[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 18 de mayo de 2026.]
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) emitió, en poco tiempo, dos señales de política monetaria que apuntan en direcciones opuestas. A finales de abril, anunció que mantendría inalterada su tasa de interés de referencia, se declaró vigilante ante las presiones inflacionarias y dejó abierta la posibilidad de implementar una política restrictiva si las circunstancias así lo requerían. Dos semanas más tarde, aplazó hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos de recursos correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida con vencimiento a junio de 2026, a fin de preservar condiciones de liquidez “adecuadas” en el sistema financiero y evitar presiones alcistas sobre las tasas de interés.
Esas dos decisiones, tomadas en un breve intervalo de tiempo, son incompatibles. La primera revela la disposición a endurecer la política monetaria ante una mayor inflación. La segunda opera en sentido contrario, ya que reduce la probabilidad de un aumento de las tasas de interés. El resultado es un mensaje ambiguo y errático.
Una señal monetaria es una acción o comunicación del banco central que transmite información creíble y consistente sobre su función de reacción. La conocida regla de Taylor es un ejemplo de una señal precisa y coherente, ya que establece cómo se debe ajustar el tipo de interés de política cuando la tasa de inflación se desvía de la meta o la actividad económica se aleja de su nivel potencial. El valor de la señal radica en que reduce la incertidumbre sobre las tasas de interés y favorece el anclaje de las expectativas.
Michael Woodford, profesor de la Universidad de Columbia, sostiene en su obra “Interés y Precios” que la política monetaria funciona principalmente a través de las expectativas. El concepto de orientación futura (“forward guidance”) desarrollado por Woodford describe la práctica mediante la cual las autoridades monetarias comunican de manera explícita sus intenciones sobre los instrumentos de política, en particular la trayectoria esperada de las tasas de interés. Esto implica que la efectividad de la política monetaria depende tanto de las decisiones de tasas actuales como de la capacidad del organismo emisor de comprometer de manera creíble su comportamiento futuro. Un mensaje coherente ancla las expectativas, aumenta la efectividad de la política sin mover la tasa de interés y minimiza el costo real de los ajustes desinflacionarios. Es decir, como remarca Woodford, “la clave de una buena política monetaria es la gestión de las expectativas.”
En contraste, cuando la narrativa o las decisiones del banco central cambian sin haberse producido variaciones en los fundamentos económicos, sino por pura inconsistencia, zigzagueo, ambigüedad o reversión no justificada, la señal se convierte en ruido monetario. Los agentes no pueden distinguir si el viraje en la postura monetaria responde a nueva información sobre la economía o a una preferencia de corto plazo desligada de la regla que la institución está obligada a seguir. Las consecuencias del zigzagueo son una mayor volatilidad de las variables económicas, la pérdida del anclaje de las expectativas y una prima de riesgo adicional sobre la tasa de interés a largo plazo. En una economía pequeña y abierta como la dominicana, un banco central que comunica restricción monetaria, pero actúa al mismo tiempo en sentido acomodaticio, genera dudas sobre su capacidad de sostener la estabilidad cambiaria y, por tanto, de mantener la inflación bajo control.
El carácter errático de la comunicación del BCRD resulta preocupante. A finales de marzo, la entidad publicó su comunicado de política, donde anunció “la decisión de mantener su tasa de interés de política en 5.25% anual;” al mismo tiempo, indicó que seguirá el monitoreo de las condiciones internacionales para adoptar medidas que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación. Esa postura fue ratificada el 12 de abril, cuando anticipó que la inflación rebasaría el límite superior de la meta, dando a entender que, para garantizar el anclaje de las expectativas, estaría en condiciones de aumentar la tasa de interés.
No obstante, pocos días después, el organismo emisor publicó un documento donde destacó la existencia de “condiciones de liquidez holgadas,” derivadas de la provisión de 81 mil millones de pesos dentro del marco de la Facilidad de Liquidez Rápida de junio de 2025 y del recorte de 50 puntos básicos en la tasa de referencia, medidas que presionan a la baja las tasas de interés. En síntesis, reconoció que había liquidez holgada, un aumento de precios y que tenía la disposición de subir la tasa para asegurar la estabilidad macroeconómica.
A finales de la semana pasada, el BCRD informó al país que la inflación sobrepasó el límite superior de la meta y se colocó en un 5.11%. Ante ese resultado, la función de reacción de la autoridad monetaria apunta a la necesidad de un ajuste restrictivo, mediante el aumento de su tasa de interés y la colocación de títulos valores que extraigan liquidez del mercado. Sin embargo, el 12 de mayo las autoridades decidieron aplazar hasta enero del año 2027 el retorno de miles de millones de pesos asociados a las facilidades de liquidez cuyo vencimiento estaba previsto para junio del presente año.
La decisión resulta desacertada por varios motivos. En primer lugar, contradice todo lo que se ha indicado para preservar la estabilidad macroeconómica. En segundo término, beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron los préstamos entre 2024 y 2025, algunos de los cuales pudieron haber realizado operaciones de arbitraje. Finalmente, si hubiese sido necesario un aumento de la liquidez, existen otros instrumentos convencionales más eficientes y transparentes para hacerlo, como las operaciones de repos, compra de divisas o subastas para las recompras anticipadas de títulos emitidos por el organismo emisor.
El BCRD goza de una sólida credibilidad y constituye uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica nacional. Por ello, resulta imprescindible proteger la institución mediante la estrategia de metas de inflación y el uso de instrumentos monetarios convencionales, como ocurrió en gran medida entre 2012 y 2019. De este modo, la narrativa y las acciones de las autoridades podrán transformar el ruido monetario actual en señales consistentes y óptimas para los agentes económicos.
