Un estrecho muy costoso

[Escrito el 13 de marzo de 2026] 

La imposibilidad de cruzar el estrecho de Ormuz se ha convertido en el detonante principal del aumento explosivo en los precios del petróleo y sus derivados. La decisión de Irán de colocar minas marítimas y atacar los tanqueros que intentan atravesar ese angosto corredor ha paralizado cerca del 20% del flujo mundial de crudo, empujando su precio hacia los 100 dólares por barril.

Las nuevas autoridades iraníes han dejado claro que el conflicto no terminará pronto. Lo han demostrado con bombardeos recientes a embarcaciones, una señal inequívoca de que la afirmación de Trump sobre la brevedad de la guerra carece de sustento. Todo indica que el enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos e Irán será más prolongado de lo previsto, y el mercado ya comienza a internalizar ese escenario.

Ante esta situación, la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas equivale apenas a cuatro días de la demanda global. O, visto desde otra perspectiva, a veinte días del flujo de 20 millones de barriles que normalmente transitan a diario por el estrecho de Ormuz. Esto revela que el impacto de esa medida sobre los precios será limitado y efímero. Además, es probable que existan restricciones logísticas en la capacidad de despacho diario de esas reservas, lo que reduce aún más su capacidad para compensar la caída actual en la oferta disponible.

Frente al enorme costo económico que ha generado el control iraní del estrecho —y que podría dispararse aún más si el barril supera los 150 dólares— la alternativa más sensata sería la construcción de un oleoducto que permita transportar el crudo desde un punto geográfico fuera del de esa zona estratégica. 

Fuerza mayor

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 9 de marzo de 2026.] 

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, ha reconfigurado de manera abrupta el panorama económico internacional. La magnitud de sus consecuencias dependerá de la duración del conflicto. En términos económicos, se trata de un choque de oferta negativo, uno de los más relevantes desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reduce la capacidad productiva mundial, encarece la energía y eleva la inflación. Para economías abiertas y dependientes de combustibles e insumos importados, como la República Dominicana, el impacto podría ser muy negativo.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor del 30% del gas natural licuado, se ha convertido de nuevo en un punto crítico de vulnerabilidad. Tras los ataques y contraataques de las naciones involucradas en la guerra, el tráfico marítimo se redujo drásticamente: decenas de buques petroleros y gaseros han sido desviados o permanecen anclados fuera del estrecho ante el aumento del riesgo militar y el encarecimiento de las primas del seguro marítimo. La situación se agravó con los bombardeos iraníes contra instalaciones de combustibles en Arabia Saudita y Catar, lo que obligó al ministro de Energía catarí a declarar fuerza mayor y a suspender las operaciones productivas.  

La reacción de los mercados internacionales fue inmediata. En pocos días, el precio del crudo WTI subió de 67 a 91 dólares por barril, su nivel más alto desde 2023, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro. El gas natural en Europa también registró incrementos significativos, superiores al 67%, lo cual evidencia la sensibilidad del mercado ante cualquier amenaza al suministro de Catar, uno de los mayores exportadores del mundo.

El encarecimiento del petróleo y de los combustibles blancos ha reavivado las presiones inflacionarias por el lado de la oferta justo cuando algunas economías avanzadas se preparaban para iniciar ciclos de recortes de tasas de interés. Los elevados precios de los combustibles se traducirán en costos más elevados de la electricidad, de los transportes —marítimos, aéreos y terrestres— y de otros insumos clave para la producción de alimentos, como los fertilizantes. Este conjunto de factores aumenta el riesgo de estanflación: período de estancamiento económico acompañado de inflación elevada.

Por otra parte, entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, los índices bursátiles internacionales retrocedieron por la posibilidad de que la guerra en el Golfo Pérsico provoque una contracción del flujo de efectivo. A pesar de que Estados Unidos es un exportador neto de combustibles, el Dow Jones cayó un 3%, el S&P 500 un 2% y el Nasdaq perdió un 1.2%. A Europa le fue peor: el DAX alemán retrocedió un 6.7%, el FTSE 100 británico un 6.1% y el IBEX 35 español un 7%. 

Ante el temor al repunte inflacionario y la volatilidad financiera, el mercado prevé que la Reserva Federal (Fed) adopte una postura cautelosa y un entorno monetario más restrictivo de lo previsto. Hace unos días se proyectaba que la Fed recortaría la tasa de interés de referencia en dos ocasiones —de 25 puntos básicos cada una— entre junio y diciembre; sin embargo, tras el estallido del conflicto, lo más probable es que se apruebe un único recorte de 25 puntos básicos a partir de septiembre. 

En el caso del Banco Central Europeo (BCE), se esperaba para este año una reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia. No obstante, los contratos de swaps anticipan ahora un incremento de 25 puntos básicos. Al mismo tiempo, ante la volatilidad energética, los tenedores de bonos soberanos y corporativos decidieron recortar las posiciones de los títulos que mantienen en sus portafolios, lo que redujo su precio y aumentó la correspondiente tasa de rendimiento durante la que se ha calificado como la peor semana para el índice global agregado de bonos desde octubre de 2024. 

La República Dominicana, importadora neta de combustibles, también sufrirá los efectos de la guerra en el Medio Oriente. Se puede afirmar que, por cada dólar adicional en el precio del barril de crudo, la factura petrolera anual del país se incrementa en unos 50 millones de dólares. La variación sería mayor si los precios de los combustibles blancos y del Gas Natural aumentasen a un ritmo más acelerado que el del petróleo en los mercados internacionales. Con el barril del WTI por encima de los 91 dólares, el impacto sobre la balanza de pagos y la demanda de divisas es inmediato. 

El pasado viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que el subsidio a los combustibles subió a los 545 millones de pesos, cifra que supera en 357 millones el monto asignado en la semana anterior. Si los precios internacionales del petróleo y sus derivados se mantienen elevados y el peso pierde valor frente al dólar, el subsidio podría volver a niveles similares a los de mediados de 2022, cuando superó los mil millones de pesos semanales. En el presupuesto actual, elaborado con un precio del petróleo inferior a 48 dólares por barril, no hay recursos suficientes para enfrentar ese monto de subsidios. 

El aumento de precios de los derivados del petróleo y del gas natural utilizados en la generación eléctrica deteriorará también las finanzas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). La situación creará un mayor estrés sobre el saldo de las finanzas del Gobierno, que deberá incrementar las transferencias a las EDE o ampliar las horas de interrupción del servicio eléctrico.

Por último, la crisis en el Medio Oriente impulsará la inflación importada, lo que implica un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa dinámica dificultará la tarea del Banco Central de la República Dominicana en su objetivo de mantener la variación de precios dentro del rango meta. Al mismo tiempo, la institución tendrá que aceptar, por fuerza mayor, un ritmo de crecimiento económico en 2026 inferior al previsto antes de este nuevo choque externo. Todo ello puede mitigarse si la guerra dura poco tiempo. De lo contrario, incluso los ingresos de divisas por remesas y turismo se verían afectados.

El impacto negativo del conflicto de Medio Oriente

[Escrito el 2 de marzo de 2026]

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, constituye un choque de oferta negativo que reduce la capacidad productiva mundial y eleva la tasa de inflación. 

El Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial y el 30% del gas natural, se ha convertido de nuevo en un punto de vulnerabilidad. Los mercados reaccionaron con un aumento cercano al 8% en el precio del petróleo y un 24% en el precio del gas natural en Europa.

El encarecimiento del petróleo presiona la inflación global y condiciona la política monetaria. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, podrían posponer los recortes de tasas previstos, priorizando la estabilidad de precios. Esa postura limita la capacidad del Banco Central de la República Dominicana para reducir su tasa de referencia y podría generar presiones al alza sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar.

En general, para la República Dominicana el impacto del conflicto en el Medio Oriente será negativo. El aumento de los combustibles deteriora las cuentas externas y las finanzas públicas. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, la factura petrolera anual aumenta en 50 millones de dólares. Además, los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos semanales.

El aumento del precio del oro, que ya supera los 5,400 dólares la onza troy, es un factor positivo para el país. Esa reacción del precio del oro beneficia los ingresos fiscales asociados a la minería. El Gobierno debe aprovechar al máximo la estructura impositiva acordada con la Barrick Gold, que incluye un impuesto mínimo que sustituye el impuesto sobre la renta y la participación en las utilidades netas. No hacerlo sería renunciar a una cantidad millonaria de recursos que son propiedad del pueblo dominicano.  

El reto laboral

[Frente al Statu Quo. Publlicado en Diario Libre el 2 de marzo de 2026.]

El presidente Luis Abinader reiteró en su discurso del 27 de febrero la meta de duplicar el producto interno bruto (PIB) real entre 2024 y 2036. Si se considera que en 2025 la economía creció tan solo 2.1%, llegar a ese objetivo exigiría mantener una tasa de crecimiento promedio anual del 6.3% en lo que queda del período. Ese porcentaje supera el crecimiento potencial del 5% y está muy por encima del 3.8% proyectado por la Universidad de Harvard hasta 2034. 

Alcanzar el ambicioso compromiso de la actual administración requiere llevar a cabo una nueva serie de reformas estructurales compatibles con la acumulación de capital -físico y humano-, la creación de empleo y el aumento de la productividad de factores totales. 

Entre las reformas prioritarias destaca la del mercado laboral, cuyos resultados recientes son preocupantes. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, en el año 2025 se crearon 117,948 nuevos puestos de trabajo. Cuando esa cifra se desglosa por categoría ocupacional, se observa que el 64% del incremento del empleo proviene del sector público, mientras que un 20% adicional lo absorbe el servicio doméstico. En contraste, solo se generaron 1,156 empleados privados, lo cual representa apenas un 1% de la variación de ese año. Ese exiguo resultado se explica si se tiene en cuenta que, con un crecimiento económico de apenas un 2.1%, la variación del empleo debió ser de alrededor de 50 mil puestos de trabajo. Sin el incremento del empleo público, la tasa de desocupación hubiese sido mayor. El panorama difiere de lo ocurrido entre 2014 y 2019, cuando el 85% del crecimiento laboral procedía de las empresas e iniciativas privadas.

En ese contexto, es indispensable ejecutar una reforma laboral que flexibilice la capacidad de creación de empleo y que, al mismo tiempo, eleve el ritmo de crecimiento económico. En la República Dominicana, los costos de contratación y cese laboral son muy elevados. La indemnización por desahucio, que incluye un monto por concepto de preaviso, cesantía y otros gastos como vacaciones, puede equivaler a varios meses de salario, lo que desincentiva la contratación formal, especialmente de jóvenes sin experiencia. 

Algunas medidas concretas para modernizar el régimen de terminación laboral podrían incluir un fondo individual de capitalización que sustituya la cesantía establecida en el Código de Trabajo de 1992 por un ahorro acumulado portátil. Esto reduciría la incertidumbre asociada a nuevas contrataciones y eliminaría el incentivo del empleador a mantener a trabajadores en la sombra de la informalidad para evitar pasivos laborales que muchas veces llegan a superar el patrimonio de la empresa.

Si se mira a Europa, Austria reformó en 2002 el modelo de prestaciones por desempleo y la legislación de protección del empleo, sistema parecido al dominicano en cuanto a la vinculación entre la antigüedad laboral y el monto recibido por concepto de la cesantía. La reforma reemplazó el modelo convencional de indemnizaciones por otro de cuentas de ahorro individuales para cada trabajador. El nuevo esquema lo costean los empleadores mediante un pago mensual no gravado del 1.53% del salario bruto, que se invierte en instrumentos financieros gestionados por entidades especializadas, como las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ante un desahucio, el trabajador tiene la opción de recibir el pago de la indemnización extraído de su cuenta de ahorro o traspasar su saldo acumulado al nuevo empleo, donde seguirá recibiendo aportes a su cuenta individual. En el momento de la jubilación, podrá reclamar un pago en efectivo de los fondos remanentes o adquirir una anualidad. La portabilidad de esos fondos facilita la movilidad del trabajador hacia ocupaciones más productivas, lo que mejora de forma simultánea su remuneración y su aporte al valor agregado nacional. 

Para facilitar la transición y minimizar la resistencia de los sindicatos, convendría implementar la reforma gradualmente, de modo que su aplicación fuese obligatoria solo para las contrataciones nuevas, mientras que al resto de trabajadores se les dejara la opción de acogerse a la cuenta individual, con el reconocimiento de los años trabajados a ser ponderados por un porcentaje que refleje la probabilidad de desahucio. Quienes prefirieran mantenerse en el sistema vigente podrían hacerlo hasta su extinción.

La reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana debe incorporar contratos laborales a tiempo parcial y por horas con una cobertura de seguridad social proporcional. La cotización combinada empleador-empleado en el país ronda el 20% del salario, lo cual encarece considerablemente el costo laboral unitario. A fin de disminuir ese costo, cabría establecer una reducción temporal de las contribuciones patronales en las contrataciones de jóvenes menores de 25 años, mujeres con hijos o personas con discapacidad. Asimismo, la formalidad laboral se facilitaría mediante el establecimiento de un régimen contributivo simplificado destinado a microempresas y trabajadores independientes, con cotizaciones reducidas y con acceso a los sistemas de salud y pensión. 

La formación técnica y profesional debe ser compatible con los estándares de productividad que exige el mercado formal para cubrir el costo laboral unitario. Esto cobra una mayor importancia con la entrada de la inteligencia artificial (IA) en diversos procesos productivos. Si ese avance tecnológico se aprovecha de manera adecuada, se traduciría en un incremento de la eficiencia y de la remuneración del trabajo.  

Además de las reformas microeconómicas del mercado laboral, resulta indispensable también acelerar el ritmo de crecimiento de la economía con el objeto de crear una mayor cantidad de empleo privado. En el ámbito fiscal, se ha de reducir el gasto superfluo y elevar la cantidad y calidad de la inversión pública, al mismo tiempo que se establece un sistema tributario equitativo que no distorsione las decisiones de ahorro, inversión, trabajo, innovación y producción. En materia monetaria, se requiere aplicar una estrategia de metas de inflación consistente, óptima y, por tanto, no zigzagueante. Únicamente así se reduciría la incertidumbre y se facilitaría el acceso al crédito destinado a expandir de forma sostenida la capacidad productiva y el empleo.

Un arancel injusto

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 23 de febrero de 2026.]

La Casa Blanca había planificado una gran celebración el próximo 2 de abril. Se cumpliría un año del denominado “Día de la Liberación,” fecha en la que el presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de aranceles recíprocos cuyo objetivo era liberar a Estados Unidos de las prácticas comerciales que el mandatario estimaba injustas. La conmemoración pretendía resaltar los logros económicos relacionados con el crecimiento de la producción nacional, la creación de puestos de trabajo en la actividad de manufactura, el déficit de las cuentas externas, el saldo de las finanzas públicas y los acuerdos de inversión extranjera por montos multimillonarios.  

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos alteró esos planes. Como resultado de la impugnación del uso de poderes de emergencia para imponer tales aranceles recíprocos, el Tribunal Supremo dictaminó el 20 de febrero, por seis votos contra tres, que el presidente Trump carecía de autoridad legal para aplicar esas tarifas al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). 

La sentencia, redactada por el presidente del Tribunal John Roberts, subraya que los padres fundadores de Estados Unidos en ningún momento otorgaron al Poder Ejecutivo la facultad de cambiar los impuestos a los bienes importados de forma discrecional, competencia que corresponde al Congreso. Con términos precisos escribió el magistrado Roberts: “los redactores [de la Constitución] otorgaron al Congreso en exclusiva…el acceso a los bolsillos del pueblo” y añadió que “cuando el Congreso ha delegado sus facultades arancelarias, lo ha hecho en términos explícitos y sujeto a límites estrictos.” De manera que las medidas de Trump excedieron el mandato que le confiere la Constitución y, en consecuencia, han sido anuladas.  

La reacción política y de los mercados ha sido inmediata. Ante la expectativa de que la eliminación de los aranceles recíprocos mejore el flujo de efectivo de los importadores de bienes intermedios y finales, los tres principales índices bursátiles registraron subidas significativas. El mercado prevé que la supresión de las tarifas se traducirá en una mejora del flujo de efectivo de las empresas, lo que elevará las cotizaciones bursátiles. También se anticipa, en algunos casos, una reducción de precios y una menor presión de traslado de los costos arancelarios a los precios finales. Ese escenario facilitará el trabajo a la Reserva Federal en su objetivo de alcanzar la meta de inflación de forma más fácil y rápida. Si esto se materializa, la Fed tendría espacio para aplicar una reducción de la tasa de interés de mayor magnitud a la que hoy anticipan los mercados.  

El optimismo de quienes invierten en las empresas que utilizan insumos importados es lógico, dado que diversos estudios, entre los que se encuentra uno elaborado por la Reserva Federal de Nueva York, demuestran que más del 90% de los aranceles impuestos por la Casa Blanca recayó sobre los importadores y los consumidores. Los hallazgos de esas investigaciones contradicen la postura oficial según la cual son los países exportadores los que cargan con el costo de los nuevos aranceles. Ante esa evidencia empírica, algunos grupos empresariales estadounidenses, como la Federación Nacional de Detallistas, han comenzado a reclamar la devolución de los 142 mil millones de dólares pagados por concepto de aranceles recíprocos desde mediados de 2025. No obstante, Scott Bessent, secretario del Tesoro y uno de los principales arquitectos de la política económica de la Casa Blanca, declaró que es poco probable que el reembolso de esos recursos se realice en el corto plazo. 

Por su parte, Trump no se ha quedado de brazos cruzados. El pasado viernes, tan pronto se conoció el dictamen judicial, criticó con dureza a los miembros de la Corte Suprema. Más tarde anunció que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer, con efectividad inmediata y hasta por 150 días, un arancel global del 10% (que el sábado elevó al 15% para igualarlo a lo acordado con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea). Ese nuevo gravamen sustituiría temporalmente los aranceles recíprocos declarados ilegales por la justicia estadounidense. 

Trump manifestó que, una vez vencido el período de aplicación del arancel transitorio del 15%, recurrirá a la Sección 301 de la misma ley para adoptar medidas arancelarias de mayor permanencia, sujetas a investigaciones individualizadas para determinar la existencia de prácticas de comercio desleal. Ese tipo de propuesta comercial significa que la incertidumbre de la política arancelaria se prolongará en los próximos meses, lo que podría frenar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en sus socios comerciales. 

En medio de esa coyuntura arancelaria se encuentra la República Dominicana. Una nación que firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a principios de este siglo y ha sido durante más de cien años un socio importante y fiable, tanto en lo político como en lo económico. El comercio bilateral genera un superávit superior a los 5,000 millones de dólares a favor de la economía estadounidense, mientras que la cooperación dominicana en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha sido constante y decisiva. Incluso autorizó el uso de sus instalaciones civiles y militares para facilitar la operación que permitió extraer de Venezuela a quien es considerado como uno de los jefes del cartel de los Soles. 

Así las cosas, resulta fácil concluir que cualquier arancel que se imponga sobre las exportaciones dominicanas carece de justificación económica y política. Corresponde, por tanto, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio desplegar una estrategia diplomática inmediata y bien articulada. El objetivo debe ser la eliminación del gravamen anunciado y el respeto del acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países, tal como ha ocurrido con México y Canadá. La República Dominicana cuenta con argumentos sólidos, una trayectoria de cooperación ejemplar y un historial comercial favorable a Estados Unidos; es momento de utilizarlos con determinación para asegurar que el país no sea penalizado con un arancel del todo injusto.

Lecciones de Singapur para mejorar la educación dominicana

[Escrito el 20 de febrero de 2026]

En los años sesenta, la República Dominicana y Singapur tenían niveles de ingreso per cápita similares. Hoy, sin embargo, Singapur es un país mucho más próspero gracias a un conjunto de factores entre los que destaca el extraordinario avance de su sistema educativo.

Lee Kuan Yew, el arquitecto del milagro económico singapurense, impulsó durante más de dos décadas un modelo escolar que hoy se considera uno de los mejores del mundo. Estaba convencido de que la educación era la pieza central del desarrollo económico y social de su nación.

Los mejores graduados de secundaria fueron atraídos al magisterio mediante una remuneración competitiva. La formación docente se diseñó con estándares internacionales rigurosos, tanto en pedagogía como en contenido. La meritocracia y la evaluación continua se convirtieron en los pilares del ascenso profesional, y los maestros asumieron con orgullo su papel en la preparación de los futuros profesionales que sostienen una de las economías más competitivas del planeta.

Un elemento decisivo fue el respaldo de la sociedad, las familias y los padres al proceso de modernización educativa. Ese apoyo permitió convertir el sistema escolar en una verdadera fábrica de excelencia académica, cuyos estudiantes ocupan los primeros lugares en la prueba PISA en matemáticas, ciencias y lectura. La cultura del esfuerzo se arraigó profundamente, especialmente entre los jóvenes, que aspiran de manera constante a alcanzar su mejor versión.

No cabe duda de que la República Dominicana tiene mucho que aprender de la experiencia de Singapur.

Se acentúa la pelea contra la Reserva Federal

[Escrito el 19 de febrero de 2026] 

Diversos estudios han demostrado que son los propios estadounidenses quienes están asumiendo el costo de las altas tarifas impuestas por el presidente Trump. Hace unos días, la Reserva Federal confirmó que casi el 90 % del costo de los aranceles, los cuales aumentaron en promedio del 2.6 % al 13 % en 2025, recayó sobre las empresas y los consumidores de Estados Unidos. Este resultado contradice la posición de la Casa Blanca, que sostenía que las nuevas tarifas serían absorbidas por los exportadores que venden en el mercado estadounidense, en particular los de origen chino.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional —el órgano encargado de coordinar la política económica del presidente de Estados Unidos— reaccionó con gran molestia ante los resultados del estudio elaborado por la Reserva Federal de Nueva York. Llegó a calificar el trabajo como “una vergüenza” y afirmó que era “el peor paper que he visto en la historia del sistema de la Reserva Federal”. Además, sostuvo que los autores deberían ser “disciplinados” por producir un análisis que, según él, no cumplía con los estándares académicos y presentaba un claro sesgo partidista.

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, defendió a los economistas del banco central, cuyas conclusiones coinciden con las de destacados profesores de universidades muy prestigiosas. Sostuvo que la postura de Hassett constituye un nuevo intento de la administración Trump por presionar a la Reserva Federal y poner en entredicho su independencia en materia de política monetaria.

Ese tipo de confrontación con la Casa Blanca erosiona la confianza en una institución que resulta esencial para la estabilidad del dólar en los mercados internacionales. En este contexto, Kevin Warsh —el candidato de Trump para presidir la Reserva Federal— enfrenta un reto considerable, pues deberá reafirmar la independencia del banco central en medio de crecientes presiones políticas.