Contra viento y marea

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 27 de julio de 2026.]

La economía dominicana ha demostrado una gran resiliencia. A pesar de los choques de oferta negativos, alcanzó durante el primer semestre de 2026 una tasa de crecimiento de la actividad productiva de un 4.5%. Según las estimaciones del Banco Central, la economía se expandió un 6.4% en junio, el mayor ritmo de variación interanual desde abril de 2024. De mantener ese impulso, es muy probable que el año cierre con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) superior al 4%, a menos que se acentúen las perturbaciones externas y se cometan errores de política económica. 

El desempeño alcanzado en lo que va de año contrasta con lo ocurrido en 2025. El descenso de la inversión pública a niveles cercanos a su mínimo histórico y la aplicación de una política monetaria zigzagueante —generadora de incertidumbre, excesiva volatilidad y de numerosas oportunidades de arbitraje financiero— explican, en buena medida, el aumento de apenas un 2.1% del PIB durante 2025.

Es obvio que el deprimido punto de partida de la actividad económica del año pasado crea un efecto base que favorece las estimaciones de la tasa de crecimiento del período actual. Por ejemplo, si el PIB hubiese alcanzado en 2025 una expansión de un 4.5%, la variación observada en el primer semestre de 2026 habría sido de un 2.5%. Aun así, es justo reconocer que, pese al conjunto de choques de oferta negativos —precio del petróleo entre 90 y 100 dólares debido a la guerra en Medio Oriente, política arancelaria de Trump y presiones alcistas sobre las tasas de interés internacionales—, el crecimiento económico del presente año ha sido mucho mejor que el del anterior.  

En 2026, la actividad del sector de la construcción, que durante cinco trimestres consecutivos registró caídas significativas, ha vuelto a ser el motor del crecimiento económico. En junio alcanzó una variación interanual de un 14.9%, resultado que explica casi el 30% del aumento del indicador mensual de actividad económica (IMAE). 

La evidencia confirma que las medidas microeconómicas estimulan el crecimiento del PIB. En ese contexto, el dinamismo del sector de la construcción, que acumula durante el primer semestre una variación promedio de un 6.7%, guarda estrecha relación con la mejora de la eficiencia en el otorgamiento de las licencias de construcción. Según las estadísticas del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, en el primer semestre del año se aprobaron 921 licencias, un 80% más que en el mismo período del año anterior. Asimismo, la inversión total correspondiente a los proyectos aprobados se incrementó en un 157%, lo que se tradujo en más de 330 mil millones de pesos. 

El gasto de capital, aunque continúa en niveles muy bajos, también contribuyó al proceso de recuperación del sector. En términos anualizados, durante el primer semestre de 2026 la inversión pública aumentó 0.3 puntos porcentuales del PIB con respecto al mismo período de 2025 y se situó en el 1.9% del PIB. La construcción de infraestructuras es un complemento fundamental de la inversión privada, puesto que tiene un efecto multiplicador cercano a dos; es decir, por cada peso de gasto de capital se generan alrededor de dos pesos de valor agregado. 

Además de la extraordinaria recuperación del sector de la construcción, los datos del IMAE muestran que otras actividades productivas también alcanzaron durante el primer semestre del año una tasa de crecimiento por encima de la potencial de un 5%. Entre ellas destacan las siguientes variaciones: minería, 11.3%; hoteles, bares y restaurantes, 5.8%; transporte y almacenamiento, 5.1%; y servicios financieros, 7.5%. 

Cuatro sectores presentan, sin embargo, un amplio margen de mejora. El comercio, principal empleador de la República Dominicana —el 20% de la población ocupada trabaja en esa actividad—, apenas se expandió un 2.2%. El valor agregado del sector agropecuario subió un 2.4%, cifra inferior a su promedio, con el agravante de que la variación relativa interanual de su índice de precios se encuentra en un 7%. Por su parte, la manufactura de zonas francas creció un 2.6%, mientras que la manufactura local lo hizo un 3.3%. 

Ante la compleja coyuntura económica internacional, resulta imprescindible que las autoridades monetarias y fiscales eviten incurrir en errores de política. El reto consiste en preservar la estabilidad macroeconómica mediante la adopción de políticas consistentes con el anclaje de las expectativas de inflación y compatibles con la restricción presupuestaria de las finanzas públicas. Ese marco constituye una condición necesaria para que el sector privado pueda seguir expandiendo su actividad productiva de manera sostenida. 

Las autoridades monetarias deben revisar su política cambiaria actual. La apreciación de un 7.6% del peso frente al dólar, promovida por el Banco Central en los primeros siete meses del año, ha provocado la pérdida de competitividad de las actividades productivas nacionales y ha incentivado las importaciones. El turismo, las zonas francas, los exportadores tradicionales y las familias que reciben remesas del exterior son los principales perjudicados, pues por cada dólar ingresado perciben una menor cantidad de pesos. En contraste, el gobierno se convierte en el gran beneficiado de la apreciación del peso, ya que se reduce el monto en pesos del servicio de la deuda externa y disminuye la suma requerida para subsidiar los combustibles y la tarifa de electricidad. Todo ello significa que la política cambiaria aplicada durante lo que va de año ha operado como un impuesto a los sectores generadores de divisas, con el consiguiente deterioro de su capacidad de generar empleos. 

Los efectos de la excesiva apreciación del peso se agravarán con el nuevo arancel de un 12.5% impuesto por Estados Unidos a la mayor parte de las exportaciones de bienes dominicanos. Ante tales condiciones adversas, es indispensable que las autoridades monetarias evalúen con objetividad y rigor las consecuencias negativas de mantener un tipo de cambio sobrevaluado que presenta características propias de una burbuja financiera. Mientras el dólar se cotiza en torno a los 58 pesos, los modelos econométricos arrojan que el tipo de cambio debió situarse en junio alrededor de los 66 pesos por dólar. En consecuencia, conviene recordar al Banco Central que es preferible desinflar una burbuja antes que estalle, en especial, cuando se navega contra viento y marea.

El petróleo arremete de nuevo

[Escrito el 23 de julio de 2026] 

La tensión en el Medio Oriente vuelve a indicar que, en el mercado energético global, las rutas marítimas son tan determinantes como los pozos de petróleo. La ruta del estrecho de Bab al‑Mandab, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, es amenazada por los ataques de los rebeldes hutíes, cuyo desenlace sería un golpe directo a la disponibilidad global de crudo. Frente a esa posibilidad, el presidente Trump amenazó con destruir infraestructura crítica iraní. 

Arabia Saudita envía alrededor de 5 millones de barriles diarios de combustibles crudos y refinados desde el puerto de Yanbu en el mar Rojo hacia Asia, y la mitad de ese flujo depende del estrecho ahora en riesgo. Los ataques a los supertanqueros Encelia y Layla elevaron el precio del Brent por encima de los 100 dólares y obligaron a los barcos a virar hacia el norte, buscando el canal de Suez como ruta alternativa. Ese desvío añade cuatro semanas al trayecto y un costo adicional de 1.6 millones de dólares en combustible por supertanquero.

La consecuencia inmediata es un mercado nervioso, con analistas advirtiendo que un cierre sostenido podría empujar la producción saudí por debajo de 6 millones de barriles diarios, la mitad de su capacidad. 

El mercado bursátil reaccionó a la baja. El índice Dow retrocedió 1%, el S&P 500 disminuyó 1.2% y el Nasdaq cayó 2.2%. Mientras, la tasa de rendimiento de las Notas del Tesoro a 10 años subió a un 4.7%, el mayor nivel en un año. 

Para países importadores netos de combustibles, como la República Dominicana, la escalada del precio del petróleo significa un deterioro de las cuentas externas y de las finanzas públicas, un resultado que dificulta el trabajo de las autoridades para mantener la estabilidad macroeconómica. 

El BCE apretará en septiembre

[Escrito el 21 de julio de 2026] 

El Banco Central Europeo, tras subir la tasa de interés de referencia en junio como respuesta al shock petrolero de la guerra de Irán, no apretará más durante el resto del verano. Los mercados proyectan con una probabilidad de un 92% que en la reunión del 22 de julio la tasa de interés de política se quede inalterada en un 2.25%. La inflación interanual cedió hasta el 2.8% en junio, ayudada por el acuerdo entre Washington y Teherán que redujo los precios de la energía. 

Para septiembre se espera otra decisión. En una encuesta de Bloomberg entre 74 economistas, realizada entre el 13 y el 16 de julio, cerca del 70% prevé una subida adicional antes de fin de año, probablemente en septiembre, que llevaría la tasa de referencia a un 2.50%. En particular, el mercado estima en un 79% la probabilidad de que ocurra un alza de 25 puntos básicos en dicha reunión. 

El problema con ese próximo apriete monetario es el elevado riesgo de estanflación: crecimiento débil, desempleo alto e inflación persistente a la vez. Ese resultado es el dilema que Christine Lagarde enfrentará en la próxima rueda de prensa: mantener un tono cauteloso por la posible recesión sin cerrar la puerta del apriete de septiembre si la inflación vuelva a subir. La decisión dependerá, otra vez, del comportamiento del precio del petróleo, ya que la reactivación de las hostilidades en el estrecho de Ormuz ha incrementado su precio alrededor de un 20% y ello subirá de nuevo los precios de bienes y servicios, lo que hará más difícil el trabajo del Banco Central Europeo. 

El duelo óptimo

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 20 de julio de 2026]

Hasta principios del siglo XX, el duelo ¬—enfrentamiento entre dos personas con espada o pistola— se consideraba la única forma de restaurar el honor o la reputación. Por lo general, involucraba a militares, aristócratas, políticos o periodistas y se llevaba a cabo conforme a un código de honor, en presencia de padrinos y médicos. Las causas más comunes del duelo eran los insultos, las calumnias o la difamación. Asimismo, las acusaciones de cobardía, deshonestidad o infidelidad terminaban a menudo en un enfrentamiento, el cual podía ser a muerte o a “primera sangre.” 

Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y primer secretario del Tesoro, murió en un duelo con armas de fuego en 1804. El artífice del sistema financiero y organizador de las finanzas públicas se batió contra el entonces vicepresidente, Aaron Burr, en Weehawken, Nueva Jersey. El motivo del desafío fue el comentario despectivo de Hamilton sobre el carácter de Burr.  

Évariste Galois, el brillante matemático francés, murió en 1832, con apenas 20 años, tras batirse en un duelo en las afueras de París. Se desconoce la causa exacta del enfrentamiento. Algunos historiadores apuntan a un asunto amoroso; otros, a motivos políticos. La noche anterior al lance, convencido de que moriría, Galois escribió una carta a su amigo Auguste Chevalier en la que exponía los fundamentos matemáticos que hoy constituyen la teoría de Galois, base del álgebra abstracta moderna.  

La muerte de personas extraordinarias, como Hamilton y Galois, confirma que el duelo es una solución subóptima para resarcir el daño y restaurar el prestigio personal. Por ello, el fortalecimiento del Estado de derecho ha ido estableciendo sanciones civiles y penales contra la difamación, la injuria o la calumnia, con el fin de ofrecer una vía legal que repare el honor. 

El Estado, mediante las instituciones que lo conforman, tiene la obligación de proteger la libertad, definir y preservar los derechos de propiedad, arbitrar las disputas sobre las interpretaciones de las leyes y regulaciones, hacer cumplir los contratos y fomentar la competencia. De la misma manera, debe garantizar, como condición previa a cualquier sanción, que la verdad no resulte punible y que la crítica a figuras públicas en ejercicio de sus funciones goce de un umbral de protección mayor que la que se aplica a un ciudadano particular. 

En ese contexto, el mecanismo ideal para resolver los conflictos derivados de la difamación o la injuria es aquel que maximice el bienestar social, incluido el de la persona ofendida. Alcanzar ese objetivo implica además minimizar tres costos: el perjuicio en sí mismo; el costo de la sobredisuasión, que se traduce en prisión innecesaria y en una posible coacción a la libertad de expresión; y la carga administrativa del sistema responsable de establecer si existió o no la intención de hacer daño y si se deriva de ello una sanción. 

El primer paso consiste en determinar el valor de la reputación y del honor, que es propiedad inherente de toda persona —como “patrimonio del alma” lo definió el dramaturgo Calderón de la Barca—. Dicho valor, que tiene algunos componentes no observables relacionados con la autoestima y la dignidad, depende en gran parte de la capacidad de generar ingresos, así como de la posición social, profesional o pública previa a la difamación o injuria. El componente no observable debe ser cuantificado con un mínimo indemnizable, lo que garantizaría una compensación adecuada a las personas sin remuneraciones relevantes. Lesionar la buena imagen y la dignidad de un profesional, por ejemplo, de la medicina, cuya retribución depende de la confianza de sus pacientes, suele tener efectos gravísimos. Con las citadas variables económicas, puede estimarse el patrimonio reputacional de cada individuo —se tomaría el mayor monto entre el valor relacionado con los ingresos y el mínimo indemnizable—, de modo que se obtendría la suma impactada por las acciones del difamador.

El perjuicio ocasionado al buen nombre puede ser patrimonial —pérdida de contratos, despido o reducción de clientela— y moral, derivado de la humillación y del estrés emocional sufridos. Su magnitud es una función del valor expuesto, la gravedad de la imputación, el alcance de la difusión de la información difamatoria dolosa —a través de redes sociales, radio, televisión, prensa— y de su repercusión. El perjuicio se agrava cuando se divulgan imágenes íntimas no consentidas o modificadas mediante la inteligencia artificial que menoscaben la dignidad y el decoro de la víctima. 

Una vez cuantificado el daño, corresponde definir el tipo de sanción. La vía civil permite la reparación monetaria, mientras que la penal conduce a la cárcel. La civil resulta la más eficiente y proporcional, ya que posibilitaría una indemnización económica acorde con la magnitud del perjuicio causado. A mayor daño y gravedad de la intención —negligencia o dolo—, más elevada será la cuantía de la compensación. 

La vía civil evitaría el abuso de la capacidad coercitiva del Estado, que podría restringir la libertad de expresión mediante la generalización de las penas de cárcel. No obstante, la sanción penal se justificaría como mecanismo disuasorio frente al problema del infractor insolvente —expuesto por los profesores Gary Becker y Richard Posner (Chicago)—, cuando el difamador carece de recursos para compensar el daño producido. En ese caso, la sentencia podría imponer como alternativa una sanción por un monto en términos del valor presente que el condenado deberá satisfacer con recursos obtenidos durante el resto de su vida laboral, descontados a una tasa de interés de mercado. Cuando la responsabilidad recae en una plataforma o medio de comunicación, su seguro obligatorio garantizaría el pago de la indemnización. 

Un mecanismo que permite resolver pacíficamente un conflicto constituye el equivalente óptimo a los duelos del pasado, relegados hoy a la literatura y al cine. Posibilita la solución del problema con el mínimo costo para la sociedad, dado que evita la pérdida de vidas humanas y traslada la carga monetaria de litigar de mala fe a quien demanda sin fundamento. Ahora bien, para que las sanciones puedan determinarse e imponerse de manera imparcial y óptima, se requieren instituciones judiciales independientes, dotadas de procesos civiles ágiles y eficientes. 

La economía del Mundial de Futbol

[Escrito el 20 de julio de 2026] 

España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer 1-0 a Argentina en la gran final disputada el 19 de julio en Estados Unidos. El partido, cerrado y tenso durante los noventa minutos reglamentarios, se definió en la prórroga con un gol de Ferran Torres en el minuto 106, que desató la locura de la afición española y selló la segunda estrella de "La Roja" tras Sudáfrica 2010. 

El Mundial 2026 no solo dejó gloria deportiva: también se perfila como el más rentable de la historia, con un monto total cercano a los 40 mil millones de dólares. Según Bloomberg, la FIFA recaudaría cerca de nueve mil millones de dólares en ingresos por esta edición, más de un 40% por encima del récord de 6,314 millones logrado en Catar 2022. Ese resultado estuvo impulsado por la expansión a 48 selecciones y 16 sedes, lo que produjo un extraordinario incremento en derechos de televisión y patrocinios.

Bank of America estima que el torneo dejará unos 20,000 millones de dólares en la economía estadounidense, gracias al gasto en turismo, hotelería, gastronomía y comercio minorista en las ciudades sede. Para México, país coanfitrión, el beneficio superó los 2,500 millones de dólares. En general, las ciudades anfitrionas de partidos de futbol registraron tasas de crecimiento superiores a otras ciudades.

En definitiva, este ha sido un Mundial de futbol histórico en lo deportivo y en lo financiero, con beneficios extraordinarios para la FIFA y las economías locales.

Baja la inflación en Estados Unidos

[Comentario Noti 14 de julio de 2026]

En Estados Unidos, la tasa de inflación interanual a junio, medida por el cambio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), bajó y se colocó en un 3.5%. Respecto al mes anterior, la variación del IPC fue de un -0.4%, comportamiento explicado por el retroceso de 5.7% registrado en el grupo de energía, dentro del cual destaca el descenso de 9.7% en el precio de la gasolina. 

Por otro lado, la tasa de inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos y de la energía, arrojó un 2.6% en términos interanuales. Respecto al mes anterior, el IPC subyacente no mostró ningún cambio. 

Los resultados anteriores sugieren que, a pesar de la fuerte baja en el precio de los combustibles observada en junio, la inflación sigue muy por encima de la meta del 2%. 

Todo ello sugiere que se mantendrá la predicción de los agentes económicos quienes piensan que antes de fin de año la Reserva Federal aumentará su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta colocarla entre el 3.75% y el 4%.  En ese contexto, cabe destacar que, Kevin Warsh, presidente de la Fed, ha reconocido que el Comité Federal de Mercado Abierto “no tiene tolerancia a una inflación persistentemente elevada” y que, por tanto, adoptará las medidas adecuadas que permitan su reducción.  

La reforma del banco central

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 13 de julio de 2026]

Thomas Sargent, premio Nobel de Economía, demostró que la credibilidad de los bancos centrales resulta clave para alcanzar y sostener la estabilidad de precios. De acuerdo con el profesor de la Universidad de Nueva York (NYU), la independencia del banco central debe ser real y permanente, basada en reglas y compromisos sostenibles, con el fin de que pueda operar como ancla nominal. A partir del estudio de las hiperinflaciones de Alemania, Austria, Hungría, y Polonia registradas en los años veinte del siglo pasado, Sargent confirmó que fue necesario implementar un conjunto de reformas institucionales que permitieron el cambio de régimen de política económica, lo que modificó y ancló las expectativas de inflación.  

Sargent y Neil Wallace (Penn State) desarrollaron la idea de que la disciplina fiscal constituye una condición indispensable para que el banco central controle la inflación. Si el valor presente de los superávits primarios futuros es inferior al monto de la deuda pública, los agentes racionales prevén que, tarde o temprano, dicha deuda se pagará mediante emisión monetaria, evento incompatible con el control de la inflación. Por ello, los bancos centrales deben comprometerse con firmeza a no financiar al gobierno, ya sea directa o subrepticiamente. Con el fin de asegurar la credibilidad de ese compromiso y de facilitar a la población el acceso a información fidedigna, se requiere que exista por parte de las autoridades una política de máxima transparencia de sus actuaciones.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), está dispuesto a implementar un proceso de reforma de la institución que dirige con el propósito de reforzar su credibilidad y capacidad de situar la inflación en la meta del 2%. Para llevar a cabo ese cambio estructural, el pasado 9 de julio anunció los nombres de los coordinadores de los cinco grupos de trabajo encargados de conducir la reforma del banco central estadounidense. 

El primer grupo se centrará en comunicaciones. Los responsables son: Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra; Peter Fisher, exfuncionario de la Fed de Nueva York y profesor de Economía en la Universidad de Washington; y Arminio Fraga, exgobernador del Banco Central de Brasil. Su misión consiste en promover una comunicación del banco central que, en un entorno caracterizado por la elevada volatilidad, sea independiente, transparente y creíble, de modo que contribuya al anclaje de las expectativas. En particular, King, experto en la incertidumbre radical, sostiene que la imposibilidad de predecir con exactitud convierte la orientación futura (“forward guidance”) basada en el gráfico de puntos (“dot plot”) en una promesa difícil de sostener, pues “la inflación no se mantendrá baja solo porque el banco central diga que así será.” La credibilidad se gana con acciones monetarias verificables y consistentes con la meta de inflación que se desprendan de una función de reacción conocida, no con medidas de política arbitrarias, inesperadas y zigzagueantes, acompañadas de una narrativa incoherente que intente manipular las expectativas mediante el anuncio de predicciones difíciles de justificar. 

Los profesores Raghuram Rajan (Universidad de Chicago), Jeremy Stein y Karen Dynan (Universidad de Harvard), estarán a cargo de examinar los costos, beneficios e implicaciones institucionales del balance general de la Fed. Rajan, exgobernador del Banco de la Reserva de la India, ha criticado con dureza la política de flexibilización monetaria aplicada en diversas ocasiones desde 2008, porque ha creado una excesiva vulnerabilidad y dependencia del sistema financiero de esa liquidez. Dicha política ha colocado en 3.1 billones de dólares el nivel de reservas bancarias depositadas en la Fed y ha elevado el grado exposición de la banca al riesgo de liquidez de los depósitos de los agentes económicos. El objetivo del grupo de trabajo es el diseño de un marco analítico riguroso que permita la reducción del voluminoso balance de la Fed, sin provocar estrés de liquidez que lleve al colapso del valor de mercado de los títulos del Tesoro y desencadene una severa crisis financiera.

La mejora de la calidad y disponibilidad de los datos sobre la economía utilizados por la Fed en la toma de decisiones recaerá sobre los profesores Raj Chetty (Harvard), Kevin Murphy (Chicago), y Doug McMillon (expresidente de Walmart). Chetty, creador de un sistema de seguimiento de datos de consumo, ingresos y empleo del sector privado, contribuirá a que se incorporen nuevas tecnologías que permitan comprender con rapidez lo que sucede en la economía mediante el uso de datos de alta frecuencia, como los generados por empresas como Walmart. Se espera que Murphy aporte metodologías rigurosas de análisis desagregados, idóneas para capturar la heterogeneidad del mercado laboral y de los precios. 

El análisis del impacto económico de la inteligencia artificial (IA) —sobre la innovación, la productividad y el empleo—, que se incorporará en el proceso de toma de decisiones de política monetaria, lo llevará a cabo el profesor Chad Jones (Stanford), vinculado en la actualidad a Anthropic. El grupo contará también con Asha Sharma, la CEO de Xbox/Microsoft Gaming, y con Marc Andreessen, promotor de la economía de mercado y experto en la influencia de la tecnología sobre la productividad. 

Con el fin de analizar el marco de política que la Fed utiliza para entender y responder a los factores que impulsan la variación de los precios, se seleccionó a los profesores Thomas Sargent (NYU), Greg Mankiw (Harvard) y a William White, ex funcionario del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Con este quinto y último grupo se completa un cuadro coherente: Sargent aporta el marco de credibilidad y régimen fiscal-monetario; Mankiw incorpora rigor macroeconómico y un amplio conocimiento sobre reglas y comunicación; y White aporta la experiencia de haber advertido, con mucho tiempo de anticipación a la crisis de 2008, que ignorar los ciclos financieros y de crédito —y solo concentrarse en el objetivo de inflación— constituye un error que puede desembocar en una severa crisis económica.  

En síntesis, la composición de cada grupo de trabajo sugiere que el objetivo de Warsh es la adopción de medidas destinadas a fortalecer la credibilidad institucional de la Fed, condición indispensable para anclar las expectativas de inflación de forma rápida y duradera.