Las medidas fiscales de Abinader

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de junio de 2026]

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un conjunto de medidas fiscales orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y propiciar, a la vez, un entorno favorable para la expansión de las actividades productivas. 

El vertiginoso aumento de los precios internacionales de los combustibles, provocado por la guerra en Medio Oriente, ha deteriorado los términos de intercambio de los países importadores netos de esos bienes. En consecuencia, los gobiernos han adoptado medidas diversas para enfrentar el choque de oferta negativo. Algunos, como Panamá, Honduras y Perú han traspasado la mayor parte de los incrementos de precios internacionales al mercado interno, mediante ajustes de precios entre un 45% y un 60%. 

En el caso dominicano, los precios se elevaron en un 15%, decisión que supone un sacrificio fiscal que asciende a 20 mil millones de pesos en lo que va de año. De mantenerse el precio del petróleo entre 90 y 100 dólares por barril, se proyecta que el subsidio a los combustibles supere los 45 mil millones de pesos durante 2026. Paralelamente, el gobierno ha subsidiado productos específicos, como los fertilizantes, para evitar aumentos excesivos en los costos de producción. Esa iniciativa, junto con una tarifa congelada de electricidad y la apreciación del peso dominicano, ha permitido que la inflación interanual a mayo haya sido de apenas un 5.35%. 

Con el fin de evitar que el déficit público sobrepase el 4% del producto interno bruto (PIB) y asegurar la sostenibilidad fiscal, resulta necesario reducir los gastos e incrementar los ingresos. En ese sentido, el ministro Díaz anunció recortes en publicidad, viáticos, pasajes, eventos y vehículos, entre otros conceptos considerados no prioritarios. Es recomendable, no obstante, que las autoridades publiquen dichos ajustes y comuniquen a la nación cómo prevén alcanzar la meta anunciada de reorientar 40 mil millones de pesos de gastos durante este año.

En cuanto a los ingresos fiscales, conviene aclarar que las medidas propuestas por Hacienda no constituyen una reforma tributaria. Para que realmente lleguen a serlo, las disposiciones deben suponer una reestructuración del sistema impositivo capaces de convertirlo en más neutral —esto es, menos distorsionador de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos—, más justo —garante de la equidad vertical y horizontal— y dotado de eficiencia recaudatoria. El gobierno reconoce que en la coyuntura actual no es posible llevar a cabo una reforma tributaria que implique modificaciones de las tasas y exenciones de las figuras impositivas de amplia base, como el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS). 

Las disposiciones tributarias presentadas tienen una capacidad recaudatoria limitada, pues se proyecta ingresar poco más de 40 mil millones de pesos. Las autoridades tienen especial interés de que sean los contribuyentes más ricos quienes colaboren más con ese aporte fiscal. La decisión se justifica debido a que el 20% de la población con mayores ingresos se beneficia de una suma equivalente a casi el 50% del subsidio total a los combustibles.  

La propuesta de Hacienda plantea un incremento de tres puntos porcentuales —hasta situarla en un 30%— de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas con ingresos superiores a los mil millones de pesos anuales. Asimismo, se crea un tramo de impuesto sobre la renta de personas físicas con una tasa de un 27% para los salarios superiores a los 400 mil pesos mensuales. Ambas iniciativas dejan al 99% de los contribuyentes sin cambios en su impuesto sobre la renta, resultado que eleva la progresividad del sistema tributario. No obstante, hay que señalar que dichas tasas son muy elevadas y, por tanto, distorsionan las decisiones de los agentes económicos; en particular, se llega a una alícuota efectiva sobre los beneficios empresariales de un 37%, si se incluye el impuesto sobre los dividendos.

Hay que destacar que las personas físicas de menores ingresos se beneficiarán de las medidas de Hacienda porque el tramo que define la renta mínima exenta se indexará en un 15%, lo que equivale a un aumento del ingreso disponible. Por su parte, las empresas se beneficiarán de la depreciación acelerada que favorecerá la inversión y promoverá el crecimiento económico. 

El ministro Díaz propone que se incremente de 0.15% a un 0.20% el impuesto sobre los cheques y transferencias bancarias. Ese tipo de tributo se utiliza cuando existe una crisis fiscal y se han agotado las opciones para aumentar las recaudaciones. Es un impuesto de amplia base y de fácil administración, ya que los bancos retienen y envían los recursos periódicamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sin embargo, al recaer en las diferentes etapas de la producción y la adquisición de bienes, servicios y activos pagados a través de cheques y transferencias, constituye un impuesto en cascada y, por tanto, distorsionador. 

Las autoridades deben considerar que, cuanto más elevada sea la tasa del impuesto, mayor será el incentivo para eludirlo o evadirlo, lo que podría reducir la capacidad recaudatoria. Algunos recurren a transacciones en efectivo o, con el apoyo de los bancos, crean cuentas para realizar operaciones cambiarias sin pagar el impuesto. Para evitar que se encarezcan las operaciones de compra y venta de títulos financieros, se abren cuentas de inversión cuyos movimientos internos están exentos del gravamen. Todo ello revela que los grandes contribuyentes disponen de más instrumentos para eludir el impuesto, circunstancia que acentúa su regresividad.

Debido a su carácter no neutral y regresivo, junto con la erosión recaudatoria a lo largo del tiempo, se recomienda que el impuesto a los cheques y transferencias bancarias se utilice solo en situaciones fiscales extremas y por un plazo corto. En un sistema tributario óptimo, dicho gravamen no existiría o tendría una tasa mínima de manera que opere como una fuente de información que contribuya a reducir la evasión de otros impuestos.

En definitiva, las medidas fiscales de Abinader no constituyen propiamente una reforma del sistema impositivo, porque incluyen elementos distorsionadores y tienen escaso poder recaudatorio. Sin embargo, presentan componentes positivos, entre los que destaca una mayor equidad tributaria. 

El apriete que viene

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de junio de 2026]

Tres de los principales bancos centrales del mundo se encaminan hacia una postura monetaria más restrictiva, lo que descarta la posibilidad de recortes de tasas de interés durante 2026.

Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), se enfrenta a una tarea muy compleja. Los datos económicos recientes han reducido a casi cero la probabilidad de que el Comité Federal de Mercado Abierto apruebe una reducción de la tasa de interés. El reporte sobre el empleo publicado el pasado viernes mostró la creación de 172 mil puestos de trabajo en mayo, un resultado notablemente superior a los 80 mil que se habían proyectado. La tasa de desocupación se mantuvo en 4.3%, nivel cercano al pleno empleo. Mientras, la inflación a abril, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), se colocó en un 3.8%, 1.8 puntos porcentuales por encima de la meta del 2%. La inflación subyacente —que excluye los precios de los alimentos y de la energía— se situó en un 2.8%, mientras que la de los servicios no energéticos alcanzó un 3.3%. Ello revela que la variación de precios mantiene una brecha significativa y creciente respecto a la meta. 

A partir de esos datos, el mercado financiero proyecta que la Reserva Federal eleve, en lugar de reducir, la tasa de interés antes de que finalice el año. El viernes pasado se estimó, con una probabilidad superior al 70%, un incremento de la tasa de interés de 25 puntos básicos en diciembre, lo que la situaría en un rango comprendido entre el 3.75% y el 4%. Más todavía, para 2027 se prevé que no habrá recorte de tasas y que, en el escenario más favorable, estas se mantendrán inalteradas. 

La reacción de los mercados bursátiles fue inmediata. El mismo día, el Nasdaq, inflado más allá de lo razonable por la burbuja de la inteligencia artificial (IA), cayó un 4.2% ante la expectativa de un aumento de la tasa de interés. Asimismo, retrocedieron el Dow y el S&P 500, en 1.4% y 2.6%, respectivamente. El rendimiento de las notas del Tesoro a diez años, relacionado con la expectativa de inflación de largo plazo, repuntó hasta 4.52% y el de las notas del Tesoro a dos años, asociado a la tasa de política monetaria de la Fed, se situó en 4.15%. 

En la eurozona, el incremento a un 3.2% de la inflación interanual a mayo, muy por encima de su meta del 2%, ha llevado al mercado a proyectar como un evento casi cierto que, en la reunión de esta semana, el Banco Central Europeo (BCE) aumente en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Asimismo, se prevé, con una probabilidad de un 55%, que se apruebe un segundo ajuste de una magnitud similar en septiembre, con lo cual el año cerraría con una tasa de referencia de un 2.5%. 

Las autoridades monetarias europeas, lideradas por Christine Lagarde, adoptarán una postura más restrictiva con el objetivo de mantener el anclaje de las expectativas de inflación, aun cuando la economía corra el riesgo de entrar en una fase recesiva. A Europa le preocupa sobremanera que el índice de precios subyacente haya registrado una variación interanual de un 2.5% en mayo y que la inflación de los servicios, muy asociada al proceso de inflación de segunda ronda, se encuentre en un 3.5%. En ese contexto, el camino óptimo es el apriete monetario. 

Al otro lado del Canal de la Mancha, el Banco de Inglaterra también prepara el terreno para elevar su tasa de interés y contener la inflación, que se situó en un 2.8% en abril. Megan Greene, miembro externo del Comité de Política Monetaria de la institución, afirmó en un reciente discurso que el actual choque petrolero coloca a las autoridades frente a una difícil disyuntiva, ya que presiona al alza la inflación y, al mismo tiempo, debilita la actividad económica. 

Greene expone que esas circunstancias sitúan en una posición desafiante a los bancos centrales, los cuales, por lo general, optan por no reaccionar frente a esas perturbaciones originadas por el lado de la oferta. No obstante, advierte que la coyuntura actual, marcada por una sucesión de choques de oferta —Covid y guerras en Ucrania y en Medio Oriente— puede generar efectos de inflación de segunda ronda. Ese proceso de ajustes de salarios y de precios suele desembocar en la pérdida del anclaje de las expectativas y en una inflación persistente cuyo control obligaría a pagar un elevado costo en términos de actividad económica y empleo. Por ello, Greene recomienda la adopción oportuna de una política más restrictiva, que implicaría subir la tasa de referencia, actualmente en un 3.75%.  

En ese borrascoso mar monetario tiene que navegar el Banco Central de la República Dominicana. La institución está llamada a diseñar y ejecutar una política coherente que envíe señales claras y consistentes a todos los agentes económicos. Ante las restricciones que impone el apriete monetario internacional que se avecina, resulta imprescindible abandonar el esquema de zigzagueo iniciado en marzo de 2020 y restablecer el marco de metas de inflación, basado en el uso de instrumentos monetarios convencionales. 

En particular, conviene que se abandonen los programas de inyección de liquidez a tasas de interés subsidiadas, los cuales han contribuido a incrementar de forma excesiva la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés, además de generar un ambiente de incertidumbre que ha restringido el crecimiento económico. Al mismo tiempo, las autoridades deben enviar una señal inequívoca de la voluntad de establecer una postura monetaria restrictiva que asegure el anclaje de las expectativas de inflación. 

Por último, resulta fundamental que las comunicaciones institucionales y las medidas de política monetaria vayan de la mano. En el caso de que los datos de inflación de los próximos meses confirmen la persistencia de la inflación, sería prudente iniciar un ciclo gradual de aumento de la tasa de interés de referencia y la puesta en marcha de medidas monetarias compatibles con dicha postura. Una decisión de esa naturaleza fortalecería la credibilidad del Banco Central y reafirmaría su compromiso ineludible con la estabilidad macroeconómica.

¿Se desinfla la burbuja del Bitcoin?

[Escrito el 5 de junio de 2026]

La burbuja del bitcoin se desinfla. Después de superar los 126 mil dólares en octubre de 2025, su precio se ha colocado esta semana alrededor de los 61,400 dólares, lo que equivale a una caída de un 51%. 

Hace varios años, comenté que el bitcoin no es una moneda, pues no cumple de manera eficiente con las funciones básicas de dinero que son las de unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago. Señalé que el bitcoin es un instrumento financiero altamente especulativo, que se utiliza en gran medida para realizar pagos de actividades ilegales o no transparentes. Dichas transacciones generan una demanda de bitcoin que, dada su oferta limitada, tiende a colocar su precio de mercado a un nivel superior a su valor fundamental, que es cercano a cero. 

Más todavía, la evolución de su precio ha tenido un comportamiento característico de una burbuja financiera, estimulada por una compra continua de los especuladores quienes prevén que el precio seguirá subiendo y generar una buena ganancia de capital.  

En enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó los primeros fondos cotizados en bolsa de bitcoin (ETF por sus siglas en inglés). Ese tipo de fondos de inversión, además de ser utilizados por grandes inversionistas institucionales, como BlackRock, que posee el 60% del mercado, y Fidelity, con un 13%, facilita la entrada de pequeños inversionistas al mundo del Bitcoin. No obstante, expertos internacionales estiman que en los próximos dos años podría liquidarse hasta un tercio de los 130 fondos que existen, lo cual, reduciría el precio y elevaría la volatilidad del precio de los criptoactivos. Esto aceleraría la desaparición de la burbuja del Bitcoin. 

Un excesivo optimismo bursátil

[Escrito el 4 de junio de 2026]

La sesión bursátil de este jueves volvió a evidenciar la brecha creciente entre los riesgos geopolíticos aún latentes y la trayectoria de los principales índices estadounidenses. En ese contexto de disonancia, mientras los inversionistas recalibran sus supuestos sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial, fueron los sectores tradicionales —salud y finanzas— los que terminaron sosteniendo el avance del Dow Jones Industrial Average.

Las acciones de UnitedHealth lideraron las ganancias, impulsando un repunte en el sector salud. A esto se sumó el buen desempeño de los grandes bancos incluidos en el índice, como Goldman Sachs, JPMorgan y American Express. El resultado fue un incremento de 875 puntos, equivalente a un 1.7%.

El S&P 500 logró subir 0.4%, aunque su componente tecnológico retrocedió, presionado por las empresas de semiconductores.

El contraste vino del Nasdaq, que registró un retroceso de 0.1% tras la caída de un 12.6% de la empresa de semiconductores Broadcom. 

En paralelo, los precios del petróleo rompieron una racha de tres sesiones al alza y retrocedieron alrededor de un 3% después de que Israel y Líbano acordaran renovar su frágil alto al fuego. El gesto elimina uno de los principales obstáculos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, proceso que, según insinuó el presidente Trump en redes sociales, estaría en una fase avanzada. No obstante, tal como he comentado en otras ocasiones, debido a desequilibrios del mercado por limitaciones de oferta, es muy probable que los precios de los combustibles vuelvan a subir en las próximas semanas, aun cuando concluya el conflicto bélico. 

La tentación de mirar solo lo que conviene

[Escrito el 3 de junio de 2026]

La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal (Fed) ha reabierto un viejo debate: ¿qué inflación debe mirar un banco central para definir la estabilidad de precios? El nuevo presidente ha sugerido que la Fed debe prestar más atención a indicadores alternativos, como la media recortada (“trimmed mean”), que excluye los movimientos de precios más extremos. 

En ese contexto, cabe destacar que, mientras el índice de Precios del Gasto en Consumo Personal subyacente (PCE, por sus siglas en inglés) interanual en abril se colocó en un 3.3%, la media recortada, que elimina los movimientos de precios extremos, muestra apenas un 2.3%; un nivel mucho más cerca de la meta del 2%. 

Warsh se inclina por la media recortada, ya que permitiría —por ahora— mantener la tasa de interés en un menor nivel. Según Warsh: “Lo que más me interesa es la inflación subyacente, no los cambios de precios por un evento puntual.” No obstante, la pregunta clave es si esos “eventos puntuales” —aranceles, inversiones en IA, disrupciones geopolíticas y mayores precios de los combustibles— son impactos transitorios o si reconfiguran la estructura de costos y precios de la economía.

En 2021, la media recortada ofreció una lectura tranquilizadora mientras la inflación real se aceleraba. El diseño del índice terminó subestimando la presión inflacionaria. Hoy podría suceder lo mismo.

El riesgo es claro. Si la Fed adopta un indicador que de manera sistemática minimiza la inflación, corre el peligro de repetir el error de quedarse atrás de la curva. Y en un entorno donde la credibilidad ya está bajo presión política, un banco central que “mira a través” de los datos incómodos puede aplicar una política inconsistente con la estabilidad de precios.

La prueba de fuego de la Fed

 [Escrito el 2 de junio de 2026]

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, atraviesa una de las pruebas de estrés más delicadas de su historia reciente. No se trata solo de mayor inflación, ni de una posible recesión por el choque de oferta negativo, ni de turbulencias financieras generadas por la explosión de una burbuja bursátil. El verdadero desafío es político: la presión creciente del Poder Ejecutivo para influir en las decisiones de política monetaria y, peor aún, para remover a quienes se resisten a obedecer. Cuando la política entra a un banco central, la economía queda expuesta a un riesgo sistémico y catastrófico.

Jerome Powell lo advirtió al recibir el premio Jonh F. Kennedy Profile in Courage: “Si alguna administración encuentra la forma de remover a funcionarios de la Fed por diferencias de política, entonces las futuras administraciones también lo harán.” La independencia monetaria es la condición mínima para que las tasas de interés se ajusten para lograr y mantener estabilidad de precios, no como reacción a los ciclos electorales.

La situación actual, agravada por el intento de destituir a la gobernadora en funciones Lisa Cook, debido a causas ajenas a la política monetaria, ha llevado a Powell a permanecer en la Junta de Gobernadores a fin de apoyar la institucionalidad de la Fed.

La historia económica es contundente. Cuando los gobiernos capturan a los bancos centrales, la inflación se dispara, la credibilidad se evapora y el costo social es inmenso. Defender la independencia de la Fed no es un asunto estadounidense. Es una lección que los países que valoran la estabilidad macroeconómica deberían observar con atención.

¿Cuál debe ser el nivel de la tasa de política monetaria?

[Escrito el 1 de junio de 2026]

En su reunión de política de mayo, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en un 5.25% anual, nivel que considera refleja una postura monetaria neutral.  

El Banco Central se equivoca. En un estudio elaborado por sus técnicos se estimó que la tasa de interés real neutral, la compatible con la estabilidad macroeconómica, se ubica alrededor de un 1.5%. Dado que la inflación prevista en los próximos doce meses asciende a un 4.6%, puede calcularse que la tasa de interés de política monetaria debería ser, al menos, igual a un 6.1%. Ello significa que la postura monetaria vigente no puede considerarse neutral y, por tanto, resulta incompatible con la estabilidad de precios. 

Por otra parte, si se compara la tasa de referencia con la tasa de interés pasiva promedio ponderado, que ha aumentado en lo que va de año 118 puntos básicos hasta llegar a un 7.26% en mayo, se podría afirmar que la tasa de política debería situarse entre un 6.25% y un 6.5%. Ese nivel es el requerido para ser consistente con la diferencia histórica entre ambas tasas, que fluctúa entre 80 y 100 puntos básicos. 

La evidencia anterior insta a recomendar a las autoridades que estén preparadas para incrementar la tasa de interés de política en, como mínimo, 100 puntos básicos durante los próximos doce meses; es decir, colocarla en un 6.25%. La claridad de un ajuste al alza de dicha tasa reduciría la intensidad de la inflación de segunda vuelta y aseguraría el anclaje de las expectativas de inflación.