El contribuyente rebelde

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de junio de 2026]

Ward M. Hussey, redactor del Código Tributario (CT) de la República Dominicana entre 1991 y 1992, estableció en el Título IV que la base imponible del impuesto selectivo al consumo (ISC) de bebidas alcohólicas, cervezas y productos del tabaco sería el precio de venta al por menor.  Esa decisión fue aprobada por el presidente Joaquín Balaguer a partir de las recomendaciones elaboradas por los expertos de la Universidad de Harvard y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes diseñaron la mejor reforma tributaria implementada hasta ahora en el país. Se seleccionó el precio de venta al por menor con el fin de impedir que los contribuyentes redujesen la base imponible mediante la manipulación del precio de fábrica.

El autor de esta columna fue testigo de excepción. En una reunión celebrada en la entonces Secretaría de Estado de Finanzas, se encargó de informar a una comisión de productores de esos bienes gravados que la base imponible sería el precio de venta al por menor. 

Tras la aprobación y promulgación de la ley 11-92 —el Código Tributario—, se coordinó con el Banco Central la realización de una encuesta en colmados, supermercados, bares y otros establecimientos comerciales con el propósito de determinar el precio al por menor, al cual se le descontaría el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y el ISC. El levantamiento estadístico debía efectuarse cada trimestre para evitar que la inflación erosionase la capacidad recaudatoria del impuesto. De acuerdo con los resultados de la encuesta, se redactó un oficio, firmado por la secretaria de Finanzas, doctora Licelott Marte de Barrios, en el que instruía al director de la Dirección General de Rentas Internas, doctor José Quezada, la implementación del ISC tomando como base imponible el precio al por menor. 

Durante los treinta y cuatro años de vigencia del CT, todas las modificaciones adoptadas han mantenido el precio de venta al por menor como base imponible del impuesto selectivo ad valorem que grava el consumo de bebidas alcohólicas y cervezas. En el párrafo II del artículo 375 del CT se establece que, en adición al impuesto selectivo específico, dichas bebidas pagarán un impuesto del 10% sobre su precio al por menor. 

Asimismo, en el reglamento No. 1-18 del Código Tributario, que sustituyó al reglamento No. 79-03, se establece el precio al por menor como el precio al que adquiere el consumidor final los productos gravados. En el artículo 6 del citado reglamento se indica que, según lo dispuesto en el CT, la base imponible sobre la cual se debe aplicar la tasa del 10% es el precio al por menor. Más adelante, en el artículo 8, se establece que los fabricantes o productores deberán declarar a la Administración Pública el precio de venta al por menor, que será el sugerido de venta al público (PVP), sin incluir el ITBIS ni el ISC. El párrafo IV dispone que esos precios deben actualizarse trimestralmente. 

La Administración Pública podrá, con base en los resultados de la encuesta del Banco Central, verificar y objetar los precios de venta al por menor declarados por los fabricantes si considera que no se corresponden con las condiciones reales del mercado.  

A pesar de la claridad con la que se define la base imponible del ISC en el Código Tributario, un fabricante de cervezas lleva desde finales de 2019 interpretando, a su manera y en beneficio propio, las normas jurídicas aplicables al pago del ISC ad valorem. El mencionado contribuyente considera que los envases de las cervezas no forman parte de la base imponible gravada por el ISC, mientras que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sostiene que la base de precio al por menor incluye todos los componentes del producto. 

La discrepancia originó que la DGII reclamase al contribuyente una suma de varios miles de millones de pesos por impuestos impagados. Tras pasar por el Tribunal Superior Administrativo, ambas partes firmaron en diciembre de 2022 el Acuerdo Transaccional DG-GGC No. 14-2022, mediante el cual la DGII recibió un pago millonario para extinguir las deudas tributarias relacionadas con la aplicación del ISC entre 2019 y 2022. Asimismo, la DGII aceptó en otro acuerdo que se aplicase una base imponible fija inferior al precio de venta al por menor. Este último convenio, que es renovable, al otorgar un tratamiento ventajoso a ese contribuyente frente al resto de productores de bebidas alcohólicas, es inconstitucional y viola el Código Tributario. 

Con el objetivo de precisar la base imponible del ISC y eliminar el margen de interpretación entre la Administración Tributaria y el contribuyente rebelde —que genera deudas tributarias estimadas en más de mil millones de pesos anuales—, la reciente ley 30-26 modificó, a través de su artículo 41, el literal b) del artículo 367 del Código Tributario. 

La ley ratifica que la base imponible del ISC ad valorem es el precio de venta al por menor del producto, pero precisa que corresponde “al precio final al consumidor, incluyendo de manera integral y sin excepción todos los componentes, costos y elementos incorporados al producto para su comercialización.” De forma expresa, la ley dispone que el precio incluye “el valor atribuible al líquido alcohólico, envases, empaques, etiquetas, tapas, cierres, envolturas, presentaciones comerciales, servicios conexos, así como cualquier otro insumo o elemento accesorio que forme parte del producto final ofrecido al consumidor.” Como nota adicional, la nueva normativa establece de forma contundente que “Queda prohibida cualquier deducción, exclusión, segmentación o fraccionamiento del precio de venta al por menor para fines de la determinación de la base imponible del componente ad valorem.” 

La ley 30-26 facilitará el trabajo de la DGII, institución que podrá aplicar, sin trabas jurídicas, el precio de venta al por menor como base imponible del ISC sobre las bebidas alcohólicas y cervezas. Ello le permitirá someter a la obediencia al contribuyente rebelde y restablecer la igualdad de trato entre todos los productores, principio esencial de la equidad tributaria. Así se reafirma que, en un Estado de derecho, ningún acuerdo particular puede prevalecer sobre la ley.  Dura lex, sed lex. 

La Fed en modo halcón

[Escrito el 19 de junio de 2026]

El 8 de junio comenté sobre el apriete monetario que se avecinaba a nivel internacional, esta semana la Reserva Federal lo materializó. En su primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh, el Comité Federal de Mercado Abierto eliminó el sesgo hacia recortes de tasas que mantenía en sus comunicados y la dejó de forma unánime en el rango actual del 3.5% al 3.75%. Nueve de los dieciocho funcionarios que sometieron proyecciones anticipan un alza antes de que termine 2026, frente a ninguno en marzo.

El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, sensible a las expectativas de política monetaria, subió hasta 4.16% durante la conferencia de prensa de Warsh celebrada el pasado miércoles 17 de junio. Los futuros pasaron a considerar como un evento casi cierto un alza de 25 puntos básicos en la tasa de referencia para diciembre de este año. 

Warsh no presentó su propio "punto" en el resumen de proyecciones y promovió un comunicado más corto, sin guía prospectiva. Parece que ahora se tendrá una Fed que comunique menos, pero que transmita una señal más clara al eliminar contradicciones internas que generan ruido interpretativo en el mercado. 

Hasta ahora, el apriete que vaticiné se ha manifestado en aumentos de las tasas de referencia del Banco Central Europeo y del Banco de Japón, así como en el mensaje más restrictivo de la Fed. Ante esa realidad, el Banco Central de la República Dominicana debe procurar que su narrativa sea coherente con la disposición de llevar a cabo un apriete monetario que garantice el anclaje de las expectativas de inflación y la estabilidad macroeconómica. 

El BCE arrancó a moler

[Escrito el 12 de junio de 2026] 

El Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa de referencia a un 2.25%, y se convirtió en el primer banco central de los países más avanzados en responder al choque energético provocado por el conflicto en Medio Oriente.  La presidenta Christine Lagarde lo definió como un “choque de gran magnitud” y afirmó que era evidente que la institución debía actuar. El organismo emisor reconoce que la inflación ha dejado de ser un fenómeno circunscrito a la energía y comienza a derramarse a toda la economía.

La inflación promedio del año será de un 3% y, en un escenario adverso —con petróleo por encima de 165 dólares en el tercer trimestre—, podría alcanzar un 4% en 2026 y un 5.3% en 2027. El Banco Central Europeo advierte que las empresas “esperan aumentar sus precios de venta,” mientras se prevé que el crecimiento salarial solo se moderaría hacia finales de 2026. Ello generaría inflación de segunda ronda y mayor persistencia de la inflación. 

La medida monetaria se tomó a pesar de que se redujo la proyección del crecimiento económico a un 0.8 % este año. Los mercados descuentan al menos otro incremento de la tasa de interés de política monetaria antes de que termine el año. Específicamente, se estima con una probabilidad de un 55% que en septiembre se elevará en 25 puntos básicos para situarla en un 2.5%. El objetivo de ese apriete es evitar que la inflación se consolide.

Las medidas fiscales de Abinader

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de junio de 2026]

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un conjunto de medidas fiscales orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y propiciar, a la vez, un entorno favorable para la expansión de las actividades productivas. 

El vertiginoso aumento de los precios internacionales de los combustibles, provocado por la guerra en Medio Oriente, ha deteriorado los términos de intercambio de los países importadores netos de esos bienes. En consecuencia, los gobiernos han adoptado medidas diversas para enfrentar el choque de oferta negativo. Algunos, como Panamá, Honduras y Perú han traspasado la mayor parte de los incrementos de precios internacionales al mercado interno, mediante ajustes de precios entre un 45% y un 60%. 

En el caso dominicano, los precios se elevaron en un 15%, decisión que supone un sacrificio fiscal que asciende a 20 mil millones de pesos en lo que va de año. De mantenerse el precio del petróleo entre 90 y 100 dólares por barril, se proyecta que el subsidio a los combustibles supere los 45 mil millones de pesos durante 2026. Paralelamente, el gobierno ha subsidiado productos específicos, como los fertilizantes, para evitar aumentos excesivos en los costos de producción. Esa iniciativa, junto con una tarifa congelada de electricidad y la apreciación del peso dominicano, ha permitido que la inflación interanual a mayo haya sido de apenas un 5.35%. 

Con el fin de evitar que el déficit público sobrepase el 4% del producto interno bruto (PIB) y asegurar la sostenibilidad fiscal, resulta necesario reducir los gastos e incrementar los ingresos. En ese sentido, el ministro Díaz anunció recortes en publicidad, viáticos, pasajes, eventos y vehículos, entre otros conceptos considerados no prioritarios. Es recomendable, no obstante, que las autoridades publiquen dichos ajustes y comuniquen a la nación cómo prevén alcanzar la meta anunciada de reorientar 40 mil millones de pesos de gastos durante este año.

En cuanto a los ingresos fiscales, conviene aclarar que las medidas propuestas por Hacienda no constituyen una reforma tributaria. Para que realmente lleguen a serlo, las disposiciones deben suponer una reestructuración del sistema impositivo capaces de convertirlo en más neutral —esto es, menos distorsionador de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos—, más justo —garante de la equidad vertical y horizontal— y dotado de eficiencia recaudatoria. El gobierno reconoce que en la coyuntura actual no es posible llevar a cabo una reforma tributaria que implique modificaciones de las tasas y exenciones de las figuras impositivas de amplia base, como el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS). 

Las disposiciones tributarias presentadas tienen una capacidad recaudatoria limitada, pues se proyecta ingresar poco más de 40 mil millones de pesos. Las autoridades tienen especial interés de que sean los contribuyentes más ricos quienes colaboren más con ese aporte fiscal. La decisión se justifica debido a que el 20% de la población con mayores ingresos se beneficia de una suma equivalente a casi el 50% del subsidio total a los combustibles.  

La propuesta de Hacienda plantea un incremento de tres puntos porcentuales —hasta situarla en un 30%— de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas con ingresos superiores a los mil millones de pesos anuales. Asimismo, se crea un tramo de impuesto sobre la renta de personas físicas con una tasa de un 27% para los salarios superiores a los 400 mil pesos mensuales. Ambas iniciativas dejan al 99% de los contribuyentes sin cambios en su impuesto sobre la renta, resultado que eleva la progresividad del sistema tributario. No obstante, hay que señalar que dichas tasas son muy elevadas y, por tanto, distorsionan las decisiones de los agentes económicos; en particular, se llega a una alícuota efectiva sobre los beneficios empresariales de un 37%, si se incluye el impuesto sobre los dividendos.

Hay que destacar que las personas físicas de menores ingresos se beneficiarán de las medidas de Hacienda porque el tramo que define la renta mínima exenta se indexará en un 15%, lo que equivale a un aumento del ingreso disponible. Por su parte, las empresas se beneficiarán de la depreciación acelerada que favorecerá la inversión y promoverá el crecimiento económico. 

El ministro Díaz propone que se incremente de 0.15% a un 0.20% el impuesto sobre los cheques y transferencias bancarias. Ese tipo de tributo se utiliza cuando existe una crisis fiscal y se han agotado las opciones para aumentar las recaudaciones. Es un impuesto de amplia base y de fácil administración, ya que los bancos retienen y envían los recursos periódicamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Sin embargo, al recaer en las diferentes etapas de la producción y la adquisición de bienes, servicios y activos pagados a través de cheques y transferencias, constituye un impuesto en cascada y, por tanto, distorsionador. 

Las autoridades deben considerar que, cuanto más elevada sea la tasa del impuesto, mayor será el incentivo para eludirlo o evadirlo, lo que podría reducir la capacidad recaudatoria. Algunos recurren a transacciones en efectivo o, con el apoyo de los bancos, crean cuentas para realizar operaciones cambiarias sin pagar el impuesto. Para evitar que se encarezcan las operaciones de compra y venta de títulos financieros, se abren cuentas de inversión cuyos movimientos internos están exentos del gravamen. Todo ello revela que los grandes contribuyentes disponen de más instrumentos para eludir el impuesto, circunstancia que acentúa su regresividad.

Debido a su carácter no neutral y regresivo, junto con la erosión recaudatoria a lo largo del tiempo, se recomienda que el impuesto a los cheques y transferencias bancarias se utilice solo en situaciones fiscales extremas y por un plazo corto. En un sistema tributario óptimo, dicho gravamen no existiría o tendría una tasa mínima de manera que opere como una fuente de información que contribuya a reducir la evasión de otros impuestos.

En definitiva, las medidas fiscales de Abinader no constituyen propiamente una reforma del sistema impositivo, porque incluyen elementos distorsionadores y tienen escaso poder recaudatorio. Sin embargo, presentan componentes positivos, entre los que destaca una mayor equidad tributaria. 

El apriete que viene

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de junio de 2026]

Tres de los principales bancos centrales del mundo se encaminan hacia una postura monetaria más restrictiva, lo que descarta la posibilidad de recortes de tasas de interés durante 2026.

Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), se enfrenta a una tarea muy compleja. Los datos económicos recientes han reducido a casi cero la probabilidad de que el Comité Federal de Mercado Abierto apruebe una reducción de la tasa de interés. El reporte sobre el empleo publicado el pasado viernes mostró la creación de 172 mil puestos de trabajo en mayo, un resultado notablemente superior a los 80 mil que se habían proyectado. La tasa de desocupación se mantuvo en 4.3%, nivel cercano al pleno empleo. Mientras, la inflación a abril, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC), se colocó en un 3.8%, 1.8 puntos porcentuales por encima de la meta del 2%. La inflación subyacente —que excluye los precios de los alimentos y de la energía— se situó en un 2.8%, mientras que la de los servicios no energéticos alcanzó un 3.3%. Ello revela que la variación de precios mantiene una brecha significativa y creciente respecto a la meta. 

A partir de esos datos, el mercado financiero proyecta que la Reserva Federal eleve, en lugar de reducir, la tasa de interés antes de que finalice el año. El viernes pasado se estimó, con una probabilidad superior al 70%, un incremento de la tasa de interés de 25 puntos básicos en diciembre, lo que la situaría en un rango comprendido entre el 3.75% y el 4%. Más todavía, para 2027 se prevé que no habrá recorte de tasas y que, en el escenario más favorable, estas se mantendrán inalteradas. 

La reacción de los mercados bursátiles fue inmediata. El mismo día, el Nasdaq, inflado más allá de lo razonable por la burbuja de la inteligencia artificial (IA), cayó un 4.2% ante la expectativa de un aumento de la tasa de interés. Asimismo, retrocedieron el Dow y el S&P 500, en 1.4% y 2.6%, respectivamente. El rendimiento de las notas del Tesoro a diez años, relacionado con la expectativa de inflación de largo plazo, repuntó hasta 4.52% y el de las notas del Tesoro a dos años, asociado a la tasa de política monetaria de la Fed, se situó en 4.15%. 

En la eurozona, el incremento a un 3.2% de la inflación interanual a mayo, muy por encima de su meta del 2%, ha llevado al mercado a proyectar como un evento casi cierto que, en la reunión de esta semana, el Banco Central Europeo (BCE) aumente en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Asimismo, se prevé, con una probabilidad de un 55%, que se apruebe un segundo ajuste de una magnitud similar en septiembre, con lo cual el año cerraría con una tasa de referencia de un 2.5%. 

Las autoridades monetarias europeas, lideradas por Christine Lagarde, adoptarán una postura más restrictiva con el objetivo de mantener el anclaje de las expectativas de inflación, aun cuando la economía corra el riesgo de entrar en una fase recesiva. A Europa le preocupa sobremanera que el índice de precios subyacente haya registrado una variación interanual de un 2.5% en mayo y que la inflación de los servicios, muy asociada al proceso de inflación de segunda ronda, se encuentre en un 3.5%. En ese contexto, el camino óptimo es el apriete monetario. 

Al otro lado del Canal de la Mancha, el Banco de Inglaterra también prepara el terreno para elevar su tasa de interés y contener la inflación, que se situó en un 2.8% en abril. Megan Greene, miembro externo del Comité de Política Monetaria de la institución, afirmó en un reciente discurso que el actual choque petrolero coloca a las autoridades frente a una difícil disyuntiva, ya que presiona al alza la inflación y, al mismo tiempo, debilita la actividad económica. 

Greene expone que esas circunstancias sitúan en una posición desafiante a los bancos centrales, los cuales, por lo general, optan por no reaccionar frente a esas perturbaciones originadas por el lado de la oferta. No obstante, advierte que la coyuntura actual, marcada por una sucesión de choques de oferta —Covid y guerras en Ucrania y en Medio Oriente— puede generar efectos de inflación de segunda ronda. Ese proceso de ajustes de salarios y de precios suele desembocar en la pérdida del anclaje de las expectativas y en una inflación persistente cuyo control obligaría a pagar un elevado costo en términos de actividad económica y empleo. Por ello, Greene recomienda la adopción oportuna de una política más restrictiva, que implicaría subir la tasa de referencia, actualmente en un 3.75%.  

En ese borrascoso mar monetario tiene que navegar el Banco Central de la República Dominicana. La institución está llamada a diseñar y ejecutar una política coherente que envíe señales claras y consistentes a todos los agentes económicos. Ante las restricciones que impone el apriete monetario internacional que se avecina, resulta imprescindible abandonar el esquema de zigzagueo iniciado en marzo de 2020 y restablecer el marco de metas de inflación, basado en el uso de instrumentos monetarios convencionales. 

En particular, conviene que se abandonen los programas de inyección de liquidez a tasas de interés subsidiadas, los cuales han contribuido a incrementar de forma excesiva la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés, además de generar un ambiente de incertidumbre que ha restringido el crecimiento económico. Al mismo tiempo, las autoridades deben enviar una señal inequívoca de la voluntad de establecer una postura monetaria restrictiva que asegure el anclaje de las expectativas de inflación. 

Por último, resulta fundamental que las comunicaciones institucionales y las medidas de política monetaria vayan de la mano. En el caso de que los datos de inflación de los próximos meses confirmen la persistencia de la inflación, sería prudente iniciar un ciclo gradual de aumento de la tasa de interés de referencia y la puesta en marcha de medidas monetarias compatibles con dicha postura. Una decisión de esa naturaleza fortalecería la credibilidad del Banco Central y reafirmaría su compromiso ineludible con la estabilidad macroeconómica.

¿Se desinfla la burbuja del Bitcoin?

[Escrito el 5 de junio de 2026]

La burbuja del bitcoin se desinfla. Después de superar los 126 mil dólares en octubre de 2025, su precio se ha colocado esta semana alrededor de los 61,400 dólares, lo que equivale a una caída de un 51%. 

Hace varios años, comenté que el bitcoin no es una moneda, pues no cumple de manera eficiente con las funciones básicas de dinero que son las de unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago. Señalé que el bitcoin es un instrumento financiero altamente especulativo, que se utiliza en gran medida para realizar pagos de actividades ilegales o no transparentes. Dichas transacciones generan una demanda de bitcoin que, dada su oferta limitada, tiende a colocar su precio de mercado a un nivel superior a su valor fundamental, que es cercano a cero. 

Más todavía, la evolución de su precio ha tenido un comportamiento característico de una burbuja financiera, estimulada por una compra continua de los especuladores quienes prevén que el precio seguirá subiendo y generar una buena ganancia de capital.  

En enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó los primeros fondos cotizados en bolsa de bitcoin (ETF por sus siglas en inglés). Ese tipo de fondos de inversión, además de ser utilizados por grandes inversionistas institucionales, como BlackRock, que posee el 60% del mercado, y Fidelity, con un 13%, facilita la entrada de pequeños inversionistas al mundo del Bitcoin. No obstante, expertos internacionales estiman que en los próximos dos años podría liquidarse hasta un tercio de los 130 fondos que existen, lo cual, reduciría el precio y elevaría la volatilidad del precio de los criptoactivos. Esto aceleraría la desaparición de la burbuja del Bitcoin. 

Un excesivo optimismo bursátil

[Escrito el 4 de junio de 2026]

La sesión bursátil de este jueves volvió a evidenciar la brecha creciente entre los riesgos geopolíticos aún latentes y la trayectoria de los principales índices estadounidenses. En ese contexto de disonancia, mientras los inversionistas recalibran sus supuestos sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial, fueron los sectores tradicionales —salud y finanzas— los que terminaron sosteniendo el avance del Dow Jones Industrial Average.

Las acciones de UnitedHealth lideraron las ganancias, impulsando un repunte en el sector salud. A esto se sumó el buen desempeño de los grandes bancos incluidos en el índice, como Goldman Sachs, JPMorgan y American Express. El resultado fue un incremento de 875 puntos, equivalente a un 1.7%.

El S&P 500 logró subir 0.4%, aunque su componente tecnológico retrocedió, presionado por las empresas de semiconductores.

El contraste vino del Nasdaq, que registró un retroceso de 0.1% tras la caída de un 12.6% de la empresa de semiconductores Broadcom. 

En paralelo, los precios del petróleo rompieron una racha de tres sesiones al alza y retrocedieron alrededor de un 3% después de que Israel y Líbano acordaran renovar su frágil alto al fuego. El gesto elimina uno de los principales obstáculos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, proceso que, según insinuó el presidente Trump en redes sociales, estaría en una fase avanzada. No obstante, tal como he comentado en otras ocasiones, debido a desequilibrios del mercado por limitaciones de oferta, es muy probable que los precios de los combustibles vuelvan a subir en las próximas semanas, aun cuando concluya el conflicto bélico.