[Escrito el 12 de abril de 2021]
A finales de marzo el presidente Abinader
anunció que, a partir del 6 de abril, se iniciaría un plan de desarme de la
población. Específicamente, se indicó que el gobierno ejecutará un programa de
compra de armas ilegales que estén en posesion de los civiles con el objetivo
de reducir los eventos violentos a mano armada.
La pregunta clave es, ¿cuál es el precio de
mercado de esas armas ilegales? Un poco de análisis económico, como el que
enseñó Gary Becker en la Universidad de Chicago, puede ser útil para entender
las perspectivas de éxito de ese plan de desarme.
Tómese el caso de un delincuente. Ese individuo
utiliza su arma ilegal para llevar a cabo sus actividades de robo que le generan
un determinado flujo de ingresos. Esa información permite señalar que el precio
del arma en manos del delincuente es el valor presente del flujo de ingresos
que le genera hoy y en el futuro esa actividad criminal.
Para calcular el valor presente de ese flujo de
ingresos, que significa traer a la fecha actual el flujo de ingresos que se
espera ganar ese delincuente realizando robos en el futuro, se necesita
determinar la tasa de descuento. Esa tasa es igual a la suma de la tasa de
interés que pagan los instrumentos financieros, como un certificado de ahorro,
y la prima de riesgo que implica ser detectado y atrapado por la policía o por
otro civil que también posea un arma de fuego, sea legal o ilegal, y que tenga
la valentía suficiente para enfrentarlo exitosamente. Esto significa que la
tasa de descuento aumenta si se incrementa el riesgo de ser atrapado y,
obviamente, sancionado. Si la probabilidad es baja, entonces la tasa de
descuento también lo es.
A menor tasa de descuento, mayor valor presente
tendrá el flujo de ingresos que obtendrá el delincuente y, por lo tanto, mayor
valor le asignará a su arma de fuego que porta ilegalmente. Si la probabilidad
de ser detectado y sancionado es baja, el delincuente portador de un arma
ilegal solicitará un precio muy por encima del que estará dispuesto a pagar el
gobierno. El resultado final es que no se realizará la transacción y el
delincuente no entregará su arma que le sirve para realizar sus crímenes. [En caso de que el delincuente entregue algún arma, seguro que se trata de simple chatarra.]
Quienes sí pudieran entregar sus armas serían
las personas que no son delincuentes, a menos que le asignen un valor elevado a
la utilidad que le genera estar armado para defenderse de los delincuentes.
Aquí cabe recordar a nuestro admirado Freddy Beras Goico, quien se negaba a
entregar su arma de fuego, pues él la consideraba como un instrumento clave
para defenderse en caso de que un criminal entrase en su residencia. Así las
cosas, pienso que el plan de desarme de Abinader está condenado al fracaso.
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