La inflación estadounidense sigue alta

[Escrito el 14 de agosto de 2026]

El índice de precios al consumidor (IPC) de julio en Estados Unidos subió 0.2% respecto al mes anterior, en línea con lo esperado por los analistas, un resultado que alivia —aunque no elimina— la presión sobre la Reserva Federal para subir su tasa de interés de referencia en la reunión de septiembre. En términos interanuales, la inflación general se situó en un 3.4%, 0.1 puntos porcentuales por debajo de junio. 

La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y de la energía, también avanzó 0.2% mensual y se ubicó en un 2.5% por encima del nivel registrado un año atrás. Ese resultado no ofrece evidencia contundente para forzar un ajuste de la tasa de interés de referencia al alza, aunque tampoco lo descarta.

A la fecha, el mercado proyecta con una probabilidad de un 67% de que la tasa de política se mantendrá sin cambios en septiembre. La decisión final dependerá del dato de la variación de precios en agosto. Si vuelve a subir y se aleja de la meta del 2%, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto no tendrían otra opción que llevar a cabo un apriete monetario.

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, advirtió que si los choques de precios —vinculados a aranceles y a la demanda del auge de la inteligencia artificial— se combinan y ganan impulso propio, un ajuste de la tasa de interés podría requerir más que el tradicional cuarto de punto. Por su parte, el presidente Kevin Warsh ha evitado anticipar qué evento detonaría el próximo movimiento del banco central, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre lo que podría decidirse en la reunión de septiembre próximo. 

Se encarece la deuda pública estadounidense

[Escrito el 13 de agosto de 2026]

El Tesoro de Estados Unidos vendió hoy jueves bonos a 30 años en una subasta de 25,000 millones de dólares, con un rendimiento de hasta 5.22%, el nivel más alto desde el 5.52% registrado en agosto de 2001. La cifra supera el 5.06% de la subasta previa de julio y el 4.91% de enero de 2025.

El encarecimiento responde a dos factores combinados. Primero, a una deuda pública que ya ronda los 40 billones de dólares, con una relación deuda-PIB que ya superó el 100% en el primer trimestre de 2026 y podría llegar a 120% para 2036, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Segundo, a una inflación que, pese a bajar a un 3.4% en julio, sigue por encima de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal, la cual está presionada por los aranceles, el gasto en infraestructura de inteligencia artificial y el alza del petróleo por el conflicto con Irán.

La consecuencia del aumento de la tasa de interés de la deuda pública estadounidense es preocupante. En ese contexto, cabe destacar que, para el Tesoro, financiar al gobierno resulta ahora más costoso, en momentos en que ya gasta más en pagar intereses que en defensa nacional. Analistas prevén que Washington recurrirá más a la deuda de corto plazo (letras del Tesoro) con menor tasa de interés, pero que hace al país más vulnerable a futuras subidas de tasas. Aun con esa incertidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la demanda por esos títulos de deuda se mantuvo firme en los mercados de capitales.

El costo oculto de un peso más fuerte

[Escrito el 10 de agosto de 2026] 

Cuando la tasa de cambio del peso respecto al dólar se reduce, se celebra como un triunfo de la política del Banco Central. Sin embargo, un ejercicio reciente de aritmética fiscal, elaborado por el doctor Andrés Dauhajre, hijo, revela que la apreciación del peso dominicano tiene efectos complejos.

El análisis de Dauhajre simula una baja en la tasa de cambio de 65.50 a 58.50 pesos por dólar (una apreciación de 10.7%) y mide su impacto en las cuentas del Estado. Por un lado, el Gobierno ahorraría cerca de 57,766 millones de pesos en el servicio de la deuda externa, transferencias a las empresas eléctricas y subsidios a combustibles. Pero ese ahorro tiene una contrapartida que se menciona poco: los ingresos públicos también caen, al reducirse en pesos los desembolsos de préstamos externos, los impuestos sobre el oro, las tarifas turísticas y los aranceles cobrados en aduanas. Esa pérdida de ingresos, sumada al deterioro en el resultado del Banco Central por la revaluación de sus reservas internacionales, asciende a 134,275 millones de pesos. En consecuencia, el saldo neto es un deterioro fiscal de 76,509 millones de pesos.

El impacto distributivo es igual de revelador. Se benefician los importadores, los turistas dominicanos que viajan al exterior, quienes tienen deudas en dólares y los inmigrantes que envían remesas, entre otros, para alcanzar un total estimado de 336,937 millones de pesos. Pero pierden las familias que reciben remesas, las zonas francas, los exportadores nacionales, el sector hotelero y el propio Gobierno Central, con pérdidas conjuntas de 472,990 millones de pesos.

En síntesis, el impacto neto de la apreciación del peso sobre los agentes económicos depende de cuál efecto domina —el ahorro en gastos o la caída de ingresos— y de cómo se redistribuyen las ganancias y pérdidas entre distintos sectores de la economía. 

El socio confiable

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de agosto de 2026.]

Pocos socios de Estados Unidos en la región pueden exhibir un historial de lealtad tan prolongado y consistente como el dominicano. Sin embargo, de forma paradójica, el mismo país que Washington describe como un miembro clave de la coalición hemisférica contra los cárteles de la droga ha sido penalizado con un arancel del 12.5% y se ha convertido en la primera nación a cuyos ciudadanos se les exige una fianza de más de cien mil dólares si desean obtener la visa de residencia.

Para entender lo desproporcionado de esas medidas, conviene remontarse al origen de la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, que se extiende por más de cien años. En el transcurso de las primeras dos décadas del siglo XX, se crearon las condiciones jurídicas que fortalecieron el régimen de propiedad de la tierra, lo cual favoreció la entrada y protección de la industria azucarera estadounidense ubicada en la zona este del país. 

Durante los años ochenta, mientras Centroamérica se desangraba en conflictos internos —guerra civil en El Salvador, insurgencia en Guatemala, revolución sandinista y contrarrevolución en Nicaragua—, la República Dominicana se mantuvo como un remanso de estabilidad institucional en una región convulsionada. Esa solidez resultó determinante para que empresas estadounidenses instalaran zonas francas textiles y de manufactura ligera al amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, promulgada en 1983, aprovechando el acceso preferencial y libre de aranceles al mercado norteamericano en momentos en que otros países de la cuenca resultaban inviables debido al riesgo político y militar.

La extraordinaria alianza entre ambos países se confirmó en 2003, cuando la República Dominicana envió un contingente militar a Irak como parte de la coalición convocada por el gobierno de George W. Bush. La participación dominicana fue modesta en términos numéricos, pero tuvo un peso simbólico considerable, ya que pocos países latinoamericanos respondieron favorablemente al llamado de Washington en un momento de fuerte división internacional sobre la legitimidad de esa invasión.

El respaldo dominicano se ha manifestado, además, de forma sistemática en los foros multilaterales. En la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, el país ha votado en momentos clave en sintonía con las posiciones impulsadas por Estados Unidos, ya sea en resoluciones de derechos humanos, condenas a gobiernos autoritarios de la región o iniciativas de seguridad hemisférica. Más recientemente, representantes de ambos gobiernos se han reunido para fortalecer la lucha contra organizaciones narcoterroristas que utilizan el Caribe como corredor de tráfico ilícito, y Washington ha reconocido públicamente a la República Dominicana como un miembro importante de la ofensiva contra el narcotráfico. 

A finales del 2025, el gobierno dominicano permitió que aeronaves militares estadounidenses operaran desde la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas como parte del despliegue militar necesario en la operación que culminó en enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo.

Todo el historial de lealtad y colaboración —económica, militar, diplomática y en seguridad—hace difícil justificar las medidas comerciales que Estados Unidos ha adoptado contra el país durante la segunda administración de Donald Trump. En julio, se impuso un arancel del 12.5% a las exportaciones dominicanas, a excepción de los productos textiles, con el argumento de que el país no había establecido ni aplicado con eficacia una prohibición contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. El gobierno dominicano reaccionó horas antes de la entrada en vigor de la medida a través del Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas bajo dichas condiciones y establece un mecanismo destinado a investigar y bloquear ese tipo de bienes. 

En agosto, un informe de la Casa Blanca volvió a situar al país en el centro de la controversia comercial, esta vez con una acusación de mayor calado: el documento señaló a unos 40 países —entre ellos la República Dominicana, Costa Rica y varias naciones de Asia Central, África y Oriente Medio— como plataformas utilizadas para reenviar productos chinos hacia el mercado estadounidense con el propósito de evadir aranceles. La respuesta dominicana no se hizo esperar. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes declaró que no existen operaciones ilegales de montaje de productos para exportación y que el Estado dominicano no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de las mercancías. 

A esas dos medidas se sumó una tercera de naturaleza distinta, pero igual de contundente. El Departamento de Estado anunció que la República Dominicana sería la primera nación del mundo seleccionada para un programa piloto que exige una fianza económica al solicitante de visa de residencia cuando un cónsul lo considere una potencial "carga pública." El monto se ha estimado entre 100 mil y 250 mil dólares. La decisión resulta muy perjudicial para un país cuya principal fuente de divisas son las remesas familiares. 

Más allá de la reciprocidad política, existe un argumento económico que hace aún más difícil sostener las sanciones.  El comercio bilateral, enmarcado en el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, genera un superávit por encima de los cinco mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, lo que equivale a afirmar que la economía dominicana es la que debería proteger su mercado y no al revés. Este dato desmonta el argumento que habitualmente se invoca para legitimar aranceles —la necesidad de corregir desequilibrios comerciales perjudiciales para Estados Unidos— pues, en el caso dominicano, el desequilibrio favorece a Washington.

Por todo ello, resulta difícil de entender que un país que ha sido un socio confiable, y que ha respaldado a Estados Unidos en numerosas ocasiones, reciba un trato tan injusto. La Casa Blanca tiene la oportunidad —y, a la luz del historial dominicano, también razones suficientes— de revisar esas decisiones sin que ello suponga ceder en sus objetivos legítimos. Hacerlo sería un gesto coherente con la relación de confianza y colaboración que ambos países han ido construyendo durante más de cien años. 

La montaña rusa petrolera

[ Comentario Noti 7 de agosto de 2026]

La situación internacional del mercado de combustibles atraviesa una fase de extrema volatilidad marcada por conflictos geopolíticos simultáneos y disrupciones en la infraestructura energética global. En Medio Oriente, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán afecta de forma significativa la oferta. Por un lado, se habla de acuerdo de paz y, por otro, siguen los bombardeos y disrupción del suministro del crudo y gas natural. 

El precio del petróleo WTI ha estado moviéndose como una montaña rusa. El 23 de julio, el precio superó los 92 dólares por barril, el 28 de julio bajó a 79 dólares, tres días superó los 84 dólares y el 6 de agosto se situó en el entorno de los 78 dólares. Dada esa volatilidad, es difícil pronosticar los costos de la energía.

La guerra entre Rusia y Ucrania acentúa esa dificultad. Ucrania ha logrado atacar con drones tres grandes refinerías rusas ubicadas a 1,600 km de distancia, mediante lo cual ha afectado la capacidad productiva rusa. Esos golpes han obligado a Putin a prohibir temporalmente las exportaciones de diésel, decisión que presiona los mercados de combustibles destilados en Europa y América Latina. 

En conjunto, estos eventos configuran un mercado donde la incertidumbre geopolítica domina y donde los precios seguirán reaccionando a cualquier alteración en rutas críticas o infraestructura energética.

Buen trabajo, Álex

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 10 de agosto de 2026.]

El 16 de agosto de 2026, Alejandro Fernández W. concluirá sus seis años al frente de la Superintendencia de Bancos (SB). Dada la importancia de dicha institución para la estabilidad macroeconómica, el desarrollo nacional y el bienestar de las personas, conviene realizar un balance riguroso de los resultados de su gestión. 

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, el sistema financiero dominicano experimentó una mejora significativa en términos de tamaño, rentabilidad y solvencia. Los activos totales pasaron de representar un 43.6% a un 52.6% del producto interno bruto (PIB), un incremento de nueve puntos porcentuales, lo que refleja mayor capacidad de transformar el ahorro en inversión. El retorno sobre patrimonio (ROE) subió del 15.9% al 18.65%, una señal de que las entidades están operando con mayor eficiencia y generan más valor sobre el capital invertido. El índice de solvencia subió de un 16.55% a un 17.7%, muy por encima del 10% mínimo exigido por la normativa prudencial. Un indicador con resultados menos favorables es la morosidad, que aumentó del 1.7% al 1.87% durante ese período. Cooperar con el resto de las autoridades monetarias para revertir ese comportamiento es una tarea para la próxima gestión. 

La SB modernizó, entre 2020 y 2026, su marco de supervisión mediante la actualización de metodologías y la incorporación de herramientas destinadas a automatizar los procesos de captura y procesamiento de información financiera, como el Portal Monetario y Financiero (PAMF). Todo esto amplió la calidad de la supervisión y consolidó una práctica más consistente, basada en riesgos y orientada a detectar vulnerabilidades a tiempo. A esos avances se suman las 593 inspecciones realizadas, con especial hincapié en riesgos, las cuales fortalecen la estabilidad del sistema financiero dominicano. 

Entre agosto de 2020 y julio de 2026, la entidad puso en vigencia 185 normas (12 instructivos, 99 circulares y 74 cartas circulares) para alinear el sistema financiero dominicano con estándares internacionales. En el frente prudencial, la actualización del Manual de Requerimientos de Información, el criterio de valor razonable y las pruebas de estrés consolidaron un enfoque de supervisión basado en riesgos. Gracias a eso, el marco normativo se presenta más robusto y coherente con los desafíos de un sistema financiero en transformación.

En paralelo, la SB reforzó su capital humano a través de la incorporación de perfiles especializados y la ejecución de programas de formación con el apoyo de organismos internacionales. Dicha inversión fortaleció la capacidad analítica de la SB y mejoró la coordinación entre sus distintas áreas, lo que permitió implementar de una forma consistente y sostenible el modelo de Supervisión Basada en Riesgos.

El proceso de modernización de la SB se ha traducido en una estrategia más eficaz de disolución de entidades financieras en dificultades. El caso más visible de esa fortaleza es el manejo de Bancamérica en 2022. La SB transfirió sus activos y pasivos a una entidad solvente en 60 días, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El proceso de liquidación permitió devolver todos los recursos a los depositantes no vinculados, sin costo para el Estado ni para el sistema bancario.

En materia de transparencia, la SB construyó uno de los expedientes más sólidos de la administración pública dominicana. Debido a la mejora de los indicadores de transparencia y acceso a la información, obtuvo en 2026 una puntuación de 99.7 en el índice de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Asimismo, el cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado alcanzó una nota promedio de 96.3 durante el último lustro. 

La inclusión financiera —con la Cuenta Básica de Ahorros, la Cuenta Básica para Pagos de Nómina y la Cuenta Básica para mipymes— y la protección al usuario son, sin lugar a duda, dos de los avances más importantes a favor del ciudadano. Un logro destacable fue la erradicación en 2024 de los desiertos bancarios, lo que significa que en todos los municipios del país existe cobertura financiera. Por otro lado, la aplicación móvil ProUsuario amplió el acceso a los mecanismos de reclamación. A través de dicha aplicación se puso en marcha un blog especializado en finanzas personales, ya que la gestión actual considera que “una ciudadanía mejor informada toma decisiones financieras más seguras.” La facilidad para presentar reclamaciones permitió que la SB ordenase devolver a los usuarios 785.9 millones de pesos en ese período, casi diez veces lo acumulado en la década anterior. 

El fortalecimiento institucional interno también forma parte del legado. La ejecución presupuestaria pasó de un 66% en 2020 a un promedio del 89% anual. Al mismo tiempo, la institución obtuvo certificaciones ISO en calidad, antisoborno, seguridad de la información y continuidad de negocio. Los indicadores revelan que la organización dejó de operar por inercia y empezó a medirse a sí misma para mejorar de forma continua.  

El balance de estos seis años es, en suma, favorable: más solvencia, más transparencia, más inclusión financiera y una función de protección al usuario transformada de raíz. Por todo ello, la nueva administración de la SB no puede limitarse a gestionar el legado recibido. Es imprescindible que modernice todavía más la agenda regulatoria para acercarla cada día a las mejores prácticas internacionales. La solidez que hoy exhibe el sistema financiero dominicano no es un estado permanente, es el resultado de una vigilancia constante que la nueva administración tendrá que mantener. 

La gestión de una institución pública se parece, en el fondo, a una carrera de relevos: por muy veloz que sea el corredor de turno, si no sabe entregar el testigo, el relevo se pierde. Álex deja la Superintendencia de Bancos en un momento extraordinario.  Pudo haberse quedado, entronizarse hasta el último tramo alegando que aún tiene mucho que aportar —y, en efecto, así es—, pero optó por confiar en que otros también pueden recorrerlo con éxito. No es necesario ser un faraón para dejar un gran legado. Ese gesto, tan poco común en la administración pública dominicana, es quizá el mejor indicador de que el relevo de agosto tiene el reto de no perder el paso. 

Se reduce la inflación en julio

[Escrito el 6 de agosto de 2026] 

En la República Dominicana, la inflación mensual de julio se moderó a un 0.19%, según datos publicados por el Banco Central. Ese resultado implica una desaceleración respecto al promedio mensual del primer semestre del año, que se colocó en un 0.33%. El dato constituye un alivio en las presiones de precios, pero su convergencia hacia el rango meta de 4% ± 1% depende de la trayectoria de los precios de los combustibles. 

En términos interanuales, la inflación descendió del 5.67%, registrado en junio, al 5.47%, una reducción de 0.20 puntos porcentuales. De acuerdo con los datos del Banco Central, la disminución de la variación de precios se debe al comportamiento del grupo Transporte, cuya variación mensual fue de -0.14%. Dicho resultado se explica por las rebajas en los precios de combustibles —gasolina regular y premium, gasoil y GLP— y a la disminución de los precios de los automóviles debido a la apreciación del peso. 

En contraste, varios grupos mostraron incrementos. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una variación de 0.23%, impulsada por alzas en los precios del pollo fresco, papas, arroz, ñame y agua purificada. Restaurantes y Hoteles aumentó un 0.54%, debido al encarecimiento de comidas preparadas fuera del hogar, mientras que Bienes y Servicios Diversos subió un 0.42%. 

La inflación subyacente, la que excluye los precios de los combustibles y los alimentos, alcanzó una variación de un 0.3% respecto al mes de junio. En términos interanuales, la inflación subyacente, que se asocia a la política monetaria, se mantuvo en un 4.96%, que es el límite superior de la meta de inflación.