jueves, 12 de enero de 2012

Elecciones y finanzas públicas


             La semana pasada escribí que el gobierno está preparando una reforma tributaria. El Senador Tommy Galán, Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas del Senado,  en un arranque de sinceridad corroboró mis afirmaciones sobre ese tema. Horas después lo negó como reacción a la fuerte reprimenda recibida de Temístocles Montás, Ministro de Economía, y de Reinaldo Pared, Presidente del Senado.     

            Para minimizar el costo político de que se haya confirmado que la presente administración planea realizar esa reforma, el gobierno aplicará una amnistía tributaria entre febrero y marzo. En efecto, tenemos información de que el Ministerio de Economía está discutiendo con la Dirección General de Impuestos Internos los términos de esa amnistía.

            El objetivo de esa medida sería ganarse el apoyo de contribuyentes con problemas impositivos. La misma abarcaría el impuesto sobre la renta y el Itbis. En la DGII existe una gran cantidad de contribuyentes con problemas en sus declaraciones de Itbis por el uso de números de comprobante fiscal no autorizados por la Administración Tributaria. A ese grupo se le daría el beneficio de acogerse a la amnistía a cambio de un pequeño aporte porcentual de las ventas, todavía por definir.

            En las próximas semanas las autoridades también planean acelerar aún más el gasto público para promover al candidato oficialista. Se prevé acentuar el uso del financiamiento del Banco de Reservas, disfrazado como préstamos a suplidores y contratistas gubernamentales, para elevar el gasto público corriente y de capital. Ese mayor papel del Banco de Reservas se producirá por la negativa de la banca privada de continuar prestando a un gobierno que tiene un gigantesco desequilibrio financiero y que tiene el acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional en un limbo.

            La situación fiscal es crítica y se prevé un mayor deterioro. En el 2011, el déficit del sector público no financiero superó los 60 mil millones de pesos, presionando las reservas internacionales, las tasas de interés, el tipo de cambio, los precios y el nivel de empleo. En este proceso electoral se pronostica que el déficit público aumentará todavía más. Ante esa situación el gobierno debería aplicar una política de austeridad en el gasto público, pero prefiere aumentar la carga tributaria sobre la población. Y ya se sabe cuándo se hará esa reforma tributaria: después de las elecciones.
             

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