La recesión femenina provocada por el covid-19

 [Escrito el 30 de marzo de 2021]

La recesión provocada por el covid-19 impactó más negativamente a las mujeres. A nivel internacional y en el caso dominicano se observa que la caída de la actividad económica redujo el empleo y el ingreso femenino de manera más acentuada.

En un estudio publicado en marzo de este año por un grupo de profesores estadounidenses y europeos, [Alon, Coskun, Doepke, Koll, Tertilt (2021)] se verificó que, a diferencia de otras recesiones, la contracción generada por la pandemia del covid provocó una mayor caída en el empleo del segmento femenino. Entre las causas que explican ese comportamiento del mercado laboral se encuentran: la composición del empleo por actividad productiva, el tipo de ocupación, y las necesidades de cuidado y alimentación de los hijos durante el cierre de las escuelas. Asimismo, se observa una reducción de la productividad laboral de la mujer que trabaja desde la casa, pues tiene que dedicar una mayor cantidad de horas al cuidado y alimentación de sus hijos. 

En la República Dominicana, el covid-19 provocó en 2020 una variación del PIB de -6.7%. La consecuencia inmediata del retroceso de la actividad económica fue la destrucción de empleo. De acuerdo con las estadísticas recopiladas en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, al comparar el trimestre octubre-diciembre de 2019 con el de 2020 se observa que el empleo descendió en un 6.4% en ese año; esto equivale a decir que 301,588 personas perdieron su puesto de trabajo.

Al descomponer por sexo se observa que la mujer ha sufrido más en términos laborales. La destrucción de empleo femenino durante 2020 fue de 9.1%, mientras que el empleo de los hombres se redujo en 4.5%. Esto significa que en ese año 176,344 mujeres fueron despedidas o abandonaron su trabajo, mientras que 125,244 hombres perdieron su fuente de ingreso laboral.

Del total de mujeres que perdió su empleo, el 33.1% corresponde a profesionales e intelectuales y, por nivel educativo, el 48.1% de las que perdieron el empleo son universitarias, lo cual implica una destrucción importante de valor agregado y caída de productividad media a nivel nacional.  Ambos porcentajes son superiores a los que registraron sus pares masculinos, de manera que la crisis provocada por la pandemia tuvo un mayor costo económico para las mujeres.

Los datos revelan que la pandemia provocó el despido de servicio doméstico, al caer en un 15.2% el empleo de la mujer que se dedica a esas actividades. Debe destacarse que el despido de esa mano de obra tiene dos efectos sobre el bienestar femenino. Uno directo porque la mujer que trabajaba en esas actividades perdió su empleo e ingresos. Y otro indirecto, porque cuando se pierde ese servicio se deben redistribuir las tareas típicas del hogar entre hombres y mujeres, y es muy conocido el hecho de que esa distribución está sesgada hacia la mujer.

En resumen, al igual que ocurrió en otros países, la recesión generada por la pandemia del covid-19 provocó un mayor daño laboral y económico a la mujer, que, en el caso dominicano, es el factor de producción disponible en el mercado laboral con mayor nivel educativo.

El ataque contra Punta Catalina sigue

[Escrito el 29 de marzo de 2021

Este fin de semana continuó el ataque contra la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Tal como señalé el martes 23 de marzo, el escuadrón de la destrucción de esa central, encabezado por Antonio Almonte, intensificaba su ataque desde el flanco ambientalista. El pasado sábado se reunieron en Baní representantes del Ministerio de Energía y Minas, legisladores y autoridades provinciales para, después de criticar la contaminación de esa central, acordar su conversión de carbón a gas natural. Esto confirma que el objetivo es crear las condiciones necesarias para venderla a precio de vaca muerta.

La evidencia internacional revela que la conversión de una central de carbón a gas natural se justifica luego de 40 años de operación y si se tiene acceso a gas a precios competitivos. Después de ese período, con equipos depreciados y obsoletos, se puede pensar en realizar cambios de tecnología que permitan una transformación sustancial con relación a lo inicialmente instalado. En ese caso, la nueva inversión a ser realizada, después de que se haya depreciado su valor inicial, pudiera ser menor al valor presente del flujo de ingresos nuevos que se obtendrían después de la conversión, lo cual justificaría el cambio de tecnología en términos financieros.

En contraste, si la conversión se realiza en los primeros años de operación de la central, cuando todavía no se ha recuperado la inversión inicial, el valor presente del flujo de efectivo futuro será inferior a la suma de la inversión inicial a carbón más la inversión correspondiente a la conversión a gas natural. Para que se justifique financieramente la conversión a gas natural, la inversión inicial a carbón tendría que registrarse como un costo hundido para el Estado, lo cual implica vender esa central a precio de vaca muerta a la empresa privada que se comprometa a transformarla a gas natural.

La Central Termoeléctrica Punta Catalina es la energía eléctrica base más importante del país, teniendo la capacidad de suplir entre el 30% y 35% de toda la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). La estabilidad que brinda esa enorme capacidad de energía base permitió que se instalaran entre 2012 y 2020 alrededor de 600 MW en energía eólica y solar, la cual es intermitente y cuyo despacho no se puede programar. Asimismo, estimuló la conversión a gas natural de generadores de electricidad que por mucho tiempo operaron a diesel y redujo el precio de la electricidad en el mercado spot de 15 centavos a 7 centavos de dólar. Esa disminución del costo de la energía eléctrica ha permitido que el dinero que recibían los generadores ineficientes se quede en las arcas del Estado, posibilitando su uso para financiar nuevos proyectos de infraestructura y programas sociales a favor de los segmentos más pobres y vulnerables.

El pueblo dominicano debe defender a Punta Catalina. Alrededor del 40% de la generación eléctrica mundial se produce a base de carbón, equivalente a más de 2,700 unidades del tamaño de Punta Catalina. En Japón se están construyendo 22 nuevas centrales eléctricas a carbón, con tecnología moderna como la de Punta Catalina. Y el subproducto o ceniza que se produce anualmente es utilizado exitosamente en el sector de construcción japones, tal como es recomendado hacer aquí por los ingenieros Ramón Alburquerque y Osiris de León. Es lamentable que los intereses particulares se quieran imponer sobre el bienestar de toda la nación.  

El gran sobrecalentamiento

[Escrito el 26 de marzo de 2021]

En los Estados Unidos ya bautizaron la polémica sobre el impacto del plan de rescate de Biden como el debate del gran sobrecalentamiento. En un interesante artículo del New York Times, Neil Irwin le pregunta sobre este tema a un grupo de excelentes economistas y aquí les hago un resumen.

La inyección de 1.9 millones de millones de dólares a la economía, unido a estímulos previos aprobados a finales del año pasado, colocaría la demanda por encima de la oferta en algunos bienes y servicios. Esto implicará un aumento de los precios. En esa situación cabe preguntarse si ese incremento de precios será de una sola vez o si se registrarán variaciones adicionales hacia arriba.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y Gita Gopinath, del FMI, piensan que el aumento de precios no será significativo. El FMI estima que el paquete de estímulo de Biden provocará una tasa de inflación de 2.25% en 2022, lo cual es consistente con la política monetaria de la Reserva Federal que tiene una meta de inflación de un 2% y que, por lo tanto, no hay nada que preocuparse.

Quienes sí están preocupados por el posible sobrecalentamiento de la economía estadounidense son Larry Summers (Harvard), Olivier Blanchard (MIT) y Greg Mankiw (Harvard) De acuerdo con estos brillantes macroeconomistas, el plan de rescate de Biden es demasiado grande, por lo cual habrá un exceso de demanda agregada que puede colocar la tasa de inflación en niveles no sólo más elevados, sino que esas variaciones de precios pudiesen considerarse como la nueva normalidad y acentuar las expectativas de inflación por encima del 3% por varios años. Es lógico que esto presione hacia arriba los salarios, dificultando la creación de empleo.

Estos economistas señalan que mayores tasas de inflación actual y esperada pudieran traducirse en aumentos de la tasa de interés de los títulos de renta fija, como los bonos del Tesoro, y en el encarecimiento del endeudamiento público. La mayor tasa de interés impactaría desfavorablemente sobre la demanda de inversión y consumo de los agentes económicos privados. Janet Yellen, que fue la presidenta de la Reserva Federal, responde a esa incertidumbre señalando que el banco central tiene los instrumentos necesarios para asegurar la estabilidad de precios, en caso de que fuese necesario.

Cabe decir que en ese escenario de aumentos de tasa de interés se revertiría el ritmo de crecimiento económico, impactando desfavorablemente sobre el empleo. Tal como señala Summers, la experiencia enseña que ante el apriete monetario realizado en el pasado ha sido imposible tener un aterrizaje suave, lo cual significa recesión y desempleo.

En las próximas semanas les seguiré informando sobre ese gran debate. 

Política monetaria vs. política fiscal

 [Escrito el 25 de marzo de 2021]

Esta semana se registró un choque de trenes. El Banco Central y el Ministerio de Economía colisionaron por unas declaraciones del viceministro de Economía Pavel Isa Contreras, quien señaló al periódico Hoy que “la política monetaria se agotó en el país y ya no tiene más espacio para estimular la economía.” La respuesta del Banco Central vino del subgerente de Políticas Monetarias, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés, quien rechazó esas declaraciones y defendió la capacidad del organismo emisor de tomar medidas adicionales a favor de la recuperación económica.    

La credibilidad es el principal activo de la política monetaria para alcanzar y mantener la estabilidad de precios. Un entorno caracterizado por tasa de inflación cercana a la meta y con baja volatilidad permite decisiones de inversión y consumo compatibles con un mayor nivel de crecimiento económico sostenido. Hay que recordar que, en el caso dominicano, el 85% de la expansión del PIB se explica por las decisiones del sector privado. En consecuencia, una política monetaria es efectiva si lograr mantener las condiciones propicias para que los agentes económicos inviertan y consuman, expandiéndose el valor agregado, el empleo y el nivel de bienestar de la población.

La política monetaria se utiliza activamente cuando el nivel del PIB se encuentra por debajo del potencial o tendencial. En ese entorno macroeconómico se aplica una política monetaria expansiva, sea mediante la reducción de la tasa de interés de referencia o, cuando se agota el espacio para reducirla, mediante la aplicación de medidas monetarias no convencionales con carácter transitorio, que expandan la cantidad de medios de pago en circulación y estimulen la demanda agregada de bienes y servicios, tomando en consideración la restricción que establece el hecho de que el peso dominicano no es una moneda de reserva.

Dado lo anterior, hay que reconocer que la política monetaria ejecutada desde marzo de 2020 ha sido la adecuada, pues ha estimulado la economía y las expectativas de inflación se han mantenido ancladas en el entorno de la meta del 4%, tasa interanual que se pudiera alcanzar en un horizonte de política de 18 meses. Con extraordinaria rapidez se aprobaron en marzo pasado medidas de reducción de tasas de interés y de expansión de liquidez, por una suma que hoy ronda en el entorno de los 215 mil millones de pesos, que permitió un significativo incremento del número de préstamos a bajas tasas de interés en beneficio de los sectores productivos y las familias. Esto redujo el impacto negativo sobre el valor agregado, el empleo y la pobreza provocado por el confinamiento impuesto por las autoridades ante el avance del covid-19.

La recomendación de Pavel Isa de ejecutar una política fiscal expansiva debe ser escuchada por el propio gobierno, en particular por aquellos funcionarios que quieren ajustar las finanzas públicas vía reducción del gasto. A pesar de que en el presupuesto de 2021 se estableció un monto de gasto de capital superior a los 120 mil millones de pesos, en los primeros dos meses del año la inversión pública ha estado en el entorno de un 15% de lo presupuestado. Esto sugiere que el gobierno tiene problemas para ejecutar el gasto de capital. Por eso le recomendé hace meses al presidente Abinader que se haga aprobar una ley especial, con cuatro o cinco grandes proyectos de infraestructura, que le permita ejecutar 50 mil millones de pesos de forma acelerada. De lo contrario, el aporte de la política fiscal en el proceso de recuperación económica seguirá siendo muy reducido e irracionalmente procíclico. Ante esa situación macroeconómica, la única opción es seguir contando con la política monetaria.

Popularidad presidencial y reforma tributaria

[Escrito el 24 de marzo de 2021]

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomendó recientemente a los países de América Latina la implementación de reformas fiscales que permitan una recuperación sustentable post-covid. En el Informe Macroeconómico del BID se indica que los países con baja recaudación de impuestos deberían incrementar sus ingresos, sin afectar negativamente el crecimiento económico. Y recomienda que esos mayores ingresos se destinen a financiar proyectos con un elevado impacto social y económico, resaltando las obras de infraestructura que permitan la expansión equitativa de la economía digital.  

La experiencia en la economía política de reformas estructurales revela que el mejor momento para aprobar una reforma tributaria es cuando el presidente de una nación goza de buena popularidad. Visto el resultado del ranking Mitofsky, que coloca al presidente Luis Abinader como el mandatario con la segunda mayor tasa de aprobación en el mundo con 77%, solo superado por el presidente Nayib Bukele, que tiene un 84%, este es el momento óptimo para que el gobierno dominicano prepare y envíe al Congreso para su aprobación la reforma tributaria. Debe destacarse que, en el caso dominicano, la Consulta Mitofsky reporta los datos de la encuesta elaborada por el prestigioso Centro Económico del Cibao, propiedad de Leonardo Aguilera, actual presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV.

Tal como recomienda el BID, esa reforma tributaria, unida a la modernización de la política de gasto público, debe promover el crecimiento de los ingresos de los segmentos más pobres y vulnerables, creándole a ese segmento de población más oportunidades para obtener empleos mejor remunerados. Esto cobra una gran importancia si se toma en consideración que en el año 2020 se destruyeron más de trescientos mil puestos de trabajo, elevándose la pobreza en más de dos puntos porcentuales, equivalente a 268 mil nuevos pobres.

De acuerdo con declaraciones del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la reforma fiscal que ejecutará el gobierno de Abinader estimulará la economía. Espero que así sea, por lo cual pienso que seguirán al pie de la letra las recomendaciones que en vida realizó el brillante profesor de la Universidad de Harvard, Alberto Alesina, para lograr una austeridad expansiva que beneficie al pueblo dominicano.

Estoy plenamente convencido de que las calificadoras de riesgo, Moody’s, Fitch y S&P Global Ratings, estarán muy contentas con los resultados de la consulta Mitofsky-Aguilera, pues el elevado capital político que se le asigna al presidente Abinader, asegura la aprobación y aplicación exitosa de una reforma tributaria que reducirá el déficit fiscal y mejorará la sostenibilidad de la deuda pública. Ambos objetivos son clave para mantener el nivel de la calificación crediticia de la deuda del gobierno dominicano.

El escuadrón ataca desde el flanco ambientalista

 [Escrito el 23 de marzo de 2021]

El escuadrón de la destrucción de Punta Catalina ataca de nuevo. En esta oportunidad se ha cubierto del manto ambientalista para criticar el impacto de la generación eléctrica de esa poderosa central. La composición de las cenizas y las emisiones de material particulado por encima de lo esperado han sido dos frentes de ataque del escuadrón.

La semana pasada se puso a circular un informe, elaborado por un profesor y un estudiante de la Universidad de Duke, que presenta la composición de la ceniza o subproducto de la combustión de carbón de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Ese informe indica que la ceniza de Punta Catalina tiene menos elementos tóxicos y no tóxicos que la ceniza del carbón de la cuenca de los Apalaches de los Estados Unidos, pero al compararse con el suelo común, ambas cenizas tienen más elementos. Asimismo, el lixiviado creado a partir de ambas cenizas tiene más trazas de elementos que el agua de tomar. Y se concluye que se debe evitar que ese lixiviado se filtre al subsuelo. Afortunadamente, el depósito de cenizas de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se diseñó y construyó bajo los estándares de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC por sus siglas en inglés), por lo cual no hay peligro de que el lixiviado contamine las aguas subterráneas.

Por otro lado, el escuadrón de la destrucción de Punta Catalina, luego de despedir a la encargada del sistema de control de calidad de aire (AQCS), ha dejado de dar el mantenimiento adecuado a ese sistema, que en cuanto a material particulado tiene la capacidad de operar con emisiones menores a 30mg/Nm3.

Lamentablemente, la actual administración ha permitido que las emisiones de material particulado estén muy por encima de los niveles registrados en el pasado. Al ver un video de la chimenea antes del 16 de agosto de 2020, en la cual se operaba con un criterio de protección medioambiental, no se observa ningún tipo de emisión, ni humo blanco ni oscuro. Sin embargo, en un video tomado el 22 de marzo de 2021 se observan emisiones de humo que inicialmente era blanco y días después se ha ido tornando más oscuro, lo cual revela emisiones de cenizas muy por encima de los límites. Ese volumen de emisiones, además de tener un impacto ambiental negativo, genera daños en los ductos, en los ventiladores de extracción de gases e incluso reduce la vida útil del ducto metálico que está en el interior de la chimenea. Para evitar esos daños, recomiendo a la presente administración de Punta Catalina realizar urgentemente una parada de la Unidad 1 de cuatro días para hacer el mantenimiento del AQCS correspondiente.  

Los comandantes del escuadrón de la destrucción de Punta Catalina han dejado deteriorar el sistema de captura de las emisiones con el objetivo de que se registren críticas de la comunidad y de los ambientalistas. La meta es lograr una decisión del Tribunal Superior Administrativo que detenga las operaciones de la central o, por lo menos, que la obliguen a bajar su nivel de operación, por ser “altamente contaminante.” De esa manera se creará la posibilidad de que otros generadores ineficientes puedan vender electricidad a mayores precios en el mercado spot. Y posteriormente venderán Punta Catalina a precio de vaca muerta, bajo el argumento de que el comprador privado la convertirá a gas natural. Esa estrategia es un abuso en contra del pueblo dominicano, que es propietario del principal activo del sector eléctrico nacional. 

Endeudamiento y valor de las empresas

 [Escrito el 22 de marzo de 2021]

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirmó en un reciente artículo que la opción de vender acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) después emitir bonos corporativos es peor que venderla a precio de vaca muerta. Esa afirmación es incorrecta y revela que desconoce los principios básicos de las finanzas corporativas.

En dos artículos publicados en 1958 y 1963, los profesores Franco Modigliani (MIT) y Merton Miller (UChicago), ganadores del Premio Nobel de Economía, desarrollaron el famoso teorema Modigliani-Miller sobre la irrelevancia de la estructura de capital, el cual permite demostrar fácilmente que el señor Almonte se equivoca nuevamente. Ese teorema establece que, dada la tasa impositiva, el valor de una empresa endeudada es igual a la suma del valor de la empresa no endeudada más el monto correspondiente al ahorro fiscal, que se crea al deducir los gastos por intereses del impuesto sobre la renta. Por eso recomiendan que las empresas operen con un nivel óptimo de endeudamiento. 

En términos generales, el valor de una empresa depende de su capacidad de generar ingresos a lo largo de los años. A mayor capacidad, mayor valor. Para sumar los ingresos que se obtendrán en un período de cuarenta años, como lo previsto para Punta Catalina, hay que ponderar cada peso futuro por un factor que recoja el riesgo de obtener ese ingreso en el futuro. Mientras más riesgoso y lejano en el tiempo se reciba un peso, menor valor actual tendrá.

Una empresa puede financiar sus activos con deuda o con patrimonio. La deuda puede ser un bono corporativo que paga una renta fija a los acreedores, le vaya bien o mal al negocio. En cambio, el patrimonio o capital propio consiste en acciones que generan una rentabilidad a favor de los accionistas si y solo si el negocio tiene beneficios. Dado que mayor riesgo implica mayor rentabilidad, la tasa de interés de la deuda, por ejemplo 6.9%, es menor que la tasa de rentabilidad requerida por los inversionistas para convertirse en accionistas, por ejemplo 15%.

La tasa de descuento que se utiliza para calcular a la fecha de hoy los ingresos que se obtendrán en el futuro es una combinación de la tasa de interés de la deuda neta de impuestos y de la tasa de rentabilidad del patrimonio. Si la empresa decide tener, por ejemplo, 70 de deuda y 30 de patrimonio, y la tasa del impuesto sobre la renta es igual a 27%, la tasa de descuento ponderada será igual a 8%, que es menor al 15% del costo del patrimonio.  Al reducirse la tasa de descuento ponderada de 15% a 8%, se llega a la conclusión de que el valor de la empresa que se endeuda es mayor que el valor de la empresa financiada 100% con patrimonio.

Punta Catalina, asumiendo una relación 70 de deuda y 30 de patrimonio, tiene un valor de mercado en el entorno de 2,600 millones de dólares. Por tanto, si el gobierno dominicano vendiese un 50% de las acciones recibiría en efectivo un total de 2,175 millones de dólares, que es la suma de 1,750 millones por concepto de bonos emitidos por la empresa y 425 millones de dólares por la venta del 50% de las acciones, equivalente a 126,150 millones de pesos. Cifra muy superior a los 87 mil millones de pesos presupuestados por el gobierno de Abinader como ingresos por la venta de activos eléctricos. Por tanto, esa opción es mucho mejor que venderla a precio de vaca muerta, como lo quiere el señor Almonte.

Almonte y el déficit de lectura comprensiva

 [Escrito el 19 de marzo de 2021]

Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, ha escrito un artículo en el cual reitera que las calderas de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) no pueden operar sostenidamente para producir el vapor necesario para generar 376 MW. Además, señaló que en el Anexo T del contrato de EPC firmado entre la CDEEE y el Consorcio constructor se establece que “por cada megavatio superior al valor neto garantizado en el contrato, la CDEEE deberá pagar un millón de dólares adicional como compensación a Odebrecht.” Y que, amparándose en el Anexo T del Contrato de EPC, la CDEEE acordó pagar 11 millones de dólares adicionales al Consorcio constructor.

Afortunadamente, las tres afirmaciones de Almonte son incorrectas.

El señor Almonte se empeña en seguir mintiendo sobre la potencia de Punta Catalina, a pesar de que Babcock & Wilcox, fabricante de la caldera, le aclaró en una carta enviada el 12 de febrero que, en base a los resultados de las pruebas de desempeño realizadas por McHale & Associates, sus equipos pueden generar el vapor suficiente para que los turbogeneradores produzcan 376 MW brutos. Específicamente, la Unidad 1 puede producir 345.586 MW netos y la Unidad 2 puede producir 347.677 MW netos, cifras que superan el nivel garantizado por el Contrato EPC que es de 337.39 MW netos.

Con relación al Anexo T del Contrato de EPC, parece ser que el señor Almonte no entendió su contenido, revelando un severo déficit de lectura comprensiva. En ese anexo se presentan las penalidades e indemnizaciones por incumplimiento de las pruebas de aceptación o desempeño. En el caso de la potencia neta, se indica que por cada MW de menor potencia alcanzada respecto del valor de garantía ofrecido por el Consorcio constructor (i.e., 337.39 MW), se le aplicaría una penalidad de dos millones de dólares.

El señor Almonte lo interpreta al revés, piensa que la CDEEE debe pagarle un millón de dólares por cada MW adicional y por eso concluye que “si como defiende Jaime la caldera tiene 376 MW bruto y 347 MW netos, entonces la CDEEE debía pagarle más de Diez millones extras a Odebrecht.” Esa afirmación es totalmente incorrecta. La CDEEE no tenía que pagarle, y no le pagó, un centavo más al Consorcio constructor por haber alcanzado una potencia neta superior al nivel garantizado por el contrato. Esto demuestra que Almonte yerra al decir que la CDEEE le pagó 11 millones de dólares adicionales al Consorcio, amparándose en el Anexo T del Contrato de EPC.

En marzo de 2020 se publicó en la prensa internacional y local que el gobierno dominicano había llegado a un acuerdo con el Consorcio constructor para finalizar la disputa pendiente. En el marco de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) de Nueva York, el gobierno logró reducir el monto de la disputa de 973.2 millones de dólares a 395.5 millones de dólares, de los cuales sólo tendría que desembolsar 59.5 millones de dólares.

El 20 de enero de 2020 se firmó la hoja de términos y condiciones para el acuerdo de resolución de la disputa, estableciéndose la forma en que se pagarían esos 59.5 millones de dólares, con el objetivo de asegurar la terminación y puesta en marcha de la Unidad 2. Específicamente, en la sección 9 de esa hoja se detallaron diez eventos activantes, cuyos montos agregados alcanzaban los 59.5 millones de dólares. Entre esos eventos se pueden citar: la sincronización de la Unidad 2; la operación de la unidad a una potencia igual o mayor a 200 MW por dos horas y dos molinos; y la operación de la unidad a una potencia igual o mayor a 376 MW por dos horas y tres molinos, entre otros. A este último evento se le asignó un pago de 11 millones de dólares, que es confundido por Almonte con lo que se establece en el Anexo T del Contrato de EPC, que son penalidades y no beneficios adicionales para el Consorcio.  

En resumen, el señor Almonte reitera su mentira sobre la potencia de las unidades, lo cual deja ver claramente su intención de destruir el valor de Punta Catalina mediante la reducción de su capacidad operativa, beneficiando a aquellos generadores privados ineficientes que les conviene que el precio en el mercado spot tenga un valor más alto.  

Sobre la recepción final de Punta Catalina

[Escrito el 18 de marzo de 2021]

El Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC por sus siglas en inglés) suscrito el 14 de abril de 2014 entre el gobierno dominicano, representado por la CDEEE, y el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella establece las condiciones para la recepción de las unidades de generación que componen la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).

Ese contrato deja claro que la recepción provisional es una condición necesaria, pero no suficiente para la recepción final. Esto significa que para que se apruebe la recepción final tienen que cumplirse otras condiciones muy estrictas.

El artículo 10.6 del Contrato de EPC establece las condiciones que deben cumplirse para la emisión del Certificado de Recepción Provisional Total, el cual permite que la CDEEE comience a operar comercialmente las unidades. Entre esas condiciones se encuentran: la ejecución de los trabajos de la unidad respectiva, incluyendo las instalaciones comunes; y la realización y aprobación de las Pruebas de Aceptación y Pruebas de Confiabilidad respectivas.

La realización exitosa de las pruebas de desempeño, realizadas por la empresa estadounidense McHale & Associates, y las pruebas de confiabilidad demostraron que las unidades estaban terminadas y aptas para operar de manera sostenida, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte del Contrato de EPC.

El 24 de abril de 2020 la CDEEE emitió el Certificado de Recepción Provisional de la Unidad 2 de CTPC. Esa autorización se condicionó al cumplimiento del programa de reparaciones pendientes, incluyendo la lista de faltantes del proyecto (punch list), y a la entrega del endoso de la garantía de vicios ocultos para ambas unidades de generación, tal como se establece en el Contrato de EPC.  

Lo anterior significa que, a pesar de haberse realizado ese día la transferencia de la operación desde el Consorcio a la CDEEE, el Consorcio tenía la obligación de completar, corregir, y reparar a su propio costo y a satisfacción de la CDEEE todos los elementos pendientes que fueron identificados por el personal técnico de ésta. Incluso se acordó que todo y cualquier error, defecto y/o daño adicional en las unidades traspasadas a la CDEEE que apareciera o resultase con motivo o en relación de cualquiera de los elementos pendientes también debía ser reparado por el Consorcio a su propio costo.

Asimismo, se acordó que todo y cualquier error, defecto y/o daño adicional que apareciera o se descubriese durante el período de garantía que resultase de o fuese causado por fallas de materiales, defectos en el diseño, fabricación, construcción, montaje e instalación, puesta en servicio u otras causas de responsabilidad del Consorcio debían ser reparados a su costo. No se incluyen los daños provocados por mala operación o falta de mantenimiento por parte de la CDEEE.

También se indica claramente que el Certificado de Recepción Final sólo se entregará cuando el equipo/componente de las unidades de generación de que se trate cumpla, a cabalidad, con todos y cada uno de los requerimientos que para dicho equipo/componente se consignan en el Contrato de EPC.  En caso de que el Consorcio no cumpla con la reparación de un determinado equipo, la CDEEE podrá realizar la reparación y descontar ese costo de cualquier dinero adeudado al Consorcio o podrá ejecutar las garantías disponibles a la fecha. 

El artículo 10.15 del Contrato de EPC establece que el Certificado de Recepción Final será entregado 30 días después de que concluya el año de garantía, sujeto a la potencial prórroga de éste que se consigna en la Sección 10.11.1(b) del citado contrato, y después de que todos los trabajos ordenados durante tal período hayan terminado a satisfacción de la CDEEE.  

Todo lo anterior demuestra que la pasada gestión de CDEEE/CTPC cumplió estrictamente lo establecido en el Contrato de EPC, con el objetivo de recibir una central eléctrica que opere de manera eficiente, segura y confiable en beneficio de todo el pueblo dominicano.

La carta de Babcock & Wilcox escondida por Antonio Almonte

[Escrito el 17 de marzo de 2021]

Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas del gobierno de Abinader, declaró el mes pasado que el fabricante de la caldera de la Central Eléctrica Punta Catalina le había informado que la potencia bruta de cada unidad es de 360 MW y no de 376 MW. El 8 de febrero le respondí que esa afirmación es, y sigue siendo, totalmente falsa y absurda.

Para sostener mi argumento utilicé los resultados del informe de McHale & Associates sobre las pruebas de desempeño de cada una de las unidades de Punta Catalina. Esa prestigiosa empresa estadounidense demostró, realizando las pruebas de acuerdo con las normas ASME PTC 46, que la Unidad 1 tiene una potencia neta de 345.586 MW y la Unidad 2 tiene una potencia neta de 347.677 MW, lo cual significa que la potencia bruta de cada unidad es superior a los 376 MW. También señalé que, Babcock & Wilcox, fabricante de la caldera, estuvo presente durante la realización de esas pruebas de desempeño.

Como prueba adicional de que el señor Almonte no dice la verdad, les informo que la empresa Babcock & Wilcox (B&W), fabricante de la caldera, envió el 12 de febrero de 2021 una carta a la CDEEE en la cual se indica que las calderas, que fueron certificadas bajo el código ASME, tienen la capacidad de suministrar el vapor necesario para que la turbina y el generador, ambos fabricados por la empresa estadounidense General Electric (GE), produzcan a una capacidad bruta de 376 MW. Con esa carta, Babcock & Wilcox me ha dado la razón en ese debate sobre el tamaño de las calderas.

El señor Almonte, en lugar de hacer pública la comunicación de B&W, la esconde y guarda silencio. Dado que este es el gobierno de la transparencia, le solicito formalmente al señor Almonte que haga pública esa carta y que se retracte de las afirmaciones que ha realizado sobre la capacidad de generación de Punta Catalina, puesto que las mismas disminuyen el valor de mercado de la principal fuente de electricidad del país.

Esa aclaración de Babcock & Wilcox, así como la realizada también mediante documentación de GE y de McHale, evitará que Almonte, jefe del escuadrón de la destrucción de Punta Catalina, opere las unidades por debajo de su potencia bruta de 376 MW, beneficiando a generadores privados ineficientes que producen electricidad a un costo marginal mucho más elevado que el de Punta Catalina. Energía que venderían en el mercado spot a un precio exorbitante, en detrimento de las finanzas públicas y de las reservas de divisas del Banco Central. 

Para terminar, quiero decirles que, entre el 2 de enero, fecha en que salió de operación la Unidad 2, y hoy, 17 de marzo, Punta Catalina ha perdido ingresos por casi 50 millones de dólares. Un resultado inaceptable.

Sobre el reporte de la ceniza elaborado por la Universidad de Duke

 [Escrito el 16 de marzo de 2021]

Ayer comenzó a circular en los medios y redes sociales un reporte elaborado por dos técnicos de la Universidad de Duke que contiene un análisis comparado de la ceniza, supuestamente proveniente de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, y la ceniza de la cuenca de los Apalaches de los Estados Unidos.

Las personas que enviaron a analizar esa ceniza, y que difundieron de manera tergiversada los resultados de la investigación, son las mismas que han atentado desde sus inicios contra la viabilidad de Punta Catalina, principal fuente de electricidad de la República Dominicana. En consecuencia, dado que en el reporte no se explica cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo para tomar la muestra de cenizas, no se puede dudar de que ese subproducto haya sido adulterado por esas partes interesadas. A pesar de esa duda, procedo a presentar los resultados del estudio de manera objetiva.

La primera conclusión, que ayer no fue mencionada en la nota de prensa que circuló, es que la concentración de diversos elementos metálicos en la ceniza de Punta Catalina es menor que la concentración en la ceniza proveniente del carbón de la cuenca de los Apalaches. La ceniza de Punta Catalina sólo tiene mayor concentración de calcio y boro que la ceniza de los Apalaches, lo cual se explica por la tecnología utilizada por Punta Catalina en su sistema de control de calidad de aire y captura de gases.

El informe también indica que la ceniza de Punta Catalina tiene menor concentración de elementos tóxicos que la ceniza del carbón de los Apalaches. En efecto, la muestra de ceniza de Punta Catalina presentó menor concentración de arsénico, selenio, molibdeno, antimonio y talio que el registrado en la ceniza del carbón de los Apalaches.

Al compararse con el suelo común, el resultado de ambas cenizas es que tiene una mayor concentración de todos esos elementos, tóxicos y no tóxicos. No obstante, resalta el hecho de que la ceniza de Punta Catalina tenga menor concentración de esos elementos tóxicos que su contraparte proveniente de los Apalaches.

El reporte indica que cuando se realiza el análisis en el Marco de Evaluación Ambiental de Lixiviación (LEAF, por sus siglas en inglés) se tiene como resultado que la ceniza de Punta Catalina tiene menor concentración de elementos en la prueba de lixiviado que la que tiene la ceniza de los Apalaches. Al comparar con el agua de tomar se llega a la conclusión de que en el lixiviado de ambas cenizas tiene un mayor contenido de metales. Eso es obvio. Todo lixiviado tiene una mayor concentración de elementos que los que tiene el agua de tomar.

Por último, el reporte recomienda que se gestione adecuadamente la ceniza de Punta Catalina para que el lixiviado no contamine las aguas subterráneas. Afortunadamente, el diseño del depósito de cenizas cumple con los estándares internacionales y está construido con diversos sistemas de protección del subsuelo que impiden que el lixiviado pueda llegar a las aguas subterráneas.

De esto se desprende que una buena gestión de ese depósito de cenizas, unido al uso de ese subproducto en el sector construcción, permite la operación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina de manera compatible con el medio ambiente, tal como fue previsto desde su concepción.

El escuadrón de la destrucción de Punta Catalina

 [Escrito el 15 de marzo de 2021. Publicado en Listín Diario 16 de marzo de 2021]

El ministro de Energía y Minas del gobierno de Abinader, señor Antonio Almonte, declaró el pasado fin de semana que no recibirá las dos unidades que componen la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por graves deficiencias de construcción, principalmente en sus calderas.

Esa afirmación es una falacia adicional del señor Almonte que se empeña en demeritar esa central eléctrica con el objetivo de reducir su presencia en el mercado eléctrico, lo cual favorecería a los generadores privados que venden en el mercado spot, y de crear las condiciones para venderla a precio de vaca muerta.

El desempeño de la Unidad 2 de CTPC entre abril (fecha de recepción de esa unidad) y diciembre de 2020 fue excelente. De acuerdo con los indicadores del Organismo Coordinador, la disponibilidad de esa unidad en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en ese período fue de un 96.2%.  Esa cifra está muy por encima del porcentaje de disponibilidad promedio de ese tipo de central que se encuentra en el entorno de 87%, lo cual demuestra que la caldera de la Unidad 2, al igual que la de la Unidad 1, fue correctamente construida y cumple con el código ASME, tal como fue certificada el 18 de junio de 2018 por sus fabricantes (la estadounidense Babcock & Wilcox) y la American Society of Mechanical Engineers.

El despido del superintendente de operaciones, del superintendente de mantenimiento, de la jefa del sistema de control de calidad de aire (AQCS), entre otros técnicos, realizado por el escuadrón de la destrucción de Punta Catalina conformado por la coalición Almonte y Canario, ha debilitado la capacidad de tomar decisiones oportunas que aseguren un buena operación y mantenimiento de esas unidades.

El pinche de la caldera ocurrido en enero de 2021 se pudiera considerar como una falla típica de centrales termoeléctricas nuevas, en sus primeros dos años de operación comercial. Diversos estudios que analizan el comportamiento de las calderas indican que por diversas causas ocurren entre dos y cuatro fugas al año, según sea el programa de mantenimiento y las buenas prácticas de operación.  Esa falla, a diferencia de las ocurridas en un generador, son consideradas de alta probabilidad y bajo impacto en horas fuera de servicio. Por lo general un pinche se puede reparar en un plazo comprendido entre 5 y 8 días. En el caso de la Unidad 2 de Punta Catalina, el manejo inadecuado de la unidad, que se mantuvo operando por varias horas después de que ocurrió el pinche, provocó que más de 30 tubos de la caldera fueran afectados. Si no se hubiese despedido a los superintendentes de operación y mantenimiento, quienes tienen más experiencia y liderazgo que cualquier otro técnico de la central, se hubiese detenido inmediatamente la operación y evitado el daño adicional en la caldera. Esto significa que la decisión de despedir a ese personal es la causa de que la Unidad 2 de CTPC haya estado fuera de servicio por más de dos meses.

El jefe del escuadrón de la destrucción de Punta Catalina, el señor Almonte, afirma que el pinche original de la caldera pudo deberse a que la unidad haya estado siendo operada a una capacidad por encima de lo adecuado. Cuando Almonte estaba en la oposición, asesorado por el señor Canario, señaló en diversas ocasiones que las unidades de Punta Catalina solo pueden ser operadas para producir a una potencia de 360 MW brutos y ahora, como ministro de Energía y Minas, sigue reiterando su mentira.  El 8 de febrero le indiqué a Almonte y al país que las pruebas de desempeño realizadas por la empresa estadounidense McHale Associates arrojaron como resultado que cada unidad tiene una potencia neta superior a los 345 MW, lo cual es compatible con una potencia bruta superior a los 376 MW. Para confirmar que Almonte se equivoca, la empresa Babcock & Wilcox, fabricante de la caldera, envió el 12 de febrero de 2021 una carta a la CDEEE en la cual se indica que las calderas tienen la capacidad de suministrar el vapor necesario para que la turbina y el generador, ambos fabricados por la empresa estadounidense General Electric (GE), produzcan a una capacidad bruta de 376 MW. Con esa carta, Babcock & Wilcox me ha dado la razón en ese debate sobre el tamaño de las calderas. El señor Almonte, en lugar de hacer pública la comunicación, la esconde y guarda silencio. Esa aclaración de Babcock & Wilcox, así como también de GE y de McHale, evitará que Almonte opere las unidades por debajo de su potencia de 376MW, beneficiando a generadores privados ineficientes que producen electricidad a un costo marginal mucho más elevado que el de Punta Catalina, energía que venderían en el mercado spot a un precio exorbitante, en detrimento de las finanzas públicas y de las reservas de divisas del Banco Central.  

Demostrado que la declaración de Almonte sobre el tamaño y calidad de las calderas de Punta Catalina es una falacia, paso a comentar un tema más importante y que él no ha querido revelar a la opinión pública. Durante el proceso de arranque de la Unidad 2, que según Almonte se llevó a cabo el 4 de marzo de este año, se detectó la presencia de cloruro de sodio en el agua de condensado. Esto significa que durante la operación de arranque pudo haberse producido una fisura en el condensador que permitió la entrada de agua de mar al circuito de alimentación de agua, lo cual es grave, pues la sal deteriora desde el interior la calidad de los tubos que lo componen. Desde ese momento la CDEEE ha estado tomando medidas, sin éxito todavía, para eliminar la presencia del cloruro de sodio en la caldera de la Unidad 2. Esto es un reflejo adicional de las consecuencias de haber despedido a personal clave en operación y mantenimiento de la central. Si el objetivo es destruir a Punta Catalina, el escuadrón que comanda Almonte ha demostrado ser el más calificado para hacerlo.

En sus más recientes declaraciones, el señor Almonte afirmó que hay que establecer responsabilidades de lo que ha pasado en Punta Catalina y estoy totalmente de acuerdo. Esto permitirá determinar que la gravedad de lo sucedido en la Unidad 2, en enero de este año, se debe a una incorrecta operación y deficiente mantenimiento registrado desde agosto del año pasado.  

Finalmente, es lamentable que uno de los activos estatales más valiosos con que cuenta la República Dominicana, con un valor de construcción de 2,454 millones de dólares, haya sido entregado por el presidente Luis Abinader a un equipo humano sin ningún tipo de calificación y experiencia en la operación y mantenimiento de una central con la tecnología avanzada que posee la Central Termoeléctrica Punta Catalina.  Estamos asistiendo a la destrucción gradual y sistemática de este valioso activo estatal, el cual, aparentemente, no tiene dolientes en el gobierno.  Mientras tanto, hay fiesta en el mercado spot, donde se brinda por el excelente desempeño que realiza el escuadrón de la destrucción de Punta Catalina.

Redefiniendo la pobreza en San Juan

 [Escrito el 15 de marzo de 2021]

Este fin de semana el presidente Abinader se trasladó a la provincia de San Juan a redefinir el concepto de pobreza. De acuerdo con un tuit que publicó ayer domingo, el 69% de la población de esa provincia “vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.” El ministro Administrativo de la Presidencia, José Paliza, publicó un tuit similar reiterando ese dato de la pobreza en San Juan.

Esto contrasta considerablemente con los datos oficiales de pobreza monetaria que publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y que constituyen la principal fuente para analizar la evolución de las condiciones de bienestar en la República Dominicana. En el boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria 2020, publicado por el Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza y colgado en el portal del MEPyD, se indica que para el cálculo de la pobreza y la desigualdad se utilizan los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) que levanta y procesa el Banco Central de la República Dominicana. Esa información permite estimar el nivel de ingreso de los hogares que, al compararse con una línea de pobreza que refleja el costo de una determinada canasta básica de bienes y servicios, permite determinar quiénes son pobres o extremadamente pobres.

De acuerdo con el citado boletín, la incidencia de pobreza oficial a nivel nacional en 2020 fue de 23.4%, cifra que incluye 3.5 puntos porcentuales de pobreza extrema. En la región Sur la incidencia de la pobreza se colocó en 28.8%; en el Este, 26.3%; Gran Santo Domingo, 24.3%; y Norte o Cibao, 18.3%.

Dado que la ENCFT no tiene representación estadística provincial, lo más que se pudiera decir es que, dado que la provincia de San Juan no es la más pobre del Sur, es muy probable que la incidencia de la pobreza en esa provincia esté ligeramente por encima del 30%. Esa cifra está muy lejos del 69% de la incidencia de pobreza que publicaron en Twitter el presidente Abinader y el ministro Paliza, y que sirvió para declarar en emergencia a la provincia de San Juan.

Aquí cabe aclarar que ese dato de 69% fue tomado de la ENHOGAR 2018, la cual es una encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples que proporciona información valiosa sobre las condiciones de vida de la población, pero no es la fuente utilizada para determinar desde el año 2000 la pobreza monetaria en el país. Así las cosas, cabe preguntarse si, después de los tuits de Abinader y Paliza, habrá un cambio en la metodología oficial de estimación de la pobreza a partir de 2021.   

El muro de Abinader

 [Escrito el 12 de marzo de 2021]

En su discurso del 27 de febrero frente a la Asamblea Nacional, el presidente Abinader señaló que construirá una verja o muro en la frontera. Esto revela un rompimiento con la opinión que en 2014 publicaron en las redes algunos de sus principales funcionarios y congresistas, quienes se opusieron a la construcción de ese muro afirmando que se trataba de una locura.

En la actualidad, el presidente y sus funcionarios defienden el muro argumentando que se necesita para detener el contrabando, el narcotráfico y la inmigración ilegal. En ese contexto, cabe recordar que el PIB per cápita de Haití equivale a un 15.6% del PIB per cápita nacional. Esa diferencia de ingresos constituye una poderosa fuerza de atracción de mano de obra haitiana hacia el mercado laboral dominicano.

Esto implica que, de ser eficiente, el muro de Abinader disminuirá el flujo migratorio desde Haití hacia la República Dominicana. El sector agrícola, incluyendo el corte de caña de azúcar, así como las actividades de construcción, turismo y comercio son los que absorben la mayor parte de la mano de obra haitiana, que llega de manera irregular al país. La presencia de mano de obra haitiana, al aumentar la oferta laboral, presiona hacia abajo el salario promedio de esas actividades. En consecuencia, se puede asumir que si el muro reduce los flujos migratorios se registraría un aumento del salario promedio que se paga en esas actividades productivas. Además, habría una tendencia hacia la mecanización o automatización de algunas de las tareas que en la actualidad son realizadas por mano de obra haitiana.

Debe destacarse que antes de que se eleve la tecnificación o capitalización de esos sectores productivos, la disminución de la mano de obra haitiana y el aumento del salario promedio implicaría un aumento de precios y una caída del nivel de beneficios que recibe el propietario del capital, sea el dueño de la finca o el ingeniero constructor. Esto significa que el Gini, que refleja la desigualdad de los ingresos laborales, disminuiría, aunque sea ligeramente, reflejando un aumento de la participación del salario en el valor agregado nacional.

En caso de que se construya ese muro, le recomendaría al presidente Abinader que se utilice como materia prima -mezclada con cemento- el subproducto de la combustión del carbón que se emplea para producir electricidad en el país. En diversos países ese material se utiliza en el sector construcción con excelentes resultados. El aprovechamiento de ese material reduciría el costo del muro de Abinader.

Sobre las variaciones de precios en la República Dominicana

 [Escrito el 11 de marzo de 2021]

El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, presentó un informe de precios de productos básicos tomados en diversos supermercados y mercados. De acuerdo con el ministro Bisonó, existe una elevada dispersión de los precios de productos alimenticios según una muestra tomada en 12 supermercados.

Esa dispersión -en establecimientos similares- refleja un aumento de la volatilidad de los precios de esos componentes de la canasta básica. En algunos establecimientos, sean supermercados, mercados o colmados, los precios reflejan qué tan rápido están reaccionado a los movimientos de los costos de producción. No todos los productores o suplidores traspasan todo el aumento de los costos al precio final en el corto plazo, pues algunos pueden estar esperando que las variaciones de costos sean transitorias. Esto, unido a la información limitada sobre los precios de cada establecimiento, provoca que se registren desviaciones en los precios para un mismo producto.

El ministro Bisonó debe estar tranquilo porque en una economía de mercado, sin la intervención distorsionante de un planificador, los precios de bienes similares convergen a un precio único. La posibilidad de comprar en el lugar más barato y vender en el más caro hace que la diferencia de precios de los plátanos, por ejemplo, desaparezca en pocos días. De lo contrario aparecería la posibilidad de realizar práctica de arbitraje, lo cual no es sostenible.

Un análisis más interesante es el propuesto por el Banco Central en una nota publicada hoy sobre la incidencia en la inflación local de los precios del petróleo y los alimentos en los mercados internacionales. El organismo emisor sostiene que esas variaciones de precios internacionales tienen un carácter transitorio, debido a que se explican por factores coyunturales que se disiparán “a medida que se modere la pandemia, [y] la producción continúe su proceso de recuperación gradual...”

Como apoyo a su argumento de que la inflación importada es transitoria, el Banco Central indica que los contratos a futuro revelan que el precio del petróleo WTI para finales de este año oscilará alrededor de 60 dólares el barril, situándose 5 dólares por debajo del precio actual. La recuperación de la economía global, empujada por el plan de rescate de Biden ascendente a 1.9 millones de millones de dólares, y el nivel de producción mundial condicionará si el precio del crudo se mantiene estable o sube, por eso el margen superior de un intervalo de confianza de un 95% incluye un precio del barril de petróleo de 100 dólares para diciembre.

El Banco Central estima, basándose en la opinión de expertos de la Reserva Federal y del FMI, que la influencia de la inflación importada se irá disipando. Y deja claro que se mantendrá vigilante para tomar cualquier medida que sea necesaria para lograr que la inflación doméstica converja a la meta de un 4% ±1%. Con esto confirma que su principal activo es la credibilidad.

Aprobado el paquete de rescate de Biden

 [Escrito el 10 de marzo de 2021]

El mayor paquete de rescate de la historia de los Estados Unidos, ascendente a 1.9 millones de millones de dólares, fue aprobado hoy por el Congreso de esa poderosa nación. Se prevé que el presidente Joe Biden firme el jueves la ley que lo aprueba. Esa ayuda, equivalente a un 9% del PIB, beneficiará a los hogares, negocios y gobiernos locales en particular a los que fueron negativamente impactados por la pandemia del covid-19.

En el paquete de rescate se encuentran cheques de estímulo a la demanda de los hogares por un monto total de 400 mil millones de dólares. Las transferencias o cheques de 1,400 dólares serán enviados durante este mes de marzo, beneficiando a cada miembro del hogar; es decir, que si una familia tiene dos adultos y un niño recibirá un total de 4,200 dólares, condicionado ese pago a que sus ingresos estén por debajo de los límites establecidos. En adición, se mantendrá hasta septiembre la ayuda de 300 dólares a la semana para desempleados, que había sido aprobada en diciembre.

De acuerdo con el Wall Street Journal el paquete de Biden incluye 160 mil millones de dólares para escuelas y universidades; 55 mil millones de dólares para la lucha contra el covid-19 y la aplicación de las vacunas; 39 mil millones de dólares para el cuidado infantil; y 29 mil millones de dólares para la industria de restaurantes; entre otros. Se prevé que estos programas, incluyendo el crédito fiscal para los hogares con niños, se traduzca en una reducción de la incidencia de la pobreza.

La ayuda gubernamental del gobierno de Biden no sólo estimulará la economía estadounidense. Se prevé que también acelere el ritmo de crecimiento de los principales socios comerciales de esa nación.  El FMI proyecta que incrementará el PIB de los Estados Unidos entre un 5% y 6% en un período de tres años. Y la OCDE estima que el estímulo fiscal elevará en un punto porcentual el ritmo de crecimiento global de 2021, el cual se situará en el entorno del 5.6%.

El tamaño del paquete ha generado incertidumbre sobre la tasa de inflación. Algunos macroeconomistas de renombre internacional, como Larry Summers y Olivier Blanchard, han indicado que ese nivel de gasto, unido al efecto del multiplicador, provocará un excesivo aumento de la demanda agregada que pudiera desembocar en mayor tasa de inflación. En contraste, el FMI, en especial su economista jefe, Gita Gopinath, afirma que el riesgo de inflación es muy limitado, proyectándose en un 2.25% en 2022, por lo cual, no habría que preocuparse de que se registre un aumento excesivo de la tasa de interés de largo plazo. Por su parte, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, ha señalado que los hacedores de política tienen las herramientas necesarias para enfrentar cualquier aceleración de la tasa de inflación.

Para concluir, quiero recordarles que, si le va bien a los Estados Unidos, a la República Dominicana le irá mejor.

Un gobierno indiferente al dolor ajeno

 [Escrito el 9 de marzo de 2021]

Ayer sucedió algo triste, la señora Wendy Josefina Hernández, exempleada del Ministerio de Obras Públicas, se desnudó frente al Palacio Nacional para reclamar sus prestaciones laborales. El mismo día en que el gobierno gastaba millones de pesos en diversos actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la desesperación que provoca no tener ingresos y estar llena de deudas llevó a una mujer dominicana a enterrar su pudor en la vía pública.

Ella no es la única. Miles de mujeres y hombres fueron despedidos por la administración del presidente Abinader y muchos no han recibido sus prestaciones. Eso es injusto. El gobierno tiene recursos suficientes para entregar las prestaciones correspondientes según las normas laborales a todos aquellos que fueron desvinculados de instituciones públicas, por no ser miembros o simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La insensibilidad de la presente administración se acentúa si se toma en consideración que la economía dominicana está impactada negativamente por la pandemia del covid-19. El producto interno bruto retrocedió en un 6.7% en 2020 y hacia septiembre de ese año, dato más reciente disponible, más de 335 mil personas se encontraban desempleadas con relación a septiembre de 2019. A esa terrible situación laboral, que dificulta la obtención de un empleo en el sector privado, se le añade la decisión del gobierno de desmontar entre enero y abril de este 2021 los programas de ayuda social que se establecieron para proteger a los más pobres y vulnerables frente al colapso económico provocado por el covid-19.

Lamentablemente, este gobierno sólo reacciona cuando los temas llegan a la opinión pública, en especial a las redes sociales. Después de que la noticia del desnudo y apresamiento recorriera los medios, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, declaró que le pagarán sus prestaciones laborales a la señora Hernández y que es lamentable que haya tenido que hacer ese tipo de reclamo, porque “no había la necesidad.” A pesar de que Ascención afirma que el Ministerio que encabeza es cercano y accesible, la realidad es totalmente distinta, pues Hernández lleva cinco meses reclamando sus prestaciones sin éxito.

Espero que esa dominicana haya recibido hoy el monto correspondiente a sus derechos adquiridos, después de haber trabajado 16 años en el Ministerio de Obras Públicas, y deseo que el gobierno jamás olvide que el mensaje de Peña Gómez es primero la gente, sea del PRM o no.

La opinión de Fitch sobre la economía dominicana

 [Escrito el 8 de marzo de 2021]

El viernes pasado Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia del gobierno de la República Dominicana, como emisor de deuda en moneda extranjera, en BB- con perspectiva negativa. La necesidad de una reforma fiscal que reduzca el déficit público a partir de 2022 es el elemento clave de la calificación futura.

En su reporte, Fitch deja claro que si el gobierno dominicano no toma medidas que mejoren la sostenibilidad de la deuda pública la calificación crediticia sufriría un deterioro. La consolidación fiscal implica una reforma tributaria que permita elevar las recaudaciones gubernamentales, que, al rondar el entorno del 14% del PIB, se perciben como muy bajas. Esto cobra una gran importancia debido a que esa calificadora considera que el déficit del sector público no financiero de 2021 no será de 3% del PIB, tal como presupuestó el gobierno del presidente Abinader, sino que será de 4.7% del PIB.

Fitch identificó aspectos positivos de la economía dominicana, que fueron resaltados por el ministro de Hacienda. Entre estos comenta el hecho de que el presidente Luis Abinader haya asegurado la continuidad y la estabilidad de la política macroeconómica del país. Esto es un reconocimiento de que la política económica que se ejecutó en los ocho años anteriores fue positiva y, por tanto, debe ser continuada para asegurar un entorno macroeconómico que estimule el crecimiento del PIB, caracterizado por la estabilidad de precios y una baja volatilidad cambiaria.

Ese buen manejo macroeconómico ha permitido que el gobierno dominicano siga siendo bien recibido en los mercados internacionales de capitales. Esto le permitió al gobierno de Abinader colocar entre septiembre de 2020 y enero de 2021 bonos soberanos por 7,566 millones de dólares, y obtener así las divisas necesarias para enfrentar el choque provocado por el colapso de los ingresos provenientes del turismo.

Fitch resalta que la economía dominicana sigue siendo resiliente frente a los choques externos. Cabe recordar que esta economía enfrentó satisfactoriamente la crisis financiera asiática de 1997, la recesión global de 2001, la crisis financiera global de 2008, así como precios del petróleo superiores a los 100 dólares por barril, como los registrados entre 2011 y 2014.

La diversificación de la cuenta corriente, que se ha logrado por la expansión de las zonas francas de bienes y servicios, por el aumento de las exportaciones de oro, y las mayores remesas de los dominicanos del exterior, entre otros factores, ha sido clave para amortiguar el descenso de los ingresos por turismo. Fitch resalta que esa diversificación, unida al descenso del valor de las importaciones de bienes, permitió que el déficit de la cuenta corriente fuera de solo 1.8% del PIB en 2021.

En resumen, según Fitch, para mantener la calificación crediticia hay que ejecutar una reforma tributaria que mejore las finanzas públicas y continuar aplicando una política económica similar a la del gobierno pasado.

La situación financiera del Estado, según Ito

 [Escrito el 5 de marzo de 2021]

En la rueda de prensa celebrada el 24 de febrero en el Palacio Nacional para hablar del subsidio a los precios de los combustibles, con la presencia del ministro de Hacienda, Jochy Vicente, y del Ministro de Economía y Desarrollo, Miguel Ceara, el ministro de Industria y Comercio declaró que en agosto de 2020 el Estado Dominicano estaba quebrado. Me imagino que el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, habrá pensado en ese momento: “tierra, trágame.”

Hay que recordar que el ministro Vicente es la cara del gobierno frente a los inversionistas internacionales, quienes adquieren los bonos soberanos emitidos por ese Estado quebrado. Los datos ofrecidos por el ministro de Hacienda a los inversionistas, que se encuentran plasmados en el Memorando de Oferta, deben describir con exactitud la situación financiera actual y esperada de las finanzas públicas. Esa información permite estimar, con un determinado rango de precisión, el riesgo de incumplimiento del emisor y, por lo tanto, determinar la tasa de interés que está dispuesto a recibir el inversionista como cupón de esa deuda.

El gobierno del presidente Abinader colocó bonos soberanos en septiembre y diciembre de 2020 y en enero de 2021, por un total de 7,566 millones de dólares. Nunca en la historia se había colocado tanta deuda soberana dominicana en tan corto tiempo. En consecuencia, queda claro que los inversionistas recibieron información de parte del gobierno que les hizo pensar que el Estado Dominicano es solvente, y que ese nivel de déficit público era transitorio. Debe destacarse que entre agosto de 2020 y enero de 2021 no se hizo nada para mejorar significativamente las finanzas públicas, de hecho, el déficit fiscal para 2020 que se presupuestó en el entorno del 2.2% del PIB cerró el año en 7.7% del PIB, equivalente a 345 mil millones de pesos.

La reciente afirmación del ministro Ito Bisonó, de que el Estado estaba quebrado en agosto de 2020, sugiere que el gobierno del presidente Abinader al momento de realizar el roadshow para la colocación de la deuda suplió información incorrecta o falsa (misreporting) del estado actual de las finanzas públicas. Si el ministro de Hacienda hubiese dicho en septiembre a los inversionistas que el Estado estaba quebrado, la tasa de interés de colocación de la deuda soberana, en caso de cierre de la operación, hubiese sido considerablemente más elevada.

Y a las calificadoras de riesgo, Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, ¿se les dijo que el Estado estaba quebrado, según opina Ito?

El huevo bajo el control de precios 2.0

 [Escrito el 4 de marzo de 2021]

Ahora le tocó al huevo. El ministro de Agricultura Limber Cruz declaró que el gobierno del presidente Abinader comprará huevos a menos de cinco pesos la unidad directamente a los productores para venderlos a través del INESPRE a precios subsidiados. El objetivo es, según el ministro, penetrar en el mercado y bajar el precio de ese proteico alimento.   

El huevo se une a la carne de pollo, al plátano, al pan y al arroz, como los productos que han sido sometidos al control de precio 2.0. Esa práctica comercial consiste en acordar con los productores los márgenes y la entrega de subsidios a los insumos, al mismo tiempo que el INESPRE les compra una buena cantidad de productos para venderlos a los consumidores a precios subsidiados a través de las bodegas móviles.

Cabe destacar que la compras a los productores no se realizan dentro del marco de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones públicas, sino que se llevan a cabo de forma directa. Llego a esta conclusión porque en la página del INESPRE se indica que en enero y febrero no se realizaron licitaciones públicas, licitaciones restringidas, procesos de urgencia o procesos de cualquier otro tipo para la adquisición de carne de pollo, huevos o arroz.  

Me imagino que el INESPRE habrá recibido una dispensa de la Dirección General de Compras y Contrataciones debido a la importancia de ese tipo de intervención en el mercado.

Hay que resaltar que la citada institución presentó en esos dos primeros meses del año un solo procedimiento de urgencia. Se trata de la contratación bajo la ley 340-06 del servicio de transporte para las operaciones de comercialización de productos a nivel nacional. Ese proceso asciende a un monto de 62 millones de pesos y consiste en la contratación -la documentación no dice por cuanto tiempo- de 17 furgones, 52 camiones abiertos de 3.4 toneladas -con camas largas o cortas- y 2 camionetas doble cabina. Me imagino que eso es para el programa de bodegas móviles, costo que debe ser añadido al precio de compra de los bienes directamente a los productores.

Me gustaría escuchar o leer la opinión de los miembros del Consejo de Asesores Económicos que tiene el presidente Abinader sobre esa estrategia de control de precios. Les recuerdo que ese Consejo está conformado por un grupo de brillantes y veteranos profesionales, encabezado por Pedro Silverio, e incluye a Carlos Despradel, Eduardo García Michel, José Luis De Ramón, Eduardo Tejera y Rolando Reyes.  Quedo atento a su opinión sobre el impacto de ese tipo de intervención en el mercado.

Desaceleración económica y política monetaria

 [Escrito el 3 de marzo de 2021]

Hace unos días el Banco Central anunció que la Junta Monetaria autorizó el 25 de febrero un aumento de 25 mil millones de pesos en el monto de la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR). El objetivo de esa medida es que las entidades de intermediación financiera accedan a esos recursos a una tasa de un 3% y con vencimiento hasta tres años, para que realicen préstamos a los agentes económicos del sector privado.

Esa nueva flexibilización monetaria puede estar reflejando que la economía dominicana desaceleró su recuperación en el mes de enero. A pesar de que el Banco Central no ha publicado el Indicador Mensual de Actividad Económica, estoy seguro de que ya ese indicador ha sido estimado -por lo menos de manera preliminar- y que las más altas autoridades del país ya saben que hubo un retroceso de algunas actividades productivas.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha señalado que la manufactura registró condiciones y perspectivas económicas en enero menos favorables que las registradas en diciembre. Dado que el sector manufactura es un sector que refleja las expectativas y condiciones de otras actividades, como el comercio al por mayor y detalle, se podría afirmar que éstas también pudieran haber tenido una desaceleración en el primer mes del año.  

Ese comportamiento económico está asociado con el desplome del gasto de capital del gobierno del presidente Abinader. A pesar de tener más de 20,500 millones de pesos disponibles para invertir en los meses de enero y febrero, el gobierno apenas gastó 3,164 millones de pesos, equivalente a un 15%.

Ante esa situación económica la política monetaria tiene un papel importante. La regla de Taylor de política monetaria enseña que cuando la tasa de inflación se coloca por debajo de la meta; cuando el nivel del producto cae por debajo del potencial; o cuando la volatilidad cambiaria es mínima (este último término lo incluye la regla de Valdez), las autoridades monetarias deben y pueden adoptar medidas que reduzcan la tasa de interés de equilibrio para estimular la demanda privada.

Dado que en enero se registró una caída del PIB, que la tasa de inflación no se encuentra lejos del límite superior del rango meta que es 5% y que el tipo de cambio se ha mantenido muy estable, las autoridades monetarias tienen suficiente espacio para inyectar más liquidez al mercado. Y eso explica la decisión de la Junta Monetaria de ampliar el monto de la Facilidad de Liquidez Rápida en 25 mil millones de pesos.

Esto demuestra que, Héctor Valdez, gobernador del Banco Central, sale por enésima vez al rescate de la economía dominicana.

El viacrucis de la vacunación

[Escrito el 2 de marzo de 2021] 

Hoy llevé a mis padres a vacunar contra el covid-19 y me percaté del viacrucis que significa hacerlo. El plan de vacunación, si así se puede llamar, elaborado por el gobierno del presidente Abinader es ineficiente e incompatible con el bienestar de nuestros adultos mayores de setenta años.

En enero le recomendé a las autoridades que pidieran cooperación a Israel en el diseño e implementación de ese plan, por ser ese país el que tiene mejores indicadores en la inoculación de su gente. Por lo que viví hoy, el gobierno no le solicitó ayuda a nadie.

Hoy es el segundo día de vacunación para ese grupo de edad. Me enteré del centro de vacunación por un mensaje que me llegó del Club Naco, el cual invitaba a sus socios a llevar a sus familiares con edad superior a 70 años. Al final de la tarde de ayer el gobierno publicó la lista real de centros de vacunación.

A las 8:30 de la mañana de hoy la fila de personas con deseos de vacunarse cubría la mitad del perímetro de las instalaciones del Club Naco. Estoy seguro de que por lo menos mil personas estaban ansiosas por recibir la vacuna. La tecnología utilizada para comenzar a organizar a ese mar humano fue un papelito con un número escrito a mano que se entregaba a los adultos mayores, quienes sentados y de pie esperaban el inicio del proceso de vacunación. Posteriormente, apareció alguien que comenzó a anotar en una libreta los números y los nombres.

Cerca de las 9:30 de la mañana, corrió como pólvora la noticia que más se temía, supuestamente había sólo 200 dosis de la vacuna, pero se indicó que las personas debían registrarse para vacunarse mañana o pasado mañana. Afortunadamente, una hora después, alguien dijo que, al ver las imágenes tomadas por un dron de la inmensa cantidad de personas fuera del club, “la presidencia había decidido enviar 400 dosis más.” Estoy seguro de que esa cantidad resultó insuficiente.

Después de que se entraba a las instalaciones del club, había cuatro estaciones en cada una de las cuales se debía esperar para luego ser llamado y pasar a otra estación. Siete horas después llegó el momento de la vacunación. En este punto hay que hacer un reconocimiento al personal médico y de apoyo, entre ellos los militares, quienes fueron muy amables, serviciales y comprensivos ante la desesperación de nuestra gente envejeciente, que cansada quería que el viacrucis terminara.

Ante lo vivido en el día de hoy, le recomiendo al gobierno el establecimiento de un centro de llamadas que permita a las personas registrarse, y que esté respaldado por un software que asigne inmediatamente un ticket con lugar, fecha y hora para la vacunación. Esto evitará la concentración excesiva de personas en centros y horas específicas, y permitirá la asignación óptima del personal y vacunas. Si eso se hubiese planificado desde enero pasado, estoy seguro de que nuestros viejitos no hubiesen sufrido tanto.

Sobre el objetivo de vacunación

[Escrito el 1 de marzo de 2021]

En su discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader señaló que el objetivo de su gobierno es “asegurar que para finales de junio tengamos vacunada al 80% de la población dominicana.” 

Imagino que se refiere a la aplicación de la primera dosis. Asumo además que el presidente Abinader se refiere al 80% de la población a vacunar que es la que tiene 18 o más años y no al 80% de los 10.5 millones de dominicanos que habitan en la República Dominicana. Hago este supuesto porque el 80% de 10.5 millones de personas equivale a 8.4 millones y en el Plan Nacional de Vacunación se indica que en 2021 se vacunará un total de 7.8 millones de personas de 18 o más años. Por tanto, se puede decir que la meta del presidente Abinader es que hacia finales de junio de este año se haya vacunado un total de 6.2 millones de personas.

De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación en la Fase I, comprendida entre febrero y abril, se vacunarán 1.5 millones de personas de 60 o más años; en la Fase II, comprendida entre mayo y julio, se vacunarán 1.2 millones de personas de 50 o más años; y en la Fase III, comprendida entre agosto y diciembre, se vacunarán 5.1 millones de personas con edades entre 18 y 49 años. Esto significa que, según el Plan Nacional de Vacunación, a julio de este año se habrá vacunado el 34.6% de la población meta, porcentaje que está muy lejos del 80% prometido por el presidente Abinader en su discurso del 27 de febrero.

Para alcanzar la meta del 80% habría que aplicar la primera dosis desde el primero de marzo y hasta el 30 de junio a 52 mil personas diariamente, incluyendo sábados y domingos. Esto implica que el gobierno ponga en marcha una logística que no existe, a pesar de que le recomendamos desde enero que se solicitara cooperación a Israel para diseñar y aplicar la logística de vacunación.

Hoy se inició la inoculación de los mayores a setenta años. Estos asistieron a algunos centros de vacunación, como recintos universitarios, sin tener cita previa y sin tener certeza de que una lista de puntos de vacunación que circulaba esta mañana en las redes era real, pues la aplicación informática que se utilizaría para registrar las solicitudes de citas online o por teléfono no se ha puesto en funcionamiento.

Espero que el gobierno aumente su eficiencia y supla información veraz, para que así se puedan vacunar 52 mil personas diariamente hasta junio de este año. Esta cifra no incluye a quienes tendrían que recibir la segunda dosis en ese período.