad productiva y el empleo.

Un arancel injusto

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 23 de febrero de 2026.]

La Casa Blanca había planificado una gran celebración el próximo 2 de abril. Se cumpliría un año del denominado “Día de la Liberación,” fecha en la que el presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de aranceles recíprocos cuyo objetivo era liberar a Estados Unidos de las prácticas comerciales que el mandatario estimaba injustas. La conmemoración pretendía resaltar los logros económicos relacionados con el crecimiento de la producción nacional, la creación de puestos de trabajo en la actividad de manufactura, el déficit de las cuentas externas, el saldo de las finanzas públicas y los acuerdos de inversión extranjera por montos multimillonarios.  

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos alteró esos planes. Como resultado de la impugnación del uso de poderes de emergencia para imponer tales aranceles recíprocos, el Tribunal Supremo dictaminó el 20 de febrero, por seis votos contra tres, que el presidente Trump carecía de autoridad legal para aplicar esas tarifas al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). 

La sentencia, redactada por el presidente del Tribunal John Roberts, subraya que los padres fundadores de Estados Unidos en ningún momento otorgaron al Poder Ejecutivo la facultad de cambiar los impuestos a los bienes importados de forma discrecional, competencia que corresponde al Congreso. Con términos precisos escribió el magistrado Roberts: “los redactores [de la Constitución] otorgaron al Congreso en exclusiva…el acceso a los bolsillos del pueblo” y añadió que “cuando el Congreso ha delegado sus facultades arancelarias, lo ha hecho en términos explícitos y sujeto a límites estrictos.” De manera que las medidas de Trump excedieron el mandato que le confiere la Constitución y, en consecuencia, han sido anuladas.  

La reacción política y de los mercados ha sido inmediata. Ante la expectativa de que la eliminación de los aranceles recíprocos mejore el flujo de efectivo de los importadores de bienes intermedios y finales, los tres principales índices bursátiles registraron subidas significativas. El mercado prevé que la supresión de las tarifas se traducirá en una mejora del flujo de efectivo de las empresas, lo que elevará las cotizaciones bursátiles. También se anticipa, en algunos casos, una reducción de precios y una menor presión de traslado de los costos arancelarios a los precios finales. Ese escenario facilitará el trabajo a la Reserva Federal en su objetivo de alcanzar la meta de inflación de forma más fácil y rápida. Si esto se materializa, la Fed tendría espacio para aplicar una reducción de la tasa de interés de mayor magnitud a la que hoy anticipan los mercados.  

El optimismo de quienes invierten en las empresas que utilizan insumos importados es lógico, dado que diversos estudios, entre los que se encuentra uno elaborado por la Reserva Federal de Nueva York, demuestran que más del 90% de los aranceles impuestos por la Casa Blanca recayó sobre los importadores y los consumidores. Los hallazgos de esas investigaciones contradicen la postura oficial según la cual son los países exportadores los que cargan con el costo de los nuevos aranceles. Ante esa evidencia empírica, algunos grupos empresariales estadounidenses, como la Federación Nacional de Detallistas, han comenzado a reclamar la devolución de los 142 mil millones de dólares pagados por concepto de aranceles recíprocos desde mediados de 2025. No obstante, Scott Bessent, secretario del Tesoro y uno de los principales arquitectos de la política económica de la Casa Blanca, declaró que es poco probable que el reembolso de esos recursos se realice en el corto plazo. 

Por su parte, Trump no se ha quedado de brazos cruzados. El pasado viernes, tan pronto se conoció el dictamen judicial, criticó con dureza a los miembros de la Corte Suprema. Más tarde anunció que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer, con efectividad inmediata y hasta por 150 días, un arancel global del 10% (que el sábado elevó al 15% para igualarlo a lo acordado con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea). Ese nuevo gravamen sustituiría temporalmente los aranceles recíprocos declarados ilegales por la justicia estadounidense. 

Trump manifestó que, una vez vencido el período de aplicación del arancel transitorio del 15%, recurrirá a la Sección 301 de la misma ley para adoptar medidas arancelarias de mayor permanencia, sujetas a investigaciones individualizadas para determinar la existencia de prácticas de comercio desleal. Ese tipo de propuesta comercial significa que la incertidumbre de la política arancelaria se prolongará en los próximos meses, lo que podría frenar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en sus socios comerciales. 

En medio de esa coyuntura arancelaria se encuentra la República Dominicana. Una nación que firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a principios de este siglo y ha sido durante más de cien años un socio importante y fiable, tanto en lo político como en lo económico. El comercio bilateral genera un superávit superior a los 5,000 millones de dólares a favor de la economía estadounidense, mientras que la cooperación dominicana en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha sido constante y decisiva. Incluso autorizó el uso de sus instalaciones civiles y militares para facilitar la operación que permitió extraer de Venezuela a quien es considerado como uno de los jefes del cartel de los Soles. 

Así las cosas, resulta fácil concluir que cualquier arancel que se imponga sobre las exportaciones dominicanas carece de justificación económica y política. Corresponde, por tanto, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio desplegar una estrategia diplomática inmediata y bien articulada. El objetivo debe ser la eliminación del gravamen anunciado y el respeto del acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países, tal como ha ocurrido con México y Canadá. La República Dominicana cuenta con argumentos sólidos, una trayectoria de cooperación ejemplar y un historial comercial favorable a Estados Unidos; es momento de utilizarlos con determinación para asegurar que el país no sea penalizado con un arancel del todo injusto.

Lecciones de Singapur para mejorar la educación dominicana

[Escrito el 20 de febrero de 2026]

En los años sesenta, la República Dominicana y Singapur tenían niveles de ingreso per cápita similares. Hoy, sin embargo, Singapur es un país mucho más próspero gracias a un conjunto de factores entre los que destaca el extraordinario avance de su sistema educativo.

Lee Kuan Yew, el arquitecto del milagro económico singapurense, impulsó durante más de dos décadas un modelo escolar que hoy se considera uno de los mejores del mundo. Estaba convencido de que la educación era la pieza central del desarrollo económico y social de su nación.

Los mejores graduados de secundaria fueron atraídos al magisterio mediante una remuneración competitiva. La formación docente se diseñó con estándares internacionales rigurosos, tanto en pedagogía como en contenido. La meritocracia y la evaluación continua se convirtieron en los pilares del ascenso profesional, y los maestros asumieron con orgullo su papel en la preparación de los futuros profesionales que sostienen una de las economías más competitivas del planeta.

Un elemento decisivo fue el respaldo de la sociedad, las familias y los padres al proceso de modernización educativa. Ese apoyo permitió convertir el sistema escolar en una verdadera fábrica de excelencia académica, cuyos estudiantes ocupan los primeros lugares en la prueba PISA en matemáticas, ciencias y lectura. La cultura del esfuerzo se arraigó profundamente, especialmente entre los jóvenes, que aspiran de manera constante a alcanzar su mejor versión.

No cabe duda de que la República Dominicana tiene mucho que aprender de la experiencia de Singapur.

Se acentúa la pelea contra la Reserva Federal

[Escrito el 19 de febrero de 2026] 

Diversos estudios han demostrado que son los propios estadounidenses quienes están asumiendo el costo de las altas tarifas impuestas por el presidente Trump. Hace unos días, la Reserva Federal confirmó que casi el 90 % del costo de los aranceles, los cuales aumentaron en promedio del 2.6 % al 13 % en 2025, recayó sobre las empresas y los consumidores de Estados Unidos. Este resultado contradice la posición de la Casa Blanca, que sostenía que las nuevas tarifas serían absorbidas por los exportadores que venden en el mercado estadounidense, en particular los de origen chino.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional —el órgano encargado de coordinar la política económica del presidente de Estados Unidos— reaccionó con gran molestia ante los resultados del estudio elaborado por la Reserva Federal de Nueva York. Llegó a calificar el trabajo como “una vergüenza” y afirmó que era “el peor paper que he visto en la historia del sistema de la Reserva Federal”. Además, sostuvo que los autores deberían ser “disciplinados” por producir un análisis que, según él, no cumplía con los estándares académicos y presentaba un claro sesgo partidista.

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, defendió a los economistas del banco central, cuyas conclusiones coinciden con las de destacados profesores de universidades muy prestigiosas. Sostuvo que la postura de Hassett constituye un nuevo intento de la administración Trump por presionar a la Reserva Federal y poner en entredicho su independencia en materia de política monetaria.

Ese tipo de confrontación con la Casa Blanca erosiona la confianza en una institución que resulta esencial para la estabilidad del dólar en los mercados internacionales. En este contexto, Kevin Warsh —el candidato de Trump para presidir la Reserva Federal— enfrenta un reto considerable, pues deberá reafirmar la independencia del banco central en medio de crecientes presiones políticas.

Trabajo o consumo

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 16 de febrero de 2025.]

El tiempo vital de una persona es finito; por eso, constituye la principal restricción del proceso de optimización intertemporal del bienestar humano. Todas las decisiones se adoptan en una ventana temporal fija, como las 24 horas que conforman un día. En ese horizonte, cada individuo racional elige distribuir de forma óptima su tiempo entre trabajo –incluido el estudio– y ocio, con el objetivo de alcanzar la mayor satisfacción posible.

El trabajo implica un esfuerzo físico y mental que genera un costo de oportunidad: cada hora trabajada implica renunciar a una hora de ocio. De ahí que el trabajo requiera ser compensado con una remuneración, gracias a la cual se pueden adquirir bienes y servicios y, con ello, se logra un aumento del bienestar material. De esto se desprende que la persona trabaja no porque le agrada, sino porque necesita recursos para consumir.

El trabajo se combina con el capital edificios, maquinarias y equipos para producir bienes y servicios. Los ingresos obtenidos por la venta de esos productos en el mercado se utilizan para cubrir el costo de la materia prima, remunerar los salarios de los empleados y retribuir el capital invertido. En general, una mayor productividad se traduce en salarios más altos; del mismo modo, un uso más eficiente del capital incrementa la rentabilidad de la empresa.

La existencia de un Estado funcional exige recursos. Para financiarlos, se establecen contribuciones obligatorias que inciden sobre las decisiones actuales y futuras de los agentes económicos.

El impuesto sobre los ingresos de las personas físicas o jurídicas se basa en la capacidad económica de los contribuyentes. En ciertos casos, la tasa impositiva aumenta con el nivel de ingreso, como sucede en la República Dominicana con el impuesto sobre la renta de personas físicas, que oscila entre el 15% y el 25%. En otros, la tasa es constante, como el 27% que grava la utilidad neta de las empresas. 

El impuesto sobre la renta distorsiona las decisiones intertemporales de trabajo, inversión y producción. Ese tipo de impuestos lleva a los agentes económicos a modificar su comportamiento para minimizar la carga fiscal, aun cuando la decisión sea subóptima porque reduce la productividad y la capacidad de crecimiento actual y futura. Un impuesto sobre la renta con una alta tasa marginal efectiva aumenta el costo de oportunidad de trabajar y, en consecuencia, reduce la cantidad de horas trabajadas e impacta negativamente sobre la producción y generación de ingresos. Además, dicho tributo, al gravar los intereses, dividendos y ganancias de capital, desincentiva el ahorro, encarece el costo del capital, limita la inversión, frena la innovación y recorta la tasa de crecimiento de largo plazo. El resultado de todo ello es un menor nivel de ingreso real. 

El impuesto al consumo es menos distorsionador, en especial si todos los bienes son gravados con una tasa uniforme. A diferencia de un tributo que recae sobre el rendimiento del ahorro y que altera la decisión entre consumir hoy o mañana, el impuesto al consumo no tiene efectos en esa decisión a lo largo del tiempo. Con una tasa de un 18% de un impuesto al valor agregado (como el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios), un producto cuyo precio antes de impuestos es de 100 pesos costará 118 pesos tanto hoy como mañana. El importe relativo del producto permanece invariable y la tasa marginal de sustitución queda sin cambios. 

Es interesante destacar que, con un impuesto al consumo, el contribuyente puede disminuir su carga impositiva recortando el gasto en adquisición de bienes, decisión que le permite aumentar el ahorro y la inversión en el presente, así como la capacidad de producción en el futuro. Eludir el impuesto sobre la renta, en cambio, exigiría reducir el trabajo, con efectos negativos persistentes sobre la producción.

Desde el punto de vista de la eficiencia, resulta preferible financiar el gasto público mediante impuestos al consumo antes que gravar las rentas. Ahora bien, hay que tener en cuenta además el análisis de la distribución de las cargas impositivas y su efecto sobre la desigualdad de ingresos después de los impuestos.

Los tributos al consumo de base amplia son regresivos, porque los hogares pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos al gasto derivado del consumo. Ello implica que el peso del impuesto como porcentaje del ingreso es mayor para esas familias que para los contribuyentes de mayores ingresos, lo que acentúa la desigualdad e inequidad distributiva. 

Para que una reforma orientada hacia la tributación del consumo sea socialmente aceptada, debe incorporar mecanismos compensatorios que preserven el ingreso real de los hogares más vulnerables. Esto se lograría mediante una transferencia monetaria directa que neutralice el efecto regresivo; es decir, se trata de devolver un monto equivalente a la suma adicional que se tendrá que pagar por concepto de impuesto al consumo que sustituirá al impuesto sobre la renta. 

Una política tributaria óptima debe minimizar las distorsiones, promover la productividad y sostener el crecimiento, sin deteriorar el bienestar de los sectores de menores ingresos. De forma complementaria, el gasto público ha de fortalecer el capital humano de ese segmento de la población para que pueda insertarse con facilidad al mercado laboral y obtener ingresos más altos. 

En última instancia, todo sistema tributario revela qué tipo de sociedad se aspira a construir. Se puede optar por un esquema que grave el esfuerzo, la productividad y la acumulación de capital humano, o por otro que recaiga sobre el consumo la satisfacción inmediata sin distorsionar las decisiones que generan crecimiento y prosperidad. La evidencia económica sugiere que los impuestos al consumo, acompañados de transferencias bien diseñadas para proteger a los más vulnerables, permiten recaudar con eficiencia, promover la inversión y sostener una senda de expansión del bienestar. En una democracia, la elección está en manos de los ciudadanos. ¿Se desea un sistema que penalice el trabajo o uno que recaiga sobre el consumo? La respuesta es clave para la trayectoria económica de la República Dominicana. 

El interesante mercado laboral estadounidense

[Escrito el 13 de febrero de 2025] 

El mercado laboral de Estados Unidos sorprendió a Wall Street y a los economistas en enero al crear 130 mil puestos de trabajo, casi el doble de lo previsto. La cifra confirma que la capacidad de generación de empleo sigue siendo más robusta de lo anticipado, reduciendo así la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés antes de junio de 2026.

El resultado no solo superó ampliamente los 68 mil empleos proyectados, sino que también contrasta con los 50 mil creados en diciembre. La tasa de desocupación descendió de 4.4% a 4.3%, un nivel que permite calificar el mercado laboral como saludable. Llama la atención que estas cifras se muevan en sentido contrario a los anuncios de despidos provenientes de grandes corporaciones, lo que sugiere que la dinámica agregada del empleo sigue siendo resiliente.

Este comportamiento fortalece la posición de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. En su reunión de enero, las autoridades monetarias optaron por mantener sin cambios la tasa de interés, dado que la inflación -en 2.7%- continúa por encima de la meta del 2%. Para los mercados, Powell no realizará recortes adicionales durante el resto de su mandato. Será Kevin Warsh, nominado por el presidente Trump como su sucesor, quien deberá enfrentar la presión de la Casa Blanca para reducir de manera significativa la tasa de política monetaria en el corto plazo.

De nuevo se coloca con éxito deuda soberana

[Escrito el 12 de febrero de 2026] 

El 10 de febrero, la República Dominicana colocó en los mercados internacionales de manera exitosa un total de 2,750 millones de dólares en bonos soberanos. El objetivo de esa emisión de deuda es financiar parte de los requerimientos financieros establecidos en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026. 

En esta ocasión, la emisión corresponde a un soberano con vencimiento a ocho años y otro a 12.25 años. El bono de vencimiento a ocho años se colocó por una suma de 1,250 millones de dólares a una tasa de un 5.75%. Mientras, el bono de vencimiento a 12.25 años se colocó por la suma de 1,500 millones de dólares a una tasa de un 6.15%. 

Dado que el rendimiento de las Notas del Tesoro de Estados Unidos a diez años se situó en el entorno del 4.15%, se puede estimar que la prima de riesgo de la deuda soberana dominicana fue de 180 puntos básicos, un nivel mucho menor a los 299 puntos básicos de Latinoamérica. Hay que destacar que los inversionistas interesados en la deuda dominicana acumularon órdenes por la suma de 10,300 millones de dólares, lo que destaca la confianza en el crédito soberano. 

Para mantener esa confianza hay que adoptar medidas que mantengan la estabilidad económica y, al mismo tiempo, permitan alcanzar un mayor ritmo de crecimiento del producto interno bruto en 2026 y años posteriores. Además, es preciso mejorar el saldo de las finanzas públicas, lo cual implica reducir gastos superfluos, disminuir la evasión tributaria, invertir en proyectos de infraestructura que generen una alta tasa de retorno y, lo que es muy importante, recortar el déficit del sector eléctrico.