El breve respiro de los combustibles

[Comentario Noti 28 de mayo de 2026]

En diez días, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) se ha reducido en 20 dólares, al pasar de 108.66 dólares a 88.52 dólares por barril. Para una economía importadora neta de combustibles, como la dominicana, esa rebaja de precios constituye un respiro para las finanzas públicas y las cuentas externas. 

Lamentablemente, la reciente advertencia del director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, confirma que el mercado petrolero transita una fase de vulnerabilidad estructural cuyo desenlace será un incremento de precios durante el verano. La combinación de inventarios menguantes, interrupciones prolongadas en el estrecho de Ormuz y daños significativos a la infraestructura energética en Medio Oriente ha reducido la capacidad del sistema para absorber nuevos sobresaltos. Como señaló Wirth, los inventarios que amortiguan están siendo constantemente drenados, lo que significa que el mercado opera en la actualidad sin colchones de seguridad.

La guerra en Irán ha retirado entre 12 y 13 millones de barriles diarios del suministro global, un choque que no se revertirá rápidamente aun si se alcanza un acuerdo político. Expertos internacionales anticipan que el retorno a niveles previos al conflicto tomará años, no meses. Esta perspectiva desmonta la narrativa optimista que ha presionado los precios a la baja en días recientes y obliga a reconocer que la volatilidad seguirá siendo la norma.

La caída previa en los precios respondió a inventarios elevados, a liberaciones de la reserva estratégica estadounidense y a flujos de crudo sancionado provenientes de Irán, Rusia y Venezuela. Pero debido a que esos amortiguadores se han agotado, la consecuencia es un mercado más expuesto, donde cualquier perturbación adicional se traducirá en tensiones inmediatas sobre el precio.

Frente a esa realidad, el desafío para la República Dominicana es enorme. 

Factores que atentan contra la estabilidad macroeconómica

[Comentario Noti 27 de mayo de 2026]

En una reciente conversación con un experto en economía internacional, llegamos a la conclusión de que, en términos generales, el Banco Central subestima la magnitud estructural y multisectorial del choque global.  En su análisis sobre el impacto de la guerra de Medio Oriente sobre la economía dominicana, debe tomar en cuenta no solo el sector petrolero, sino el del gas natural, el sector de alimentos y el de semiconductores.  

Es importante resaltar que los efectos de estos dos últimos canales aún están por reflejarse en la data por la naturaleza rezagada del impacto del choque en sector alimentos y bienes provenientes del mecanismo de precios y oferta ligados a fertilizantes y semiconductores como bienes intermedios en la manufactura de bienes finales.  

El sector de semiconductores se verá impactado por vía de la irrupción en oferta de helio desde Catar.  A diferencia del petróleo, el helio posee sustitutos extremadamente limitados en aplicaciones industriales críticas. 

Asimismo, el Golfo concentra una parte muy significativa de las exportaciones globales de urea, amoníaco y derivados petroquímicos. Una interrupción prolongada de esos flujos podría traducirse en inflación agrícola global persistente, afectando costos de alimentos y fertilizantes mucho después de que los precios del petróleo comiencen a moderarse. Ello implica un riesgo estanflacionario a tomar en cuenta. 

Por otro lado, el Banco Central debe tomar en consideración que la crisis del Golfo podría afectar los ingresos de divisas por concepto remesas, inversión extranjera y turismo. Respecto al comportamiento de las remesas, hay que incluir en el análisis el efecto transitorio que tuvo sobre ese flujo los reembolsos impositivos del gobierno federal, fruto del One Big Beautiful Bill.  

Finalmente, un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo obligarán al Banco Central a subir las tasas de interés si es que desea mantener la estabilidad macroeconómica. 

Los instrumentos monetarios convencionales son mejores

[Comentario Noti 26 de mayo de 2026]

En el comentario de ayer demostré que, a diferencia de lo que afirman las autoridades, la postura monetaria del Banco Central no es neutral, ya que la tasa de interés de referencia se encuentra por debajo de la tasa de interés neutral nominal que es la compatible con la estabilidad macroeconómica. Esto es, la tasa de política es 5.25% y la neutral nominal es 6.1%. 

Otro error de las autoridades fue la decisión de aplazar hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida, con el argumento de preservar condiciones "adecuadas" en el sistema financiero. 

La decisión resulta desacertada por varios motivos. En primer lugar, contradice todo lo que se ha indicado para preservar la estabilidad macroeconómica, ya que en entorno internacional lleva a que la tasa de interés suba. 

En segundo término, beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron los préstamos entre 2024 y 2025, algunos de los cuales pudieron haber realizado operaciones de arbitraje. Esto implica una transferencia de riqueza a agentes económicos que no aportan a la creación de valor agregado. 

Finalmente, si hubiese sido necesario un aumento de la liquidez, lo cual no es recomendable dado que la postura monetaria actual es expansiva, existen otros instrumentos convencionales más eficientes y transparentes para hacerlo, como las operaciones de repos, compra de divisas o subastas para las recompras anticipadas de títulos emitidos por el organismo emisor. 

Por el bien de la estabilidad macroeconómica, ojalá el Banco Central corrija sus errores a la brevedad posible. 

Corrigiendo al Banco Central

[Comentario Noti 25 de mayo de 2026]

El Banco Central de la República Dominicana, institución que goza de una gran credibilidad, publicó un documento en el cual revela que ha estado cometiendo errores de política monetaria que atentan contra la estabilidad macroeconómica. 

En la Página Abierta que lleva por título “República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía,” publicado el 24 de mayo en el sitio web del Banco Central, se indica que la institución ha mantenido sin cambios su tasa de política monetaria, la cual se encuentra en una postura neutral. E inmediatamente añade, que, en consistencia con esa postura neutral, se decidió posponer hasta enero de 2027 el retorno previsto para junio de este año de los pagos de 46 mil millones de pesos de la facilidad de liquidez rápida. El objetivo de esa medida, argumenta el Banco Central, es evitar “presiones alcistas significativas sobre las tasas de interés, con potenciales efectos adversos en la actividad económica, sin incidir de manera relevante sobre las presiones inflacionarias de origen externo.” 

El primer error que comete el organismo emisor es decir que la postura monetaria es neutral. En un estudio elaborado por técnicos del Banco Central se estimó que la tasa de interés real neutral, que es la tasa de interés real que mantiene la estabilidad macroeconómica, se encuentra alrededor de un 1.5%. 

Dado que la tasa de inflación esperada en los próximos doce meses es igual a un 4.6%, se puede calcular que la tasa de interés de política monetaria debería ser, por lo menos, igual a un 6.1%. Sin embargo, la tasa de política actual se encuentra en 5.25%, lo que significa que la postura monetaria actual es expansiva y, por lo tanto, incompatible con la estabilidad macroeconómica. 

El dato anterior contradice la posición del Banco Central de que la postura es neutral y lleva a recomendar a las autoridades que deben estar preparadas a incrementar la tasa de interés de política por lo menos en 100 puntos básicos en los próximos doce meses, hasta colocarla en un 6.25%. Solo así se evitará la ocurrencia de la inflación de segunda vuelta.   

El segundo error es el aplazamiento del reintegro de los 46 mil millones de pesos. Mañana lo comentaré. 

El reto del nuevo gobernador

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 25 de mayo de 2026]

Kevin Warsh juró el viernes el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed), el banco central más influyente del mundo. El nuevo jefe de la política monetaria estadounidense asume la responsabilidad en una coyuntura inflacionaria muy compleja, marcada por la combinación de altos precios de los combustibles y elevados aranceles. 

La tarea de Warsh no será fácil. En la reunión de política monetaria de abril, encabezada por el expresidente Jerome Powell —quien podrá mantenerse en la Junta de Gobernadores de la Fed hasta 2028— quedaron de manifiesto las divergencias dentro del Comité Federal de Mercado Abierto, aunque es previsible que aumente el número de miembros favorables al alza de la tasa de interés. El viernes pasado, el gobernador Christopher Waller, quien había defendido recortes de la tasa de interés de referencia, afirmó que el banco central debería alejarse de una posible relajación monetaria manifestada en el comunicado de abril. Sin embargo, precisó que un incremento de la tasa de interés solo debería considerarse si se produjera un desanclaje de las expectativas de inflación. 

A fin de contener la inflación, que se colocó en un 3.8% en abril —su nivel más alto en tres años—, el mercado a futuros anticipa un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés antes del cierre de 2026, lo que la situaría dentro del rango del 3.75% al 4%. Dicho resultado contrastaría con los dos recortes de tasas que se proyectaban para este año antes de la guerra de Irán. 

Asimismo, la decisión del organismo emisor chocaría con la posición del presidente Trump, quien ha manifestado su preferencia por una reducción del costo del endeudamiento para estimular la demanda agregada y acelerar el ritmo de crecimiento económico. Durante la ceremonia del juramento, el mandatario aseguró que Warsh cuenta con todo el apoyo de la administración y manifestó su deseo de que actúe con independencia. No obstante, declaró: “Queremos detener la inflación, pero no queremos detener la grandeza.” 

La tasa de rendimiento de las notas del Tesoro muestra una trayectoria ascendente. El rendimiento de la nota a dos años —especialmente sensible a las expectativas sobre las decisiones de la Fed— se colocó la semana pasada en un 4.13%. A su vez, la tasa de la nota del Tesoro a 10 años, que incorpora una prima que refleja las expectativas de inflación a largo plazo, alcanzó un 4.56%.  Ambos retornos se encuentran, respectivamente, 74 y 61 puntos básicos por encima del nivel registrado antes del inicio de la guerra. 

Por otra parte, la expectativa de una inflación más elevada en los próximos meses, junto al previsible endurecimiento de la política monetaria, ha provocado un aumento de los costos de los préstamos para la adquisición de viviendas. En Estados Unidos, la tasa hipotecaria a 30 años subió hasta un 6.36%, cifra superior al observado antes del recorte de tasas de la Fed en septiembre de 2025.

En Europa, el mercado financiero a futuros prevé que el Banco Central Europeo (BCE) eleve en junio su tasa de referencia de 2% a 2.25% y que vuelva a incrementarla en septiembre otros 25 puntos básicos. En Alemania, los préstamos a diez años ya rondan el 3.6%, lo que supone un encarecimiento de las nuevas hipotecas. El Reino Unido registró una variación abrupta, con tasas fijas a dos años que pasaron del 3.97% al 5.1% en apenas unas semanas.  

Conviene subrayar que las proyecciones sobre tasas de interés no incluyen las consecuencias del desabastecimiento de combustibles que podría darse a partir de junio. Si el precio del petróleo supera los 150 dólares por barril, es muy probable que la tasa de inflación suba más rápido y sus expectativas acentúen su desviación de la meta. Ese escenario obligaría a los bancos centrales de los países de economías avanzadas a adoptar una postura mucho más restrictiva.

El endurecimiento de la política monetaria bajo el mandato de Kevin Warsh afectaría a la República Dominicana. La inflación interanual dominicana se colocó en un 5.11% en abril de 2026, nivel que desborda el límite superior del rango meta fijado por el Banco Central. El resultado refleja localmente el mismo choque energético y geopolítico que complica el trabajo de Warsh. La diferencia es que la Fed enfrenta ese choque con una orientación clara —mantener o subir las tasas— mientras que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) llega a esta coyuntura tras emitir señales contradictorias, consideradas ruidos monetarios, que erosionan su credibilidad.

A finales de abril, el BCRD mantuvo su tasa de política monetaria en un 5.25% y dejó abierta la posibilidad de una postura restrictiva si las circunstancias lo requerían. Pocas semanas después, aplazó hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida, con el argumento de preservar condiciones "adecuadas" en el sistema financiero. El resultado es un banco central que advierte sobre inflación con una mano y, al mismo tiempo, sostiene la liquidez con la otra para evitar el aumento de las tasas de interés. Esa contradicción tiene un costo que los mercados no tardan en cobrar: si los agentes económicos perciben que el BCRD no actuará con firmeza por el temor a afectar el crecimiento económico, las expectativas de inflación podrían desanclarse.

El panorama se agravaría si el precio del petróleo superase los 150 dólares por barril, umbral que analistas internacionales no descartan. Para una economía importadora neta de energía como la dominicana, esos precios llevarían a una inflación por encima del 7%, en un entorno donde la Fed subiría su tasa de política. En la República Dominicana, elevar la tasa de referencia y endurecer de manera consistente las condiciones de liquidez para preservar el anclaje de las expectativas de inflación tendría costos sobre la actividad económica. Sin embargo, no hacerlo, con la inflación fuera del rango meta y presiones externas que apuntan hacia mayores tasas de interés, supondría un ruido distorsionador cuando el mercado necesita señales claras. El BCRD enfrenta una disyuntiva similar a la de Warsh, aunque con menos margen de maniobra.

Suben las tasas hipotecarias en países industrializados

[Escrito el 22 de mayo de 2026]

La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente ha comenzado a filtrarse con fuerza en los mercados hipotecarios de las economías avanzadas. Aunque los bancos centrales han optado por mantener sin cambios sus tasas de referencia, los costos de los préstamos para vivienda han aumentado con una rapidez que recuerda episodios de tensión financiera. La explicación se encuentra en el repunte de los rendimientos soberanos y en la expectativa de que la inflación obligará a endurecer la política monetaria más adelante.

En Estados Unidos, la tasa hipotecaria a 30 años subió a 6.36 por ciento, superando niveles previos a los recortes aplicados por la Reserva Federal. En Europa, el ajuste también es visible. En Alemania, los préstamos a diez años rondan el 3.6 por ciento, encareciendo de forma significativa el financiamiento de nuevas hipotecas. El Reino Unido registra el salto más abrupto, con tasas fijas a dos años que pasaron de 3.97 a 5.1 por ciento en apenas semanas.

La incertidumbre geopolítica añade un riesgo adicional. La posibilidad de una interrupción prolongada del tráfico por el estrecho de Ormuz presiona los precios del petróleo y alimenta temores de estanflación.  Si el conflicto se prolonga, el encarecimiento del crédito reducirá la actividad inmobiliaria y ejercerá presión a la baja sobre los precios de los bienes raíces. El desenlace dependerá, en última instancia, de la duración de la crisis de Medio Oriente.

Ruidos monetarios

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 18 de mayo de 2026.]

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) emitió, en poco tiempo, dos señales de política monetaria que apuntan en direcciones opuestas. A finales de abril, anunció que mantendría inalterada su tasa de interés de referencia, se declaró vigilante ante las presiones inflacionarias y dejó abierta la posibilidad de implementar una política restrictiva si las circunstancias así lo requerían. Dos semanas más tarde, aplazó hasta enero de 2027 el reintegro de unos 46 mil millones de pesos de recursos correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida con vencimiento a junio de 2026, a fin de preservar condiciones de liquidez “adecuadas” en el sistema financiero y evitar presiones alcistas sobre las tasas de interés.

Esas dos decisiones, tomadas en un breve intervalo de tiempo, son incompatibles. La primera revela la disposición a endurecer la política monetaria ante una mayor inflación. La segunda opera en sentido contrario, ya que reduce la probabilidad de un aumento de las tasas de interés. El resultado es un mensaje ambiguo y errático.

Una señal monetaria es una acción o comunicación del banco central que transmite información creíble y consistente sobre su función de reacción. La conocida regla de Taylor es un ejemplo de una señal precisa y coherente, ya que establece cómo se debe ajustar el tipo de interés de política cuando la tasa de inflación se desvía de la meta o la actividad económica se aleja de su nivel potencial. El valor de la señal radica en que reduce la incertidumbre sobre las tasas de interés y favorece el anclaje de las expectativas.

Michael Woodford, profesor de la Universidad de Columbia, sostiene en su obra “Interés y Precios” que la política monetaria funciona principalmente a través de las expectativas. El concepto de orientación futura (“forward guidance”) desarrollado por Woodford describe la práctica mediante la cual las autoridades monetarias comunican de manera explícita sus intenciones sobre los instrumentos de política, en particular la trayectoria esperada de las tasas de interés. Esto implica que la efectividad de la política monetaria depende tanto de las decisiones de tasas actuales como de la capacidad del organismo emisor de comprometer de manera creíble su comportamiento futuro. Un mensaje coherente ancla las expectativas, aumenta la efectividad de la política sin mover la tasa de interés y minimiza el costo real de los ajustes desinflacionarios. Es decir, como remarca Woodford, “la clave de una buena política monetaria es la gestión de las expectativas.”

En contraste, cuando la narrativa o las decisiones del banco central cambian sin haberse producido variaciones en los fundamentos económicos, sino por pura inconsistencia, zigzagueo, ambigüedad o reversión no justificada, la señal se convierte en ruido monetario. Los agentes no pueden distinguir si el viraje en la postura monetaria responde a nueva información sobre la economía o a una preferencia de corto plazo desligada de la regla que la institución está obligada a seguir. Las consecuencias del zigzagueo son una mayor volatilidad de las variables económicas, la pérdida del anclaje de las expectativas y una prima de riesgo adicional sobre la tasa de interés a largo plazo. En una economía pequeña y abierta como la dominicana, un banco central que comunica restricción monetaria, pero actúa al mismo tiempo en sentido acomodaticio, genera dudas sobre su capacidad de sostener la estabilidad cambiaria y, por tanto, de mantener la inflación bajo control. 

El carácter errático de la comunicación del BCRD resulta preocupante. A finales de marzo, la entidad publicó su comunicado de política, donde anunció “la decisión de mantener su tasa de interés de política en 5.25% anual;” al mismo tiempo, indicó que seguirá el monitoreo de las condiciones internacionales para adoptar medidas que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación. Esa postura fue ratificada el 12 de abril, cuando anticipó que la inflación rebasaría el límite superior de la meta, dando a entender que, para garantizar el anclaje de las expectativas, estaría en condiciones de aumentar la tasa de interés. 

No obstante, pocos días después, el organismo emisor publicó un documento donde destacó la existencia de “condiciones de liquidez holgadas,” derivadas de la provisión de 81 mil millones de pesos dentro del marco de la Facilidad de Liquidez Rápida de junio de 2025 y del recorte de 50 puntos básicos en la tasa de referencia, medidas que presionan a la baja las tasas de interés. En síntesis, reconoció que había liquidez holgada, un aumento de precios y que tenía la disposición de subir la tasa para asegurar la estabilidad macroeconómica. 

A finales de la semana pasada, el BCRD informó al país que la inflación sobrepasó el límite superior de la meta y se colocó en un 5.11%. Ante ese resultado, la función de reacción de la autoridad monetaria apunta a la necesidad de un ajuste restrictivo, mediante el aumento de su tasa de interés y la colocación de títulos valores que extraigan liquidez del mercado. Sin embargo, el 12 de mayo las autoridades decidieron aplazar hasta enero del año 2027 el retorno de miles de millones de pesos asociados a las facilidades de liquidez cuyo vencimiento estaba previsto para junio del presente año.

La decisión resulta desacertada por varios motivos. En primer lugar, contradice todo lo que se ha indicado para preservar la estabilidad macroeconómica. En segundo término, beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron los préstamos entre 2024 y 2025, algunos de los cuales pudieron haber realizado operaciones de arbitraje. Finalmente, si hubiese sido necesario un aumento de la liquidez, existen otros instrumentos convencionales más eficientes y transparentes para hacerlo, como las operaciones de repos, compra de divisas o subastas para las recompras anticipadas de títulos emitidos por el organismo emisor. 

El BCRD goza de una sólida credibilidad y constituye uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica nacional. Por ello, resulta imprescindible proteger la institución mediante la estrategia de metas de inflación y el uso de instrumentos monetarios convencionales, como ocurrió en gran medida entre 2012 y 2019. De este modo, la narrativa y las acciones de las autoridades podrán transformar el ruido monetario actual en señales consistentes y óptimas para los agentes económicos.

Warsh atrapado entre dos fuerzas

[Escrito el 15 de mayo de 2026] 

La inflación en Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate económico y político. El índice de precios al consumidor alcanzó 3.8% en abril, su nivel más alto en tres años, impulsado por el encarecimiento del petróleo tras la guerra en Irán. Los precios de la gasolina han subido más de un 50%, llegando a 4.50 dólares por galón, mientras el diésel alcanzó los 5.64 dólares y roza máximos históricos. El impacto se ha extendido a alimentos, transporte y bienes duraderos.

En ese contexto, el Senado confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal con una votación de 54 a 45, el margen más estrecho desde 1977 cuando la confirmación senatorial se convirtió en un requisito. Su llegada ocurre en un momento en que la institución enfrenta divisiones internas: en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto se registraron tres disensos, el mayor número desde 1992. No obstante, todos están en contra del recorte de la tasa de interés. 

Warsh asume, por tanto, un mandato condicionado por dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, una inflación alimentada por un conflicto geopolítico que mantiene el petróleo por encima de los cien dólares por barril. Por otro lado, el presidente Trump exige reducciones de tasas y ha atacado públicamente a la Reserva Federal e investigado a Jerome Powell.

La paradoja es evidente. Trump quiere abaratar el costo del crédito en medio de una inflación que él mismo ha exacerbado con la guerra en Medio Oriente. Warsh, que prometió preservar la independencia monetaria, deberá demostrar si puede resistir esa presión. Ojalá tenga éxito, porque cuando la política invade la política monetaria, se corre el riesgo de erosionar la credibilidad institucional que sostiene al dólar. 

Los precios del petróleo podrían subir más

[Escrito el 14 de mayo de 2026]

El precio del crudo WTI subió de nuevo y se colocó hoy alrededor de los 102 dólares por barril. Lo peor es que, los expertos afirman, con datos muy preocupantes, que ese nivel se encuentra por debajo del que podría alcanzar hacia mediados de junio. 

Según The Economist, el cierre del estrecho de Ormuz ya ha retirado del mercado 2,000 millones de barriles, equivalentes al 5% del suministro anual mundial, y cada día se añade un déficit de 14 millones de barriles. El nivel de precios actual no es mayor debido a dos factores: el salto de las exportaciones netas de Estados Unidos en 9 millones de barriles diarios y la caída de las importaciones chinas en 4.5 millones de barriles diarios. 

Ambos elementos, sin embargo, son transitorios. Las reservas globales, que comenzaron la guerra en niveles cercanos a máximos de una década, podrían estar “más vacías que nunca” para junio. Los inventarios flotantes ya se agotaron y los países pobres han recurrido a racionamientos que destruyen demanda y deterioran su ritmo de actividad económica. Cuando los inventarios privados empiecen a drenarse, los precios de los combustibles —diésel, gasolina, jet fuel— serán los primeros en subir de manera acelerada. El riesgo es mayor si Washington, presionado por precios internos crecientes, decidiera limitar sus exportaciones de combustibles, una medida que elevaría aún más los precios globales.

Para la República Dominicana, ese escenario plantea un desafío macroeconómico. Un petróleo más caro presionará el gasto público vía subsidios eléctrico y de combustibles, lo que podría colocar el déficit fiscal más allá de lo sostenible. Por ese motivo, es recomendable la prudencia fiscal. 

¿En qué están las reformas anunciadas en 2021?

[Escrito el 11 de mayo de 2026]

En agosto de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el interés de ejecutar 12 reformas para modernizar la República Dominicana. Entre ellas se encuentran, la fiscal, la del sector hidrocarburos, mercado laboral, sector eléctrico, sector agua, policía nacional, calidad educativa, salud y seguridad social y la reforma del transporte. 

Una evaluación del avance de dichas reformas permite indicar que muchas se encuentran muy retrasadas y otras ni siquiera han comenzado. Frente a esa realidad, las autoridades deben mejorar su capacidad de diseño y ejecución de reformas económicas, sociales e institucionales. 

Lo primero que deben tomar en cuenta es que en la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. 

El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

A partir de esos fundamentos teóricos, le recomiendo que se lean el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026 por los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard). 

En ese interesante estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas. La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Recomendaciones para reformar con éxito

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 11 de mayo de 2026]

En la economía política de las reformas existe un debate clásico. Una corriente, asociada desde 1960 a Ronald Coase (Chicago), sostiene que las reformas que generan ganancias netas en términos de bienestar social acaban implementándose porque quienes se benefician de ellas pueden compensar a los que resultan perjudicados. Según esa posición, las economías tienden al equilibrio eficiente y los obstáculos institucionales pueden superarse mediante la negociación. El otro enfoque, que sintetizó en 1982 Mancur Olson (Maryland), ofrece una lectura menos optimista, pues   defiende que los grupos de intereses bloquean los cambios que perciben como perjudiciales.

En el ensayo “¿Cómo ocurren las reformas?,” publicado en abril de 2026, los profesores Simeon Djankov (LSE), Edward Glaeser (Harvard) y Andrei Shleifer (Harvard) utilizan una base de datos de 3,590 intentos de cambios regulatorios —exitosos y fallidos— en 189 países entre 2005 y 2022 para analizar los factores determinantes del éxito.  El estudio abarca seis dominios: apertura de empresas, regulación laboral, pago de impuestos, protección de inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias. 

El primer hallazgo de la investigación es revelador. Durante el período analizado, el mundo se volvió más amigable al mercado en tres ámbitos: el registro de una empresa se simplificó de manera sustancial; el pago de impuestos se volvió más sencillo, con reducciones significativas en las horas requeridas para cumplir las obligaciones tributarias; y la protección legal de los inversionistas minoritarios mejoró. En contraste, casi no se produjeron cambios en la resolución de insolvencias ni en el cumplimiento de contratos. Respecto a la regulación laboral, los países más ricos endurecieron sus marcos normativos.

Los autores describen que los dominios donde más se avanzó son aquellos en los que predominan las reformas tecnológicas y administrativas —como la implementación de registros electrónicos de empresas o la digitalización de declaraciones de impuestos—, mientras que las áreas estancadas dependen de reformas legales que exigen la aprobación del Congreso. Esa distinción entre lo que puede modificarse mediante decreto o innovación tecnológica y aquello que requiere pasar por el poder legislativo constituye una de las aportaciones más robustas del estudio.

Un segundo elemento destacable consiste en la constatación de que los países que comenzaron el período con regulaciones más restrictivas y deficientes —por lo general, los menos desarrollados— mostraron mayores avances. 

Para interpretar esos resultados, los autores construyen un modelo teórico en el cual el reformador —que puede ser el legislativo, el ejecutivo o el poder judicial— propone un cambio regulatorio y diseña mecanismos de compensación para los grupos perjudicados. La propuesta puede ser bloqueada si se considera que las compensaciones son insuficientes.

El modelo identifica tres parámetros fundamentales. El primero es el retorno social de la reforma antes de los ajustes compensatorios, el cual tiende a ser mayor cuando la regulación previa es más restrictiva. El segundo refleja el mecanismo de compensación: cuanto más distorsionador sea, más costoso resultará indemnizar a los perdedores y, por tanto, más baja será la probabilidad de que la reforma se apruebe. El tercer parámetro es el número de puntos de veto; es decir, las instancias institucionales del poder político y de grupos de intereses cuya aprobación es necesaria para adoptar una reforma.

Según el estudio, la tasa de éxito de las reformas alcanza el 84% en los países ricos, mientras que apenas llega al 51% en los países poco desarrollados. Al mismo tiempo, las economías avanzadas intentan más reformas y las aprueban con mayor frecuencia, pero el impacto promedio de cada una sobre los índices regulatorios es limitado. Ese patrón —más intentos, mayor éxito, menor impacto unitario— es lo que predice el modelo cuando predomina la capacidad de compensar a los perdedores y alcanzar acuerdos.

Las reformas tecnológicas —aquellas que utilizan herramientas digitales o administrativas sin requerir nuevas leyes— registran una tasa de éxito global del 87%, frente al 71% de las reformas legales y el 60% de las administrativas. En dominios como la apertura de empresas, en el que el 41% de las reformas son tecnológicas, el éxito es casi universal. En regulación laboral, donde el 99% de las reformas son de naturaleza legal, los obstáculos aumentan.

Quizá el hallazgo más provocador del estudio sea la relación entre intentos y resultados. Los países que más reforman no son los que más lo necesitan, sino los que poseen mayor capacidad institucional para hacerlo. La oferta de capacidad reformadora, y no la demanda generada por la urgencia de cambios, es lo que mejor explica el ritmo de las modificaciones regulatorias.

Las conclusiones del ensayo tienen implicaciones directas para el diseño de una estrategia óptima de ejecución de reformas en economías como la dominicana. El análisis costo-beneficio de toda reforma debe complementarse con una revisión rigurosa de su capacidad de ejecución. Esto significa que, además de priorizar las reformas por su impacto esperado en el bienestar —por ejemplo, teniendo en cuenta cuánto ganaría la economía si se flexibilizara el mercado laboral o cuál sería el beneficio de la modernización del magisterio— es preciso examinar también el marco institucional que puede condicionar su aprobación.

El estudio de Djankov, Glaeser y Shleifer demuestra que el diseño institucional de las reformas —la instancia del gobierno desde la cual se proponen, el tipo de mecanismo requerido (tecnológico, administrativo o legal), la cantidad de actores con poder de veto sobre ellas y la capacidad del sistema para compensar a los grupos afectados— determina gran parte de la posibilidad de éxito, así como la magnitud de sus beneficios potenciales. 

A la luz de esos hallazgos, puede recomendarse a los responsables de política económica que, además de identificar las reformas orientadas a elevar el nivel de bienestar presente y futuro, fortalezcan la capacidad institucional de compensar a los perdedores y reduzcan los puntos de fricción en el proceso de aprobación. 

En síntesis, del estudio se desprenden dos lecciones fundamentales para facilitar la ejecución exitosa de las reformas.  La primera es que el análisis de impacto de las medidas debe complementarse con la evaluación de la viabilidad institucional. La segunda enseña que fortalecer la capacidad reformadora resulta tan importante como identificar las reformas adecuadas para estimular el desarrollo económico y social.

El riesgo sistémico de la inteligencia artificial

[Escrito el 8 de mayo de 2026]

Los modelos avanzados de inteligencia artificial están generando un riesgo sistémico que los reguladores apenas comienzan a dimensionar. Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional citado por el Financial Times señala que las nuevas capacidades de herramientas como Claude Mythos elevan el riesgo cibernético hasta convertirlo en una posible amenaza macrofinanciera. El problema ya no se limita a ataques aislados, sino a la posibilidad de fallas simultáneas que afecten a bancos, sistemas de pago y proveedores esenciales de servicios.

El FMI advierte que estos modelos reducen de manera drástica el tiempo y el costo necesarios para identificar vulnerabilidades en infraestructuras ampliamente utilizadas. Anthropic, desarrolladora de Mythos, informó que el sistema detectó miles de fallas de alta severidad en los principales sistemas operativos y navegadores. El riesgo, por tanto, es creciente y desigual. Algunas instituciones estadounidenses ya reciben asistencia técnica y parches de seguridad, mientras que muchas entidades fuera de ese círculo, en especial en los países menos desarrollados, carecen de acceso a estas defensas, lo que amplía la brecha global de protección.

El organismo internacional sostiene que un ataque coordinado provocaría efectos en cadena que incluirían pérdida de confianza, interrupciones de pagos, tensiones de liquidez y ventas forzadas de activos. En un sistema financiero altamente interconectado, la simultaneidad se convierte en el punto más vulnerable.

La conclusión del FMI es clara. Las defensas serán vulneradas en algún momento. La prioridad debe ser la resiliencia, la capacidad de contener la propagación y recuperar la operatividad con rapidez. En un entorno donde la inteligencia artificial acelera tanto la innovación como el riesgo, la estabilidad financiera dependerá de instituciones preparadas para absorber el impacto.

Se subestima el riesgo

[Escrito el 7 de mayo de 2026]

Los mercados de capitales internacionales subestiman el riesgo que se desprende de la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre el abastecimiento y los precios de los combustibles. Aun cuando no se ha alcanzado una paz definitiva que asegure el libre tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, los principales índices bursátiles continúan mostrando un comportamiento ascendente. 

En el caso de Estados Unidos, el Dow Jones ha subido en lo que va de año un 2.5%. El S&P 500, que abarca una mayor cantidad de sectores y empresas, ha subido casi un 7% en ese mismo período. Y el Nasdaq, que representa las empresas tecnológicas, ha registrado un extraordinario incremento de un 11.1%. 

Más aún, dichos índices bursátiles han alcanzado máximos históricos desde el 28 de febrero, fecha en que inició la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Nasdaq registró un máximo de 26,036 puntos el 7 de mayo. En la misma fecha, el S&P alcanzó un máximo de 7,385 puntos. Mientras tanto, el Dow Jones alcanzó su récord el pasado 10 de febrero al situarse en 50,513 puntos, nivel que supera en un 1.8% el observado hoy. 

Esos datos sugieren que el mercado prevé una resolución rápida y definitiva del conflicto bélico. Además, proyecta que la inversión en inteligencia artificial mejorará la productividad de las empresas, lo que se traducirá en un mayor flujo de efectivo. Un elemento adicional a considerar es que solo cinco empresas, todas tecnológicas, explican la mitad de la subida del S&P 500 desde abril. Así las cosas, se podría inferir que el efecto de la crisis de Medio Oriente ha sido enmascarado por la euforia generada por la burbuja de la inteligencia artificial.  

Con los pies en la tierra

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 4 de mayo de 2026]

Existe una alta probabilidad de que, a partir de junio, la situación del mercado internacional de combustibles empeore. El cierre del flujo de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz ha obligado a varios países de Asia y de Europa a recurrir a sus reservas, que podrían alcanzar niveles críticos en un plazo de entre cuatro y ocho semanas. Ese escenario se traduciría en un déficit en el mercado de petróleo cercano a los 12 millones de barriles diarios.  

En un contexto de esa naturaleza, los precios de dichos productos aumentarán con rapidez para que la demanda se ajuste a la oferta disponible. En el artículo “Apocalipsis petrolero,” publicado el 16 de marzo en esta columna, se advirtió que la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los miembros del G-7 contribuiría a estabilizar de manera transitoria los precios, pero el desabastecimiento prolongado podría elevar el precio del crudo por encima de los 150 dólares el barril. Esa posibilidad llevó al director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, a declarar el 6 de abril que el conflicto bélico en Medio Oriente ha desencadenado la mayor crisis de combustibles de la historia.

A pesar de la situación internacional descrita, algunos funcionarios del gobierno dominicano sostienen que el plan ejecutado por las autoridades ha tenido un buen resultado económico, ya que “no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precios,” afirmación que no se corresponde con los datos del Banco Central. Además, destacan que, acumulado a marzo, se alcanzó una tasa de crecimiento del indicador mensual de actividad económica (IMAE) de un 4.1% —superior al 2.8% registrado en el primer trimestre de 2025— y la tasa de inflación se situó en 4.63%. A su vez, puntualizan que los ingresos por remesas, turismo y exportaciones de bienes han mostrado un comportamiento muy positivo, lo que ha contribuido al aumento de las reservas internacionales y a la apreciación del tipo de cambio en más de un 5% en lo que va de año, hasta colocarse alrededor de los 60 pesos por dólar.

En el Consejo de ministros celebrado la semana pasada se reconoció que el impacto negativo de la guerra sobre la inflación, el crecimiento económico y las finanzas públicas será inevitable. En la línea con lo planteado en el artículo “El impacto negativo del conflicto del Medio Oriente,” publicado el 2 de marzo en esta columna, el ministro de Hacienda declaró que se producirá un deterioro de las cuentas externas y del saldo de las finanzas públicas. En dicho ensayo se advirtió que “los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos.” Tras el citado Consejo, el Ministerio de Industria y Comercio publicó que el subsidio de la presente semana superará los 1,400 millones de pesos, aun cuando se aprobaron ligeros incrementos de los precios de algunos combustibles.

El reconocimiento de esa realidad obligó a las autoridades a anunciar un conjunto de medidas orientadas a reducir el gasto público por una suma total de 40 mil millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la racionalización del combustible, la publicidad y las contrataciones. Asimismo, se propuso, entre otras iniciativas, la reducción de un 50% del presupuesto de los partidos políticos y el recorte de los gastos operativos. Para facilitar el seguimiento de esas medidas, que deben complementarse con la disminución de otros gastos no prioritarios, es conveniente que se publique el monto que corresponde a cada una y que, mensualmente, se verifique el grado de cumplimiento de las metas. 

El éxito del ajuste de gastos públicos es clave para que los agentes económicos acepten los incrementos de precios de los combustibles y de la tarifa eléctrica. El ajuste de dichos precios enviaría la señal adecuada para moderar el consumo de esos bienes y servicios. El ahorro fiscal permitiría, además, dirigir recursos hacia la protección de los hogares más vulnerables mediante subsidios y transferencias focalizados. 

Por otro lado, se requiere impulsar acciones que eleven los ingresos tributarios. Una de ellas es renegociar con la empresa Barrick Gold el marco tributario vigente, con el fin de restablecer el diseño original del Impuesto Mínimo Anual (IMA). El objetivo es llevar la tasa efectiva de un 13.39% a la que debería prevalecer según el acuerdo del año 2013 que, con un precio del oro de cinco mil dólares por onza troy, sería igual a un 38.55%. Esos ingresos adicionales, que alcanzarían varios centenares de millones de dólares, resultan cruciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. 

Las recomendaciones aquí planteadas contrastan con la postura de algunos funcionarios. Estos proponen recurrir al endeudamiento externo para financiar el aumento del déficit público derivado de la decisión de subsidiar la mayor parte del incremento de los precios internacionales de los combustibles. Aseguran que el gobierno dispone de margen de endeudamiento, pero olvidan que los tenedores de deuda pública no estarán dispuestos a financiar el despilfarro de recursos que implica el mantenimiento de un precio subsidiado de los combustibles en el mercado local. Hace unos días, Fitch Ratings mantuvo en BB- el crédito soberano, pero revisó la perspectiva de positiva a estable debido a la desaceleración económica y al deterioro de las finanzas públicas. La ruptura de la confianza de los inversionistas podría provocar una parada súbita (“sudden stop”) de los flujos de capitales provenientes del extranjero, con el consiguiente riesgo de crisis de deuda soberana y de una fuerte depreciación del peso frente al dólar, tal como advirtió el profesor Guillermo Calvo en los años noventa. 

Por último, conviene que las autoridades promuevan, con los pies en la tierra, el ahorro de los combustibles más allá del ajuste que provocará el aumento de los precios en el mercado local. Muchos países fomentan el teletrabajo, la enseñanza virtual, el uso compartido del vehículo y el transporte público. Todas esas medidas contribuirían a mejorar el saldo de las cuentas externas, fortalecer las finanzas públicas y a sostener el nivel de crecimiento económico.

Control de fusiones

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 27 de abril de 2026]

La reciente decisión de la Comisión Europea (CE) de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque comunitario. Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de las operaciones corporativas y reconoce que la creación de empresas de mayor tamaño puede reforzar la competitividad frente a los gigantes estadounidenses y chinos.

La CE admite que la economía actual se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala productiva es requisito fundamental para competir con éxito en los mercados internacionales. Ese cambio exige revisar el enfoque de análisis y control de fusiones.

Cuando los países desarrollados diseñaron sus marcos de política de competencia, partían de unos mercados internos grandes, capaces de generar la escala necesaria para sostener varios competidores eficientes. Estados Unidos promulgó la Ley Sherman en 1890 con una población de más de sesenta millones de consumidores. La Unión Europea construyó su régimen de competencia sobre un mercado único de cientos de millones de personas. En ese contexto, el control de fusiones tiene una lógica impecable: si el mercado es lo bastante amplio, se puede exigir que coexistan múltiples empresas sin sacrificar las economías de escala.

Las economías pequeñas en desarrollo, en cambio, operan bajo condiciones estructurales distintas. En mercados internos, que a veces no superan los veinte millones de consumidores, el tamaño mínimo eficiente de una empresa puede representar una fracción significativa del mercado total. Trasplantar el control de fusiones desde economías de tamaño continental hacia economías pequeñas es un grave error.

La literatura sobre competencia en países avanzados ofrece lecciones valiosas, pero también revela sus propias tensiones internas. En 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos publicaron nuevas guías de control de fusiones que representan un retroceso respecto a las vigentes desde 2010, basadas en los principios de la Escuela de Chicago, cuyo objetivo era maximizar el bienestar del consumidor. El nuevo enfoque prioriza preservar estructuras de mercado desconcentradas, aun cuando sean ineficientes. La lógica de esa normativa retoma el enfoque estructuralista del antimonopolio, cuyo punto álgido se alcanzó con la sentencia del caso Brown Shoe en 1962, e implica que una fusión puede bloquearse si una empresa supera el 30% del mercado, aunque no incida directamente sobre los precios o la producción. Las críticas a las nuevas normativas son numerosas y provienen de diversos centros académicos.

En países donde la capacidad técnica de las instituciones regulatorias es limitada, los errores Tipo I —bloquear fusiones eficientes por exceso de cautela— pueden resultar muy dañinos. Más aún, el bienestar de la sociedad podría aumentar cuando los beneficios de la fusión derivados del mayor grado de eficiencia productiva superan los efectos anticompetitivos; es decir, cuando la reducción de los costos (marginales y fijos) evita un aumento de los precios finales o una reducción del nivel de producción. 

Una economía pequeña no puede permitirse el lujo de tener un sistema de control de fusiones que deje en manos burocráticas el proceso de innovación y mejora de la eficiencia. La fusión de dos empresas no origina per se un abuso de posición dominante, mucho menos si se trata de una producción de bienes que debe enfrentarse a una oferta proveniente del extranjero. En ese contexto, la fusión posibilitaría que las empresas nacionales aprovechen las economías de escala y reduzcan sus costos, con lo cual mejorarían simultáneamente la capacidad exportadora y el nivel de bienestar del consumidor. Una empresa que aumente sus precios en exceso perderá participación de mercado. La competencia del exterior, siempre que los aranceles sean bajos y las barreras no arancelarias estén controladas, es más eficiente que la intervención regulatoria, ya que opera sin el riesgo de error burocrático inherente al análisis ex ante de las fusiones.

Si las empresas fusionadas suplen bienes no transables o servicios —financieros, de electricidad y telecomunicaciones— que no están disciplinados por la competencia internacional, la regulación de las tarifas, la disponibilidad y la calidad del servicio recaen en el ámbito de una supervisión sectorial especializada. 

Sustituir el control previo de fusiones por una combinación de apertura comercial, reducción de barreras de entrada y supervisión posterior del abuso de posición dominante constituye una asignación más eficiente de la capacidad institucional disponible. De esa manera, la autoridad de competencia concentra sus recursos en conductas observables y verificables, en lugar de hacerlo en proyecciones de estructuras de mercado. Si se comprueba, mediante el uso de técnicas econométricas —como el método de diferencias en diferencias—, que la nueva empresa ha abusado de su posición dominante y ha elevado los precios por encima de lo que puede justificarse por el encarecimiento de las de materias primas y de la mano de obra, corresponde imponerle sanciones proporcionales al perjuicio causado al bienestar social. 

En la República Dominicana, el debate sobre el control de fusiones no es reciente. Durante un seminario organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en 1999, el autor de esta columna sostuvo que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, ya que frena procesos de eficiencia, limita la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala e impacta negativamente el bienestar. 

Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa, y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08. La decisión, combinada con una política de reducción arancelaria ejecutada desde 1990, generó ganancias de eficiencia superiores a las que habría permitido un régimen de control de fusiones estricto aplicado a un mercado pequeño. No obstante, la legislación vigente requiere ajustes en el régimen de sanciones, de modo que estas se correspondan con el daño provocado por el abuso de posición dominante. 

El giro europeo que hoy en día se registra en materia de competencia, orientado a facilitar la creación de “campeones nacionales,” valida la posición dominicana, la cual establece que un control excesivo de las fusiones podría reducir la eficiencia productiva, debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.  

El reto electoral de Trump

[Escrito el 22 de abril de 2026]

Las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre en Estados Unidos se desarrollarán en un contexto económico particularmente adverso. A la tensión estructural entre apertura y protección se suma ahora el repunte de los precios de los combustibles, que presiona la inflación y debilita el anclaje de las expectativas. 

En dicho escenario, la estrategia económica del presidente Donald Trump enfrenta un escrutinio más severo. Su giro mercantilista, sustentado en tarifas y controles al comercio, ha elevado costos y generado una gran incertidumbre jurídica, como destaca Glenn Hubbard, profesor de Economía de la Universidad de Columbia, al señalar que el mercantilismo “requiere extensiva intervención gubernamental”, con los riesgos de distorsión que ello implica.

Hubber se apoya en el libro La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, escrito hace 250 años, para recordar que la prosperidad depende de la competencia y la apertura, no del proteccionismo. El autor subraya que una economía competitiva, con intervención gubernamental limitada, “elevaría los niveles de vida”, una intuición que contrasta con la política arancelaria de Trump. En un entorno de precios energéticos al alza, la política económica necesita credibilidad, reglas claras y un marco que incentive la inversión, la innovación y la movilidad laboral.

Corregir el rumbo de la política económica implica abandonar la lógica proteccionista y avanzar hacia una agenda que incluya fortalecer la educación, modernizar la regulación, promover la inmigración calificada y acelerar la inversión en energía y tecnología. Sin un giro hacia el crecimiento económico, la ansiedad social amplificada por la inflación condicionará el debate electoral y le pasará en noviembre al partido Republicano una factura muy costosa.

La Unión Europea flexibiliza su control de fusiones

[Escrito el 21 de abril de 2026]

La decisión de la Comisión Europea de flexibilizar sus reglas de control de fusiones marca un cambio profundo en la política de competencia del bloque y reabre una discusión que, en República Dominicana, tuvo un punto álgido durante la redacción de la Ley 42‑08. Según reveló el Financial Times, Bruselas incorporará criterios como innovación, inversión, escala y resiliencia en la evaluación de operaciones corporativas, reconociendo que la creación de empresas con mayor tamaño puede fortalecer la competitividad frente a gigantes estadounidenses y chinos.

El viraje europeo contrasta con la ortodoxia que dominó desde los años 2000, cuando el análisis se centraba casi exclusivamente en los efectos sobre precios y consumidores. Hoy, la Comisión admite que la economía se ha desplazado hacia sectores intensivos en innovación, donde la escala es condición para competir globalmente. Ese reconocimiento llega tras episodios como la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania, que expusieron vulnerabilidades estructurales del continente.

En la República Dominicana, el debate no es nuevo. Durante un seminario organizado por la FINJUS en 1999, argumenté que el control previo de fusiones podía generar más costos que beneficios, al frenar procesos de eficiencia, limitar la capacidad de las empresas para aprovechar las economías de escala y, por último, afectar negativamente el bienestar. Esa posición se mantuvo durante la discusión legislativa y el mecanismo de control de fusiones quedó fuera de la Ley de Competencia No. 42‑08.

El giro europeo valida la posición dominicana, que establece que un control excesivo de las fusiones puede debilitar la competitividad y frenar la capacidad de expansión económica sostenida.  

La reapertura del estrecho de Ormuz

[Escrito el 20 de abril de 2026]

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán confirmó la importancia del estrecho de Ormuz. Por esa vía transita cerca del 20% del crudo mundial y una proporción aún mayor del gas natural licuado. Su cierre impulsó el precio del petróleo por encima de los 110 dólares por barril y colocó a la economía global en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente a los países asiáticos cuya dependencia energética del Golfo Pérsico es estructural. 

El viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que Ormuz estaba “completamente abierto” al tránsito comercial mientras se mantenga el cese al fuego en el Líbano. La reacción del mercado fue inmediata: en cuestión de minutos, el precio del WTI cayó 12.6% y se ubicó alrededor de los 82.76 dólares por barril.

La evolución futura del precio dependerá de varios factores. El más determinante será si las negociaciones entre los países involucrados logran consolidar una paz duradera en Medio Oriente que incluya a Israel y Líbano. También será decisivo observar el grado de destrucción sufrido por las infraestructuras energéticas de la región. Si la capacidad productiva fue afectada, los precios de los combustibles permanecerán por encima de los niveles previos al conflicto, aun con el estrecho abierto al tráfico comercial.

En síntesis, la reapertura de Ormuz reduce la tensión inmediata, pero no elimina la fragilidad de fondo: mientras la estabilidad regional dependa de acuerdos precarios, los mercados energéticos seguirán expuestos a sobresaltos capaces de alterar el pulso de la economía mundial.

Inconsistencia monetaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 20 de abril de 2026]

El anclaje de las expectativas de inflación depende del compromiso del banco central con su meta. Ben Bernanke, premio Nobel de Economía, demostró que la conducta presente y pasada de la política monetaria incide de manera directa en las expectativas y, por tanto, la consistencia de sus mensajes y de sus acciones es clave para preservar la estabilidad macroeconómica.

Los cambios abruptos de la política monetaria —una estrategia de zigzagueo, por ejemplo— debilitan la credibilidad de las autoridades respecto a la meta de inflación y pueden provocar un desanclaje de sus expectativas. Esa situación cobra una mayor importancia en un entorno internacional marcado por choques de oferta negativos, como la pandemia del covid-19, la impredecible política arancelaria de Trump o el encarecimiento de los combustibles, condicionantes que presionan al alza los costos y los precios. 

En agosto de 2011, el Banco Central de Brasil decidió subir la tasa de interés de referencia y, poco después, recortarla. Ese viraje abrupto en la política monetaria sin una justificación creíble bastó para que las expectativas de inflación, tanto de corto como de largo plazo, comenzaran a subir de inmediato. Como documenta un reciente estudio realizado por Marco Bonomo y otros economistas, el zigzagueo monetario aumentó la dispersión, la volatilidad y la sensibilidad de los pronósticos macroeconómicos a factores transitorios, indicios claros de pérdida de credibilidad. La lección es contundente: cuando la autoridad monetaria envía señales contradictorias con su meta de inflación, los agentes revisan su percepción del compromiso institucional y desaparece la estabilidad de precios. Recuperar la credibilidad, como muestra el caso brasileño mencionado, puede llevar varios años y, en determinados casos, requerir ajustes profundos en el régimen económico, tal como demostró el premio Nobel de Economía, Thomas Sargent.

Por otra parte, la literatura económica confirma que la narrativa del banco central es un instrumento de política monetaria tan relevante como la propia tasa de interés. Cambios bruscos en el tono —pasar de un mensaje restrictivo a uno acomodaticio sin nueva información que lo respalde— pueden alterar las expectativas de inflación aun cuando la tasa de interés permanezca fija. Estudios de los profesores Alan Blinder, Michael Woodford y, más recientemente, de Jarociński y Karadi muestran que los agentes económicos interpretan esas señales como indicios de un posible cambio en la función de reacción o en la firmeza del compromiso institucional con la meta. El resultado es un aumento de la incertidumbre, una mayor sensibilidad a las noticias de corto plazo y un debilitamiento del ancla nominal. En síntesis, una comunicación incoherente del banco central puede desanclar las expectativas sin necesidad de modificar la tasa de referencia.

A finales de marzo, el Banco Central de la República Dominicana publicó su comunicado de política, donde se anunció “la decisión de mantener su tasa de interés de política (TPM) en 5.25% anual.” De acuerdo con el documento, la medida tomó “en consideración el escalamiento del conflicto bélico en Medio Oriente, en el cual se ha producido un incremento de la incertidumbre global y ha generado aumentos significativos en el precio del petróleo y otras materias primas.”  Ante esa situación, que presionará hacia arriba los precios, la autoridad monetaria “se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación.” Esto significa que, en caso de requerirse, el Banco Central está dispuesto a ejecutar una política monetaria restrictiva, en línea con lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada. 

En otro informe, publicado el 12 de abril, el organismo emisor anticipa que en los próximos meses la tasa de inflación rebasará el límite superior de la meta, establecido en un 5%. Advierte que, “de continuar las presiones adversas asociadas a este nuevo y severo choque de oferta, la inflación interanual pudiese en los próximos meses salir transitoriamente del rango meta.” En ese contexto, las autoridades señalan que están en condiciones de adoptar “las medidas que sean necesarias para garantizar que las expectativas inflacionarias permanezcan debidamente ancladas y se mantenga la estabilidad de precios en el horizonte de política monetaria,” lo que deja abierta una eventual intervención en el mercado con subidas de tasas de interés. 

De forma sorprendente, tres días después, el Banco Central publicó un documento en el que subrayó la existencia de “condiciones de liquidez holgadas” que presionan a la baja las tasas de interés y, con ello, se beneficia al sistema financiero y a los hogares dominicanos. En particular, destacó que, desde junio de 2025, se han adoptado medidas de provisión de liquidez por 81 mil millones de pesos, junto con un recorte acumulado de 50 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria. Esas acciones redujeron la tasa de interés interbancaria en 370 puntos básicos y la situaron en 7.84% en marzo de 2026. Según el Banco Central, esas condiciones de liquidez, “en un contexto de incrementada convulsión global” proporcionarán un entorno de certidumbre a la estabilidad macroeconómica.

Los giros bruscos en la narrativa del ente emisor generan confusión entre los agentes económicos, quienes carecen de señales claras sobre la orientación de la política monetaria. En determinados casos, el Banco Central actúa como un halcón; en otros, como una paloma. 

La inconsistencia temporal en la gestión de los instrumentos monetarios, a menudo asociada a objetivos políticos, conlleva costos reales y persistentes. Cuando los bancos centrales actúan con excesiva discreción y emiten señales contradictorias respecto a su compromiso con la estabilidad de precios, los agentes anticipan una mayor tolerancia a la inflación futura. El resultado es un sesgo inflacionario que eleva las expectativas, encarece el crédito y obliga a aplicar, posteriormente, políticas más contractivas para restablecer la credibilidad perdida. Como mostraron Kydland y Prescott, ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía, la falta de compromiso conduce a un equilibrio ineficiente donde la inflación se mantiene alta sin beneficios sostenibles en actividad económica. En síntesis, la inconsistencia monetaria no solo erosiona la credibilidad, también impone un costo macroeconómico que termina pagando toda la sociedad.