Por una administración eficiente de Punta Catalina

[Escrito el 19 de enero de 2022]

La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) es el principal y más rentable activo productivo del Estado Dominicano. Esa realidad acentúa la necesidad de que sea administrada de forma eficiente, maximizando simultáneamente su rentabilidad y aporte a la oferta eléctrica nacional.

Hay dos posibles vehículos para organizar y gestionar ese importante activo. Una sociedad anónima, cuyas acciones sean propiedad del Estado Dominicano; o a través de un fideicomiso público, en el cual el Estado también controle la propiedad del activo. Ambos vehículos tienen sus pros y contras, pero ambos permiten alcanzar el objetivo de una administración flexible, eficiente y rentable.

Durante mi gestión como administrador de Punta Catalina, se analizaron ambas opciones y nos decidimos por una sociedad anónima. Con la ayuda de excelentes asesores legales y financieros, se elaboraron y dejaron listos los borradores de estatutos y demás documentos -legales y contables- requeridos para su incorporación.

La presente administración desechó el trabajo anterior y prefirió irse por el camino del fideicomiso. Y esto ha originado tres grandes críticas. La primera se origina porque el valor de Punta Catalina registrado como aporte al fideicomiso está por debajo de los tres mil millones de dólares que durante la campaña electoral señaló Antonio Almonte que costó esa central eléctrica. La segunda crítica se fundamenta en la conformación del Comité Técnico del fideicomiso por personas físicas del sector privado y sin ningún representante del sector público. Y la tercera se origina por la figura del Fideicomitente Adherente, que se interpreta como la posibilidad de que se privatice Punta Catalina.

A los pocos días de haberse sentado en la oficina del administrador de la CDEEE, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, recibió un informe contable donde se le detalló el conjunto de pagos realizado al Consorcio constructor de Punta Catalina. En base a esa información, Almonte debió reconocer públicamente que el valor de la central no era superior a los tres mil millones de dólares, sino que se colocaba en el entorno de los 2,454 millones de dólares. Esa acción le hubiese dejado claro a la opinión pública el valor contable correcto de ese activo eléctrico. Lamentablemente, no lo hizo.

Con relación al Comité Técnico, le recomiendo a las autoridades que incluyan como su presidente al Ministro de Hacienda y otros funcionarios públicos que se considere de lugar. Esto le aseguraría al país que todas las decisiones que se adopten en Punta Catalina serán beneficiosas para esa central eléctrica y para el Estado.

Por último, dado que el pueblo dominicano quiere que Punta Catalina se mantenga como propiedad del Estado, se debería modificar la figura del Fideicomitente Adherente, es decir del posible nuevo “socio” del fideicomiso, para que sea una persona moral o entidad pública. Esto le daría tranquilidad a la gente, que ya reconoce la importancia de que se cuide y bien administre como propiedad pública el principal activo eléctrico de la República Dominicana.