[Escrito el 15 de enero de 2021]
El 22 de diciembre de 2020 comenté, basándome
en las declaraciones de dos funcionarios del gobierno del presidente Abinader, algunos
aspectos de la reforma tributaria que pudiera ser aprobada en los próximos
meses. Hoy, voy a profundizar un poco más, utilizando los recientes planteamientos
del viceministro de Economía, Pavel Isa Contreras sobre la reforma fiscal.
De acuerdo con Pavel Isa existe un consenso de
que urge un pacto fiscal que tenga varios principios fundamentales.
El primer principio es que haya una mejor
calidad del gasto y una mayor rendición de cuentas y transparencia. Eso es muy
positivo, pues evitaría que se repita la entrega de recursos como lo ocurrido
con la donación de 100 millones de pesos a un grupo selecto de artistas. En el
programa de gobierno del PRM se indicó que, con un buen manejo del Estado, se
podría reducir en 129 mil millones de pesos el gasto público.
El segundo principio es que genere suficientes
recursos para enfrentar los desafíos del desarrollo. Asumo que con esto se
refiere a una reforma que eleve la presión tributaria en, por lo menos, cuatro
puntos del PIB. Esto es clave para lograr la sostenibilidad de la deuda
pública, la cual se ha incrementado en miles de millones de dólares entre
septiembre y enero de 2021, al emitirse más de 6,300 millones de dólares en
forma de bonos soberanos.
El tercer principio es la equidad distributiva.
Según Pavel Isa, los pobres deben ser beneficiarios netos de la reforma fiscal
y los más ricos deben ser los que paguen más. Esto se puede lograr mediante la
política de transferencia de recursos, a través del Prosoli, a los segmentos
pobres y vulnerables que compensen cualquier aumento de los impuestos
indirectos que se lleve a cabo. Dice el viceministro de Economía que hay que
caerle atrás a los ingresos y patrimonio de los ricos, por eso recomienda
mayores impuestos directos sobre ese segmento de la población.
El cuarto principio, aunque no lo identificó
por su nombre, es el de la eficiencia. Pavel Isa piensa que solo deben
permanecer las exenciones que tengan un beneficio social. Esto sería
interesante, pues eliminaría distorsiones y despilfarro de recursos públicos.
Sería interesante preguntar si se propondrá una modificación a la legislación
de zonas francas o de otras leyes de incentivo tributario.
Los mercados de capitales esperan que la
reforma fiscal sea aprobada en los primeros meses de este año. Eso es clave
para la sostenibilidad de la deuda pública y, en consecuencia, de la
disponibilidad de financiamiento internacional, que ha sido fundamental para mantener
la estabilidad macroeconómica en tiempos del covid-19.
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