El gran reto

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 28 de julio de 2025.]

La economía dominicana enfrenta una coyuntura difícil. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), clave para la creación de empleo y de ingresos, apenas alcanza la mitad del ritmo potencial del 5%. Las actividades productivas crecen por inercia, pero a una velocidad cada vez menor. 

En el contexto actual, los motores que podrían acelerar el crecimiento económico se encuentran apagados. La política monetaria, ejecutada de forma zigzagueante desde marzo de 2020, ha perdido efectividad para reducir la tasa de interés y expandir la demanda de los agentes económicos. Por su parte, la política fiscal se ha orientado hacia una estructura de gastos y de ingresos que reduce el multiplicador fiscal, limitando así su aporte al crecimiento de las actividades productivas. A esto se añade que Estados Unidos ha pasado a ser una fuente de perturbaciones que reducen el crecimiento económico global y, en consecuencia, disminuyen la demanda externa de la República Dominicana. 

La política monetaria no convencional ha resultado ineficaz. Desde su adopción en marzo de 2020, esa política ha incrementado la volatilidad del tipo de cambio y de las tasas de interés, lo cual contrae la inversión privada, en particular la que tiene carácter irreversible, y propicia que cuantiosos recursos se orienten hacia actividades financieras de arbitraje. La cuarta inyección de liquidez bajo ese modelo, aprobada a mediados de junio pasado por 81 mil millones de pesos, tan solo logró disminuir la tasa de interés activa promedio ponderado en 22 puntos básicos durante ese mes. En julio dicha tasa volvió a subir hasta colocarse por encima del 15%. 

La rápida reversión de la trayectoria de la tasa de interés se explica por la extracción de liquidez, inducida por las intervenciones recurrentes del Banco Central en el mercado cambiario. En lo que va de mes, el organismo emisor ha vendido más de 200 millones de dólares de las reservas internacionales con el fin de contener la depreciación del peso respecto al dólar. Entre el 16 de junio (fecha en que se anunció la liberación de liquidez) y el 25 de julio, la tasa de cambio subió en 1.54 pesos, al pasar de 59.55 a 61.09 pesos por dólar, lo que equivale a una depreciación de un 2.59%. El resultado confirma, una vez más, que la política monetaria no convencional aplicada tras la pandemia ha estado provocando un aumento excesivo de la volatilidad. Para restablecer la efectividad del mecanismo de transmisión monetaria, es necesario que las autoridades retomen el esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, que se aplicó, en general de forma consistente, entre enero de 2012 y febrero de 2020.

La política fiscal también ha perdido eficiencia. El gasto público se ha concentrado en partidas corrientes, cuyo multiplicador -efecto sobre las actividades productivas por cada peso erogado- es inferior al que tiene el gasto de capital. En este momento, el gasto corriente supera el ingreso corriente, situación que implica el endeudamiento gubernamental para financiar gastos con una tasa de retorno inferior a la tasa de interés de la deuda. Con el fin de evitar que esa dinámica provoque un aumento excesivo de la deuda como porcentaje del PIB, las autoridades han optado por reducir la inversión pública en más de dos puntos porcentuales del PIB. Esa medida ha limitado la contribución de la política fiscal al crecimiento económico. Mejorar el aporte fiscal requiere, entre otras medidas, eliminar o reducir el subsidio eléctrico y los subsidios no focalizados, como el de los combustibles, y, a la vez, destinar los recursos liberados a ejecutar proyectos de inversión pública con altas tasas de retorno. 

En materia tributaria queda mucho por hacer. El sistema impositivo vigente es distorsionador, injusto e incapaz de generar los ingresos que se corresponden con las tasas y las bases imponibles. Diversos estudios evidencian una elevada evasión de impuestos y estiman que una mayor eficiencia administrativa incrementaría las recaudaciones hasta 4 puntos porcentuales del PIB. Una mejora de la gestión administrativa permitiría reducir algunas tasas impositivas cuyo nivel actual distorsiona las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción. 

La necesidad de optimizar la política económica adquiere una mayor importancia en un entorno internacional recesivo e incierto. La nueva política arancelaria de Estados Unidos tenderá a reducir las exportaciones nacionales de bienes y servicios. Es altamente probable que el arancel recíproco que se aplicará a las exportaciones dominicanas suba de un 10% a un 15%. En el transcurso del año, se observa un deterioro del aporte de las exportaciones de zonas francas y del turismo al crecimiento del PIB. En contraste, las remesas familiares procedentes del exterior continúan mostrando un elevado ritmo de crecimiento, sustentado por el entorno laboral favorable estadounidense, que es la fuente de más del 80% de las remesas.  

Las condiciones monetarias restrictivas de la Reserva Federal, junto con la proyección de un mayor déficit público en Estados Unidos, han mantenido altas las tasas de interés en los mercados internacionales. La sostenibilidad del saldo fiscal de la República Dominicana se debilita cuando suben las tasas de interés. Financiar un déficit público de un 3% del PIB y pagar el servicio de una deuda pública del 58% del PIB, con una tasa promedio internacional de un 7%, resulta más costoso para el bolsillo del contribuyente que hacerlo con una tasa de un 5%.

Fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública y evitar el deterioro de la calificación crediticia requiere elevar el crecimiento del PIB hasta situarlo por encima o lo más cercano posible a la tasa de interés real. Cuanto menor sea el ritmo de crecimiento económico, mayor debería ser el saldo primario de las finanzas públicas para garantizar la capacidad de pago de la deuda, lo que a su vez conllevaría nuevos recortes en el gasto de capital o una subida de impuestos. Ese apriete fiscal repercutiría de forma negativa sobre la actividad productiva y empeoraría la situación económica de los hogares. 

Frente a ese escenario, el principal reto para las autoridades dominicanas consiste en mejorar las políticas monetaria y fiscal, de manera que sean compatibles con una expansión económica robusta y sostenible.