[Escrito el 11 de febrero de 2021]
El año pasado la economía dominicana,
cuantificada por el producto interno bruto, retrocedió en un 6.7%. Esa
recesión, que pudo ser peor, llevó a las autoridades a ejecutar una política
fiscal expansiva con el objetivo de apoyar la demanda agregada, sea a través de
la inversión pública o del gasto corriente. Esa política desembocó en un
déficit público que cerró en un 7.7% del PIB, aun cuando se tomaron préstamos
para poder ejecutar gastos que llevaran el déficit a un 9.3% del PIB.
El presidente Abinader declaró el 6 de enero de
este año que su gobierno logró reducir el déficit fiscal mediante una
disminución del gasto público con relación a lo presupuestado. En ese entonces
se quiso vender la idea de que eso significaba que estaba mejorando la calidad
del gasto, eliminando las partidas que podían ser consideradas como superfluas
y que no impactan favorablemente sobre el crecimiento.
Lamentablemente, lo sucedido a principios de
este año con el gasto de capital es preocupante. Según la Dirección General de
Presupuesto, el gasto de capital en enero, que incluye la construcción en
proceso, la formación bruta de capital fijo y las transferencias de capital a
entidades públicas, fue de apenas 838.6 millones de pesos. Para que se perciba
con claridad lo grave que es ese desempeño en la ejecución del gasto público
hay que comparar ese monto con el gasto en años anteriores. El promedio del
gasto de capital realizado en el mes de enero en el período 2013-2020 fue de
3,277 millones de pesos, es decir, 3.9 veces mayor que el alcanzado en enero de
2021. No creo que esa reducción se deba a la mejora de la calidad del gasto,
sino a restricciones en la ejecución de proyectos nuevos.
El verdadero reto en la ejecución del gasto de
capital se verá en febrero. En el período 2013-2020, el gasto de capital en el
segundo mes del año promedió 9,993 millones de pesos. Pienso que la presente
administración tendrá severas dificultades para alcanzar esa cifra promedio.
El 25 de noviembre señalé que el gasto de
capital se encuentra estancado. Indiqué que el gobierno del presidente Abinader
no había arrancado más allá de los anuncios, pues los grandes proyectos no
habían iniciado. Vale citar las obras correspondientes a la autopista del
Ámbar, los puertos de Manzanillo y San Pedro de Macorís, el desarrollo de la
zona de Pedernales, la ampliación del Metro de Santo Domingo, entre otras. Quiero
enfatizar que, si es con la Ley 340-06 de Compras Públicas o con la Ley 47-20
de Alianza Público-Privadas, que se pretende poner en marcha esas grandes obras,
será hacia finales de año que comenzarán esos trabajos.
Las autoridades pronostican que la economía
dominicana crecerá en un 6% este año. Para alcanzar ese objetivo es
indispensable que la inversión pública se reactive, en particular el componente
que es complementario de la inversión privada. Sólo así se podrá llegar a la
meta de creación de valor agregado, empleo y bienestar.
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