[Escrito el 27 de enero de 2021]
El 7 de enero de este año comenté que el
gobierno del presidente Luis Abinader había decidido crear el Programa de
Cumplimiento Regulatorio con el objetivo de mejorar la capacidad de ejecución
del gasto público. En ese momento señalé que el corazón de ese programa es la
designación en cada institución pública de un oficial de cumplimiento de los
procedimientos de compras y contrataciones, quien dependerá únicamente de la
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Pienso que esa persona, si
es bien seleccionada, será clave para el desempeño de los procesos de compras
del Estado.
El anuncio que ese día realizó Carlos Pimentel,
director de Contrataciones Públicas, ya es una realidad. El 21 de enero pasado el
presidente Abinader dictó el decreto No. 36-21 que crea el Programa de
Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, el cual se
desarrollará bajo estándares internacionales ISO de gestión y cumplimiento y
antisoborno. De acuerdo con ese decreto, el objetivo de ese programa es
“impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento regulatorio e
irregularidades administrativas…para garantizar una mayor eficiencia y
efectividad en el uso de los fondos públicos.”
Me imagino que el oficial de cumplimiento que
enviará la DGCP a la unidad de compra de cada entidad pública, ayudará a que éstas
puedan realizar eficientemente sus compras y contrataciones. Espero que ese
Programa de Cumplimiento facilite que, por ejemplo, el INESPRE pueda adquirir
alimentos de manera oportuna, cumpliendo cabalmente con lo establecido en la
Ley 340-06. Esto tiene una gran importancia, pues se requiere que el INESPRE,
que se está convirtiendo en la principal política de intervención del gobierno
en el mercado de alimentos, pueda influir no sólo en el precio de la carne de
pollo, sino también sobre los precios de otros productos de la canasta básica.
Les deseo mucha suerte en la ejecución de ese
Programa de Cumplimiento.
Quiero cerrar este comentario con una
recomendación al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Los documentos a la
firma del presidente Abinader deben ser revisados con mucho cuidado. El decreto
No. 36-21 tiene 43 faltas ortográficas, la mayoría sencillas, pues se trata de
la ausencia del acento o tilde, por lo cual asumo que no fue revisado. Con eso
termino.
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