jueves, 29 de mayo de 2014

Funcionarios que interpretan leyes, para mal

El gobierno del presidente Danilo Medina quiere promover la creación de 100 mil empleos anualmente. Para lograr esa meta la economía debe crecer por encima del 5% de forma sostenida. Y para alcanzar ese objetivo se requiere aumentar la inversión del sector privado, principalmente en las actividades formales.

Lamentablemente he estado observando que algunos funcionarios públicos interpretan leyes a su manera,  lo cual reduce el grado de seguridad jurídica y eleva los costos de hacer negocios.

Una ley es una regla que condiciona el proceso de maximización de beneficios de los empresarios.  Después de que una ley es aprobada por el Congreso Nacional los agentes privados entienden que la misma será aplicada al pie de la letra por los funcionarios públicos como una regla fija.

La previsión de que la ley será respetada hace que los empresarios adapten a esa regla su esquema de producción de la mejor manera posible, combinando de manera óptima la mano de obra y el capital. Esto se traduce en un entorno propicio para la creación de empleo y riqueza.

Ese ambiente adecuado al crecimiento económico se deteriora cuando algunos funcionarios interpretan las leyes antojadizamente, modificando su influencia sobre las decisiones de los agentes económicos. La consecuencia de esa interpretación es, indefectiblemente, la reducción de la inversión y la destrucción de empleo.


Un resultado totalmente inconsistente con los objetivos del presidente Medina. 

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