Una lección a Bessent

 [Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 24 de agosto de 2026]

El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos —el más grande e influyente del mundo, valorado en unos 31.5 billones de dólares— registró una semana atípica. El rendimiento del bono a 30 años alcanzó el lunes 17 de agosto su nivel más alto desde 2007, por encima de un 5.3%, mientras que el de 10 años, referencia del costo de las hipotecas y de buena parte del crédito corporativo y soberano internacional, cerró la semana en un 4.74%. 

Ante esa presión alcista, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sorprendió a los inversionistas el 19 de agosto al anunciar que el gobierno aumentaría sus recompras de bonos de largo plazo, de dos mil a un mínimo de cuatro mil millones de dólares por operación. El mercado reaccionó de inmediato y provocó el descenso de 10 puntos básicos del rendimiento a 30 años. No obstante, el alivio fue transitorio, ya que los dos días siguientes los rendimientos recuperaron buena parte de lo perdido.

No existe consenso sobre la causa del alza de las tasas de los títulos a 10 y 30 años, pero los analistas coinciden en que va más allá de la inflación futura, cuya expectativa de largo plazo sigue cerca de la meta del 2% de la Reserva Federal (Fed). 

El principal factor se relaciona con el aumento estructural de la necesidad de capital. Por un lado, el déficit fiscal de Estados Unidos, que se sitúa en torno al 6% del producto interno bruto (PIB), eleva la oferta de deuda del Tesoro. Por otro, el auge de la inteligencia artificial (IA) ha provocado que negocios que antes eran de bajo consumo de liquidez, como Amazon y Alphabet, se hayan convertido en emisores de deuda corporativa a un ritmo que desplaza los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono de Alphabet con vencimiento en 2075 saltó del 6% a comienzos de julio al 6.78% a mediados de agosto, un ajuste muy atractivo para los inversionistas.

Otro factor es geopolítico. Japón, principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, atraviesa una coyuntura que le ha obligado a vender dólares para apoyar el yen. A su vez, la guerra comercial entre Estados Unidos y China frena el interés de Pekín de adquirir la deuda emitida por Washington. Además, la guerra en Medio Oriente, con el cierre del estrecho de Ormuz, limita la capacidad de los países afectados de generar el flujo de efectivo necesario para adquirir en la misma magnitud que antes deuda pública estadounidense. 

La recompra de títulos no es una herramienta nueva. A diferencia de la Fed, el Tesoro no puede crear dinero para comprar deuda, por lo que cada dólar de recompra se financia mediante la emisión de letras del Tesoro de corto plazo. La estrategia consiste en vender títulos de menos de 2 años y adquirir bonos de largo plazo con el fin de aplanar la curva de rendimiento. Varios operadores del mercado consideraron insuficiente la medida, dado que no modifica la trayectoria de una deuda que asciende a 40 billones de dólares y sigue subiendo como porcentaje del PIB.

El efecto colateral más visible fue la caída del dólar en un 1% el 20 de agosto. Los agentes del mercado percibieron la compra de bonos como una señal de que Washington prioriza abaratar la deuda, incluso a costa del valor de su moneda. Por ello, adoptaron la llamada “apuesta de devaluación” (trade debasement): compra de activos que se benefician de un dólar más débil, como el oro, que subió a 4,612 dólares la onza, y el bitcoin, cuyo precio varió un 23% y superó los 77,400 dólares. 

Paul Krugman (CUNY), premio Nobel de Economía, sostuvo que "es muy difícil construir un escenario de crisis de deuda al estilo griego para una nación que se endeuda en su propia moneda." Atribuyó el alza de la tasa de rendimiento de los bonos de largo plazo a dos factores concretos — auge de emisiones de deuda corporativa de las “hyperscalers” de IA y mayor déficit público— antes que a temores de incapacidad de cumplir con el pago de las deudas. Finalmente, recomendó a los futuros responsables de la política económica—quienes sustituyan a Trump— no caer en pánico, puesto que la situación actual no constituye una crisis de deuda. 

John Cochrane (Hoover Institution) adoptó una posición más cautelosa. Identificó cinco explicaciones posibles del incremento de la tasa de interés: expectativas de inflación; posibilidad de que la Fed suba tasas; regreso a niveles "históricamente normales" de tasas de interés nominales entre un 4% y el 6% tras la anomalía de tasas reales negativas de la década de 2010; mayores oportunidades de inversión vinculadas a la IA; y presión de los "vigilantes de los bonos" ante una política fiscal insostenible. Se mostró escéptico respecto a la eficacia de las recompras de Bessent y advirtió sobre el riesgo de una futura crisis fiscal si el gobierno sigue "renovando" deuda de corto plazo, justo en un momento en que la disponibilidad de financiamiento barato podría acabarse.

Las consecuencias de tasas persistentemente altas ya se perciben en la economía real. Con el bono a 10 años como referencia, las hipotecas se acercan al 7%, lo que encarece la compra de viviendas. Las empresas enfrentan un costo de endeudamiento más alto, circunstancia que puede frenar la inversión y la creación de empleo. Para el propio gobierno, cada punto adicional de rendimiento se traduce en decenas de miles de millones de dólares extra en intereses cada año. Frente a ese escenario, el camino óptimo es una reforma fiscal que reduzca el déficit público.

En economías como la República Dominicana, el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos tiene un efecto directo. El 79% de la deuda externa dominicana —unos 37,920 millones de un total de 47,990 millones al cierre de junio de 2026— está constituida por bonos soberanos en dólares, cuyo costo se fija como un diferencial sobre el rendimiento de los títulos del Tesoro. Si dicha tasa sube, cada nueva emisión o refinanciamiento dominicano partirá de un nivel más alto y, por consiguiente, encarecerá el servicio de la deuda pública. 

Peso fuerte, exportaciones débiles

[Comentario Noti 21 de agosto de 2026]

El peso dominicano acumula frente al dólar una apreciación nominal superior al 7% en lo que va de 2026 y una apreciación real todavía mayor al tomar en consideración el diferencial de inflación entre ambos países. La apreciación del peso es percibida por muchas personas como algo positivo, pero podría tener consecuencias muy negativas sobre las exportaciones del país. 

Un estudio publicado en agosto de este año por los profesores Paul Bergin, de la Universidad de California, y Woo Choi y Ju Pyun, ambos de la Universidad de Corea, ofrece una lectura preocupante. Específicamente, se desprende que la apreciación del peso podría provocar no solo una pérdida de competitividad transitoria, sino un daño estructural. 

La investigación analiza datos de 45 países entre 1985 y 2007 y encuentra que la subvaluación cambiaria sostenida —cuando viene acompañada de acumulación de reservas— eleva la productividad manufacturera de un país al estimular la entrada de nuevas empresas y aumentar la proporción de insumos intermedios producidos localmente.

La lógica funciona también al revés. Si el peso se aprecia de forma sostenida, se registra una pérdida de competitividad, lo que reduce las exportaciones y aumenta la dependencia de insumos importados en la manufactura.

El riesgo se agrava por el arancel adicional del 12.5% que Estados Unidos aplica a las exportaciones dominicanas desde julio de 2026, superior al 10% de Guatemala y El Salvador, y muy por encima del arancel cero que México mantiene en el 85% de sus envíos a Estados Unidos. 

La combinación de la apreciación del peso y el arancel del 12.5% puede provocar la salida de empresas de zonas francas y la caída de las exportaciones dominicanas. Un resultado que se debe evitar. 

Bessent abanica en el mercado de bonos

[Comentario 20 de agosto de 2026] 

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo sufrieron una nueva ola de ventas este jueves, después de que la intervención del secretario del Tesoro, Scott Bessent, no lograra calmar a los inversionistas. 

El rendimiento del bono a 30 años subió 6 puntos básicos, hasta el 5.25%, revirtiendo buena parte de la caída registrada un día antes, cuando el Tesoro anunció que "al menos duplicaría" sus recompras de títulos con vencimientos de entre 10 y 30 años, de dos mil a "al menos" cuatro mil millones de dólares. El rendimiento del bono a 10 años también repuntó, hasta el 4.71%, tras haber tocado la semana pasada su nivel más alto desde julio de 2007.

El mercado recibió el anuncio con desconfianza. Muchos gestores de fondos lo calificaron de simple "parche" incapaz de resolver el problema de fondo. La desconfianza se produjo justo cuando la deuda pública estadounidense alcanzó un récord de 40 billones de dólares, tras crecer 3 billones en solo un año, su ritmo más veloz fuera de la pandemia. La deuda en manos del público ya supera los 32 billones, equivalente al tamaño de toda la economía de Estados Unidos, y la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que llegue al 120% del PIB en 2036. 

A mi entender, para detener el alza del costo del endeudamiento público, Bessent deberá elaborar lo antes posible una reforma fiscal que recorte gastos y aumente los ingresos. Esa reforma deberá generar un saldo fiscal que brinde sostenibilidad a las finanzas públicas estadounidenses. 

La inflación estadounidense sigue alta

[Escrito el 14 de agosto de 2026]

El índice de precios al consumidor (IPC) de julio en Estados Unidos subió 0.2% respecto al mes anterior, en línea con lo esperado por los analistas, un resultado que alivia —aunque no elimina— la presión sobre la Reserva Federal para subir su tasa de interés de referencia en la reunión de septiembre. En términos interanuales, la inflación general se situó en un 3.4%, 0.1 puntos porcentuales por debajo de junio. 

La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y de la energía, también avanzó 0.2% mensual y se ubicó en un 2.5% por encima del nivel registrado un año atrás. Ese resultado no ofrece evidencia contundente para forzar un ajuste de la tasa de interés de referencia al alza, aunque tampoco lo descarta.

A la fecha, el mercado proyecta con una probabilidad de un 67% de que la tasa de política se mantendrá sin cambios en septiembre. La decisión final dependerá del dato de la variación de precios en agosto. Si vuelve a subir y se aleja de la meta del 2%, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto no tendrían otra opción que llevar a cabo un apriete monetario.

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, advirtió que si los choques de precios —vinculados a aranceles y a la demanda del auge de la inteligencia artificial— se combinan y ganan impulso propio, un ajuste de la tasa de interés podría requerir más que el tradicional cuarto de punto. Por su parte, el presidente Kevin Warsh ha evitado anticipar qué evento detonaría el próximo movimiento del banco central, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre lo que podría decidirse en la reunión de septiembre próximo. 

Se encarece la deuda pública estadounidense

[Escrito el 13 de agosto de 2026]

El Tesoro de Estados Unidos vendió hoy jueves bonos a 30 años en una subasta de 25,000 millones de dólares, con un rendimiento de hasta 5.22%, el nivel más alto desde el 5.52% registrado en agosto de 2001. La cifra supera el 5.06% de la subasta previa de julio y el 4.91% de enero de 2025.

El encarecimiento responde a dos factores combinados. Primero, a una deuda pública que ya ronda los 40 billones de dólares, con una relación deuda-PIB que ya superó el 100% en el primer trimestre de 2026 y podría llegar a 120% para 2036, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Segundo, a una inflación que, pese a bajar a un 3.4% en julio, sigue por encima de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal, la cual está presionada por los aranceles, el gasto en infraestructura de inteligencia artificial y el alza del petróleo por el conflicto con Irán.

La consecuencia del aumento de la tasa de interés de la deuda pública estadounidense es preocupante. En ese contexto, cabe destacar que, para el Tesoro, financiar al gobierno resulta ahora más costoso, en momentos en que ya gasta más en pagar intereses que en defensa nacional. Analistas prevén que Washington recurrirá más a la deuda de corto plazo (letras del Tesoro) con menor tasa de interés, pero que hace al país más vulnerable a futuras subidas de tasas. Aun con esa incertidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la demanda por esos títulos de deuda se mantuvo firme en los mercados de capitales.

El costo oculto de un peso más fuerte

[Escrito el 10 de agosto de 2026] 

Cuando la tasa de cambio del peso respecto al dólar se reduce, se celebra como un triunfo de la política del Banco Central. Sin embargo, un ejercicio reciente de aritmética fiscal, elaborado por el doctor Andrés Dauhajre, hijo, revela que la apreciación del peso dominicano tiene efectos complejos.

El análisis de Dauhajre simula una baja en la tasa de cambio de 65.50 a 58.50 pesos por dólar (una apreciación de 10.7%) y mide su impacto en las cuentas del Estado. Por un lado, el Gobierno ahorraría cerca de 57,766 millones de pesos en el servicio de la deuda externa, transferencias a las empresas eléctricas y subsidios a combustibles. Pero ese ahorro tiene una contrapartida que se menciona poco: los ingresos públicos también caen, al reducirse en pesos los desembolsos de préstamos externos, los impuestos sobre el oro, las tarifas turísticas y los aranceles cobrados en aduanas. Esa pérdida de ingresos, sumada al deterioro en el resultado del Banco Central por la revaluación de sus reservas internacionales, asciende a 134,275 millones de pesos. En consecuencia, el saldo neto es un deterioro fiscal de 76,509 millones de pesos.

El impacto distributivo es igual de revelador. Se benefician los importadores, los turistas dominicanos que viajan al exterior, quienes tienen deudas en dólares y los inmigrantes que envían remesas, entre otros, para alcanzar un total estimado de 336,937 millones de pesos. Pero pierden las familias que reciben remesas, las zonas francas, los exportadores nacionales, el sector hotelero y el propio Gobierno Central, con pérdidas conjuntas de 472,990 millones de pesos.

En síntesis, el impacto neto de la apreciación del peso sobre los agentes económicos depende de cuál efecto domina —el ahorro en gastos o la caída de ingresos— y de cómo se redistribuyen las ganancias y pérdidas entre distintos sectores de la economía. 

El socio confiable

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de agosto de 2026.]

Pocos socios de Estados Unidos en la región pueden exhibir un historial de lealtad tan prolongado y consistente como el dominicano. Sin embargo, de forma paradójica, el mismo país que Washington describe como un miembro clave de la coalición hemisférica contra los cárteles de la droga ha sido penalizado con un arancel del 12.5% y se ha convertido en la primera nación a cuyos ciudadanos se les exige una fianza de más de cien mil dólares si desean obtener la visa de residencia.

Para entender lo desproporcionado de esas medidas, conviene remontarse al origen de la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, que se extiende por más de cien años. En el transcurso de las primeras dos décadas del siglo XX, se crearon las condiciones jurídicas que fortalecieron el régimen de propiedad de la tierra, lo cual favoreció la entrada y protección de la industria azucarera estadounidense ubicada en la zona este del país. 

Durante los años ochenta, mientras Centroamérica se desangraba en conflictos internos —guerra civil en El Salvador, insurgencia en Guatemala, revolución sandinista y contrarrevolución en Nicaragua—, la República Dominicana se mantuvo como un remanso de estabilidad institucional en una región convulsionada. Esa solidez resultó determinante para que empresas estadounidenses instalaran zonas francas textiles y de manufactura ligera al amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, promulgada en 1983, aprovechando el acceso preferencial y libre de aranceles al mercado norteamericano en momentos en que otros países de la cuenca resultaban inviables debido al riesgo político y militar.

La extraordinaria alianza entre ambos países se confirmó en 2003, cuando la República Dominicana envió un contingente militar a Irak como parte de la coalición convocada por el gobierno de George W. Bush. La participación dominicana fue modesta en términos numéricos, pero tuvo un peso simbólico considerable, ya que pocos países latinoamericanos respondieron favorablemente al llamado de Washington en un momento de fuerte división internacional sobre la legitimidad de esa invasión.

El respaldo dominicano se ha manifestado, además, de forma sistemática en los foros multilaterales. En la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, el país ha votado en momentos clave en sintonía con las posiciones impulsadas por Estados Unidos, ya sea en resoluciones de derechos humanos, condenas a gobiernos autoritarios de la región o iniciativas de seguridad hemisférica. Más recientemente, representantes de ambos gobiernos se han reunido para fortalecer la lucha contra organizaciones narcoterroristas que utilizan el Caribe como corredor de tráfico ilícito, y Washington ha reconocido públicamente a la República Dominicana como un miembro importante de la ofensiva contra el narcotráfico. 

A finales del 2025, el gobierno dominicano permitió que aeronaves militares estadounidenses operaran desde la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas como parte del despliegue militar necesario en la operación que culminó en enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo.

Todo el historial de lealtad y colaboración —económica, militar, diplomática y en seguridad—hace difícil justificar las medidas comerciales que Estados Unidos ha adoptado contra el país durante la segunda administración de Donald Trump. En julio, se impuso un arancel del 12.5% a las exportaciones dominicanas, a excepción de los productos textiles, con el argumento de que el país no había establecido ni aplicado con eficacia una prohibición contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. El gobierno dominicano reaccionó horas antes de la entrada en vigor de la medida a través del Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas bajo dichas condiciones y establece un mecanismo destinado a investigar y bloquear ese tipo de bienes. 

En agosto, un informe de la Casa Blanca volvió a situar al país en el centro de la controversia comercial, esta vez con una acusación de mayor calado: el documento señaló a unos 40 países —entre ellos la República Dominicana, Costa Rica y varias naciones de Asia Central, África y Oriente Medio— como plataformas utilizadas para reenviar productos chinos hacia el mercado estadounidense con el propósito de evadir aranceles. La respuesta dominicana no se hizo esperar. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes declaró que no existen operaciones ilegales de montaje de productos para exportación y que el Estado dominicano no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de las mercancías. 

A esas dos medidas se sumó una tercera de naturaleza distinta, pero igual de contundente. El Departamento de Estado anunció que la República Dominicana sería la primera nación del mundo seleccionada para un programa piloto que exige una fianza económica al solicitante de visa de residencia cuando un cónsul lo considere una potencial "carga pública." El monto se ha estimado entre 100 mil y 250 mil dólares. La decisión resulta muy perjudicial para un país cuya principal fuente de divisas son las remesas familiares. 

Más allá de la reciprocidad política, existe un argumento económico que hace aún más difícil sostener las sanciones.  El comercio bilateral, enmarcado en el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, genera un superávit por encima de los cinco mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, lo que equivale a afirmar que la economía dominicana es la que debería proteger su mercado y no al revés. Este dato desmonta el argumento que habitualmente se invoca para legitimar aranceles —la necesidad de corregir desequilibrios comerciales perjudiciales para Estados Unidos— pues, en el caso dominicano, el desequilibrio favorece a Washington.

Por todo ello, resulta difícil de entender que un país que ha sido un socio confiable, y que ha respaldado a Estados Unidos en numerosas ocasiones, reciba un trato tan injusto. La Casa Blanca tiene la oportunidad —y, a la luz del historial dominicano, también razones suficientes— de revisar esas decisiones sin que ello suponga ceder en sus objetivos legítimos. Hacerlo sería un gesto coherente con la relación de confianza y colaboración que ambos países han ido construyendo durante más de cien años. 

La montaña rusa petrolera

[ Comentario Noti 7 de agosto de 2026]

La situación internacional del mercado de combustibles atraviesa una fase de extrema volatilidad marcada por conflictos geopolíticos simultáneos y disrupciones en la infraestructura energética global. En Medio Oriente, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán afecta de forma significativa la oferta. Por un lado, se habla de acuerdo de paz y, por otro, siguen los bombardeos y disrupción del suministro del crudo y gas natural. 

El precio del petróleo WTI ha estado moviéndose como una montaña rusa. El 23 de julio, el precio superó los 92 dólares por barril, el 28 de julio bajó a 79 dólares, tres días superó los 84 dólares y el 6 de agosto se situó en el entorno de los 78 dólares. Dada esa volatilidad, es difícil pronosticar los costos de la energía.

La guerra entre Rusia y Ucrania acentúa esa dificultad. Ucrania ha logrado atacar con drones tres grandes refinerías rusas ubicadas a 1,600 km de distancia, mediante lo cual ha afectado la capacidad productiva rusa. Esos golpes han obligado a Putin a prohibir temporalmente las exportaciones de diésel, decisión que presiona los mercados de combustibles destilados en Europa y América Latina. 

En conjunto, estos eventos configuran un mercado donde la incertidumbre geopolítica domina y donde los precios seguirán reaccionando a cualquier alteración en rutas críticas o infraestructura energética.

Buen trabajo, Álex

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 10 de agosto de 2026.]

El 16 de agosto de 2026, Alejandro Fernández W. concluirá sus seis años al frente de la Superintendencia de Bancos (SB). Dada la importancia de dicha institución para la estabilidad macroeconómica, el desarrollo nacional y el bienestar de las personas, conviene realizar un balance riguroso de los resultados de su gestión. 

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, el sistema financiero dominicano experimentó una mejora significativa en términos de tamaño, rentabilidad y solvencia. Los activos totales pasaron de representar un 43.6% a un 52.6% del producto interno bruto (PIB), un incremento de nueve puntos porcentuales, lo que refleja mayor capacidad de transformar el ahorro en inversión. El retorno sobre patrimonio (ROE) subió del 15.9% al 18.65%, una señal de que las entidades están operando con mayor eficiencia y generan más valor sobre el capital invertido. El índice de solvencia subió de un 16.55% a un 17.7%, muy por encima del 10% mínimo exigido por la normativa prudencial. Un indicador con resultados menos favorables es la morosidad, que aumentó del 1.7% al 1.87% durante ese período. Cooperar con el resto de las autoridades monetarias para revertir ese comportamiento es una tarea para la próxima gestión. 

La SB modernizó, entre 2020 y 2026, su marco de supervisión mediante la actualización de metodologías y la incorporación de herramientas destinadas a automatizar los procesos de captura y procesamiento de información financiera, como el Portal Monetario y Financiero (PAMF). Todo esto amplió la calidad de la supervisión y consolidó una práctica más consistente, basada en riesgos y orientada a detectar vulnerabilidades a tiempo. A esos avances se suman las 593 inspecciones realizadas, con especial hincapié en riesgos, las cuales fortalecen la estabilidad del sistema financiero dominicano. 

Entre agosto de 2020 y julio de 2026, la entidad puso en vigencia 185 normas (12 instructivos, 99 circulares y 74 cartas circulares) para alinear el sistema financiero dominicano con estándares internacionales. En el frente prudencial, la actualización del Manual de Requerimientos de Información, el criterio de valor razonable y las pruebas de estrés consolidaron un enfoque de supervisión basado en riesgos. Gracias a eso, el marco normativo se presenta más robusto y coherente con los desafíos de un sistema financiero en transformación.

En paralelo, la SB reforzó su capital humano a través de la incorporación de perfiles especializados y la ejecución de programas de formación con el apoyo de organismos internacionales. Dicha inversión fortaleció la capacidad analítica de la SB y mejoró la coordinación entre sus distintas áreas, lo que permitió implementar de una forma consistente y sostenible el modelo de Supervisión Basada en Riesgos.

El proceso de modernización de la SB se ha traducido en una estrategia más eficaz de disolución de entidades financieras en dificultades. El caso más visible de esa fortaleza es el manejo de Bancamérica en 2022. La SB transfirió sus activos y pasivos a una entidad solvente en 60 días, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El proceso de liquidación permitió devolver todos los recursos a los depositantes no vinculados, sin costo para el Estado ni para el sistema bancario.

En materia de transparencia, la SB construyó uno de los expedientes más sólidos de la administración pública dominicana. Debido a la mejora de los indicadores de transparencia y acceso a la información, obtuvo en 2026 una puntuación de 99.7 en el índice de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Asimismo, el cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado alcanzó una nota promedio de 96.3 durante el último lustro. 

La inclusión financiera —con la Cuenta Básica de Ahorros, la Cuenta Básica para Pagos de Nómina y la Cuenta Básica para mipymes— y la protección al usuario son, sin lugar a duda, dos de los avances más importantes a favor del ciudadano. Un logro destacable fue la erradicación en 2024 de los desiertos bancarios, lo que significa que en todos los municipios del país existe cobertura financiera. Por otro lado, la aplicación móvil ProUsuario amplió el acceso a los mecanismos de reclamación. A través de dicha aplicación se puso en marcha un blog especializado en finanzas personales, ya que la gestión actual considera que “una ciudadanía mejor informada toma decisiones financieras más seguras.” La facilidad para presentar reclamaciones permitió que la SB ordenase devolver a los usuarios 785.9 millones de pesos en ese período, casi diez veces lo acumulado en la década anterior. 

El fortalecimiento institucional interno también forma parte del legado. La ejecución presupuestaria pasó de un 66% en 2020 a un promedio del 89% anual. Al mismo tiempo, la institución obtuvo certificaciones ISO en calidad, antisoborno, seguridad de la información y continuidad de negocio. Los indicadores revelan que la organización dejó de operar por inercia y empezó a medirse a sí misma para mejorar de forma continua.  

El balance de estos seis años es, en suma, favorable: más solvencia, más transparencia, más inclusión financiera y una función de protección al usuario transformada de raíz. Por todo ello, la nueva administración de la SB no puede limitarse a gestionar el legado recibido. Es imprescindible que modernice todavía más la agenda regulatoria para acercarla cada día a las mejores prácticas internacionales. La solidez que hoy exhibe el sistema financiero dominicano no es un estado permanente, es el resultado de una vigilancia constante que la nueva administración tendrá que mantener. 

La gestión de una institución pública se parece, en el fondo, a una carrera de relevos: por muy veloz que sea el corredor de turno, si no sabe entregar el testigo, el relevo se pierde. Álex deja la Superintendencia de Bancos en un momento extraordinario.  Pudo haberse quedado, entronizarse hasta el último tramo alegando que aún tiene mucho que aportar —y, en efecto, así es—, pero optó por confiar en que otros también pueden recorrerlo con éxito. No es necesario ser un faraón para dejar un gran legado. Ese gesto, tan poco común en la administración pública dominicana, es quizá el mejor indicador de que el relevo de agosto tiene el reto de no perder el paso. 

Se reduce la inflación en julio

[Escrito el 6 de agosto de 2026] 

En la República Dominicana, la inflación mensual de julio se moderó a un 0.19%, según datos publicados por el Banco Central. Ese resultado implica una desaceleración respecto al promedio mensual del primer semestre del año, que se colocó en un 0.33%. El dato constituye un alivio en las presiones de precios, pero su convergencia hacia el rango meta de 4% ± 1% depende de la trayectoria de los precios de los combustibles. 

En términos interanuales, la inflación descendió del 5.67%, registrado en junio, al 5.47%, una reducción de 0.20 puntos porcentuales. De acuerdo con los datos del Banco Central, la disminución de la variación de precios se debe al comportamiento del grupo Transporte, cuya variación mensual fue de -0.14%. Dicho resultado se explica por las rebajas en los precios de combustibles —gasolina regular y premium, gasoil y GLP— y a la disminución de los precios de los automóviles debido a la apreciación del peso. 

En contraste, varios grupos mostraron incrementos. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una variación de 0.23%, impulsada por alzas en los precios del pollo fresco, papas, arroz, ñame y agua purificada. Restaurantes y Hoteles aumentó un 0.54%, debido al encarecimiento de comidas preparadas fuera del hogar, mientras que Bienes y Servicios Diversos subió un 0.42%. 

La inflación subyacente, la que excluye los precios de los combustibles y los alimentos, alcanzó una variación de un 0.3% respecto al mes de junio. En términos interanuales, la inflación subyacente, que se asocia a la política monetaria, se mantuvo en un 4.96%, que es el límite superior de la meta de inflación. 

El Big Mac y el peso dominicano

[Escrito el 5 de agosto de 2026]

El lunes pasado el doctor Andrés Dauhajre hijo publicó en el periódico El Caribe un interesante artículo sobre el tipo de cambio. En su ensayo, analiza el Índice Big Mac elaborado por la revista The Economist y lo utiliza para cuestionar el nivel actual del tipo de cambio en República Dominicana. 

El Presupuesto General del Estado 2026 había proyectado una tasa promedio de 65.50 pesos por dólar, pero esa estimación no incorporó eventos como el conflicto del Golfo Pérsico ni la necesidad política de subsidiar precios y apreciar el peso para contener el costo político de la inflación petrolera. Como resultado, en los primeros siete meses de 2026 el promedio ha sido de 60.30 pesos por dólar, y en julio se acentuó la apreciación hasta un promedio de 58.58 pesos — es decir, el peso está mucho más fuerte de lo presupuestado, con una apreciación de 7.5% frente a diciembre de 2025.

El doctor Dauhajre utiliza el precio del Big Mac para demostrar que el peso se encuentra sobrevaluado. En 2023-2024 el Big Mac dominicano (sin impuestos) costaba en promedio 4.68 dólares; en julio de 2026 subió a 5.21dólares, señal de que el peso se apreció cerca de 10% en ese período. Haciendo el ejercicio inverso, calcula que para que el Big Mac costara hoy los mismos 4.68 dólares de 2023-2024, la tasa de cambio tendría que ser de 65.17 pesos por dólar. Por eso concluye, que el peso dominicano está sobrevaluado y que hay un baratillo de dólares. 

La caída del yen y el apoyo gringo

[Escrito el 3 de agosto de 2026]

El yen cayó a su nivel más bajo frente al dólar en 40 años, y se colocó en 164 antes de que Washington y Tokio intervinieran conjuntamente el viernes para recomprarlo, algo que no se veía desde 1998. Hoy en la mañana la moneda se recuperó hasta 156, pero sigue la incertidumbre.

La depreciación del yen obedece a varias causas simultáneas. La más estructural es el amplio diferencial de tasas de interés entre Japón y el resto del mundo, que abarata financiarse en yenes e incentiva su venta. A esto se suma la fuga de capitales asiáticos —yen, won coreano, rupia india— hacia Estados Unidos, atraídos por los retornos del boom de inteligencia artificial. La guerra entre Irán y otros actores ha encarecido el petróleo, golpeando con fuerza a Japón como gran importador de energía. Finalmente, persisten dudas de los inversores sobre la política fiscal japonesa, el nivel de deuda y una inflación que repunta.

Estados Unidos apoya el fortalecimiento del yen por intereses propios, no solo por solidaridad con Japón. Primero, el yen es la principal moneda de financiamiento del "carry trade" global: los inversores piden prestado en yenes baratos para invertir en activos de mayor rendimiento. Una caída desordenada podría desatar una estampida de ese carry trade y contagiar a los mercados financieros mundiales. Segundo, si Japón —el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense— vendiera bonos del Tesoro para defender su moneda, presionaría al alza los rendimientos y las tasas de interés estadounidenses, que ya están muy presionadas por preocupaciones fiscales y la incertidumbre sobre la Reserva Federal. Por último, un yen débil encarece para las empresas japonesas el financiamiento de los 550 mil millones de dólares de inversión en Estados Unidos, pactados en 2025, lo cual es una prioridad de Donald Trump. 

Un gobernador acorralado

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 3 de agosto de 2026.]

Durante la reunión de política monetaria de la semana pasada, la máxima autoridad del banco central enfrentó una presión inusual dentro de su propio comité. Algunos miembros discreparon de sus planteamientos y votaron a favor de un aumento de 25 puntos básicos de la tasa de referencia, un ajuste que entienden necesario para frenar una inflación que continúa muy por encima de la meta anual.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), anunció el pasado miércoles que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) había optado por mantener la tasa de política monetaria en el rango del 3.5% al 3.75%. La decisión no sorprendió a nadie, puesto que el mercado ya anticipaba que se mantendría sin cambios en la reunión de julio, aun cuando algunos miembros —considerados halcones monetarios— abogaban por una postura más restrictiva. 

La sorpresa se produjo por las declaraciones de Warsh en la rueda de prensa vespertina tras la reunión del FOMC. En esa comparecencia no se ofreció una explicación convincente sobre los motivos de mantener sin cambios la tasa de política. Apenas se insinuó que el aumento de la tasa de interés de referencia podría ser innecesario debido a la reciente subida de los rendimientos de los bonos, pues, al encarecer el endeudamiento, se reducirían la demanda agregada y el ritmo de variación de los precios. 

Ese razonamiento presenta una falla. Si el repunte de los rendimientos obedeciera a una genuina restricción monetaria, supondría una buena noticia para enfrentar la inflación. Sin embargo, el mismo comportamiento también puede reflejar que el mercado exige una prima mayor por inflación futura ante la idea de que la Fed carece de un compromiso férreo para contener la inflación, ya que esta permanece desde marzo de 2021 por encima de la meta del 2%. En consecuencia, mientras la Fed no envíe, mediante su tasa de política, un mensaje contundente de que está dispuesta a luchar con firmeza y en un plazo breve por la estabilidad de precios, resultará muy difícil alcanzar ese objetivo.

El argumento anterior cobra mayor relevancia al tomar en cuenta que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, se situó en un 3.7% interanual a junio, un nivel muy por encima de la meta. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en el 3.3%.

Los citados registros de inflación son más preocupantes si se considera el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, según el cual la economía estadounidense —impulsada por el auge de la inversión en IA y por el alza de la riqueza financiera que sostiene el consumo privado— crecerá un 2.3% en 2026, con una tasa de desocupación cercana al 4.2%, un nivel casi de pleno empleo. Ante ese panorama de crecimiento robusto, mercado laboral ajustado e inflación muy por encima de la meta, todo apunta a que el mensaje de Warsh debió ser más restrictivo. Por ello resulta comprensible que tres de los doce miembros del FOMC hayan votado a favor de un aumento de 25 puntos básicos de la tasa de interés.

Los presidentes Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) y Lorie Logan (Dallas) sostienen que la persistencia de la inflación justifica el aumento de las tasas de interés antes de que sea demasiado tarde y costoso. En particular, Kashkari se muestra dispuesto a apoyar no solo uno, sino varios ajustes de la tasa de interés con el fin de evitar que la inflación se afiance con más intensidad. Incluso señala que “la política monetaria tiene un rol importante para abordar una serie de sucesivos choques de oferta que podrían conducir a una inflación arraigada.” Asimismo, Hammack afirma que los incrementos de precios continuarán a menos que la Fed inicie su apriete monetario. Logan, a su vez, tras reconocer que cada mes de inflación por encima del objetivo erosiona el bienestar de las familias estadounidenses, advierte que “una acción modesta a corto plazo reduciría la probabilidad de que sea necesario tomar medidas contundentes más adelante.” 

A la fecha, el mercado prevé con una probabilidad de un 66% que el FOMC autorice en septiembre un aumento de 25 puntos básicos, lo cual sugiere que el número de partidarios a favor del ajuste lograría la mayoría necesaria para aprobarlo. El mercado asigna, además, una probabilidad de un 58% a que en enero de 2027 se realice otro incremento de magnitud similar. Si la cotización del crudo vuelve a superar los 100 dólares por barril y los precios de sus derivados exhiben una trayectoria similar, aumentará la probabilidad de que en septiembre se inicie el ciclo de incrementos de la tasa de política.

El error de Warsh, al desconectar su discurso de la acción que se requiere para frenar la variación de precios, provocó un incremento importante en las tasas de rendimiento de los títulos del Tesoro de largo plazo. Ese salto ocurrió después de la rueda de prensa, lo cual revela que no se trata de un endurecimiento genuino de las condiciones financieras, sino de una mayor compensación que exige el mercado ante la falta de resolución de la Fed para controlar la inflación. En otras palabras, el mercado prevé que la inflación se mantendrá alta y lejos de la meta por más tiempo de lo necesario. La tasa de interés de los títulos del Tesoro con vencimiento a 30 años subió a un 5.28% —el nivel más elevado en casi veinte años— y la tasa de rendimiento de las Notas a 10 años superó el 4.74%.

La evidencia empírica rigurosa y la teoría económica sólida terminan por acorralar y someter a la obediencia a los gobernadores de bancos centrales que se distancian excesivamente de la regla de política monetaria óptima. La corrección de rumbo —en este caso, hacia un territorio más restrictivo— es fundamental para fortalecer la credibilidad del organismo emisor y mantener el anclaje de las expectativas de inflación. De lo contrario, la sociedad paga el costo de la ineficiencia con la pérdida de su poder adquisitivo y el deterioro de su bienestar. 

Un Banco Central divorciado

[Escrito el 31 de julio de 2026]

El análisis de la decisión del Banco Central de mantener la tasa de política en 5.25% permite concluir que su principal instrumento de política no refleja las condiciones reales del mercado monetario. 

Dado que la tasa real neutral se estima en 1.5% y la inflación esperada a doce meses es 4.6%, la tasa neutral nominal se ubica en 6.1%. Esto significa que la tasa de política está 85 puntos básicos por debajo de la neutral; es decir, la postura de política monetaria, en términos de la señal de la tasa de referencia, es técnicamente expansiva, no neutral ni restrictiva.

Ese resultado contrasta con lo que ha ocurrido en el mercado. Entre diciembre de 2025 y julio de este año, la tasa interbancaria subió 72 puntos básicos hasta 7.78%. Asimismo, la tasa de interés pasiva subió 123 puntos básicos y se colocó en 7.31%. Ello significa que, mientras la autoridad monetaria mantiene una señal expansiva, el mercado opera en condiciones de liquidez más restrictivas.

Es posible que las brechas entre la tasa de política y las del mercado reflejen presiones de liquidez bancaria, expectativas de depreciación del tipo de cambio, o desconfianza del mercado en que la inflación converja a la meta, lo cual llevaría a los agentes a exigir primas más altas independientemente de la señal del Banco Central. Ante esa realidad, el Banco Central debe tomar medidas de liquidez, mediante la acumulación de reservas internacionales netas, que hagan compatible las tasas de mercado con señal de la tasa de referencia.   

La Fed apretará en septiembre

[Escrito el 28 de julio de 2026] 

El Comité Federal de Operaciones de Mercado de la Reserva Federal se reúne esta semana para decidir si sube o no la tasa de interés de política monetaria. Según lo previsto por el mercado, lo más probable es que, a pesar de los recientes movimientos de los precios de los combustibles, en esta reunión de julio la tasa de referencia se mantenga dentro del rango actual que va del 3.50% al 3.75%.

En septiembre, sin embargo, se prevé, con una probabilidad de un 56%, que la Reserva Federal encabezada por Kevin Wrarsh aumente su tasa de interés en 25 puntos básicos y establezca un nuevo rango del 3.75% al 4%. La persistencia de la inflación, que en junio se situó en un 3.5%, y un mercado laboral que exhibe una tasa de desocupación de un 4.2% —nivel cercano al pleno empleo—, justifican el alza de la tasa de interés de la Fed. 

Por otro lado, la semana pasada el Banco Central Europeo, tal como se había previsto, mantuvo en 2.25% su tasa de referencia. Hay que destacar que en la reunión de política el lenguaje adoptado por las autoridades europeas fue restrictivo, dada la mayor incertidumbre asociada con la escalada del precio del crudo. A la fecha, el mercado proyecta, con una probabilidad de un 89%, que en septiembre se apruebe un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés del Banco Central Europeo. 

Ese entorno monetario, establecido por los dos principales bancos centrales del mundo, definirá el grado de libertad del Banco Central de la República Dominicana en el último cuatrimestre de 2026. Tomen nota. 

Los combustibles reaccionan a los cañonazos

[Escrito el 27 de julio de 2026]

El precio del petróleo registró una significativa caída, después de que Estados Unidos e Irán suspendieran sus ataques mutuos tras dos semanas de escalada en torno al estrecho de Ormuz. Durante la mañana, el precio del crudo Brent retrocedió un 8%, hasta el entorno de los 89 dólares por barril, nivel mucho menor que los 100 dólares alcanzados la semana pasada. Por su parte, el precio del crudo WTI cayó más de un 6% y se situó en menos de 84 dólares. 

La reacción del mercado refleja el alivio inmediato ante la pausa militar. Estados Unidos ha suspendido sus ataques aéreos e Irán no ha atacado bases estadounidenses desde el viernes, mientras mediadores internacionales continúan las negociaciones. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, señaló que Trump está "dando espacio" a las conversaciones antes de decidir si reanuda los ataques.

Los expertos advierten que la reducción de precios podría ser más psicológica que estructural. La realidad es que el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial— sigue casi cerrado al tráfico comercial, y que las tensiones entre los hutíes yemeníes y Arabia Saudita añaden un riesgo adicional en el mar Rojo. Una tregua en los combates no significa la normalización del transporte marítimo, por ello, así como bajó el precio del crudo en la mañana, de hoy con la misma intensidad podría subir ante el primer cañonazo.