[Escrito el 5 de enero de 2021]
En la República Dominicana, la lucha contra el
Covid-19 la ha llevado principalmente la clase media, que ha sido el segmento
de población que mejor ha respetado el toque de queda. Esa afirmación se
demuestra fácilmente. En los barrios pobres y vulnerables ha habido un
desbordamiento de la población en actividades que se celebran en las calles,
incluso durante las horas de toque de queda. Los ricos se han ido a las zonas turísticas
a disfrutar sus fiestas navideñas, donde hubo pocas limitaciones a su movilidad
e intercambio social. En contraste, la mayoría de la clase media se quedó en
sus casas, respetando el toque de queda. La aceleración del ritmo de contagio
es el resultado de un comportamiento irresponsable de gran parte de la
población.
La pandemia del Covid-19 deterioró
significativamente las finanzas públicas. Se estima que el déficit del sector
público no financiero del año pasado cerró en el entorno del 9% del PIB, nivel
que se explica por el aumento de los gastos de ayuda social y por la disminución
de los ingresos tributarios. Esos gastos sociales beneficiaron principalmente a
los segmentos más vulnerables de la población. De hecho, se estima que, con
esos programas, el gobierno del presidente Medina evitó que más de 700 mil
personas cayeran a condiciones de pobreza.
Lamentablemente, la restricción presupuestaria
intertemporal obligará a la ejecución de una reforma fiscal, cuyo principal
elemento será una reforma tributaria, que eleve en cuatro puntos del PIB los
ingresos del gobierno. Aquí cabe preguntar, ¿cómo se distribuirá la carga
correspondiente a esas nuevas recaudaciones?
Los pobres y vulnerables, alrededor del 50% de
la población, tienden a ser protegidos mediante el aumento del gasto social en
especie, como educación, salud, y mayores transferencias en efectivo,
condicionadas y no condicionadas. Esto significa que, en términos netos, es muy
probable que paguen poco de la reforma fiscal.
Los ricos, alrededor del 4% de la población,
son los más beneficiados de las exenciones y del gasto tributario en general,
por lo cual es muy probable que busquen mecanismos para achicar la parte de la
variación de la presión tributaria que le corresponda pagar.
Lo anterior implica que, la clase media,
alrededor del 46% de la población, será la que tenga que pagar la mayor parte
de la factura correspondiente al incremento de impuestos, que llevará a cabo el
gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19 y recuperar la sostenibilidad
de las finanzas públicas.
¿Estará dispuesto el Congreso Nacional a aprobar
una reforma tributaria que recaiga principalmente sobre la clase media? Si no
lo está, es muy probable que no haya reforma fiscal y que el déficit siga
alimentando la deuda pública, que ya supera el 70% del PIB. Ese posible evento
es muy preocupante.
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