[Escrito el 22 de diciembre de 2020]
Dos de los principales funcionarios del
gobierno del presidente Luis Abinader declararon hace unos días que a
principios de año se comenzará a discutir la reforma fiscal, con el objetivo
revisar la estructura tributaria del país.
El gobierno cierra este año con el mayor
déficit público de la historia reciente dominicana. Las finanzas gubernamentales
arrojarán un déficit de 9.3% del PIB y se espera que el año que viene registre
un déficit de un 5% del PIB, aun cuando la Administración de Abinader estimó
que sería de un 3% del PIB. Esa terrible situación fiscal obliga a las
autoridades a tomar medidas que reduzcan el déficit.
El ajuste debe ser no menor de 4 puntos del
PIB. Esto equivale a un monto de alrededor 180 mil millones de pesos, que
deberá alcanzarse mediante la reducción del gasto y/o el aumento de las
recaudaciones.
El programa de gobierno del PRM establece que se
pudiera reducir el gasto en, al menos, 129 mil millones de pesos. Eso significa
que sólo sería necesario aumentar las recaudaciones en 50 mil millones de
pesos, equivalente a un 8% del nivel de ingresos tributarios presupuestado para
2021. No obstante, si el gobierno fracasa en su intento de reducir el gasto
público y debe recaudar esos 180 mil millones de pesos, eso equivaldría a un
aumento de los ingresos tributarios equivalente a un 30%. Esa variación
obligaría a una mega reforma tributaria.
Lisandro Macarrulla, ministro de la
Presidencia, ha señalado que el gobierno gravará a sectores que no están
gravados. Eso significa que se desmontarán exenciones e incentivos tributarios
que benefician a consumidores y a empresas, y que representan un gasto
tributario en el entorno del 5% del PIB. Esto implica la ampliación de la base
del Itbis, la reducción del límite exento del impuesto sobre la renta de
personas físicas, la disminución de los incentivos a zonas francas y turismo,
entre otras medidas. Asimismo, me imagino que Macarrulla se refiere también a
que reducirán significativamente la evasión impositiva que afecta
principalmente al impuesto sobre la renta y al Itbis, haciendo que los
informales se formalicen.
José Paliza, el ministro Administrativo de la
Presidencia, declaró que su gobierno ejecutará una reforma fiscal integral
similar a la que ejecutó el presidente Balaguer entre 1990 y 1992. Ese es un
buen objetivo, aunque es una meta difícil de alcanzar debido a que, a
diferencia de Balaguer, este es un gobierno muy mediático que terminará aprobando
una reforma condicionada a los intereses económicos y a lo que se diga en las
redes sociales y medios de comunicación. El mismo Paliza afirmó que la reforma
integral “no puede ser impuesta, sino que tiene que ser el producto de una gran
conversación entre todos los sectores, tanto en el ámbito público como
privado.”
Así las cosas, le deseo mucha suerte al
presidente Abinader, para que pueda ejecutar una reforma tributaria que sea no
distorsionante de las decisiones de ahorro, trabajo e inversión, y pagada principalmente por los más ricos del país.
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