El gobierno del presidente Danilo Medina quiere promover la
creación de 100 mil empleos anualmente. Para lograr esa meta la economía debe
crecer por encima del 5% de forma sostenida. Y para alcanzar ese objetivo se
requiere aumentar la inversión del sector privado, principalmente en las
actividades formales.
Lamentablemente he estado observando que algunos
funcionarios públicos interpretan leyes a su manera, lo cual reduce el grado de seguridad jurídica
y eleva los costos de hacer negocios.
Una ley es una regla que condiciona el proceso de
maximización de beneficios de los empresarios. Después de que una ley es aprobada por el
Congreso Nacional los agentes privados entienden que la misma será aplicada al
pie de la letra por los funcionarios públicos como una regla fija.
La previsión de que la ley será respetada hace que los
empresarios adapten a esa regla su esquema de producción de la mejor manera
posible, combinando de manera óptima la mano de obra y el capital. Esto se
traduce en un entorno propicio para la creación de empleo y riqueza.
Ese ambiente adecuado al crecimiento económico se deteriora cuando
algunos funcionarios interpretan las leyes antojadizamente, modificando su
influencia sobre las decisiones de los agentes económicos. La consecuencia de
esa interpretación es, indefectiblemente, la reducción de la inversión y la
destrucción de empleo.
Un resultado totalmente inconsistente con los objetivos del
presidente Medina.
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